Desarrollo del Reconocimiento Mutuo

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Desarrollo del Reconocimiento Mutuo en Europa

El principio del reconocimiento mutuo

El Principio de reconocimiento mutuo está esencialmente ligado a la existencia de una confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros. El reconocimiento mutuo requiere que las autoridades judiciales de cada Estado miembro reconozcan y ejecuten decisiones adoptadas por autoridades de otros Estados miembros prácticamente de forma automática, evitando análisis de fondo, de forma que únicamente puedan denegar la cooperación en los casos, muy limitados, establecidos en la norma comunitaria. Ello implica que la legalidad y la legitimidad de las decisiones adoptadas por las autoridades de los Estados miembros se presupone ipso iure.

Es un principio estructural de las relaciones entre las autoridades y de todo el Derecho de la Unión Europea que fue enunciado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en relación a la libre circulación de mercancías como una fórmula alternativa para superar los obstáculos que presentaba la armonización de legislaciones y de ahí se extendió a las libertades de servicio y establecimiento, al espacio judicial civil y, finalmente, al penal.

En todos estos ámbitos tal principio presenta dos ideas básicas:

•  una cierta equivalencia entre ordenamientos; y
• el Principio de origen, por el que lo producido conforme al ordenamiento de un Estado miembro debe ser reconocido por el resto de Estados miembros.

En el espacio judicial penal,el Consejo deTampere de 1999 supuso un importante cambio en la concepción de la cooperación judicial entre los Estados de la Unión Europea impulsando un nuevo modelo basado en tal principio y caracterizado fundamentalmente por tener como resultado el efecto directo de las decisiones judiciales entendidas en sentido amplio.

De este modo el reconocimiento mutuo trasciende la mera cooperación de autoridades ya que tiene, de una parte, implicaciones procesales, pues abarca tanto la fase anterior a la sentencia (aseguramiento de pruebas y orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) en otro Estado miembro), la sentencia misma, y la fase de ejecución de la pena (ejecución de penas en otro Estado miembro); y de otra parte, implicaciones sustantivas, pues puede suponer el endurecimiento de las penas (apreciación de la reincidencia internacional), reforzar los derechos de los ciudadanos (extensión del principio ne bis in ídem a nivel comunitario), y facilitar la resocialización (posibilidad de ejecución de la pena en el Estado de residencia del condenado) (G.VIADA).

La tendencia europea, iniciada en Tampere, de configurar el principio de reconocimiento mutuo como la base de toda la cooperación judicial europea se ha visto confirmada en los debates que tuvieron lugar en la Convención para el Futuro de la Unión Europea, en el texto finalmente aprobado por la citada Convención y en el Programa de la Haya y su Plan de Acción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El citado Programa de la Haya:

• Reconoce que “han avanzado sustancialmente los programas preliminares para la cooperación judicial sobre la base del principio del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y de sentencias”;
• Incluye entre sus objetivos “completarse el amplio programa de medidas destinadas a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal, que abarca las resoluciones en todas las etapas del procedimiento penal o relativas por otros conceptos a dicho procedimiento, como la obtención y admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) de pruebas, los conflictos de competencias, el principio “ne bis in ídem” y la ejecución de condenas firmes a penas de prisión u otras sanciones alternativas, y habrá que dedicar especial atención a las nuevas propuestas en este contexto”; y
• Señala que la actividad legislativa del Consejo debe centrarse en tres instrumentos: 1º) Los derechos fundamentales reconocidos al imputado en el proceso penal; 2º) El exhorto europeo de obtención de pruebas; y 3º) Los intercambios de información a efectos penales.

Su desarrollo

Una cuestión debatida ha sido la idoneidad de las decisiones marco como instrumentos que permiten lograr el desarrollo del Principio de reconocimiento mutuo en el ámbito del espacio judicial penal europeo y, por ello, lograr una regulación más homogénea de las fórmulas de cooperación judicial entre los Estados miembros.

