Gracia Matos Rubio

El derecho internacional del mar, tal y como está hoy en día, es el resultado de un compromiso que concilia, por un lado, los intereses vitales (de seguridad) de los Estados ribereños y, por otro, el interés de los demás Estados, ribereños o no, en utilizar los mares en la mayor medida posible. Desde la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), el 16 de noviembre de 1994, se acepta generalmente que el mar se divide en varias zonas marítimas. reconoce generalmente que un Estado no es competente para hacer cumplir sus normas a menos que no esté facultado para ejercer la jurisdicción prescriptiva y que la jurisdicción de ejecución se limita, en principio, al territorio del Estado en cuestión , una noción que, aunque no esté incluida directamente en el concepto de territorio Aunque la Sección 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar estipula normas especiales relativas a la jurisdicción de ejecución (con el artículo 218(1) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que faculta a los Estados portuarios incluso a ejercer poderes de ejecución extraterritoriales). Estas disposiciones sólo se refieren a la sanción de diferentes categorías de contaminación del medio marino, en particular la procedente de buques. No son aplicables a la cuestión de la delincuencia organizada transnacional que nos ocupa. Es de especial relevancia aquí la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar.