Instrumento Negociable

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Instrumento Negociable en Economía

[rtbs name=”home-economia”]Significado de instrumento negociable: Documento que recoge un derecho de propiedad de un activo financiero que puede ser objeto de negociación en un mercado o de libre transmisión sin necesidad de autorización del emisor del instrumento.Véase ” Valor negociable”.(1)

Funcionales comunes y distinción conceptual

El de instrumento negociable es un término genérico que se refiere a un grupo de efectos comerciales cuya función común es facilitar el pago de cantidades debidas en virtud de transacciones comerciales. Desde una perspectiva funcional comparativa, por lo tanto, un título negociable puede definirse como un efecto comercial en el que una persona (librador) ordena a otra (librado y, con su consentimiento, aceptante), o se compromete ella misma, a pagar una suma de dinero determinada (al beneficiario/indestinatario, es decir, al tenedor o, con menor frecuencia, al portador).

Las características jurídicas fundamentales que completan esta definición funcional son:

• transferibilidad;
• ejecutabilidad (por parte del tenedor);
• adquisición del título superior de buena fe (por parte del endosatario).

Todos los Estados miembros de la UE, y todos los demás países europeos, han establecido un régimen jurídico de los instrumentos negociables con todos los atributos (transferibilidad; ejecutabilidad por parte del tenedor; adquisición del título superior de buena fe). A pesar de este carácter común básico, el derecho de los instrumentos negociables en Europa se ha visto ensombrecido durante mucho tiempo por un rígido cisma entre los países de derecho anglosajón y los de derecho civil (véase el sistema de Gran Bretaña más adelante). De ello se deduce que, desde un punto de vista comparativo centrado en la doctrina, las principales jurisdicciones siguen mostrando una distinción conceptual trascendental (véase distinción conceptual entre los países de derecho anglosajón y los países de derecho civil, más adelante).

a) En Gran Bretaña, los principales instrumentos que han evolucionado a lo largo de la historia de objetos de la vida comercial a otros con estatus jurídico son: la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Más allá de su evolución socio-histórica, el término jurídico de instrumento negociable es de origen relativamente tardío, ya que el derecho inglés sólo reconocía inicialmente la letra de cambio. Los pagarés no se consideraron jurídicamente plenamente negociables antes de finales del siglo XVII, y los cheques no obtuvieron reconocimiento jurídico hasta el siglo XVIII. Este linaje evolutivo puede enlazarse con el actual derecho estatutario aplicable: la Ley de Letras de Cambio de 1882 (BEA, por sus siglas en inglés). La BEA define una letra de cambio en el § 3(1); a continuación, esboza disposiciones detalladas para las letras de cambio y, a su vez, las aplica, con las modificaciones necesarias, a los pagarés, al tiempo que categoriza los cheques como una variante de las letras. Por lo tanto, la legislación británica relativa a los instrumentos negociables equivale, en gran medida, a la legislación relativa a las letras de cambio.

En los países europeos de derecho civil, una posición comparable a la del BEA la ocupan conjuntamente dos leyes centrales que, sujetas a modificaciones y excepciones, prevalecen en todas las legislaciones nacionales sobre instrumentos negociables: la Ley Uniforme sobre Letras (ULB) y la Ley Uniforme sobre Cheques (ULC). Independientemente del amplio impacto para la uniformidad sustantiva originado por la ULB y la ULC, los países de derecho civil adheridos a estas convenciones nunca han intentado armonizar una notable falta de terminología común. Los sistemas basados en Alemania se refieren a Wertpapiere y el derecho italiano a titoli di credito. El término francés l’effets de commerce destaca el elemento de la transferibilidad de forma muy parecida al BEA, lo que indica un cierto parentesco con los sistemas de base inglesa. En general, todos los sistemas de derecho civil abarcan un régimen de instrumentos negociables; o, más exactamente, algunos de los sistemas civiles contienen disposiciones sobre instrumentos negociables no sólo en leyes específicas, como la Wechselgesetz y la Scheckgesetz en Alemania, sino también en las partes generales de los códigos civiles o comerciales. Para completar y precisar estas disposiciones, algunos ordenamientos jurídicos postulan además una definición tópica, como los códigos suizo y turco, en ambos de los cuales las reglamentaciones particulares sobre las letras de cambio van precedidas de una definición sucinta de instrumento negociable.

