Riesgo de Fraude

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Riesgos de Fraude en el Mercado de Carbono

El valor a menudo elevado y la naturaleza electrónica de las unidades de emisión, así como la arquitectura del sistema de comercio, hacen que los mercados al contado de carbono sean especialmente propensos a las actividades fraudulentas. Entre los factores que pueden afectar a la aparición de fraudes y pérdidas se encuentran las características de diseño de un sistema, la coherencia de su marco legal y su aplicabilidad administrativa y las medidas de supervisión. Las regulaciones estrictas que pueden prevenir y detectar el fraude y hacer cumplir eficazmente las normas del mercado son más fáciles de conseguir en los mercados nacionales de carbono, donde el comercio se rige por una sola jurisdicción. El riesgo de fraude es especialmente predominante cuando el alcance del mercado de carbono no es congruente con sus niveles de gobernanza y supervisión. Este es el caso de:

• los mercados regionales de carbono cubiertos por diferentes jurisdicciones, como los sistemas de comercio de emisiones de la Unión Europea, ya que parte de la gobernanza se realiza a nivel de la Unión Europea (por ejemplo, el registro) mientras que otra parte se realiza a nivel nacional (por ejemplo, la apertura de cuentas),
• los mercados nacionales que están directamente vinculados, como en el caso de los mercados de carbono de California y Québec, y
• los mercados que están indirectamente vinculados a través del uso de certificados de emisión internacionales, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio o las unidades AC. Además, en general, cuanto más alto sea el precio del carbono, más atractivo será el mercado del carbono para los defraudadores.

Pueden darse los siguientes tipos de fraude:

Fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA)

El fraude del IVA es un tipo de fraude muy complejo, en el que grupos criminales organizados desvían recursos públicos. Puede producirse si el importe del IVA aplicado a las transferencias de derechos de emisión, o el método o la autoridad fiscal que lo recauda no son uniformes dentro de un mercado de carbono. Hay dos formas en que los defraudadores del IVA especializados en operaciones transfronterizas pueden explotar las debilidades de los regímenes fiscales heterogéneos y las lagunas en la supervisión del mercado:

• el fraude del operador desaparecido y
• el fraude del carrusel del IVA.

En el caso del fraude del operador desaparecido, el autor adquiere derechos de emisión en otra jurisdicción donde están exentos de IVA y los vende en su jurisdicción, donde se aplica el IVA, cargando el IVA nacional a los compradores sin remitir el IVA a la autoridad fiscal. El defraudador desaparece antes de que se descubra el fraude, convirtiéndose así en el “operador desaparecido”.

En el caso más complejo del carrusel del IVA, los defraudadores construyen una red de empresas interconectadas situadas en diferentes jurisdicciones dentro del mismo mercado del carbono. Para disimular el fraude, los derechos de emisión se transfieren a lo largo de largas cadenas de transacciones a través de empresas tapón y en círculo a través de las fronteras varias veces. En cada ciclo de comercio, el importador de los derechos de emisión (es decir, el comerciante desaparecido) no devuelve el IVA a la autoridad fiscal del país donde se encuentra. Además, cada vez que se vende un derecho de emisión a través de una frontera nacional, el comerciante exportador (la empresa D), que a menudo forma parte de la red de fraude, recibe ilegítimamente la devolución del IVA de la autoridad fiscal correspondiente (Europol, 2009). Este ciclo puede repetirse varias veces. Dependiendo del importe del IVA cobrado en concepto de derechos de emisión, el perjuicio financiero para los gobiernos implicados puede ser considerable.

Un caso emblemático de fraude del IVA se produjo en los sistemas de comercio de emisiones de la Unión Europea en 2008 y 2009. Los derechos de emisión se trataron como una prestación de servicios, por lo que se aplicó el IVA a la transferencia de derechos. Los defraudadores lo tuvieron fácil en un mercado que abarca varias jurisdicciones en las que las disposiciones y la recaudación del IVA se regulan a nivel nacional, lo que llevó a una situación en la que los defraudadores podían aprovechar las lagunas de un mosaico de estructuras de gobernanza. Sus acciones generaron pérdidas de más de 5.000 millones de euros en fondos públicos en varios países (Europol, 2009).

