Cámaras de Videovigilancia
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Artículo de Antonio Ortí para Magazine (Octubre 2015)
“Diversos municipios turísticos disponen de cámaras en la entrada y la salida de algunas localidades que detectan rapidísimamente la matrícula de un vehículo cuando se ha visto implicado en un robo o ha sido sustraído e inmediatamente emiten un aviso a las dependencias policiales. Como resultado, los ladrones evitan estos lugares. (…)
En Rusia, miles de vehículos disponen en el salpicadero de una cámara para determinar las causas de un posible siniestro. Al parecer, los rusos intentan protegerse con las dash cams (unas pequeñas cámaras que se publicitan como “el testigo que jamás parpadea”) de percances acaecidos como consecuencia del mal estado de las carreteras, de patrullas corruptas o hasta de personas que se lanzan contra el parabrisas para decir que fueron atropelladas y demandar a los chóferes.Entre las Líneas En otro país, Ecuador, el Gobierno autorizó a principios del 2015 a extender la videovigilancia a los moteles y burdeles. Finalmente, en Hernani (Euskadi) el Consistorio aprobó en febrero controlar con cámaras la forma en que los vecinos usan los contenedores de reciclaje. Una iniciativa que ya adoptó en el 2007 el municipio de Ealing, un barrio al oeste de Londres, cuando los concejales conservadores decidieron camuflar cámaras en latas de judías y otros lugares insólitos para pillar in fraganti a quienes infringían las normas de recogida de basuras.
Cámaras de Videovigilancia en España
Antonio Ortí, en su artículo, señala que “cuando una empresa solicita permiso para poder grabar imágenes, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) procede a abrir un fichero que acredita la existencia de, al menos, una cámara, aunque en la práctica sean cinco, diez o veinte. Es decir, pese a que en junio del 2015 la AEPD contabilizó 229.674 ficheros en el Estado español, nadie sabe con exactitud el número de cámaras que suman.
Con independencia de la cifra, las cámaras no han dejado de multiplicarse en los últimos años.Entre las Líneas En muchas ciudades españolas, los conductores de los autobuses metropolitanos –es el caso de Madrid– pisan en caso de necesidad un botón que permite que los agentes del centro de control vean en cada momento lo que sucede en el interior del vehículo. Hace unos años hubiese sido difícil imaginar ser grabado dentro de un autobús, pero ahora es harto frecuente. Y en el metro lo mismo: por todas partes hay cámaras.Entre las Líneas En total, se estima que solamente en Madrid hay alrededor de 8.000 dispositivos electrónicos en los autobuses y una cifra todavía superior en el metro.Entre las Líneas En Barcelona, la situación es similar, con la salvedad de que no hay cámaras en los autobuses, tras descartase su uso en el 2007 después de una prueba piloto.
Indicaciones
En cambio, según fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona, en el metro hay 7.022 cámaras. De ellas, 4.416 están en las estaciones, 2.288 en los trenes, 285 en talleres y apartaderos y 33 en otras dependencias. Gracias a estas cámaras, “el año pasado se entregaron a los cuerpos de seguridad 1.500 grabaciones”, cuyas imágenes fueron “aceptadas como pruebas en gran número de juicios, no solamente sobre hechos acaecidos en la red de transportes, sino también sobre otros asuntos ocurridos en otros puntos de la ciudad”, indican estas mismas fuentes. Y lo mismo en Madrid, donde los jueces han dictado órdenes de alejamiento tanto a carteristas como a grafiteros basándose en estas grabaciones. (…)
A diferencia del Reino Unido, Estados Unidos, China o los Emiratos Árabes, donde el debate entre privacidad y seguridad tiene desde hace tiempo un claro triunfador, “en España solo las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden realizar vigilancia en zonas públicas”, recuerda Rodríguez, exdirector de la AEPD, lo que no quita para que las denuncias relacionadas con la videovigilancia hayan aumentado en los últimos años. Los españoles se quejan, sobre todo, de ser grabados en la vía pública por particulares o empresas, de que algunas comunidades de propietarios capten imágenes, así como de la utilización de cámaras en el ámbito laboral. (…)
El ingente volumen de imágenes que recogen estas cámaras lleva a que gran parte de su contenido sea irrelevante salvo cuando queda inmortalizada alguna infracción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). De no ser así, las imágenes se eliminan, “como máximo, un mes después de su captación”, detalla el exdirector de la AEPD. Asimismo, “cuando el volumen de grabaciones que maneja una empresa alcanza cierta envergadura, se realiza una auditoría externa cada dos años para verificar que la legislación se cumple”, añade este profesor de Derecho Constitucional en respuesta a quién vigila al vigilante. Al respecto, la ley prevé sanciones de hasta 600.000 euros para las faltas muy graves, como difundir imágenes por un medio de comunicación sin permiso de las personas grabadas, aunque la inmensa mayoría de las infracciones son leves y suelen saldarse con un simple apercibimiento.
“Salvo que exista delito, ver el contenido de estas cámaras no tiene sentido”, corrobora Antonio Urrutia, inspector jefe de seguridad ciudadana de la Policía Nacional. “Si se ha cometido un atraco callejero, por decir algo, lo que hacemos es inspeccionar la zona y ver si hay alguna cámara en las inmediaciones pues, aunque no esté en el lugar de los hechos, puede servir para detectar la vía de huida de alguna persona sospechosa. Si hay algo válido para la investigación, se solicitan las imágenes de tal hora y de tal día y la cinta se judicializa. Y si no hay nada especial, pues simplemente se devuelven las imágenes y punto”, apostilla.
Tras dejar claro que la policía tiene muy pocas cámaras propias, por lo general, “situadas en el perímetro de los edificios públicos a los que damos protección”, Urrutia admite que a la hora de cometerse un delito todas las cámaras existentes pasan a estar a disposición de la policía, cuyas imágenes, llegado el caso, se ceden a Europol o Interpol para facilitar las operaciones contra la delincuencia europea y mundial. (…)
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Algún estudio ha intentado cuantificar el impacto de las cámaras de seguridad en la mente del potencial malhechor para llegar a la conclusión de que cuando la delincuencia es premeditada, “se tiende a producir un ligero desplazamiento a barrios menos vigilados”, por el efecto disuasorio de los dispositivos digitales, desvela José R. Agustina, abogado penalista en Molins & Silva.
Indicaciones
En cambio, “cuando la delincuencia es irreflexiva, las cámaras de videovigilancia no tienen ningún impacto”, añade este abogado que fue nombrado experto para el proyecto de investigación europeo Living in Surveillance Societies, dedicado a analizar el impacto de la videovigilancia en la vida cotidiana desde un punto de vista sociológico y jurídico.
Agustina realizó su tesis doctoral entre Estados Unidos y España investigando los límites en el control de la empresa sobre los trabajadores: uso de cámaras ocultas, investigaciones internas, utilización de detectives privados y, sobre todo, intromisiones en el correo electrónico laboral.Entre las Líneas En su opinión, la intimidad está en claro retroceso. “Nos estamos americanizando a marchas forzadas, por mucho que algunos documentos de la Unión Europea recojan que no se puede forzar al trabajador a colgar su derecho a la intimidad a la entrada del trabajo, como quien cuelga su abrigo”, apunta.
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