Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY o TICAY)

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Introducción

Su nombre oficial es Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de las Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de la ex Yugoslavia desde 1991: Croacia (1991/1995); Bosnia Herzegovina (1992/1995); Kosovo (1998/1999); y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (2001).

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, sito en La Haya, fue establecido en virtud de la resolución 827 del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993, al amparo del Capítulo VI de la CNU, y con el propósito fundamental de acabar con la impunidad por los crímenes en la Antigua República de Yugoslavia a partir de
1991. Se le encomendaba así la labor de procesar y juzgar a aquellos individuos inculpados por graves violaciones del derecho internacional humanitario genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) o de la comisión de crímenes de guerra (la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad fue adoptada en Nueva York, el 26 de noviembre de 1968 por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII) y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII; consulte también la información sobre los delitos o crímenes de lesa humanidad y acerca de los crímenes contra la humanidad) y contra la humanidad.

El mandato del Tribunal está definido en su Estatuto, que fue enmendado por las resoluciones del Consejo de Seguridad 1166 (1998), de 13 de mayo de 1998, 1329 (2000), de 30 de noviembre de 2000, y 1411 (2002), de 17 de mayo de 2002. Igualmente, el Tribunal se rige por un reglamento de procedimiento y prueba inspirado tanto en la tradición del Common Law como del Derecho Romano.

Tras 10 años de andadura y por haber sido establecido como un tribunal ad hoc, el Consejo de Seguridad aprobó la estrategia de conclusión del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia con el objetivo de llevar a cabo un cierre escalonado y ordenado, recomendada por las resoluciones 1503 (2003) y 1534 (2004).

Según los últimos informes presentados, se prevé que los juicios se hallen finalizados, en principio, en 2015 y las apelaciones durante 2017.

Desde su creación hace 20 años, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha imputado a 161 personas por crímenes de guerra (la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad fue adoptada en Nueva York, el 26 de noviembre de 1968 por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII) y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII; consulte también la información sobre los delitos o crímenes de lesa humanidad y acerca de los crímenes contra la humanidad) cometidos en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991. Se han concluido procesos contra 141 imputados, 69 de los cuales han resultado condenados y 18 absueltos, 25 procedimientos se encuentran en curso, constituyendo el resto casos remitidos a las respectivas jurisdicciones nacionales o casos cerrados por falta de pruebas o fallecimiento.

Hasta principios de 2014, han cumplido sentencia en España siete condenados.

Aportes del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, tribunal internacional dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instituido en 1993 para procurar el procesamiento de aquellas personas acusadas de haber cometido, desde el 1 de enero de 1991, determinados delitos y crímenes de especial gravedad en el territorio que comprendía hasta ese año la República Federal Socialista de Yugoslavia, en el transcurso de la denominada guerra de la antigua Yugoslavia (y, posteriormente, en los subsiguientes sucesos asociados a ella, tales como la crisis de Kosovo).

Su establecimiento fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su resolución unánime 827 del 25 de mayo de 1993, y su constitución se produjo el 17 de noviembre de ese mismo año en la ciudad neerlandesa de La Haya, donde radica su sede. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia tiene competencia para juzgar aquellos hechos que, en el espacio y tiempo indicados, pudieran haber supuesto la violación de los principios de la Convención de Ginebra (1949), del Código de Conducta en Tiempo de Guerra (1901) o de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio (1948). Su fundación pretendía evitar que, debido a la inexistencia de un tribunal y de un código penal internacional, quedaran impunes delitos tales como los crímenes de guerra (la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad fue adoptada en Nueva York, el 26 de noviembre de 1968 por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII) y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII; consulte también la información sobre los delitos o crímenes de lesa humanidad y acerca de los crímenes contra la humanidad), los crímenes contra la humanidad o el genocidio, que la propia ONU declara imprescriptibles.