En abril de 2010, la trama fue finalmente detenida tras una investigación a gran escala realizada por las autoridades alemanas. Se investigaron unas 230 oficinas y domicilios, así como un total de 150 sospechosos en 50 empresas diferentes, entre ellas el gigante energético alemán RWE AG y el Deutsche Bank. Los operadores desaparecidos en este tipo de fraudes del IVA son empresas ficticias que suelen existir sólo durante unos meses. Un análisis de los datos de las transacciones de los sistemas de comercio de emisiones de la Unión Europea revela que más de la mitad de los volúmenes fraudulentos habían sido transferidos por operadores desaparecidos cuyas cuentas comerciales estaban registradas en Dinamarca, aunque esas empresas no estaban situadas en ese país. Esto sugiere que el registro danés tenía la laguna que permitía a los defraudadores abrir cuentas de comercio sin necesidad de documentar su identidad, al menos durante esos primeros años de los sistemas de comercio de derechos de emisión, tras los cuales dichas lagunas se cerraron de forma descoordinada a lo largo del tiempo en los distintos países. Los defraudadores trasladaron sus operaciones al registro italiano en 2010, ya que Italia tardó mucho en ajustar la normativa nacional sobre el IVA.

Blanqueo de dinero

Los mercados de carbono pueden utilizarse indebidamente para blanquear los beneficios de actividades delictivas como el fraude del IVA. Normalmente, la fuente ilícita de dinero se oculta en tres etapas: (i) colocación (entrada de dinero en el mercado mediante la compra de derechos de emisión), (ii) estratificación (largas cadenas de comercio a través de subcuentas para disfrazar la conexión de los derechos de emisión con las ganancias ilegales), y (iii) integración (recaptura de las ganancias ilícitas mediante la venta de los derechos de emisión).

El mercado primario (comercio al contado) corre un riesgo especial porque a menudo faltan regulaciones contra el blanqueo de capitales (AML), mientras que los mercados secundarios y la negociación de derivados suelen estar cubiertos por la regulación existente del mercado financiero que incluye disposiciones AML.

Los expertos llevan tiempo advirtiendo sobre el blanqueo de dinero en los mercados de carbono. Las redes delictivas que operan en muchos mercados de diferentes productos rastrean y explotan las lagunas de los vulnerables mercados de carbono. Desarrollan constantemente nuevos métodos para eludir la normativa existente y ocultar las ganancias ilegales. El blanqueo de dinero suele producirse conjuntamente con otros tipos de fraude. Este fue el caso de los sistemas de comercio de emisiones de la Unión Europea, donde las redes criminales fueron declaradas culpables tanto del fraude del IVA como del blanqueo de dinero.

Evasión fiscal

La evasión fiscal puede producirse cuando una empresa está al mismo tiempo amparada por un sistema de comercio de emisiones y participa en la generación de compensaciones internacionales de carbono utilizadas para el cumplimiento de la normativa mediante inversiones en proyectos de reducción de emisiones (INTERPOL, 2013). Esta situación conlleva el riesgo de que la empresa establezca una cadena de empresas subsidiarias para manipular el precio del certificado de carbono con el fin de evitar el pago de impuestos sobre los beneficios de la generación de créditos. En lugar de comprar directamente el certificado de carbono a precio de mercado a la empresa filial que lo genera, lo adquiere a través de un intermediario con sede en un lugar donde no se aplican impuestos (paraíso fiscal). La empresa filial evade los impuestos vendiendo el certificado al intermediario por debajo de su valor. A continuación, el intermediario revende los créditos a la empresa matriz libres de impuestos y a un precio más elevado.

El periódico sueco Dagens Nyheter ha informado sobre estos casos de supuesta evasión fiscal en los sistemas de comercio de emisiones de la Unión Europea.

