Representación en los Procesos Constitucionales

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]

Elementos de Representación en los Procesos Constitucionales

Descripción y definición de Representación en los Procesos Constitucionales aparecidas en el diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (2014), escrito por Osvaldo A. Gozaíni y publicado por el Poder Judicial de la Federación (mexicana) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): La representación en juicio de derechos constitucionales es un tema diferente de la legitimación para obrar (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). Representar supone pensar en alguien distinto del afectado, que cuenta con facultades suficientes para pedir en nombre de aquel que tiene el derecho subjetivo.

En los procesos constitucionales, el tema de la representación tiene cierta inconsistencia o falta de armonía entre las legislaciones. Cada uno adopta particularidades que impiden formular precisiones etimológicas.

Lo mismo sucede con la exigencia de tener un abogado que permita defender con criterios jurídicos el derecho cuya protección se pide; este tipo de representación o patrocinio letrado no es uniforme en Latinoamérica, pues algunos facilitan el acceso de toda persona sin necesidad de sumar un profesional de derecho; mientras otros condicionan la admisión del petitorio a que la presentación venga firmada por un abogado.

Más sobre el Significado de Representación en los Procesos Constitucionales

Ahora bien, la representación individual tiene estos condicionantes, mientras que los derechos colectivos o difusos presentan una situación diversa, donde la cuestión anida en resolver quién puede tener la adecuada representación de los grupos o sectores.

a) Representación del afectado.Entre las Líneas En los procesos constitucionales no hay mayores problemas con este tema. El derecho individual se lleva a juicio cuando hay una afectación clara y directa que, en forma actual o inminente, lesiona, altera o restringe ese derecho, y por la importancia del mismo, la gravedad del hecho, la arbitrariedad de la conducta o el incumplimiento de leyes particulares, demanda la actuación del órgano jurisdiccional.

La diferencia de criterios puede estar en si ese individuo necesita o no de apoyo letrado, o se piensa que la función jurisdiccional está obligada a dispensar la tutela cuando hay derechos de esta raigambre.

Otros Aspectos

b) Representación del derecho colectivo. La capacidad para ser parte de los portadores de intereses de grupo se ha concedido más fácilmente a aquellos que tienen una cohesión anterior al hecho, por ejemplo, los colegios profesionales; ahora, la exigencia de estar registrados en una base oficial establece una limitación a la capacidad para obrar, la cual, con el fin de establecer la titularidad del interés alegado, no significa impedirles la presentación ante la justicia.

Ello es así, porque las identificaciones entre capacidad jurídica para ser parte y capacidad de obrar-capacidad procesal no son exactas, pues en el proceso civil la capacidad es más amplia que la establecida en el Código Civil. Inclusive, admitiendo que las entidades intermedias no necesitan del registro para formular reclamaciones, puede afirmarse que cuando se permite investir de titularidad de determinadas relaciones jurídicas a entidades que no son, lato sensu, personas jurídicas, no se trata de concluir que ellas tienen capacidad como tales (como personas jurídicas), sino, simplemente, que por razones de conveniencia, interés jurídico y la presunción de idoneidad que, prima facie, acredita el grupo, puede asignársele un estatus jurídico suficiente por el cual consigue la calidad de parte.

Desarrollo

Podríamos ejemplificar muchas de estas situaciones, basta observar que cuando se permite que un comunero actúe en soledad, si lo hace en beneficio de la comunidad, y la sentencia le es favorable, beneficia con sus actos a todos; sin afectarlos, en caso contrario. La comunidad no supone una personalidad distinta a la de los comuneros.

Estas uniones circunstanciales son también asociaciones comprendidas en la tutela diferenciada que prevén los nuevos derechos y garantías constitucionales. El fin colectivo y el interés de incidencia masiva es el vínculo. La calidad de parte la acreditan con la verosimilitud del derecho peticionado.

Si uno supone que la legitimación se adquiere una vez acreditada la capaci1130 dad procesal, colocamos la piedra de toque en la acreditación del derecho subjetivo que permite la protección de las individualidades.Si, Pero: Pero como en la defensa de los derechos difusos importan más los intereses que se actúan, la legitimación como presupuesto de fondo pierde consistencia, carece de trascendencia para condicionar la admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) en el proceso de los grupos.

