Fernán Granda Grimaldo

Este texto se ocupa de la distinción honorífica y su implicación jurídica. La expresión «derecho honorífico» significa honores cuando la ley permite a quienes están investidos de ellos no sólo el libre uso, sino también la consiguiente facultad de exigir a los demás que se abstengan de hacer cualquier cosa que directa o indirectamente impida al titular realizar los actos a los que la cualidad honorífica le da derecho en el caso concreto. Sin embargo, cuando el efecto o el acrecentamiento del derecho honorífico es una prestación que tiene utilidad económica por su contenido, y éste es el objeto de la disputa y la consiguiente protección jurídica, se entra en el campo común del derecho patrimonial. Los derechos honoríficos incluyen, en primer lugar, los títulos nobiliarios. La facultad de reconocer los títulos nobiliarios, predicados, calificaciones y blasones ya existentes, de conceder otros nuevos, de autorizar la aceptación de los concedidos por potencias extranjeras, así como de decretar su pérdida, corresponde al rey, que también tiene la facultad de establecer las normas legales para su adquisición, sucesión, uso y pérdida. Para la protección de los derechos nobiliarios, y una vez agotada la vía administrativa, se admite la acción judicial tanto en caso de denegación o rechazo del reconocimiento, como contra quienes tengan interés en oponerse a él. De naturaleza similar son las distinciones que se derivan de las órdenes de caballería (véase heráldica, consulado). También en este caso, el rey tiene la autoridad exclusiva de mantener las órdenes existentes, crear otras nuevas y prescribir sus estatutos; al igual que el rey tiene la autoridad exclusiva de colectar honores de acuerdo con los estatutos de las órdenes y de perderlos o revocarlos.