Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)

Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema.

Tribunal Penal Internacional para Ruanda: Actualmente y en su Historia

Puntualización

Sin embargo, estos plazos han sido postergados debido al retraso en los casos.

El 6 de abril de 1994, los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvénal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira respectivamente, murieron al precipitarse a tierra el avión en que viajaban, producto de un atentado terrorista, cuando este se encaminaba a aterrizar en la capital Kigali.

Este hecho provocó el inicio de una masacre inconmensurable que afectó a las comunidades hutu y tutsi que habitaban desde tiempos inmemoriales en la zona de los Grandes Lagos africanos. Durante un mes, facciones de hutus atacaron a tutsis y hutus moderados.

Los antecedentes revelados por la prensa de la época conmovieron e impactaron a la opinión pública del mundo, ante el hecho de producirse un genocidio, tras casi 50 años desde la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en 1948). Con estos antecedentes, y por la solicitud expresa de Ruanda -que ocupaba un puesto no permanente del Consejo de Seguridad en esa época-, se decidió que en virtud de los dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (firmada en San Francisco, 26 de junio de 1945), que ordena al Consejo tomar las medidas necesarias para restablecer la paz y la seguridad del mundo, se decidió establecer un Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

El Tribunal creado por la Resolución 955 del 8 de noviembre de 1994 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene como base una estructura similar al del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

A finales de 2013, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda había completado más de 75 casos, 16 de los cuales han sido apelados; en 12 de los casos los acusados fueron absueltos de sus cargos. Nueve de los inculpados por este Tribunal siguen fugitivos, entre ellos, Felicien Kabuga, un empresario que habría financiado el genocidio. [rtbs name=”genocidios-y-asesinatos-en-masa”]

Tribunal Penal Internacional para Ruanda: Conddenas

En junio de 2011 este Tribunal dictó su primera sentencia por genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) contra una mujer. Se trata de Pauline Nyiramasuhuko, de 65 años y antigua ministra ruandesa de la Mujer y la Familia, que fue condenada a cadena perpetua. La procesada es de etnia hutu (mayoritaria en el país africano) y los jueces han fallado que organizó el secuestro y violación de mujeres y niñas tutsi, la comunidad minoritaria. Ayudada por su hijo, Arsene Shalom Ntahobaki, que recibió la misma pena, también ordenó el asesinato de civiles tutsi en su ciudad, Butare, al sur de Ruanda.

En diciembre de 2012 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda emitió su última sentencia, comenzando así la fase post-judicial al empezar a funcionar el Mecanismo para Tribunales Penales Internacionales, establecido en diciembre de 2010 por la Resolución 1966 del Consejo de Seguridad con objeto de completar la labor pendiente emprendida tanto por el Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de las Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de la ex Yugoslavia, en corto Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, como por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El Mecanismo comprende una división con sede en Arusha (Tanzania) para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Tribunal Penal Internacional para Ruanda: Resultados

Tribunal Penal Internacional para Ruanda, tribunal internacional dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instituido en 1994 para procurar el procesamiento de aquellas personas acusadas de haber cometido, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, actos genocidas y crímenes contra la humanidad en Ruanda o en los países vecinos durante el conflicto interétnico entre tutsis y hutus.

Su establecimiento fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su resolución 955 del 8 de noviembre de 1994, y su sede se fijó en la ciudad de Arusha (Tanzania). Con su fundación, la ONU pretendía evitar, dada la inexistencia de un tribunal y de un código penal internacionales, la impunidad de los actos de genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) que tuvieron lugar en Ruanda en la época mencionada, delitos considerados imprescriptibles. Vinculado desde su nacimiento al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (con el que de hecho comparte la misma Sala de Apelaciones), el dedicado a los crímenes cometidos en Ruanda está compuesto por nueve jueces, que atienden tres salas de primera instancia, y cuenta en su conjunto con más de 870 personas pertenecientes a 80 nacionalidades que trabajan en los cometidos que le son propios. A comienzos de 2004 el tribunal había arrestado y juzgado a más de 50 personas, incluidos los dirigentes políticos ruandeses que condujeron al país al desastre en aquel fatídico año. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de ruandeses tutsis fueron masacrados en 1994, y que otro millón y medio de compatriotas huyó a los Estados limítrofes.

▷ En este Día de 23 Abril (1906): Leyes Fundamentales Rusas

El zar ruso Nicolás II promulga las Leyes Fundamentales, que marcan el fin de la autocracia ilimitada, pero no alcanzan las reformas prometidas en el Manifiesto de Octubre, en el contexto de la primera revolución rusa. A partir de entonces, ninguna ley podía aprobarse sin la aprobación del Consejo de Estado y la Duma Estatal. Los miembros de la Duma eran elegidos por cinco años. El Consejo de Estado y la Duma podían legislar sobre asuntos no contemplados en las Leyes Fundamentales. La principal innovación fue la inclusión en las Leyes Fundamentales de artículos que garantizaban los derechos de identidad y las libertades civiles, en concreto la protección de la identidad y la residencia, la libertad de residencia, actividad, movimiento, protección de posesiones, libertad de expresión, prensa, sindicatos, reunión y religión. Los derechos y libertades declarados no incluían a los judíos, para quienes seguían existiendo restricciones residenciales y restricciones en los puestos de la función pública. A pesar de estas concesiones, el zar conservaba un enorme poder. Sobre el Congreso de los Zemstvos en la Revolución de 1905 y las reformas del zar, véase aquí.