Detalles

c) Personería de las asociaciones. El otro aspecto a considerar es la representación que ostenta el grupo o la entidad constituida regularmente.

Se trata de verificar quién puede ser portador del mandato colectivo, en relación con un interés que puede pertenecer, mediata o inmediatamente, a una globalidad de individuos, explicando, además, cómo tal sujeto puede deducir en juicio no solo situaciones de ventajas propias, sino también ajenas, pero coincidentes con la suya, al ser miembro del grupo cuyo interés se pretende tutelar.

La personalización traduce dificultades notorias que veremos seguidamente, así encontramos grupos que tienen bien definidos sus objetivos y una manifiesta coincidencia de los sujetos miembros con los intereses de la agrupación (por ejemplo, colegios profesionales, sindicatos, etcétera); entidades que tienen un interés circunstancial, pero sin acreditar experiencia, trayectoria o una regular constitución (por ejemplo, las llamadas “uniones sin personalidad”); por otro lado, hay intereses que inciden en un sector que no tiene coincidencias en la afectación, por ejemplo, cuando en materia de medio ambiente se dictan normas que benefician a una parte del sector en desmedro de otro, pero perjudicando a la sociedad toda; en suma, la multiplicidad de situaciones impide conferir una representación válida a todas las contingencias.

.

Elementos de Representación en los Procesos Constitucionales (Continuación)

Descripción de Representación en los Procesos Constitucionales recogida en el diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (2014), escrito por Osvaldo A. Gozaíni y publicado por el Poder Judicial de la Federación (mexicana) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): La tarea judicial es importante para este esclarecimiento, a cuyo fin pueden clasificarse las formas asociativas, sean previstas u ocasionales, de acuerdo con la determinación del conjunto que lo compone:

i) Grupos organizados con interés establecido estatutariamente. Son conjuntos de personas que se reúnen en la defensa y promoción de intereses individuales que los asocian. Los colegios profesionales, los sindicatos, los consejos técnicos, etcétera, responden a este tipo de agrupamientos.

La representación legal está prevista en sus estatutos, de manera que la legitimación se obtiene acreditando con los documentos constitutivos ese mandato institucional.

Propiamente no es un caso de legitimación colectiva, sino de capacidad de las personas jurídicas; por ello, carecen de importancia para el tema que venimos comentando.

Más

ii) Grupos asociados constituidos regularmente que no establecen representación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Aquí la composición del grupo como la finalidad que los reúne es conocida. Se asocian y militan en la defensa del interés propuesto, pero carecen de una personalidad jurídica que represente sus pretensiones ante la justicia.

Son organizaciones regulares en la medida que no surgen espontáneamente sino después de una deliberación de intereses; tienen continuidad en los actos que desenvuelven, pero jurídicamente carecen de representación colectiva.

Si la organización se multiplica por la acumulación de interesados (por ejemplo, Cámara de la Propiedad Horizontal, Federación de entidades municipales, etcétera) el ámbito subjetivo de representación en juicio varía. No se identifica directamente el interés individual con el colectivo. Solo mediatamente el miembro percibe los beneficios de la acción grupal.

Más

iii) Grupos indeterminados con representación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Este tipo de interés (véase más en el diccionario y más detalles, en esta plataforma, sobre este término) se puede implementar por cuestiones de circunstancia, de manera que es factible que el ámbito de miembros de la misma no coincida con el de los integrantes del grupo afectado, es decir, con el conjunto de interesados.

A veces estos grupos se constituyen para resolver situaciones puntuales, por ejemplo, una asociación de perjudicados por una catástrofe o siniestro, de modo tal que la representación la adopta quien defiende el punto, aunque puede no ser afectado.

Más

iv) Grupos indeterminados sin representación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El supuesto permite observar la integración espontánea de un grupo que responde a una inquietud ocasional. Existe necesidad de agruparse para intentar una defensa del bien colectivo.

Esa protección puede implementarse por personas individuales que, arrogándose el interés del grupo al que pertenece, invocan esa participación para lograr personalidad procesal.

Existe la agrupación, pero no la representación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Este tipo de acciones no deben necesariamente ser propuestas por el ente colectivo, pues basta la defensa de lo general o la dimensión del interés para acceder al procedimiento.

