Órganos Constitucionales Españoles

Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] La Corona: título II, que se regula en los artículos 56 a 65. El Defensor del Pueblo, garante de los derechos de los ciudadanos: artículo 54.

El Tribunal Constitucional, que entiende, en esencia, de recursos de inconstitucionalidad de las leyes y de amparo, así como de conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas: título IX, que comprende los artículos 159-165.

El Tribunal de Cuentas, definido en el artículo 136 de la Constitución como “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”.

El Consejo de Estado, calificado en el artículo 107 del texto constitucional como “supremo órgano consultivo del Gobierno”. Ha de tenerse en consideración que las comunidades autónomas pueden contar y cuentan, en ocasiones, con órganos similares o idénticos a algunos de los antes citados, por ejemplo, órganos consultivos del Gobierno o defensores del pueblo. [1]

La paridad (véase más en esta plataforma) de rango y las relaciones de coordinación

Mismo rango jurídico-público

Todos los Órganos constitucionales pertenecen al mismo rango jurídico-público. No son agentes, comisionados, partes integrantes o subróganos de otros órganos, sino que cada uno de ellos es supremo in suo ordine, lo que en una estructura racionalizada del Estado quiero decir quo son jurídicamente independientes de los demás órganos en el ejercicio de las ‘competencias que lo han sido asignadas por el orden constitucional y entre las que se comprende el establecimiento de reglas para su organización y procedimientos internos. De acuerdo con el principio de división de funciones y poderes del Estado, la paridad (véase más en esta plataforma) jurídica de los órganos constitucionales es compatible con el predominio de uno do ellos con relación al ejercicio de sus propias competencias, y con las potestades que el orden constitucional pueda conferir a otros 6rganos para el nombramiento do sus titulares, para iniciar su acción o para ciertas formas de control, siempre que no afecten a su independencia decisoria.

Por otra parte, es obvio que el Estado no es un simple agregado, sino una organización, un sistema de órganos relacionados entre si, mutuamente condicionados y de cuya integración surge como producto la unidad de acción y decisión del Estado, de donde se desprende que la independencia jurídica del órgano respecto a una voluntad extraña en lo que se refiere al ejercicio de sus competencias no excluye la interdependencia organizativa o sistemática de los órganos entre sí, sino que más bien supone que el producto de la acción de los unos sea condición para la acción do los otros o que, cuando menos, tenga efectos sobro ella. Precisamente una de las funciones de la Constitución es el establecimiento de unas normas que regulen las relaciones de interacción y, por tanto, de interdependencia objetiva entre los órganos instituidos por ella. Al conjunto de estas relaciones destinadas a conexionar órganos paritarios e independientes in suo ordine, se les suele denominar relaciones de coordinación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). [SANTI ROMANO procede a la siguiente formulación, aceptada por la generalidad de los autores: Órganos constitucionales son aquellos Órganos a los cuales les es confiada la actividad directa del Estado y que gozan, en los límites del Derecho objetivo que los, coordina entro si, pero que no subordina el uno al otro, de una completa Independencia recíproca].

Nombramiento

Los magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados, del Senado, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, es decir, es el único órgano constitucional en el que intervienen en el proceso do nombramiento de sus miembros todos los restantes órganos constitucionales, lo que, junto a. otros significados posibles tiene el de reforzar su dignidad y acentuar su significación integradora. Las posibilidades de propuesta a Su Majestad se mueven dentro del límite amplio, pero limite al fin, de que los candidatos han de ser seleccionados entre juristas de reconocida competencia. La duración en el cargo de los magistrados los hace independientes de las coyunturas o contingencias políticas de los portadores de los órganos que intervienen en su nombramiento, Además, es el propio Tribunal quien verifica si las personas designadas para magistrados reúnen los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a lo que se añade que los magistrados solo podrán ser cesados o suspendidos en su cargo por el propio Tribunal y de acuerdo con los motivos expresados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (arts 10 y 22). Las Cortes pueden ser disueltas y el Gobierno está sujeta al control del Parlamento, quien puede negarle su confianza; el Tribunal Constitucional no puedo ser disuelto ni está sometido al control o la confianza de otro órgano en el ejercicio de sus competencias.

En tanto que intérprete de la Constitución es supremo en su orden, solo sometido a la Constitución y a la Ley Orgánica (art. 1.01 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sus decisiones vinculan a todos los demás órganos del Estado sin que se admita recurso alguno contra ellas (art. 164 Const.; artículo 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Si bien solo actúa por impulso exterior, su jurisdicción se extiende al conocimiento de los límites jurisdiccionales de la acción de otros órganos y de los conflictos de competencias entre ellos, pero solo él tiene potestad para establecer su falta de jurisdicción o de competencia (art. 4.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Es independiente de cualquier otro órgano para nombrar a sus propias autoridades (presidente y vicepresidente), para aprobar y modificar sus propios reglamentos de organización, personal, servicios y procedimiento, para elaborar su propio presupuesto que figura como sección independiente, dentro de los Presupuestos Generales del Estado y dispone en fin, de funcionarios propia en parte designados por el mismo Tribunal y con parte por su Iniciativa y, en todo caso, sujetos a la potestad administrativa del Tribunal.

Fuente: GARCÍA PELAYO, Manuel. “El status del Tribunal Constitucional”. En: Revista Española de Derecho Constitucional, N.° 1, Año 1, enero-abril 1981, pp. 11-34.

Recursos

Notas y Referencias

1. Información sobre Órganos Constitucionales Españoles en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También

Guía sobre Órganos Constitucionales Españoles

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