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Convención Constitucional

Convención Constitucional en el Derecho Español

Convención Constitucional en 2001

Según el Diccionario Jurídico Espasa, Convención Constitucional significa :

No…

Silencio Administrativo en Procedimientos Especiales

Silencio Administrativo en Procedimientos Especiales Regulación del silencio administrativo en procedimientos especiales (L 14/2000 disp.adic.29ª) La L 4/1999 concedió al Gobierno un plazo de dos años desde su entrada en vigor para la adaptación de los procedimientos administrativos al sentido del silencio establecido por dicha Ley (L 4/1999 disp.adic.2ª.1 y disp.trans.1ª). Tal adaptación se ha llevado a efecto (L 14/2000 disp.adic.29ª.2 y Anexo 2), aprobándose una relación de procedimientos, en el seno de la Administración general del Estado, en los que el sentido del silencio tiene carácter desestimatorio. Estos supuestos se unen a aquellos otros de silencio negativo establecidos o que se establezcan por Ley. No obstante, posteriormente se ha alterado el régimen del silencio de numerosos procedimientos, pasando de ser desestimatorio a estimatorio, con efecto para expedientes incoados desde 7-7-2011 (RDL 8/2011 art.26 y Anexo I modif RDL 14/2011). Además, deben considerarse como supuestos de adaptación, que producen efectos equivalentes a los de la L 4/1999, las normas con rango de Ley promulgadas tras dicha Ley que, modificando normas anteriores a la misma, regulen procedimientos determinados iniciados a solicitud del interesado, incluyendo previsiones significativas acordes con aquella Ley, pero sin pronunciamiento alguno sobre el sentido del silencio (L 4/1999 […]

Régimen jurídico administrativo de Andorra

Régimen jurídico administrativo del principado de Andorra 13400 1. Administración pública 13410 2. Acto administrativo 13415 3. Procedimiento 13450 4. Recursos 13455 5. Procedimiento sancionador 13460 6. Expropiación forzosa 13465 7. Responsabilidad de la Administración 13480 8. Interesados y administrados 13485 13405 En el presente capítulo se pretende efectuar una aproximación, fundamentalmente práctica, a los parámetros fundamentales del régimen administrativo de Andorra, habida cuenta de la conexión socio-económica, cultural y de toda índole existente entre dicho Estado y el español. Para un estudio del régimen urbanístico y de ordenación del territorio en el Principado puede consultarse los nº 11700 s. Memento Urbanismo 2013. 13408 Normativa aplicable Las normas que han de tomarse en consideración al respecto son las siguientes. • La Constitución de 28-4-1993. • El Código de la Administración, contenido en la L 29-3-1989 –CAPA– (modif L Andorra 11/2004). • La L Andorra 4-11-1993, Cualificada de delimitación de competencias entre el Gobierno y la Administración local (els comuns, equivalentes, no obstante ciertas deferencias, a los ayuntamientos españoles). • La L Andorra 3-9-1993, de Expropiación. • El Reglamento 9-1-1991 regulador del procedimiento sancionador. • La L Andorra 15-11-1989, de Jurisdicción administrativa y fiscal (modif L Andorra 30-5-1992 y afectada por […]

Derecho Concursal

Reforma Concursal del RDL 4/2014 Introducción La reforma concursal producida por RDL 4/2014 ha tenido gran incidencia en el ámbito preconcursal, ha demandado la necesidad de unificar en un solo documento las modificaciones que afectan al contenido de los Mementos del ámbito mercantil. La reforma ha sido operada por el RDL 4/2014, publicado en el BOE del 8-3-2014, y en vigor desde el día siguiente a su publicación. El objetivo de la norma es la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, con el fin de favorecer mecanismos que alivien la carga financiera del deudor, de modo que pueda sanear su empresa desde un punto de vista financiero, y poder así seguir atendiendo sus compromisos en el tráfico económico. A continuación, se recogen los epígrafes afectados por el RDL 4/2014, estructurados según el índice del Memento Sociedades Mercantiles: Sociedad anónima Reducción de capital obligatoria y disolución. Prórroga de la exclusión del cómputo de las pérdidas de determinadas partidas a efectos de la reducción obligatoria del capital y la disolución. MSM nº 1403.1, 1563.1 Se prorroga a los ejercicios sociales que se cierren en el año 2014 la medida que, a efectos de la reducción del capital obligatoria […]

Constitución Económica

Constitución Económica Origen de la denominación. La expresión Constitución Económica, comienza a ser utilizada en Europa a partir de la Constitución de Weimar al reconocer ésta en su texto derechos fundamentales en materia económica-social e incluso la posibilidad estatal de socializar empresas privadas., destacándose que en el año 1932 Beckerath la concebía como la ordenación de la propiedad, del contrato y del trabajo, de la intervención del Estado y en la organización y técnica de la producción y distribución. Franz NEUMANN, en un trabajo publicado en 1931, en un contexto histórico político caracterizado por la consolidación del capitalismo monopólico, la crisis de la República de Weimar y el crecimiento del Partido Nacional Socialista, rechaza la identificación de la Constitución Económica con las normas jurídicas regulatorias de la economía, con un determinado sistema económico e incluso con los propios órganos y normas que regulan y controlan derechos y obligaciones de los sujetos económicos. Afirma, en cambio que tiene un carácter histórico y analizando las posibles relaciones entre Constitución estatal y Constitución Económica: ésta por encima de aquella, igualdad entre ambas o subordinación de la C.E. a la estatal, rechaza las dos primeras y admite esta última postura. Para NEUMANN ; “ […]