Un presidente se encuentra al frente del Tribunal, que está integrado por una fiscalía, tres salas de primera instancia (con tres jueces cada una) y una sala de apelaciones (con cinco jueces), y dotado de algunas celdas en su propio edificio y una prisión en Scheveningen. Dado que sus normas procesales no recogen la posibilidad del juicio en rebeldía, es decir, con ausencia del inculpado, una vez que un individuo es encausado como tal, se dispone su busca y captura internacional, existiendo la obligatoriedad de que cualquier país miembro de la ONU facilite su puesta a disposición de este órgano. Entre los nombres más destacados que en 1999 figuraban como reclamados por el Tribunal se encontraban los de Radovan Karadzic (principal dirigente de los serbobosnios que lucharon contra el gobierno de Bosnia-Herzegovina durante la guerra de la antigua Yugoslavia) y Slobodan Milosevic (presidente de Serbia desde 1989 hasta 1997 y de la República Federal de Yugoslavia desde ese último año hasta 2000). Este último (contra el cual fue dictada una orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) el 27 de mayo de 1999, acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) de haber cometido crímenes contra la humanidad y violación de las leyes de guerra en la provincia de Kosovo durante los primeros cuatro meses de aquel año), resultó extraditado por el gobierno de Serbia y puesto a disposición del Tribunal el 28 de junio de 2001, hecho que constituyó un hito para esta instancia. El juicio comenzó en febrero del año siguiente y se prolongó hasta marzo de 2006, fecha en la que falleció Milosevic (por causas naturales) en su celda de La Haya. La muerte del dirigente privó al Tribunal de una sentencia ejemplarizante, a pesar de que el mero desarrollo del proceso puede considerarse un hecho histórico.

Precedido históricamente por el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg y por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente de Tokio (establecidos ambos para conducir los juicios por crímenes de guerra (la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad fue adoptada en Nueva York, el 26 de noviembre de 1968 por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII) y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII; consulte también la información sobre los delitos o crímenes de lesa humanidad y acerca de los crímenes contra la humanidad) acontecidos durante la II Guerra Mundial), a la creación de este organismo le sucedió un año después la del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania), que entendería de hechos similares ocurridos en aquel país a lo largo del conflicto interétnico entre tutsis y hutus. Con la intención de dotarse de un organismo judicial de carácter permanente y competencia geográfica global para el enjuiciamiento de este tipo de delitos, 120 países miembros de la ONU aprobaron durante una conferencia celebrada en Roma (Italia) en 1998 el estatuto jurídico de lo que sería en el futuro el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas.” (1)

Contenido

“Este tribunal, con sede en La Haya, fue creado en 1993 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para juzgar a los presuntos responsables de crímenes graves cometidos en el territorio de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determine una vez restaurada la paz. Dado que el Consejo no había determinado el fin de la jurisdicción del Tribunal en marzo de 1999, los crímenes cometidos en la crisis de Kosovo son de su competencia, lo que ha motivado la acusación cursada por ellos contra Milosevic en mayo de 1999.

▷ En este Día: 18 Abril de 1857: El Juicio del Siglo

Nace el abogado defensor, orador, polemista y escritor estadounidense Clarence Darrow, entre cuyas destacadas comparecencias ante los tribunales figura el juicio Scopes, en el que defendió a un profesor de secundaria de Tennessee que había infringido una ley estatal al presentar la teoría darwiniana de la evolución.

Los cuatro tipos de crímenes que el Tribunal puede perseguir son los siguientes: a) las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, b) la violación de las leyes o usos de la guerra, c) el genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) y d) los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad.

La resolución del Consejo que lo creó se basó en el ya mencionado Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que le confiere a dicho órgano prerrogativas especiales para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. El Consejo interpretó que las violaciones generalizadas del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo asesinatos masivos y prácticas de “limpieza étnica”, constituían una amenaza a la paz y seguridad internacionales.

A diferencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional, constituido a través de un Tratado Internacional y cuya entrada en vigor depende de su ratificación por 60 Estados, el tribunal para la ex Yugoslavia entró en funcionamiento al día siguiente de su constitución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). De este modo, su procedimiento de creación, a través de una Resolución del Consejo de Seguridad, resultó rápido y novedoso.

