Límites Temporales de la Prisión Preventiva

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] La crítica que se dirigía al uso de la prisión preventiva con anterioridad al proceso de reforma en los nuevos códigos acusatorios en América Latina no solo se orientaba a su procedencia como regla general sino también a su extensión en el tiempo.

Con el fin de evitar la situación de abuso, el nuevo régimen acusatorio debía incorporar límites temporales al uso de la prisión preventiva, por ello se estableció que:

• La prisión preventiva en los procesos acusatorios sería la excepción, vale decir, no tiene aplicación automática y corresponde al Ministerio Público o cualquier otra entidad persecutora solicitarla y justificar su necesidad.
• Si se aplicaba, existía la obligación de que su imposición respondiera a un análisis particular de situaciones concretas y de que esta decisión fuera fundamentada por el órgano judicial.
• En la mayoría de las legislaciones se establecieron límites temporales máximos a su imposición.

Límites temporales al uso de la prisión preventiva en las versiones originales de los nuevos códigos acusatorios, por país, referencia normativa y el límite de tiempo específico para la prisión preventiva, en caso de existir:

Nota: todos hacen alusión al carácter excepcional de la prisión preventiva

• Provincia de Buenos Aires, Argentina, Ley Nº 11922. No hay limite específico.
• Bolivia, Ley Nº 1970. Cuando su duración exceda 18 meses sin que se haya dictado sentencia o de 24 meses sin que hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada.
• Chile, Ley Nº 19.696. No hay límite específico.
• Colombia, Ley Nº 906. Sí. Si en 60 días a partir de la imputación no se
  hubiere presentado la acusación o solicitado la preclusión.
• Costa Rica, Ley Nº 7594. Cuando su duración exceda 12 meses.
• Ecuador, Ley Nº 000. RO/ Sup 360. La prisión preventiva no podrá exceder 6 meses
  en las causas por delitos sancionados con prisión, ni 1 año en delitos sancionados con
  reclusión.
• El Salvador, Decreto Legislativo Nº 904 de 1996. En ningún caso puede sobrepasar la pena
  máxima prevista en la ley, ni exceder el plazo (véase más en esta plataforma general) de 12 meses para los delitos menos graves o 24 meses para los graves, so pena de incurrir en responsabilidad penal.
• Guatemala, Decreto Nº 51-92. Cuando su duración exceda 1 año, pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar 3 meses más.
• Honduras, Decreto Nº 9-99-E. La regla general de duración es de 1 año, a menos que el delito tenga asignada pena superior a 6 años, en cuyo caso son 2 años, ampliables
  por resolución de la Corte Suprema por 6 meses más. Límite definitivo la mitad de la pena mínima asignada al delito.
• Nicaragua, Ley Nº 406. La prisión preventiva nunca podrá exceder el tiempo de la pena impuesta por la sentencia impugnada y, de ser el caso, bajo responsabilidad, el tribunal que conoce del recurso, de oficio o a petición de parte deberá dictar auto ordenando la libertad inmediata del detenido.
• Paraguay, Ley Nº 1286 de 1998. No puede exceder la pena asignada al delito.
• Perú, Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS. La prisión preventiva no durará más de 9 meses.
  Tratándose de procesos complejos, el plazo (véase más en esta plataforma general) límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses.
• República Dominicana, Ley Nº. 76-02. Un máximo de 12 meses y, en caso de recurrirse
  la sentencia condenatoria, hasta 6 meses más.
• Venezuela, Código Orgánico Procesal Penal de 1998. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo (véase más en esta plataforma general) de 2 años.

Como se puede apreciar, la mayoría de los nuevos códigos estableció de manera explícita un límite temporal máximo de duración de la prisión preventiva. Con todo, una segunda lectura de estos límites nos permite establecer dudas respecto de su efectividad y respecto del consenso real que existía en torno a ellos al momento de legislar.

Los plazos establecidos por las legislaciones reformadas son de una extensión larga si se toma en consideración que lo que se busca es garantizar la presencia del imputado para el juicio o la protección de la evidencia (nótese que son comunes los plazos de 12, 18 o incluso 24 meses).Si, Pero: Pero además, el establecimiento de fórmulas que imponen como límite que la prisión preventiva no podía superar la mitad del tiempo de la posible condena, constituían en la práctica un plazo (véase más en esta plataforma general) aún más amplio.

Las señales que con estos plazos daba la legislación reformada hasta cierto punto quitaban potencia al principio de proporcionalidad de la medida, de hecho éstos dejaban lugar a que el sistema procesal penal se “tomara” un tiempo bastante amplio para la investigación de un delito con el imputado detenido. Si, por ejemplo, el imputado es acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) por un delito cuya pena máxima aplicable es de 10 años, penalidad bastante común en la región, esto se traducía en que el sistema criminal tendría un plazo (véase más en esta plataforma general) máximo de 5 años para terminar el caso, estando el imputado en prisión preventiva y operando ésta respaldada por el sistema, antes de que operara cualquier sanción o efecto que la normativa regulase.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Este problema se ve agravado si ponderamos el hecho de que la mayoría de los delitos que los sistemas investigan con algún nivel de eficacia son delitos flagrantes. Es decir, en donde se encuentra clara la identidad del imputado y la mayoría de la evidencia está presente al momento de la detención. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Hablar de plazos de 18 meses hasta 2 años de prisión preventiva en este tipo de casos constituía una señal de tolerancia a la imposición de la prisión en casos de complejidad baja y que deberían ser resueltos en cuestiones de meses, no de años. Parece ser que estos límites temporales en la práctica tenían una función más simbólica que otra cosa.

De manera complementaria a la fijación de límites temporales, diversas legislaciones reformadas establecieron sistemas de control automático en ciertos períodos de tiempo de la prisión preventiva de manera de forzar al órgano jurisdiccional a realizar una permanente
revisión de oficio de su necesidad de extenderse en el tiempo.

Varios países (Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y
Venezuela) establecieron estas revisiones de oficio, en la mayoría casi absoluta de los casos en un plazo (véase más en esta plataforma general) de tres meses (con excepción de Chile cada seis). Como se señalaba, con esto se pretendía forzar al sistema a estar en permanente proceso de revisión acerca de si los supuestos que la autorizan se mantenían en el tiempo y, por tanto, si su uso estaba dentro de los parámetros permitidos por los principios básicos del sistema (excepcionalidad y proporcionalidad).

Autor: Basado en Mauricio Duce, Chile

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