Más

d) Formas de representación para los intereses colectivos.Entre las Líneas En materia de intereses o derechos difusos, la ausencia de legitimados directos obliga a reconocer una representación suficiente indeterminada en un ente colectivo que evite consideraciones de carácter individual.

La doctrina italiana la denomina “ente exponencial” y la americana “adecuacy of representation”.

En ambos casos se procura que las organizaciones o grupos cuenten con garantías básicas para establecer el contradictorio. La audiencia y alegación constituyen resortes de ello, y propician un abandono del simplismo que ve al proceso como cosa entre partes físicas y conocidas.

La garantía del debido proceso, en estos casos, se resuelve a través de la adecuada representación de los intereses del miembro del grupo que permanece ausente, defendidos por otro u otros miembros del grupo que se encuentran en una situación cualitativamente idéntica, y que ofrecen indicios de que van a proteger de manera adecuada (idónea) los intereses de todos los que se encuentran en semejante posición jurídico-material.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

La “representación adecuada” se diferencia de la convencional, en que no existe una concesión expresa de apoderamiento, porque no hay una personalidad constituida, tampoco una voluntad tácita que acepte la manifestación en nombre del ausente; se trata, solamente, de atribuir legitimación procesal activa que objetivamente permita la defensa de derechos grupales desprotegidos. De este modo, la representación adecuada atiende más la cualidad de los hechos denunciados que a las personas que invocan la petición judicial.

Elementos de Representación en los Procesos Constitucionales (Continuación)

Descripción de Representación en los Procesos Constitucionales recogida en el diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (2014), escrito por Osvaldo A. Gozaíni y publicado por el Poder Judicial de la Federación (mexicana) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

Mas

El grupo citado es el sector protegido, y el ente exponencial, la entidad organizada o la persona o personas que pretenden la atención judicial.

No debe vincularse esta legitimación con la que solicite una entidad organizada (por ejemplo, Liga de Defensa de los Derechos del Consumidor u otros similares), pues, aunque esta puede investirse de representación suficiente y ser parte procesal al vincular el objeto de su constitución con la materia específica que plantean en la demanda, en el caso se busca tutelar el interés colectivo que mantiene una fluidez y heterogeneidad más elástica que los moldes estatutarios.

La diferencia de situaciones puede tener otra lectura. Mientras un grupo organizado pretende lograr beneficios generales, generalmente preventivos; la persona individual que invoca un interés colectivo se arroga la defensa con pretensiones heroicas, aunque justas y razonables.

Más

Existen dos criterios básicos para controlar y admitir la representatividad adecuada: 1) que la defensa sea idónea y se articule por medio de asistencia letrada; 2) que no aparezcan manifiestamente intereses contrapuestos dentro del grupo o sector.

Pero hay otro modo de analizar la personalidad que, evitando el estudio de la representación, pone el ojo en el “ente exponencial”, pues supone convalidar la representación que se arroga un grupo para defender los intereses de una colectividad determinada.

El criterio se adopta por exclusión, es decir, que admite la representación que se invoca para requerir la actuación jurisdiccional ante un hecho donde los damnificados permanecen inactivos o en actitud pasiva; o bien cuando conocida la invocación del problema a través del “ente exponencial”, no cuestionan ni contradicen la demanda planteada.

Más

En el sistema americano esta distinción se reconoce por la dimensión del problema, mientras los “rights without a holder” (derechos sin titular, pues toda la colectividad tiene la pertenencia) admiten las legitimaciones indirectas y difusas; los “rights too small” (derechos demasiado pequeños) permiten una protección individual que no requiere de mayores exigencias de representación.

En ambos casos, como se aprecia, el sentido técnico que tiene la legitimación procesal desaparece al darse preferencia a las situaciones en crisis que se alegan en las demandas promovidas.

El problema que surge para el intérprete resulta de calificar bajo un nominado procesal la naturaleza jurídica que tiene el miembro del grupo exponencial, respecto a los demás miembros del sector agrupado (colectivo).

▷ Esperamos que haya sido de utilidad. Si conoces a alguien que pueda estar interesado en este tema, por favor comparte con él/ella este contenido. Es la mejor forma de ayudar al Proyecto Lawi.