Robo de derechos de emisión

El robo de derechos de emisión es una forma de fraude en la que el defraudador se hace con el control de una cuenta en un registro de comercio de derechos de emisión a través del “phishing” para obtener la información de acceso a la cuenta o a través de métodos más agresivos de ciberpiratería. Los “phishers” engañan a los titulares de las cuentas a través de correos electrónicos para que revelen sus números de identificación y contraseñas y, posteriormente, realicen transferencias no autorizadas de derechos de emisión. La posibilidad de que se produzcan robos de derechos de emisión no sólo muestra la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y el bajo nivel de seguridad del registro, sino que también pone de manifiesto los riesgos legales de participar en el comercio de derechos de emisión. El robo puede provocar incertidumbre sobre la propiedad válida y la responsabilidad de los compradores de los derechos de emisión robados. Los participantes en el mercado se exponen al riesgo de comprar derechos de emisión robados que tendrán que ser devueltos sin compensación, por lo que los compradores de buena fe se arriesgan a perder sus inversiones iniciales. Aunque el principio jurídico de la buena fe sugiere que los compradores inocentes merecen protección en estos casos, la ausencia de normas jurídicas claras puede generar incertidumbre sobre si el daño tendrá que ser asumido por el comprador o por el titular de la cuenta a la que se han robado los derechos de emisión.

Entre 2010 y 2011, los sistemas de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea fueron testigos de una serie de ataques de suplantación de identidad y piratería informática que tuvieron como objetivo las cuentas de los registros austríaco, checo, griego, rumano e italiano. Se robaron más de dos millones de derechos de emisión y el robo sólo pudo detenerse cuando la Comisión Europea (CE) suspendió el comercio al contado. No todos los derechos de emisión robados pudieron ser rastreados y devueltos. En una demanda contra la CE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que el gigante del cemento Lafarge Holcim, cuya cuenta fue pirateada, debía asumir los daños del fraude. Además, la CE decidió reducir la incertidumbre de los compradores de buena fe permitiendo la reventa de los derechos de emisión robados y borrando los números de serie de los derechos de emisión, de modo que ya no puedan diferenciarse. Esta medida ha tenido el coste de hacer menos transparente el mercado, porque ya no es posible seguir el comercio de una sola unidad.

Venta de créditos o derechos de emisión falsos

El riesgo de comprar certificados falsos existe tanto en los sistemas de comercio de derechos de emisión como en los de línea de base y de crédito, aunque la manipulación del sistema y la creación de certificados no válidos son más fáciles en ciertos mercados de línea de base y de crédito, en los que existe una vigilancia limitada, una cobertura internacional y no hay estructuras de gobernanza coherentes (como ocurre en gran parte del mercado voluntario). A menudo, la información sobre los múltiples tipos de créditos aceptados y sobre la fiabilidad de los diferentes mercados disponibles es difícil de calibrar para un comprador. El riesgo va desde la laxitud de los procesos de seguimiento, notificación y verificación que conducen a la comprobación y generación de certificados de proyectos no adicionales (véase riesgos del mercado de bonos de carbono) hasta la falsificación del propio proyecto de reducción de emisiones. Aunque los principios de derecho civil de impedimento y buena fe -reflejados en el derecho estatutario y consuetudinario- podrían ofrecer cierta protección a los posibles compradores de créditos fraudulentos, a menudo existen límites a su aplicación práctica, por ejemplo, cuando el vendedor (fraudulento) ya no está localizable o los activos del vendedor han sido congelados o confiscados. En la práctica, la protección del comprador proporcionada por los intermediarios financieros, como los corredores y las plataformas de compensación, desempeña un papel más importante.

Se han registrado casos de créditos falsos en los sistemas de certificados blancos de Italia y Francia. En el caso italiano, se crearon empresas con fines ilícitos con empresas matrices situadas fuera de Italia para presentar proyectos falsos proporcionando documentación falsa por valor de 600.000 certificados. Unos 700.000 certificados adicionales fueron bloqueados tras controles más detallados. La reducción de 1,3 millones de certificados provocó un colapso de la oferta. Como resultado, el precio de los certificados se duplicó con creces. El Ministerio de Desarrollo Económico italiano redujo temporalmente las sesiones del mercado al contado a una al mes e introdujo un tope de precios, que tuvo el efecto deseado de calmar el precio de los certificados.