b) La distinción conceptual entre los países de derecho anglosajón y los países de derecho civil puede ejemplificarse mediante un análisis de las características jurídicas básicas expuestas anteriormente:

(i) La transferibilidad depende de si un título negociable es pagadero a la orden o al portador. Un título pagadero a la orden es transferible mediante el endoso del beneficiario seguido de la entrega del título al cesionario. El endoso puede ejecutarse en la propia letra o en un papel adjunto (alonge), pero en la práctica lo más frecuente es que se inscriba en el reverso del instrumento; puede ser especial o en blanco. En el primer caso, la cedente pone el nombre del cesionario encima de su propia firma y la letra se convierte así en pagadera a la orden del cesionario; en el segundo caso, el único requisito es la firma de la cedente, que por sí misma convierte la letra en pagadera al portador. Por el contrario, en los países de derecho anglosajón, el endoso no es un requisito para la transferencia legal, que se efectúa únicamente mediante la entrega. Si, a pesar de todo, la cedente endosa el instrumento, el efecto en derecho es que se convierte en responsable como endosante, un recurso legal no previsto en los países de derecho civil ya que el ULB no sanciona el libramiento de un efecto pagadero al portador.

(ii) La ejecutabilidad por el tenedor se refiere a un derecho procesal para entablar una acción en nombre propio; por tenedor se entiende cualquier persona en posesión válida del instrumento. En los países de derecho anglosajón, la expresión incluye al beneficiario original, a cualquier endosatario y al portador, pero los derechos sustantivos dependen de la forma en que se adquiere el instrumento, es decir, como mero tenedor, como tenedor a título oneroso o como tenedor a plazo. Menos matizado que esta elaborada posición, el sistema ULB adopta un enfoque diferente. Un tenedor es cualquier persona que posea el instrumento en virtud de una serie de endosos ininterrumpidos y regulares, sin distinción entre clases de tenedores. Los derechos sustantivos dependen, a su vez, de dos factores: en primer lugar, una cadena regular de endosos que legitime o valide el título y el derecho a exigir el pago; en segundo lugar, la naturaleza de la defensa que el aceptante, el librador o un endosante intente oponer, quedando excluidas, por lo general, las excepciones basadas en derechos personales disponibles entre las partes y las basadas en derechos entre terceros sólo si un tenedor ha actuado de buena fe.

(iii) La adquisición del título superior de buena fe se refiere al concepto de que ciertas excepciones que están disponibles contra el cedente no pueden oponerse a dicho cesionario. De conformidad con el artículo 38(2) de la BEA, éste es el caso de cualquier tenedor de buena fe, un estatus que se obtiene tras la transferencia de cualquier instrumento, que es completa y regular en su apariencia, de buena fe y a título oneroso. El derecho al pago prevalece entonces incluso si el instrumento ha sido obtenido por el cedente mediante fraude, coacción, coerción o un acto ilegal. En los países de derecho civil, los derechos de la tenedora no dependen tanto de la forma en que haya adquirido el instrumento, sino más bien de las defensas esgrimidas por la parte contra la que pretende ejecutar el pago, siempre que lo posea en virtud de una serie de endosos regulares ininterrumpidos. Aunque no existe una uniformidad completa entre los países de la ULB, la posición básica puede resumirse como sigue: una parte demandada por una letra de cambio no puede oponer al tenedor ninguna defensa basada en su relación con el librador o con cualquier otra parte anterior, excepto si y cuando el tenedor haya adquirido el instrumento a sabiendas en contra de la ventaja del deudor (ULB Art 17), contribuyendo así al principio general de que la adquisición de mala fe no confiere derechos de ejecución (ULB Art 16). Tanto Alemania como Francia han establecido disposiciones sofisticadas sobre este punto del derecho, debido al reconocimiento o rechazo, respectivamente, de los compromisos abstractos o sin causa.

Como se desprende de esta visión de conjunto, un análisis prospectivo del derecho europeo en materia de títulos negociables implica sintetizar su homogeneidad funcional y su distinción conceptual con su evolución histórica.