En cuanto al derecho que aplica el tribunal, cabe plantearse si le correspondería aplicar las normas relativas a los conflictos armados internos o a los internacionales.Entre las Líneas En realidad, en la Antigua Yugoslavia se han librado conflictos de ambos tipos: internos, por ejemplo, entre las tropas de Eslovenia y Croacia contra el ejército yugoslavo antes de que Belgrado reconociera su secesión; e internacionales, de los ejércitos de los nuevos países independizados contra Yugoslavia, o entre sí.

Puntualización

Sin embargo, el Consejo de Seguridad afirmó en julio de 1992 que todas las partes de Bosnia Herzegovina debían aplicar el Derecho Internacional Humanitario, y en particular los Convenios de Ginebra de 1949, con lo que, dado que éstos se aplican en un conflicto entre dos o más Partes Contratantes, reconoció implícitamente que se trataba de un conflicto internacional.

Por tanto, el Tribunal aplica las normas del Derecho Internacional Humanitario. El hecho de que éste constituya además derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) –es decir, costumbre internacional– implica que no se plantea problema alguno por el hecho de que algunos Estados no se hayan adherido a los Convenios. Tienen naturaleza de derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) aplicable por el Tribunal: a) los Convenios de Ginebra de 1949; b) el Convenio IV de la Haya de 1907; c) la Convención para la prevención y sanción del crimen de genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) de 1948; y d) el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945.

El Tribunal está constituido por tres Salas de Primera Instancia y una Sala de Apelaciones, el Fiscal y una Secretaría, que presta servicios a las Salas y al Fiscal.

En cuanto a la presentación de demandas, el Fiscal puede iniciar las investigaciones de oficio o bien sobre la base de la información que haya obtenido de cualquier fuente, en particular de gobiernos, órganos de las Naciones Unidas y ONG. Después de evaluar la información recibida, decide si existe base suficiente para entablar una acción.

La detención de los presuntos culpables la pueden llevar a cabo: las policías de los Estados en cuyo territorio se encuentren, dado que los Estados tienen la obligación de cooperar con el tribunal; la policía del propio Estado yugoslavo y las fuerzas internacionales de la SFOR (Multinational Stabilitation Force).

Hay que precisar que el Tribunal no puede juzgar a Estados, sino solo a personas físicas sospechosas de haber cometido los crímenes en los que es competente, así como a quienes los hayan ordenado, incitado o contribuido a preparar y ejecutar.Entre las Líneas En este sentido, los altos funcionarios y autoridades del Estado, incluido el Jefe de Estado, no gozan de estatuto privilegiado alguno que les exonere o atenúe la responsabilidad que hayan podido contraer. La “obediencia debida” de los subordinados no es aceptada como eximente de la pena, aunque puede considerarse como causa atenuante para rebajarla. A su vez, los superiores son responsables de los actos cometidos por sus subordinados si los conocían o estaban en situación de conocerlos y no adoptaron medidas para impedirlos.

En cuanto a las penas, podrán ser de privación de libertad teniendo en cuenta la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado.

Otros Elementos

Además, se podrá ordenar la devolución a los propietarios legítimos de los bienes e ingresos adquiridos por medios delictivos.

En la práctica, el funcionamiento del tribunal es lento y se ve lastrado por la falta de medios económicos, la excesiva burocracia y la falta de cooperación por la policía yugoslava. A mediados del año 2000 eran una treintena las personas acusadas, en general con un nivel de responsabilidad inferior.” (2)

Descripción

Las características de la estructura jurídica e institucional del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), así como las del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), no pueden entenderse adecuadamente sin tener en cuenta las circunstancias en las que el Consejo de Seguridad decidió que se estableciera un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991.

A finales de febrero de 1993, el conflicto que asoló la antigua Yugoslavia durante más de 18 meses se había trasladado de Eslovenia a Croacia y luego a Bosnia. Aunque el conflicto se caracterizó desde el principio por una ferocidad aguda (especialmente en Voivodina y Eslavonia Oriental), fue en Bosnia donde se filtraron los primeros indicios de limpieza étnica sistemática (por ejemplo, deportaciones, ejecuciones en masa, agresiones sexuales y violaciones en masa y campos de concentración). Con el fin de presionar a las partes en conflicto para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, en octubre de 1992, el Consejo de Seguridad pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que creara una Comisión de Expertos para que informara sobre las pruebas de graves violaciones del derecho internacional humanitario en la antigua Yugoslavia. Los resultados de la investigación alentaron la indignación pública, especialmente entre los países europeos, donde los recuerdos de los horrores nazis seguían vivos, lo que obligó a sus gobiernos a pedir el establecimiento de un nuevo Nuremberg.

