Gabriel Iglesias

Después de la Segunda Guerra Mundial los teóricos legales desconfiaron de las grandes v1s1ones sociales e ideologías. Muchos concluyeron que la política, más que la ley, debería ser el escenario de las luchas sobre los valores y propósitos de la sociedad. En una nación pluralista y libre, la gente no estará de acuerdo con los fines de la sociedad; los individuos tienen preferencias que entran en conflicto. Esos desacuerdos pertenecen a las ramas electorales del gobierno. La contribución especial de la ley sería vigilar y guiar los procesos de gobierno. La ley puede y debe articular los papeles apropiados para las ramas del gobierno y las relaciones apropiadas entre ellas. Cada rama debe permanecer dentro de los límites de su competencia; cada rama tiene tareas separadas y poderes distintos. Se puede argumentar que Ronald Dworkin es un heredero importante de esta tradición. La competencia especial de la judicatura es resolver controversias concretas a la luz de normas de principio, elaboradas para conectar los hechos y los propósitos públicos. La competencia especial del poder legislativo es proporcionar un foro ordenado para reunir y resumir las opiniones de la población sobre los propósitos públicos, y para resolver las diferencias en los puntos de vista que las diversas personas aportan a la política por compromiso o por voto mayoritario. La competencia especial del ejecutivo es forzar las reglas mediante la pericia, utilizando la discreción establecida para este fin por los demás poderes. La ley describe estas competencias y las distinciones entre ellas. El derecho también impide a una de las ramas arrogarse el poder sobre asuntos que pertenecen propiamente a la competencia de otra.