Historia y posición jurídica actual

El estudio del desarrollo histórico-jurídico de los tres principales instrumentos existentes permite comprender el derecho europeo actual de dos maneras: en primer lugar, arrojando luz sobre los problemas comerciales modernos y, en segundo lugar, mejorando la comprensión de los conceptos especiales del derecho con mayor detalle.

a) Es una sabiduría académica aceptada que los instrumentos negociables en las formas que hoy conocemos no pueden presenciarse en la Europa medieval. Si bien ciertos estudios del siglo XIX sugieren que determinadas formas medievales estaban influidas por, o seguían el modelo de, instrumentos conocidos en la antigüedad (syngraphe; chirographe), tal línea de continuidad no puede considerarse un hecho establecido. La existencia en la Antigüedad de instrumentos que plasmaban obligaciones de pago es incuestionable. Pero estos instrumentos difieren de un instrumento negociable moderno en que no se han aportado pruebas de su tratamiento como un bien, que encarna un compromiso que supedita el pago a la entrega del instrumento. Sin embargo, es precisamente este concepto básico el que condujo al desarrollo de otras características de los instrumentos negociables, aunque no a la manera de una aparición simultánea en un momento dado, sino en etapas definibles de una evolución jurídica que se extiende desde el siglo XII hasta el XIX.

b) Para comprender el desarrollo de los instrumentos negociables en la Edad Media, resulta útil llamar la atención sobre los primeros fines económicos de la letra de cambio. En primer lugar, como reflejan las palabras para describir este instrumento, es decir, exchange en inglés, change en francés, Wechsel en alemán y cambium en latín, su función predominante era facilitar el cambio de dinero por parte de los comerciantes. En segundo lugar, debido al hecho de que la mayoría de los estados medievales acuñaban su propia moneda, una letra de cambio también cumplía la función de cambiar una moneda por otra. Esta letra de cambio, como se conocía entonces, es el predecesor del instrumento moderno utilizado en el comercio actual; su aumento de prevalencia se ha relacionado con su uso por parte de los emisarios papales y en las ferias, sobre todo en la región francesa de Champaña. Hoy en día se considera que la causa económica subyacente del auge de la letra de cambio fue el auge global del comercio durante el periodo de las Cruzadas, que necesitó instrumentos fiables para las transferencias de importantes cantidades de dinero. A finales del siglo XVI, la letra de cambio se había convertido en un instrumento habitual en los intercambios y el comercio del sur y el centro de Europa, apoyado por una red de bancos europeos que se reforzaba a sí misma.

En la Inglaterra medieval, el derecho de los instrumentos negociables se desarrolló en los tribunales a través de la recepción sucesiva de las costumbres comerciales como buena ley. Las primeras decisiones pueden remontarse al Tribunal de Grapa y al Tribunal del Almirantazgo, antes de que la situación jurídica se simplificara enormemente en el siglo XVII bajo los auspicios del Tribunal de King’s Bench por sus decisiones Woodward contra Rowe [84 ER 864] y Bromwich contra Loyd [125 ER 870].

En Europa continental, los pagarés se remontan a los siglos XII y XIII; sus orígenes se han identificado en su uso en relación con los contratos comerciales que implicaban el transporte de mercancías por mar, concretamente en las ciudades hanseáticas del norte de Europa, como Hamburgo y Lübeck. Por el contrario, el desarrollo de los pagarés en Inglaterra es menos claro; las únicas huellas definidas se encuentran en los pagarés emitidos por los orfebres, en los que los comerciantes y los propietarios de casas empezaron a depositar su dinero durante el periodo inmediatamente anterior a los años de la Guerra Civil (1641-1651). La estructura legal de apoyo fue consolidada posteriormente por la Ley de Pagarés de 1704.

En cuanto a los cheques, tanto en el continente como en Inglaterra estos instrumentos hicieron su primera aparición en el siglo XVII. En este contexto, se ha prestado mucha atención académica a las letras de cambio giradas por los clientes contra sus bancos italianos durante el siglo XVI y principios del XVII, pero en general se acepta como opinión más acertada concluir que ciertos instrumentos de origen holandés del siglo XVII, que incluían una cláusula de orden, son los antecedentes de los cheques actuales. Más tarde, los cheques alcanzaron el apogeo de su popularidad en Inglaterra durante el siglo XVIII, aunque su origen preciso en el derecho anglosajón aún no ha sido desenterrado satisfactoriamente.

