Estado de Derecho en África

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El Estado de Derecho en la África Post-Colonial

Como los que tienen incluso un conocimiento superficial de la vida política poscolonial en África son conscientes, el estado de derecho no prosperó en las tres primeras décadas de independencia. Si bien ha habido avances tangibles en partes de África con respecto al estado de derecho desde el final de la guerra fría, siguen existiendo grandes desafíos.

Las primeras tres décadas

Aunque las constituciones, los tribunales independientes y las provisiones para las libertades civiles se establecieron a menudo durante los años 1950 y 1960, cuando muchos países africanos estaban logrando la independencia, en las secuelas, estas instituciones, y el estado de derecho mismo, cesaron de ser elementos primordiales de la situación de gobernanza en la mayoría de los países. [rtbs name=”mundo”] Su erosión ocurrió en el contexto de una vuelta general al autoritarismo y a la regla personal. La situación que surgió en la mayoría de los países africanos estaba reñida con el tipo de sistema político previsto en el marco del estado de derecho.

Indicaciones

En cambio, la conducta real de la política llegó a reflejar el inclinaciones individual y las personalidades de los que tenían poder presidencial (Jackson y Rosberg 1982). Las restricciones legales raramente interfirieron con el ejercicio del poder, y cuando lo hicieron, la ley fue cambiada para adaptarse a las necesidades del poseedor de poder. Las constituciones, a este respecto, tenían poca relevancia para la política.

Otras instituciones asociadas con el estado de derecho sufrieron de manera similar. Los tribunales, por ejemplo, se castrado y socavaron en la mayoría de los contextos, dejándolos desempeñar un papel mayoritariamente periférico en un mundo político dominado por el Ejecutivo (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). A comienzos de los años setenta, por ejemplo, el régimen de Hastings banda en Malawi eliminó la autoridad de los tribunales de justicia comunes sobre asuntos criminales y, en su lugar, revivió un sistema de “tribunales tradicionales”. Este último llegó a ser el principal lugar donde banda intentó opositores políticos y los sospechosos de deslealtad a su gobierno.Entre las Líneas En particular, en el seno de los tribunales tradicionales los acusados fueron negados a la representación legal, el derecho a llamar a testigos, o la capacidad de apelar a los tribunales de justicia comunes.Entre las Líneas En este contexto, el sistema judicial formal dejó de desempeñar cualquier función real en la protección de las libertades civiles o el debido proceso, y mucho menos el control del régimen arbitrario del Ejecutivo.

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Nace el abogado defensor, orador, polemista y escritor estadounidense Clarence Darrow, entre cuyas destacadas comparecencias ante los tribunales figura el juicio Scopes, en el que defendió a un profesor de secundaria de Tennessee que había infringido una ley estatal al presentar la teoría darwiniana de la evolución.

Ghana ofrece otros ejemplos. Los tribunales perdieron autoridad sustancial poco después de la independencia cuando el gobierno de Kwame Nkrumah estableció tribunales especiales para escuchar casos de traición y sedición. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Un desarrollo aproximadamente similar tuvo lugar bajo el régimen de Jerry Rawlings a comienzos de los años ochenta, cuando el Gobierno creó un sistema de “tribunales públicos” (o “tribunales populares”) con la autoridad para escuchar casos relacionados con el sabotaje económico, el contrabando, la corrupción, malversación, abuso de poder y subversión, y dictar sentencias de muerte en esos casos. El derecho a tomar decisiones apeladas o revisadas simplemente no existía (Howard 1985:341).Entre las Líneas En Uganda, a comienzos de los años setenta, los cambios jurídicos dieron a los tribunales militares el poder de juzgar a los civiles acusados de delitos contra el gobierno (Widner 2001:116).

Además de las acciones que institucionalmente socavaron (o sustituyeron) a los tribunales, los jueces mismos fueron los objetivos frecuentes de acciones para subvertir su independencia (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). A finales de los años sesenta, por ejemplo, los miembros del partido gobernante irrumpieron en las oficinas de la corte en Lusaka, Zambia, lo que condujo en última instancia a la dimisión del Presidente del Tribunal Supremo y a varios otros magistrados.Entre las Líneas En puntos posteriores, el gobierno de Kenneth Kaunda promulgó una legislación que aumentó el control presidencial sobre los nombramientos de los tribunales. La legislación aprobada durante el reinado de Daniel arap Moi en Kenia desnudó a los jueces de seguridad de tenencia en 1988 y muchos jueces fueron sometidos a transferencias extralegales que socavaron su autonomía (mutua 2001).Entre las Líneas En Uganda, los jueces se convirtieron en uno de los muchos objetivos de la regla represiva de Idi Amin. El jefe de la justicia fue sacado de sus aposentos y nunca volvió a verlo, mientras que el Presidente de la corte industrial fue asesinado. Después de su gobierno, las condiciones mejoraron solo marginalmente, ya que los jueces fueron removidos inconstitucionalmente de su cargo, arrestados y obligados a exiliarse (Widner 2001:116).

