Salida o Retirada de un Estado miembro de la Unión Europea

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Salida o Retirada de un Estado miembro de la Unión Europea en el Tratado de Lisboa

El Tratado de Lisboa hace visible por vez primera el subsistente derecho de todo Estado miembro a retirarse de la Unión Europea (artículo 50 TUE versión Lisboa). Este derecho de retirada subraya la soberanía de los Estados miembros y demuestra también que con el estadio actual de desarrollo de la Unión Europea todavía no se ha traspasado el umbral de lo que es un Estado en el sentido del Derecho internacional (véase Jouanjan, “Monodisziplinäre Stellungnahmen”, en: Kreis, Der Beitrag der Wissenschaften zur künftigen Verfassung der EU, 2003, pág. 12 (16)). Si un Estado miembro puede retirarse de la Unión a partir de una decisión tomada bajo su propia responsabilidad, entonces el proceso de integración europeo no es irreversible. La condición de miembro de la República Federal de Alemania depende en cambio de su voluntad prolongada y persistente de pertenecer a la Unión Europea. Los límites jurídicos de esta voluntad se rigen por la Ley Fundamental.

Todo Estado miembro puede también retirarse de la Unión Europea en contra la voluntad de los otros Estados miembros (véase el artículo 54, letra a de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, BOF 1985 II, pág. 926 y ss.). La decisión de retirarse no requiere necesariamente ser formalizada en un acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Estado miembro afectado. Para el caso de que no se llegue a un acuerdo, la retirada se hará efectiva a los dos años desde la notificación de la decisión de retirarse (artículo 50.3 TUE versión Lisboa). El derecho de retirada puede ejercerse sin más requisitos porque el Estado miembro saliente no necesita justificar su decisión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El artículo 50.1 TUE, versión Lisboa, solamente indica que la retirada del Estado miembro debe tener lugar “de conformidad con sus normas constitucionales”. Si éstas son o no respetadas en el caso concreto, solamente puede verificarse por el Estado miembro mismo, pero no por la Unión Europea o por otros Estados miembros.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

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