Paralelamente a la evolución comercial de los instrumentos negociables, existe también una notable continuidad en su regulación legislativa. Tras algunas disposiciones medievales aisladas que cubrían aspectos específicos del derecho de letras de cambio, en el siglo XVI aparecieron codificaciones más detalladas. De especial importancia, como modelo que influyó en estatutos posteriores, fue la Ley de letras de 1569 de Bolonia. Aproximadamente cien años después, se produjo una difusión acelerada de estatutos aprobados en diferentes partes de Europa, sobre todo en Francia, pero también en los Países Bajos, en algunos estados alemanes y en los países escandinavos. La Ordonnance du Commerce francesa de 1673 fue recibida posteriormente como ley aplicable en Bélgica, Luxemburgo, España, Portugal, Grecia, así como en partes de la Renania alemana, en el cantón suizo de Ginebra y en algunas ciudades-estado de Italia. Otras leyes utilizadas como modelo son las de Braunschweig y Augsburgo, pero sobre todo la Wechselordnung de Leipzig, que sirvió de información central y base de trabajo para muchos estados alemanes en la segunda mitad del siglo XVIII. Sólo Inglaterra se abstuvo de introducir amplias normativas legales, aparte de la ya mencionada.

c) La situación a finales del siglo XVIII era la siguiente. El esfuerzo legislativo emprendido hasta entonces había conducido a ciertas aclaraciones de los conceptos básicos y de los principios jurídicos específicos, y las normas sustantivas del derecho habían llegado a ser bien comprendidas y desarrolladas en líneas similares en la Europa continental. Había uniformidad en los estatutos en cuestiones como los requisitos de forma y la inclusión de una cláusula de orden, el endoso y la transferencia de letras; y en menor grado, también había uniformidad en las disposiciones relativas a la aceptación, el pago y el procedimiento en caso de impago, la emisión de letras en copias y la concesión de un aval. En el análisis teórico, esta evolución fue acompañada de un cambio de paradigma: se pasó del esfuerzo por encajar los nuevos principios en uno de los compartimentos convencionales disponibles en el derecho romano a la elaboración de nuevas teorías. En particular, hoy en día se considera que la Litteralvertragstheorie alemana sentó las bases modernas del análisis del derecho de los títulos negociables.

Al igual que en el continente, en Inglaterra el derecho de los instrumentos negociables se desarrolló de forma constante durante los siglos XVII y XVIII, aunque este proceso estuvo dominado por los tribunales y no por el poder legislativo. Entre las decisiones importantes que allanaron el camino a los principios jurídicos modernos sobre los instrumentos negociables se encuentran Hussey contra Jacob [92 ER 929], sobre el concepto original de negociabilidad, y Miller contra Race [97 ER 398], sobre su redefinición, en la que los billetes de banco se compararon con el dinero “que pasó a ser moneda” y, por tanto, no podían recuperarse una vez que habían sido “pagados justa y honestamente sobre una contraprestación valiosa y de buena fe”. En la Europa continental, la trayectoria de la evolución jurídica del siglo XVIII se prolongó hasta los inicios del siglo XIX. El Code de commerce francés, adoptado en 1807, siguió reflejando en muchos aspectos la noción de la Ordonnance de 1673 en el sentido de que la letra de cambio constituía un dispositivo para el envío de fondos, al tiempo que daba una serie de pasos importantes en dirección a la modernidad (modernización de la doctrina de la provisión y clarificación de la naturaleza del protesto). Mientras tanto, las disposiciones sobre letras de cambio del Landrecht prusiano de 1794 no obtuvieron reconocimiento fuera del territorio prusiano inmediato, aunque esta legislación impulsó el impulso hacia una unificación de las leyes en Alemania. Finalmente, la unificación se logró mediante la seminal ley general sobre letras de cambio, la Wechselordnung de 1848, que combinaba el estudio académico y la práctica comercial en una ley moderna. El rasgo más distintivo de la ley fue el énfasis dado a la separación entre la obligación creada por la letra y la transacción comercial subyacente. La calidad de este concepto jurídico se puso de manifiesto posteriormente con su introducción en Finlandia, Suiza y Rusia. En Inglaterra, la primera mitad del siglo XIX se dedicó principalmente a la función bien aceptada de los tribunales de afinar la ley y resolver puntos controvertidos y novedosos; cabe destacar la creación del concepto de tenedor de buena fe del valor. La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó entonces por un giro hacia la consolidación legislativa: la Ley del Timbre de 1853, la Ley de Cheques Cruzados de 1856/1876 y el BEA de 1882, que incorporó las dos anteriores y codificó también la jurisprudencia existente.