Impacto en la eficiencia y la integridad medioambiental

El efecto inmediato del fraude es el daño monetario, que puede ser grave. En el caso de los carruseles de fraude del IVA (véase más arriba), la actividad delictiva provoca no sólo la pérdida de ingresos fiscales, sino también el robo de fondos estatales. Dependiendo de la cantidad de IVA que se cargue en las asignaciones, el daño financiero para los gobiernos puede ser grande.

El fraude también puede tener un grave efecto negativo en la eficacia del mercado. El fraude del IVA, por ejemplo, puede provocar un aumento sorprendente y poco natural de las transacciones y del volumen de derechos de emisión comercializados. En los sistemas de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, el fraude provocó un aumento del número de transacciones que se multiplicó por 10, y que sólo descendió y se normalizó tras la detección y detención de los carruseles de fraude del IVA. Como resultado, el comportamiento de los defraudadores, en lugar de los fundamentos del mercado, puede determinar los precios de los derechos de emisión, que ya no reflejan los costes marginales de reducción y perjudican la eficacia del mercado del carbono. Una vez que se detectan estas actividades fraudulentas y se informa al mercado, se produce un efecto de paralización de la confianza en el mercado, lo que provoca una reducción de los volúmenes de negociación y una menor liquidez del mercado.

El fraude del IVA o el blanqueo de dinero, que no afectan al número de derechos negociados, no tienen un impacto directo en la integridad medioambiental. Sin embargo, otros tipos de fraude, como la creación y venta de créditos falsos, que pueden utilizarse para compensar las emisiones, inflan el límite máximo de forma poco natural y, en última instancia, provocan un aumento de las emisiones globales (véase riesgos del sistema de comercio de emisiones).

Prevención, detección y aplicación de la ley

Un requisito importante para la prevención del fraude es restringir el acceso al mercado y al registro. Excluir a los titulares de cuentas cuyo propósito para mantener una cuenta no estaba claro fue un método eficaz para la prevención del fraude en el Registro danés. Además, la necesidad de proporcionar una prueba de identidad, datos bancarios y del IVA, y los antecedentes penales de los solicitantes al abrir las cuentas del registro es otro requisito crucial. Sobre la base de la información proporcionada, deberían aplicarse medidas de seguridad estrictas y controles de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Debería negarse el acceso al mercado a los delincuentes convictos y sospechosos.

La centralización de la gobernanza y la negociación del mercado puede facilitar la supervisión del mismo. Para ello, debería crearse un registro centralizado, así como una plataforma de negociación oficial que actúe como mercado central y haga que las transacciones sean aún más seguras. La obligación de informar sobre las transacciones y las tenencias son importantes medidas adicionales de supervisión del mercado.

Muchos riesgos surgen de la dispersión de la base jurídica y de las responsabilidades poco claras o conflictivas en un sistema de gobernanza fragmentado. Por lo tanto, en la primera fase del diseño de un mercado de carbono, es necesario garantizar una supervisión coherente del mercado y adoptar normas de mercado que puedan aplicarse en todo el mercado. Por ejemplo, el riesgo de fraude del IVA puede mitigarse con un sistema de IVA uniforme en todo el mercado del carbono. Si el mercado está repartido entre varias jurisdicciones y no es factible un sistema de IVA unificado, hay que asegurarse de que las diferencias de IVA de las transferencias transfronterizas se aborden de forma coherente en todas las jurisdicciones. Los países de la Unión Europea no coordinaron las acciones en la lucha contra el fraude en 2008-2009. Por lo tanto, se adoptaron medidas diferentes en cada país, lo que provocó que las actividades fraudulentas se trasladaran a las jurisdicciones que aún no habían adaptado su normativa nacional sobre el IVA (por ejemplo, Italia).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Las experiencias con los sistemas de comercio de emisiones de la Unión Europea han demostrado que si el comprador es responsable de remitir el impuesto en las transacciones transfronterizas de derechos de emisión, el sistema es vulnerable al fraude del IVA. Hacer recaer la responsabilidad del pago del IVA en el proveedor de los derechos de emisión, en un enfoque denominado “mecanismo de inversión del sujeto pasivo”, puede mitigar el riesgo de fraude del IVA y ha sido aplicado por muchos países de la Unión Europea como medida provisional. Sin embargo, una forma aún más eficaz de prevenir el fraude del IVA sería eximir completamente del IVA el comercio de derechos de emisión. Esto podría lograrse definiendo los derechos de emisión como un producto financiero y no como una mercancía.