En una conferencia celebrada en 1998 en la ciudad italiana de Roma, 120 países miembros de la ONU aprobaron el estatuto jurídico del futuro Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas, cuya misión será precisamente convertirse en un organismo judicial de carácter permanente que alcance una competencia mundial (o global) para el enjuiciamiento de delitos del tipo de los perseguidos por los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Contenido

“A raíz de las matanzas que causaron la muerte a casi medio millón de ruandeses en abril y mayo de 1994, el Consejo de Seguridad creó este Tribunal el 8 de noviembre de ese año con trece votos a favor, la oposición de Ruanda (si bien fue quien inicialmente lo propuso) y la abstención de China. Su sede está en Arusha (Tanzania) y la Oficina del Fiscal en Kigali (Ruanda).

Su constitución fue consecuencia de las recomendaciones formuladas al Secretario General por una Comisión de Expertos independientes formada a petición del Consejo de Seguridad. La Comisión concluyó que existían pruebas de que miembros de la etnia hutu habían perpetrado actos de genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) para la destrucción del grupo tutsi. Así mismo, recomendó que los juicios a los sospechosos de haber cometido violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) se llevasen a cabo por un tribunal penal internacional.

La particularidad del caso de Ruanda radica en que, a pesar de que la mayor parte de las atrocidades se cometieron en el marco de un conflicto interno, la situación tuvo importantes implicaciones internacionales en los países limítrofes por su recepción de grandes oleadas de refugiados, lo cual se interpretó como una grave amenaza para la paz.

El Estatuto del Tribunal para Ruanda es esencialmente igual al de la ex Yugoslavia y, al igual que éste, es competente para juzgar el genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) y los crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, el Consejo de Seguridad tuvo en cuenta que los crímenes cometidos en Ruanda se llevaron a cabo en el marco de un conflicto exclusivamente interno, de modo que, en lugar de referirse a “las infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949 y a las leyes y costumbres de la guerra”, se refirió a las “violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional II”, ya que ambos contemplan los conflictos armados internos.

Su competencia se aplica a los hechos cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 tanto en Ruanda como en el territorio de los Estados vecinos. Para mediados del año 2000, el número de condenados ascendía a una cincuentena, un volumen muy reducido teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia juzgada.” (2)

Diferencias

Un año después de la creación del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), en abril de 1994, estalló otro conflicto étnico masivo en África central, que provocó primero el asesinato genocida de medio millón de miembros de la tribu tutsi por miembros de la tribu hutu en Ruanda, y luego el desplazamiento de cientos de miles de hutus al territorio de los países vecinos. Después de mucha indecisión, el 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 955 que prevé el establecimiento del TPIR, un tribunal penal internacional para el enjuiciamiento de los responsables de genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, y el enjuiciamiento de los ciudadanos ruandeses responsables del genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) y otras violaciones del derecho internacional cometidas en el territorio de Estados vecinos, entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994.

Aunque el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tienen muchos puntos en común (descritos en el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia) que los diferencian de todos los demás foros judiciales internacionales, debido a las diferentes circunstancias fácticas que rodean el establecimiento de los dos tribunales, el Tribunal Internacional para Ruanda plantea varias cuestiones con las que no se ha encontrado el Tribunal Yugoslavo. Por ejemplo, tanto el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron establecidos por una resolución del Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (firmada en San Francisco, 26 de junio de 1945). Ambos son órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad en virtud del artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas (firmada en San Francisco, 26 de junio de 1945).

Puntualización

Sin embargo, a diferencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado a petición del gobierno en cuyo territorio se estaban cometiendo los crímenes (aunque el gobierno ruandés finalmente votó en contra).

Otros Elementos

Además, a diferencia del caso de la ex Yugoslavia, la situación de Ruanda entrañaba un conflicto armado interno, lo que plantea importantes cuestiones relativas al derecho aplicable.

Sin embargo, al mismo tiempo, a diferencia del caso del Tribunal Yugoslavo, cuya principal dificultad ha sido obtener la custodia de los presuntos delincuentes, unas 90.000 personas implicadas en el genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) ruandés han sido encarceladas en Ruanda y otros Estados.

Otros Elementos

Además, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha obtenido la custodia de varios altos funcionarios gubernamentales y militares sospechosos de planificar e incitar al genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) ruandés.

Una Conclusión

Por lo tanto, aunque el TPIY ha superado sus dificultades administrativas y de gestión, pero no ha sido capaz de juzgar a los responsables últimos de los estragos causados en Yugoslavia, el Tribunal para Ruanda, que ha pasado por todo tipo de retos y contratiempos administrativos y de gestión, está en condiciones de hacer una mayor contribución a la justicia internacional y a un sistema penal internacional que su homólogo yugoslavo.

Autor: Black

Recursos

Notas y Referencias

1. Información sobre Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la Enciclopedia Online Encarta
2. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo

Véase También

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Guerras Serbo-Otomanas

Regulación de los Museos

Control de Precios

▷ Noticias internacionales de hoy por nuestros amigos de la vanguardia (nota: en muchas noticias tienen muro de pago):

• Shanghái organiza un espectacular concurso de sirenas
• El Reino Unido convierte en ley el envío de inmigrantes a Ruanda
• Helado con toque de queda
• Ucrania suspende la asistencia consular a sus hombres en edad militar
• Detenido en Alemania un asistente de un eurodiputado ultraderechista por espiar para China

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características y el futuro de esta cuestión):

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