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Las libertades civiles también sufrieron marcado (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). Aunque las autoridades coloniales habían utilizado leyes de sedición y de detención preventiva para reprimir los movimientos nacionalistas, estas mismas leyes a menudo se mantenían en los libros y en otros casos, reintroducidas y fortalecidas por los gobiernos postindependencia.Entre las Líneas En Ghana, Kwame Nkrumah amplió las provisiones para la detención preventiva en 1958, permitiendo que el gobierno sostenga a individuos sin juicio por cinco años. El Uganda Milton Obote implementó cambios legales similares, mientras que el régimen de Julius Nyerere en Tanzania y el gobierno de Jomo Kenyatta en Kenia hicieron lo mismo en 1962 y 1966, respectivamente.Entre las Líneas En Malawi y Zambia los leyes similares de la detención fueron puestos para utilizar contra opositores políticos dentro de los primeros años en la independencia (véase Harding y Hatchard 1993).

¿Cómo podemos entender esta decadencia general en el estado de derecho en la era post-independencia? Parte de la explicación radica en la condición general de la gobernanza en muchos países africanos, y en los dilemas que enfrentan los líderes post-independentistas. Por un lado, los líderes de los movimientos nacionalistas con frecuencia llegaron al poder sobre una ola de sentimientos anticoloniales, pero en realidad carecían de legitimidad sólida una vez en el cargo. Combinado con la debilidad de los nuevos Estados africanos, esto sirvió para limitar la autoridad de muchos ejecutivos, lo que a su vez socavó su capacidad para lograr sus objetivos e incluso los dejó vulnerables a los desafíos de sus rivales.

Otros Elementos

Además, los líderes de la post-independencia típicamente tenían ambiciones muy elevadas de fomentar la construcción de la nación, el desarrollo y la modernidad. La unidad llegó a ser apreciada como un medio para estos fines, mientras que la política competitiva fue vista como una distracción.

En este contexto, el modo dominante de adaptación política fue el cierre de los sistemas políticos y la creación de nuevas fórmulas de gobernanza diseñadas para consolidar y aumentar el poder del titular. La política liberal y el imperio de la ley eran lujos que un líder no podía permitirse para que su seguridad y ambiciones se socavaran. Las demandas de seguridad y unidad fueron utilizadas para justificar la suspensión de las leyes de hábeas corpus, y la idea de que un sistema judicial podría proteger a los sospechosos de conspirar la desaparición del Ejecutivo rápidamente se convirtió en anatema.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación:

Junto con esto, los tribunales y el sistema legal con frecuencia encontraron problemas de legitimidad por derecho propio. Como Howard (1985:324) escribió, el constitucionalismo y el imperio de la ley en la Commonwealth África fueron impuestos originalmente desde arriba; por lo tanto, todavía pueden verse como instituciones extranjeras y coloniales». Estos problemas de legitimidad se agudizaron cuando los tribunales dictaron juicios que se vieron en conflicto con los sentimientos locales. Los tribunales de Zambia, y los jueces blancos que se sentaron en el banquillo, por ejemplo, obtuvieron un considerable resentimiento popular en 1969 cuando dictaron un juicio contra el estado a favor de dos soldados portugueses. El subsiguiente acoso gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) a los tribunales se vio menos como una intromisión en la independencia judicial que una articulación de agravios populares. Los tribunales Malawi también se enfrentan a problemas de apoyo popular. La desconfianza de los tribunales aumentó en el contexto de las decisiones en los casos penales a favor de las personas acusadas que son culpables en el Tribunal de la opinión pública (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). A comienzos de los años setenta, el Presidente banda denunció absoluciones de asesinos acusados basados en “tecnicismos simples” y avanzó con planes de reformar el sistema judicial de una manera que permitiera que prevaleciera el “sentido Malawi de justicia”, facilitando la introducción de los “tribunales tradicionales” (Williams 1978:252 – 54).

Por último, cabe señalar que el liberalismo, la idea de que el estado debe ser limitado y que los derechos individuales deben ser protegidos, apenas se cultiva bajo el régimen colonial.Entre las Líneas En las imágenes de Bula Matari, el estado colonial fue impulsado por una vocación de dominación (Young 1994). Los sujetos coloniales tenían pocos derechos y por lo general eran victimizados por sistemas de reglas indirectas que utilizaban a los gobernantes “tradicionales” como agentes de control y extracción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Con frecuencia, tales gobernantes tradicionales fusionaron funciones ejecutivas y judiciales, dejando a los individuos sin reparación legal efectiva contra el estado (Mamdani 1996:53).

Observación

Además de esto, las autoridades coloniales utilizaron leyes de detención preventiva contra quienes impugnaron el sistema colonial y las leyes de sedición se usaban habitualmente para controlar la protesta y la expresión política.

Detalles

Por último, las propias autoridades coloniales no tenían restricciones, encontraban pocas limitaciones en forma de controles y equilibrios y la separación de poderes (Howard 1985:325 – 27). Dado esto, las órdenes constitucionales que crean un marco para el estado de derecho tenían raíces muy poco profundas en los nuevos países africanos.