Reducir la complejidad puede ser un paso importante para reducir las actividades fraudulentas, por ejemplo, restringiendo la creación de productos financieros complejos con derechos de emisión. Clasificar los derechos de emisión como productos financieros también puede ayudar a prevenir el blanqueo de dinero dentro del mercado al contado, ya que se aplicará la regulación y la supervisión del mercado financiero. Sin embargo, las actividades de blanqueo de dinero relacionadas con la creación de compensaciones de carbono pueden seguir produciéndose, ya que el origen de las compensaciones puede estar fuera del territorio regulado.

Por último, el fraude se ha asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “associate” en derecho anglo-sajón, en inglés) a empresas ficticias en paraísos fiscales como Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Singapur. Cuando las empresas situadas fuera de la Unión Europea crean cuentas en el registro europeo de comercio de derechos de emisión, el fraude y la evasión fiscal pueden ser mucho más difíciles de prevenir o detectar debido a la falta de cooperación eficaz entre las autoridades de la Unión Europea y las de fuera de ella. Por lo tanto, otra forma de prevenir el fraude puede ser restringir las empresas que pueden comerciar en los mercados de comercio de derechos de emisión con fijación de límites máximos. Así se hace en Corea, donde sólo tienen acceso al mercado las entidades reguladas y los bancos con un permiso especial. Sin embargo, la mayor seguridad que proporciona la restricción del acceso al mercado va en detrimento de la liquidez del mismo, lo que a su vez afecta a la eficiencia, ya que los mercados con un bajo volumen de negociación son propensos a una mayor volatilidad de los precios.

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Aunque las medidas preventivas son la mejor manera de evitar los abusos y las pérdidas, los creadores de mercados deben adoptar medidas que hagan que la detección de fraudes y operaciones sospechosas sea rápida y eficaz. La detección rápida es importante para mantener al mínimo los daños causados por posibles ataques de fraude y para disuadir a los defraudadores. Aunque la integración de una normativa adecuada contra el blanqueo de capitales en el mercado de carbono ayuda a detectar y prevenir tanto el blanqueo de capitales como el fraude, la detección eficaz suele depender de la existencia de una base de datos completa, fiable y transparente con información detallada sobre los titulares de las cuentas y las transacciones.

El análisis regular de los datos mediante algoritmos adecuados puede ayudar a acelerar la detección. Una regulación más estricta de la supervisión de los mercados financieros ha llevado al desarrollo de técnicas de extracción de datos para la detección del fraude que también podrían aplicarse en los mercados de carbono. Sin embargo, los datos comerciales y de cuentas fiables en tiempo real son un requisito esencial.

Por último, una acción policial eficaz contra el fraude en los mercados de carbono requiere una gobernanza del mercado coherente y armonizada, así como los recursos necesarios, tanto en la aplicación de la ley como en el poder judicial. Esto incluye también la armonización del marco jurídico relativo a la propiedad válida de los derechos de emisión y normas claras sobre la responsabilidad de los compradores involuntarios de unidades fraudulentas. Sin estas medidas en vigor, el fraude detectado y los delitos relacionados son difíciles de perseguir y castigar, causando nuevos problemas a las autoridades y a las partes perjudicadas.

Revisor de hechos: Jennifer

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Véase También

Mercados, Medio Ambiente

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