d) Los desarrollos de gran alcance del siglo XIX culminaron con el establecimiento de facto de tres grandes sistemas de derecho de los instrumentos negociables: el sistema del common law, la variante francesa del sistema de derecho civil y el sistema alemán de derecho civil. Entre los tres, estos tres sistemas encontraron aplicación en la mayoría de los países, no sólo de Europa sino de todo el mundo. El siglo XX estuvo marcado por los intentos de sustituir estos sistemas por el desarrollo de un único sistema uniforme de instrumentos negociables. Dos grandes intentos en este sentido se realizaron, respectivamente, en las Conferencias de La Haya de 1910 y 1912 y en las Conferencias de Ginebra de 1930 y 1931. Más recientemente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha hecho su propio intento de complementar los sistemas nacionales existentes. Sin embargo, al llegar al milenio, el resultado final seguía siendo la existencia de los dos sistemas principales: el sistema de derecho anglosajón influido principalmente por el BEA y los sistemas de derecho civil basados en el ULB y el ULC, un statu quo que se ha perpetuado durante la última década.

Tras los intermitentes aunque finalmente inútiles intentos de unificación por parte de la precursora Asociación de Derecho Internacional (1876-1878/1882/ 1885/1889) y la Cámara de Comercio de Verona (1905), la Conferencia de La Haya sobre la Unificación de las Leyes sobre Letras de Cambio y Cheques, celebrada en junio de 1910, concluyó con la redacción de dos leyes modelo: la Ley Uniforme sobre Letras y la Ley Uniforme sobre Cheques. Estas leyes fueron remitidas para comentarios a los gobiernos de los países asistentes (incluido el Reino Unido). Para estudiar las reacciones, se convocó una segunda conferencia que se celebró en junio/julio de 1912 (a la que no asistió el Reino Unido). Al final, las dos leyes se adoptaron con relativamente pocas enmiendas. En general, las dos leyes se basaban en la Wechselordnung pero, además, mostraban cierta influencia de la redacción y las ideas francesas (doctrina de las disposiciones). Curiosamente, los dos Convenios redactados en la segunda conferencia incluían una disposición según la cual las dos leyes serían revisadas a más tardar cinco años después de la fecha de su primera ratificación. Aunque los representantes del Reino Unido habían dejado claro desde el principio que era poco probable que las leyes se adoptaran en su jurisdicción, se tomaron medidas para la ratificación incluso antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la amplia ratificación prevista de los Convenios se vio obstaculizada en última instancia por los cinco años que duró la Guerra.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Después de la Guerra, la iniciativa de revitalizar la Convención de La Haya fue tomada primero por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en sus congresos de 1921 y 1923, antes de que fuera superada por un nuevo esfuerzo de la Sociedad de Naciones, precursora de la ONU, con un nuevo impulso de unificación que condujo a la convocatoria de la primera Conferencia de Ginebra. La primera Conferencia de Ginebra, celebrada en mayo/junio de 1930, abarcó los temas, originalmente resueltos en el Convenio de La Haya sobre letras de cambio, en tres convenios separados: el Convenio sobre letras de cambio y pagarés internacionales, que incluía dos anexos (la ley propiamente dicha y las “reservas”), el Convenio para la solución de ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés y el Convenio sobre la ley del timbre en materia de letras de cambio y pagarés. Este acuerdo fue concebido para permitir a los países del common law aceptar algunos de los principios comunes para la solución de las cuestiones de conflicto de leyes y de derechos de timbre. Un aspecto importante en el que el sistema de Ginebra se asemeja al de La Haya es la disposición relativa a las “reservas”; las cuestiones tratadas aquí se refieren principalmente a puntos técnicos, siendo la única cuestión de fondo auténtica una desviación relativa a los derechos en la cubierta o la disposición. En septiembre de 1930, los dos primeros Convenios habían sido firmados por 27 países asistentes, 26 de los cuales firmaron también el tercer Convenio, entre ellos muchos países del common law. El ULB entró en vigor el 3 de octubre de 1933, cuando se alcanzó el número necesario de ratificaciones.

