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Vigilancia

Prácticas del Control de los Delitos

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Este texto se ocupa del control interno y externo del desempeño policial. A lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, el poder policial se consideraba en gran medida una responsabilidad del gobierno local, y la policía era controlada por la institución local correspondiente. Después de su intento fallido de poner a las fuerzas policiales de los distritos bajo su control en la década de 1850, el Ministerio del Interior las dejó solas hasta el siglo XX, y en este período gozaron de total autonomía del centro, y estuvieron sujetas a un alto grado de control democrático local, incluso sobre las decisiones “operativas”. El Ministerio del Interior ha intentado constantemente sustraer la actividad policial del control local, mostrando una falta de fe en los principios básicos de la democracia local y un temor a la posible influencia de los izquierdistas. Durante el siglo XX, la guerra introdujo al gobierno central en el día a día de la gestión de las fuerzas, y aceleró sus esfuerzos por crear una profesión homogénea y nacional de altos cargos policiales. Simultáneamente, la legitimidad de cualquier tipo de variación local se vio erosionada por una creciente sensación de profesionalidad de “talla única”, junto a la cual la posición financiera y política del gobierno urbano se debilitó. Entre 1919 y 1964, el Estado intentó utilizar la “eficiencia”, la “economía” y la “seguridad nacional” como razones para centralizar el control, antes de emplear con éxito la “corrupción” para conseguirlo. La Comisión Real de 1960 fue dirigida activamente por el Ministerio del Interior según su propia agenda centralista, lo que dio lugar a la Ley de Policía de 1964, que subsumió las fuerzas de la ciudad en los condados, y así reprodujo los débiles sistemas de responsabilidad local encontrados en las fuerzas policiales del condado.

Control del Desempeño Policial

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Este texto se ocupa del control interno y externo del desempeño policial. A lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, el poder policial se consideraba en gran medida una responsabilidad del gobierno local, y la policía era controlada por la institución local correspondiente. Después de su intento fallido de poner a las fuerzas policiales de los distritos bajo su control en la década de 1850, el Ministerio del Interior las dejó solas hasta el siglo XX, y en este período gozaron de total autonomía del centro, y estuvieron sujetas a un alto grado de control democrático local, incluso sobre las decisiones “operativas”. El Ministerio del Interior ha intentado constantemente sustraer la actividad policial del control local, mostrando una falta de fe en los principios básicos de la democracia local y un temor a la posible influencia de los izquierdistas. Durante el siglo XX, la guerra introdujo al gobierno central en el día a día de la gestión de las fuerzas, y aceleró sus esfuerzos por crear una profesión homogénea y nacional de altos cargos policiales. Simultáneamente, la legitimidad de cualquier tipo de variación local se vio erosionada por una creciente sensación de profesionalidad de “talla única”, junto a la cual la posición financiera y política del gobierno urbano se debilitó. Entre 1919 y 1964, el Estado intentó utilizar la “eficiencia”, la “economía” y la “seguridad nacional” como razones para centralizar el control, antes de emplear con éxito la “corrupción” para conseguirlo. La Comisión Real de 1960 fue dirigida activamente por el Ministerio del Interior según su propia agenda centralista, lo que dio lugar a la Ley de Policía de 1964, que subsumió las fuerzas de la ciudad en los condados, y así reprodujo los débiles sistemas de responsabilidad local encontrados en las fuerzas policiales del condado.

Historia de la Vigilancia de las Comunicaciones Privadas

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Este texto se ocupa de la historia de la vigilancia de las comunicaciones privadas. La crisis del espionaje postal de 1844 desencadenó el primer pánico por la privacidad de los ciudadanos, y ofrece lecciones de la historia para quienes se enfrentan a las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de la comunicación digital. Las narrativas de la libertad nacional coincidieron con las estructuras del poder nacional en el siglo XIX. Ahora hay una tensión creciente entre los derechos de los ciudadanos de algunos países y los procesos transnacionales de comunicación y vigilancia. La controversia actual se genera por la colisión entre las expectativas de seguridad y privacidad. No puede tratarse simplemente como un problema del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Gobierno necesita generar una respuesta que se comprometa tanto con la conducta del espionaje como con las prácticas rápidamente cambiantes de la comunicación digital. El secreto sobre el secreto en la realización de la vigilancia estatal sólo puede defenderse apelando al “honorable secreto”, que ya no tiene la credibilidad que supuso en el siglo XIX. El pasado más reciente sugiere que las condiciones para que se produzcan explosiones de preocupación pública sobre los sistemas de vigilancia estatal están ampliamente presentes, y que los intervalos entre los pánicos se están acortando. La medición estadística del comportamiento comunicativo”, desde los flujos postales hasta el tráfico de Facebook, comenzó con la introducción del Penny Post en 1840. Esta forma de recuento proporciona pruebas objetivas y desafiantes del impacto real de las crisis de privacidad. La ausencia de cambios en el comportamiento comunicativo de la gente en la década de 1840 sugiere que las crisis de privacidad actuales pueden no alterar el flujo masivo de mensajes digitales entre individuos.

Vigilancia Nacional de Políticos

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El presente texto se centra en los parlamentarios, acerca de los cuales se plantean con razón preocupaciones cuando se plantea la cuestión de quién es un objetivo de vigilancia legítimo. Si bien puede ser difícil argumentar que los parlamentarios deben estar siempre protegidos de la vigilancia, las circunstancias en las cuales se puede autorizar dicha acción deben ser, sin embargo, bastante excepcionales. A continuación, se evalúa las razones por las cuales un político podría haber sido objeto de vigilancia en algunos países; las diferentes formas que podría adoptar la vigilancia y el papel del Presidente o Primer Ministro en el fomento o la prohibición de la vigilancia de determinados representantes parlamentarios. Aunque hay algunas pruebas de apertura de cartas y de escuchas telefónicas, gran parte del material recopilado, al menos en algunos países, sobre los Diputados objeto de la vigilancia procedía principalmente de fuentes colaterales. La estrecha vigilancia, en el Reino Unido, durante el siglo XX, del Partido Comunista en particular ayudó a vigilar a los dos parlamentarios del Partido Comunista elegidos después de la guerra y también contribuyó a alimentar muchos otros expedientes del KV, incluidos los de prominentes parlamentarios laboristas, que no se han publicado en su totalidad. La vigilancia en Estados Unidos a partir de 1945 fue más intensa todavía.

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