El prodigioso esfuerzo por establecer el TPIY y su importancia en el desarrollo del derecho internacional y del sistema judicial internacional no puede ser sobreestimado. El 22 de febrero de 1993, mediante la Resolución 808, el Consejo de Seguridad decidió que debía establecerse un tribunal penal internacional y pidió al Secretario General de la ONU, Butros Butros Butros Ghali, que preparara un informe.Entre las Líneas En solo 60 días, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad sobre el Estatuto del futuro TPIY, que fue adoptado sin cambios el 25 de mayo de 1993 por el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (firmada en San Francisco, 26 de junio de 1945).

Aunque el Secretario General se benefició en su trabajo de las sugerencias y borradores propuestos por los Estados, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, los particulares y la experiencia de los dos tribunales militares establecidos tras la Segunda Guerra Mundial (el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente), la rapidez con la que se creó una jurisdicción internacional totalmente nueva no tiene precedentes. No existe un código penal internacional (aunque se han distribuido varios proyectos y propuestas durante varios decenios) y los pocos precedentes pueden proporcionar una orientación mínima, al menos porque, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los tribunales de Nuremberg y Tokio, no se trata de una cuestión de justicia para el vencedor. La guerra estaba (y en gran medida todavía está) en curso y el tribunal tendría que funcionar sin un control efectivo sobre los territorios en los que se encontrarían las pruebas y los autores de los crímenes.

El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dejó finalmente una profunda huella, en primer lugar, en el del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (que se estableció de manera similar 18 meses después) y, a continuación, en el de la Corte Penal Internacional, aunque hay varios aspectos que la diferencian de los anteriores tribunales. Las similitudes estructurales entre el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son numerosas, incluido el hecho de que el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda comparten el mismo Fiscal Principal y la misma Sala de Apelaciones. La afinidad de las dos instituciones, a menudo llamadas los tribunales gemelos, también las distingue de todos los demás órganos judiciales internacionales examinados en esta matriz.

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A diferencia de la mayoría de los órganos judiciales internacionales, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son de carácter ad hoc. Como medidas coercitivas en virtud del Capítulo VII, la duración de cada una de ellas está vinculada al restablecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en los territorios de la ex Yugoslavia y Ruanda. Una vez que el Consejo de Seguridad decida que se han restablecido la paz y la seguridad, se disolverán. Su establecimiento mediante una resolución del Consejo de Seguridad (a diferencia de un acuerdo internacional, como en el caso de todos los demás órganos judiciales internacionales) tiene tres consecuencias adicionales.Entre las Líneas En primer lugar, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas están obligados a cumplir las solicitudes y decisiones de los tribunales (lo que los convierte en los foros más importantes y evita la cuestión del consentimiento de los Estados, que paraliza a foros como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de Justicia).Entre las Líneas En segundo lugar, a diferencia de los tribunales de Nuremberg y Tokio, ni el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia ni el Tribunal Penal Internacional para Ruanda cuentan con los medios para enjuiciar a un acusado.

Puntualización

Sin embargo, los Estados que no cumplen o incluso los que no colaboran pueden ser remitidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su sanción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En tercer lugar, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad en el sentido del Artículo 29 de la Carta. Como tales, dependen de las Naciones Unidas en asuntos administrativos y financieros, aunque, como instituciones judiciales, son independientes de cualquier Estado o grupo de Estados, incluido su órgano matriz, el Consejo de Seguridad.