Pormenores

Por el contrario, especialmente en el caso de las leyes de detención preventiva, el sistema colonial a menudo dejaba las herramientas legales para socavar el estado de derecho.

En estas circunstancias, los actores de los sistemas jurídicos y judiciales que podrían haber trabajado para promover y defender el estado de derecho llegaron a desempeñar un papel relativamente subordinado. Los jueces, por ejemplo, que operan desde posiciones de debilidad institucional e inseguridad personal, tendieron a diferir a los intereses de los ejecutivos en sus resoluciones (Howard 1985; VonDoepp 2009).

Puntualización

Sin embargo, es notable que en la mayoría de los contextos, la idea del estado de derecho nunca murió por completo. Los jueces y los abogados trabajaron para preservar las esferas estrechas de la autoridad y de la competencia concedidas a ellas (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). A veces, estos actores en realidad tomaban medidas para desafiar a los ejecutivos de sobrealcance en defensa del constitucionalismo y los derechos individuales.

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El relato de Widner sobre las actividades de Francis Nyalali, ex Presidente de la justicia de Tanzania, sirve como testimonio de esto.Entre las Líneas En 1977 Nyalali comenzó a servir como jefe de justicia dentro del sistema de un solo partido relativamente “blando” de Nyerere. Durante la década de 1980, varios incidentes suscitaron temores sobre la dirección del país. Los jueces se alarmaron especialmente con la aprobación de una ley de sabotaje económico en 1983 que creó un tribunal especial de delitos económicos fuera de la supervisión del poder judicial. Más allá de esto, los acusados en virtud de la ley carecían de derechos de fianza, representación legal y apelación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Con el apoyo de otros jueces, Nyalali apeló primero al Presidente y luego al Comité central del partido, expresando preocupación por la ley y las implicaciones para el estado de derecho en el país. La ley fue revisada más tarde, eliminando sus elementos más draconianos y reinstaurando la autoridad de los tribunales de justicia comunes.Entre las Líneas En los últimos puntos, la Nyalali jugó un papel importante para impulsar la aplicación efectiva de una carta de derechos que se había promulgado en 1984.

Los jueces de otras partes de África también trabajaron de manera limitada para apoyar el estado de derecho. Si bien los magistrados de Zambia tendieron a apoyar al Ejecutivo (incluso refrendando los poderes de detención del gobierno en virtud del estado de las disposiciones de emergencia), también a veces tomaron una línea independiente. El Tribunal Supremo de la década de 1980 absolvió a personas que habían sido declaradas culpables de traición en el Tribunal superior.Entre las Líneas En dos casos importantes, los tribunales dictaminaron que el gobierno debía tener motivos razonables para detener a las personas, y que el Tribunal era competente para juzgar tales asuntos (VonDoepp 2009).

Los abogados también estaban activos en estos aspectos.Entre las Líneas En 1982, por ejemplo, la Asociación de abogados de Ghana decidió boicotear los tribunales del pueblo debido a sus violaciones de los principios básicos del estado de derecho.Entre las Líneas En Kenia, aunque los abogados apoyaban generalmente el sistema autoritario de Moi, algunos eran activos en la representación de opositores políticos y de activistas de la sociedad civil (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). A medida que este activismo aumentó a mediados de los años ochenta, los abogados se convirtieron en el objetivo del gobierno.Entre las Líneas En 1986, dos abogados fueron detenidos por su presunta conexión con un grupo disidente, mientras que en 1987 el gobierno detuvo a un prominente abogado de Nairobi por presentar una solicitud de hábeas corpus en nombre de un disidente (mutua 2001:102).

Estos actores también desempeñaron importantes funciones en los procesos de liberalización que tuvieron lugar en gran parte de África a comienzos de la década de 1990.

Detalles

Los abogados eran actores especialmente importantes en el movimiento para reformar el sistema político de Kenia, incluso tomando roles de liderazgo.Entre las Líneas En Malawi y Zambia, las asociaciones de abogados formaban parte de organizaciones cívicas más amplias que trabajaban para la liberalización política.

Detalles

Los abogados individuales también hicieron uso de los sistemas judiciales para apoyar la reforma política, trabajando para la liberación de defensores multipartidistas que habían sido encarcelados y desafiando los esfuerzos de los titulares para detener la reforma. Finalmente, los abogados de los tres países desempeñaron un papel importante en la redacción de las revisiones constitucionales emprendidas para liberalizar los sistemas políticos.

Lo mismo era válido para los jueces. Francis Nyalali, mientras servía como Presidente de la justicia de Tanzania, sirvió como jefe de una Comisión Presidencial sobre cambio político y en esa capacidad era un defensor principal de la introducción de un sistema multipartidista en el país (Widner 2001:306) (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). A un nivel menos visible, los jueces de países como Malawi y Zambia hicieron una serie de decisiones que apoyaban los procesos de cambio político. Esto incluía la liberación de defensores multipartidistas detenidos y la impugnación de acciones gubernamentales que socavaban la integridad de los procesos de votación – acontecimientos que eran críticos para el proceso de democratización (VonDoepp 2009).

Traducción: David Moreno

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