A diferencia de la Convención de La Haya, que se aplicaba al derecho de cheques, en muchas de las disposiciones de la Ley Uniforme sobre Cheques la Conferencia de Ginebra optó por un código independiente, autosuficiente y detallado. El Convenio sobre cheques preveía además la posibilidad de reservas. Al igual que en la primera conferencia, los temas de la segunda se dividieron en tres Convenios separados: el Convenio relativo a una ley uniforme sobre cheques, el Convenio para la solución de ciertos conflictos de leyes en materia de cheques y el Convenio relativo a las leyes del timbre en materia de cheques. El Reino Unido sólo adoptó el Convenio relativo a las leyes del timbre, los otros Convenios fueron adoptados por 24 Estados asistentes.

Como ya se ha mencionado, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) inició en 1971 un sistema alternativo que podrían utilizar los países de todo el mundo con respecto a las letras de cambio y pagarés internacionales. El texto del Convenio sobre Letras de Cambio y Pagarés Internacionales (BNU) fue aprobado finalmente por la Asamblea General en 1988, pero hasta la fecha nunca ha sido ratificado por un número suficiente de Estados miembros para entrar en vigor. El BNU contiene una reglamentación detallada que trata de encontrar un compromiso adecuado entre los sistemas de derecho anglosajón y el BUL, lo que se ha logrado, incluso en lo que respecta a las principales incoherencias, ante todo mediante la elaboración del concepto de tenedor. Sin embargo, al final, a pesar de su espíritu de compromiso, la ratificación de la Convención fracasó por varias razones interrelacionadas (aceptación política por parte de los Estados miembros; oposición de las instituciones financieras multinacionales; resistencia al cambio). Paralelamente al BNU, la CNUDMI creó también en 1972 un grupo de trabajo sobre el derecho de los cheques, pero este proyecto nunca llegó más allá de un proyecto de Convención y finalmente se interrumpió.

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Instrumentos Negociables: Letras de cambio y cheques

Para apreciar mejor el carácter funcional común y la distinción conceptual observables en el derecho europeo de los instrumentos negociables, el siguiente informe comparativo profundiza en aspectos seleccionados del derecho de las letras de cambio (véase) y del derecho de los cheques (véase).

Instrumentos Negociables: Perspectivas

El derecho de los instrumentos negociables en Europa ha pasado de ser un mero marco de apoyo a la vida comercial a convertirse en una institución jurídica por sí misma. Los estudios convencionales han hecho hincapié a menudo en las disimilitudes doctrinales entre las jurisdicciones europeas, centrándose en la distinción conceptual entre los países de derecho anglosajón y los de derecho civil. Aunque, como punto de partida, este análisis encarna una observación acertada, parece aconsejable que la investigación futura se centre en la noción de comunalidad funcional. Tradicionalmente, los instrumentos negociables tienen un conjunto fundamentalmente similar de características jurídicas y cumplen un conjunto fundamentalmente similar de funciones económicas en todas las jurisdicciones europeas. Hoy en día, en la era de la informatización y la comunicación de masas, el uso práctico de los instrumentos negociables en la vida comercial se enfrenta a una competencia cada vez mayor por parte de sustitutos funcionales, como la transferencia de dinero y los pagos con tarjeta de crédito.

Por este motivo, se convierte en una tarea desafiante e interesante para la academia económica y jurídica:

• evaluar el valor económico actual de los instrumentos negociables;
• encuadrar las funciones económicas actuales de los instrumentos negociables y de los sustitutos funcionales; y
• sobre la base de las conclusiones de los dos puntos anteriores, desarrollar un marco jurídico modelo basado en la comunalidad funcional en todas las jurisdicciones europeas con el fin de servir a las legislaturas con un punto de referencia para una futura reconceptualización de la ley de instrumentos negociables.

Revisor de hechos: Schmidt

Recursos

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Notas

1. Basado en una definición de instrumento negociable de Cambó (2007)

Véase También

Bibliografía

• Información acerca de “Instrumento Negociable” en el Diccionario de Economía y Empresa, Manuel Ahijado Quintillan y otros, Ediciones Pirámide, Madrid, España

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