Acto Discrecional

Acto Discrecional Actos administrativos y potestad discrecional en Derecho español. Actos reglados y actos discrecionales Una categoría de los actos administrativos con trascendencia a efectos de su exclusión total o parcial del control judicial es la de los actos discrecionales. Los actos discrecionales, frente a los reglados, son los dictados en ejercicio de potestades discrecionales. La legislación dispone en unos casos que la Administración “podrá” llevar a cabo determinada actividad y en otros casos le abre la posibilidad de optar entre diversas soluciones en función de criterios de oportunidad. Se revela la existencia de una potestad reglada cuando la norma expresa la vinculación de la potestad administrativa, su carácter reglado, utilizando el término “deberá” o configurando esa vinculación mediante el reconocimiento de un derecho del administrado. El Tribunal Supremo, reconociendo esta realidad normativa, ha definido la potestad discrecional como “capacidad de opción, sin posibilidad de control jurisdiccional, entre varias soluciones, todas ellas igualmente válidas por permitidas por la Ley” o también como “concesión de posibilidades de actuación, cuyo desarrollo efectivo es potestativo y queda enteramente en manos de la Administración”. En cualquier caso, esa libertad de apreciación o de opción no es absoluta, sino que exige un proceso de razonamiento, […]

Doctrina Botín

Doctrina Botín La doctrina Botín, llamada así en referencia al presidente del banco Santander, fue establecida por el Tribunal Supremo en febrero de 2008 y exoneró a Emilio Botín de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito. Aquella doctrina estableció que si el Ministerio Fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular ejercida por el perjudicado u ofendido por el delito (acusador particular), no cabe abrir el juicio oral exclusivamente a instancias de la acusación popular. Esta doctrina consistiría en que con sólo una acusación particular por delito fiscal, ejercitada por no perjudicados por el delito, no procedería abrir juicio al imputado, de modo que si no acusase el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado, el imputado no sería juzgada por el referido delito. Terminada la instrucción, establece el art. 780 LECRIM que si el Juez entiende que hay motivos suficientes para abrir juicio contra alguno de los imputados, dará traslado al Fiscal y a las acusaciones para que formulen escrito de acusación o –si entienden que no hay delito- pidan el sobreseimiento de la causa. Y el art. 782.1. LECRIM añade que “si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento […]

Forma

Forma Los elementos formales del Acto Administrativo en Derecho español Son elementos formales de los actos administrativos: el procedimiento, la forma de la declaración y la motivación cuando es legalmente exigible. El procedimiento es el conjunto de actuaciones preparatorias y conducentes al acto o resolución final cuya finalidad es asegurar el acierto y la eficacia de la Administración Pública, además de garantizar los derechos y libertades de los particulares. Es un requisito esencial, que cumple una función análoga al proceso judicial. La esencialidad viene impuesta por la LRJAP-PAC (“los actos administrativos se producirán por el órgano los competente mediante el procedimiento que, en su caso, estuviese establecido” con sanción de nulidad de pleno derecho para “actos que fueren dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” (arts. 53 y 62). Forma de la declaración La regla general sobre la “forma de declaración” es la exigencia de forma escrita en términos análogos a los exigidos en los actos judiciales. Se justifica esta regla debido a que los actos administrativos son actos recepticios, que deben documentarse, notificarse o publicarse, porque son creadores de derechos y deberes, dotados de fuerza ejecutoria (lo que exige una constancia y prueba indubitada) y, también, porque […]

Acto Confirmatorio

Acto Confirmatorio Actos reproductorios y confirmatorios Los Actos reproductorios y confirmatorios son aquellos que reiteran, por reproducción o confirmación, otros anteriores firmes y consentidos. Si se prohíbe su impugnación es para evitar que, a través de una nueva petición y su denegación por la Administración, se reabra un debate judicial sobre lo que ya ha sido definitivamente resuelto en vía administrativa o judicial. El acto confirmatorio no debe recoger ninguna novedad respecto del anterior, del que constituye una mera reproducción o simplemente su formal confirmación, debiendo rechazarse la excepción de inadmisibilidad cuando respecto al anterior es diverso: El órgano, o los recurrentes, Los objetos sobre que versa con la introducción de un elemento nuevo, Se da disparidad de pretensiones, Son diversas la “causa petendi” o los fundamentos legales aducidos, Se produce un cambio en el ordenamiento jurídico aplicable, O en la situación fáctica en la que se basa. El Tribunal Supremo admite el recurso contra: Los reglamentos y actos de aplicación singularizada y reiterada de éstos. Los actos de interpretación de otros anteriores que supongan una adaptación a las circunstancias nuevas. Los actos nulos de pleno derecho siempre impugnables, no obstante el transcurso del tiempo. Los actos que reiteran o […]

Actos que no causan Estado

Actos que no causan Estado Actos que no causan Estado en Derecho español Los Actos que no causan estado son aquellos que no expresan de manera definitiva la voluntad de la organización administrativa en que se producen, porque contra los mismos puede y debe interponerse un recurso ante el superior jerárquico del órgano que los dictó, antes de acudir a la vía judicial. No agotan la vía administrativa. En la Administración del Estado, agotan la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada; Las resoluciones dictadas por órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, dictadas en sustitución del recurso de alzada en procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca; Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. En la Administración local causan estado: Los actos del Pleno, Alcaldes o Presidentes y las Comisiones de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiere la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de […]