El elemento más importante que distingue al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (y también a la Corte Penal Internacional) de todos los demás órganos judiciales internacionales es que son tribunales penales… Esto tiene múltiples implicaciones.Entre las Líneas En primer lugar, significa que las partes en el proceso judicial son siempre, por una parte, personas acusadas y, por otra, el Fiscal.Entre las Líneas En segundo lugar, a diferencia de todos los demás órganos judiciales internacionales, los Estados y las organizaciones internacionales no tienen legitimación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Las personas condenadas por delitos de genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) o crímenes de lesa humanidad están sujetas a sanciones penales (es decir, el cumplimiento de penas de prisión hasta la cadena perpetua).

Una Conclusión

Por consiguiente, a diferencia de todos los demás foros judiciales internacionales, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tienen una dependencia especial de detención situada en La Haya y Arusha, respectivamente. Sus estatutos y reglamentos de procedimiento y pruebas prevén medidas de protección muy detalladas para las víctimas y los testigos, especialmente en casos de violación o agresión sexual.

Por último, cabe mencionar que la jurisdicción del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda no es exclusiva sino concurrente con la de los tribunales nacionales.

Puntualización

Sin embargo, ambos tienen primacía sobre los tribunales nacionales (algo que no tiene la CPI).Entre las Líneas En cualquier etapa del procedimiento, los dos tribunales penales internacionales ad hoc pueden solicitar formalmente a los tribunales nacionales que aplacen la competencia.

Autor: Black

Legado

El TPIY fue el primer tribunal internacional creado después de los de Nuremberg y Tokio al final de la segunda guerra mundial. Pese a la lentitud con la que arrancó, ha acumulado una ejecutoria admirable con la presentación ante la justicia y la celebración de juicios fundamentalmente imparciales de unos 80 acusados, incluidos generales, jefes de Estado y brutales comandantes de campos de prisioneros. El TPIY, buque insignia para posteriores tribunales sobre crímenes de guerra (la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad fue adoptada en Nueva York, el 26 de noviembre de 1968 por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII) y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII; consulte también la información sobre los delitos o crímenes de lesa humanidad y acerca de los crímenes contra la humanidad) de Ruanda, Sierra Leona, Timor Oriental y Camboya y del Tribunal Penal Internacional permanente, se encuentra ahora en su fase final, pues debe cerrar sus puertas en 2010.

Estos años finales fueron decisivos, no solo para la reputación y el legado del TPIY, sino también para el derecho humanitario internacional (la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad fue adoptada en Nueva York, el 26 de noviembre de 1968 por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII) y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII; consulte también la información sobre los delitos o crímenes de lesa humanidad y acerca de los crímenes contra la humanidad) (las llamadas “leyes de guerra”). El TPIY ha supervisado el desarrollo de un extraordinario corpus de jurisprudencia que da vida a los preceptos abstractos del derecho internacional. Ha aclarado el significado y las prescripciones de los Convenios de Ginebra y La Haya sobre el trato de prisioneros y civiles en territorios ocupados. Así, pues, no se debe desaprovechar dicha ejecutoria.

Autor: Cambó

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (Organización)

[rtbs name=”organizaciones”] Aquí cabe analizar el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y su funcionamiento como organización judicial internacional.

Recursos

Notas y Referencias

1. Información sobre Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en la Enciclopedia Online Encarta
2. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo

Véase También

Guía sobre Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia

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• EE.UU. veta el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU
• EE.UU. acepta que Israel ataque Rafah si contiene su represalia a Irán
• Detienen a un hombre por apuñalar a dos niñas en el noreste de Francia
• El ultraderechista alemán Björn Höcke, a juicio por utilizar un lema nazi
• Israel negocia con EE.UU. entrar en Rafah a cambio de contención contra Irán

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación:

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Maison Rafaëlle, “La décision de la Chambre de Première Instance nº I du TPIY dans l’affaire Nikolic”, European Journal of International Law, vol. 7 (1996), pp. 284-299.
Martin, P. M., “Le droit international humanitaire à l’épreuve du Tribunal pénal international sur l’ex-Yougoslavie,” Recueil Dalloz Sirey, v. 33 (1997)
– La compétence de la compétence (à propos de l’arrêt Tadic, Tribunal pénal international, chambre d’appel, 2 de octubre de 1995)”, Recueil Dalloz Sirey, v. 19 (1996)
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