Inicialmente la Unión Europea optó por la elaboración de Acuerdos y Convenios que completaban, mejoraban o sustituían en algunos aspectos el Convenio de Extradición del Consejo de Europa, pero ninguno de ellos fue ratificado unánimemente por todos los Estados miembros —como era necesario para su entrada en vigor— y como mucho lograron ser aplicados provisionalmente entre varios Estados que así lo habían declarado expresamente.

Los Tratados presentan,además,el inconveniente de que a través de las declaraciones y las reservas formuladas por los Estados puede burlarse la eficacia perseguida por su articulado.

La técnica legislativa de las Decisiones Marco no parece la más perfecta dado que el necesario proceso de trasposición en los parlamentos nacionales da lugar a multitud de versiones, una por cada Estado miembro (en el caso de la Euroorden hay diferentes versiones de la una misma Decisión Marco, algunas de las cuales reconocen como competentes a autoridades administrativas, otras incluyen motivos de denegación no expresamente previstos por el legislador Europeo).

No obstante, siendo el resultado mejorable, no puede considerarse que la Decisión Marco sea un instrumento inadecuado para el fin pretendido.Todos los Estados miembros han integrado en sus ordenamiento jurídicos el mecanismo de la Euroorden, y este mecanismo funciona, de manera eficaz, en el Espacio Judicial Penal Euro- peo.

En tal sentido, el TJCE se ha pronunciado recientemente sobre la validez de la Decisión Marco como instrumento regulador de la orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) europea y otras fórmulas de cooperación judicial penal.Entre las Líneas En su sentencia de 3 de mayo de 2007 (asunto C-303/05), el TJCE resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Arbitragehof de Bélgica en la que se planteaba, entre otras cuestiones, que la “Decisión Marco no es válida porque la materia relativa a la orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) europea debía haberse regulado por convenio, y no por decisión marco, ya que, con arreglo al art. 34 UE, apartado 2, letra b), las decisiones marco solo pueden adoptarse para la“aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros”, lo que a su juicio no sucede en el presente caso”.

El TJCE desestimó tal cuestión con los siguientes argumentos:

• Reconoce que “la orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) europea también podría haberse regulado mediante convenio”, pero que el Consejo,“en ejercicio de su facultad de apreciación, puede dar prioridad al instrumento jurídico de la Decisión Marco cuando, como en el caso de autos, se cumplen los requisitos para la adopción de tal acto” (Párrafo 41 de la Sentencia).
• Para justificar que concurren tales requisitos el Tribunal recuerda, en primer lugar, que teniendo en cuenta “los considerandos quinto a séptimo, del undécimo considerando y del art. 1, apartados 1 y 2 de la Decisión Marco, ésta tiene por objeto sustituir el sistema de extradición multilateral entre Estados miembros por un sistema de entrega entre autoridades judiciales de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de las sentencias o de diligencias, basado en el principio del reconocimiento mutuo (Párrafo 28 de la Sentencia).
• El buen funcionamiento de este nuevo sistema de cooperación judicial penal “exige la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros relativas a la cooperación judicial en materia penal y, más en particular, de las normas sobre los requisitos, procedimientos y efectos de la entrega entre autoridades nacionales” (Párrafo 29 de la Sentencia).
• La aproximación es, precisamente,“el objetivo de la Decisión marco en lo que se refiere a las normas relativas a las categorías de infracciones penales enumeradas para las cuales no existe un control de doble tipificación (art.2,apartado 2),a los motivos para la no ejecución obligatoria o facultativa de la orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) europea (arts. 3 y 4), al contenido y a las formas de ésta (art. 8), a la transmisión de una orden de este tipo y al procedimiento correspondiente (arts.9 y 10),a las garantías mínimas que deben concederse a la persona buscada o detenida (arts. 11 a 14), a los plazos y al procedimiento de la decisión de ejecución de esta orden (art. 17) y a los plazos de entrega de la persona buscada (art. 23) (Párrafo 30 de la Sentencia).
• El Tribunal rechaza, por último, el argumento del tribunal arbitral según el cual las Decisiones marco solo permiten la armonización del derecho penal material.
  

  Detalles

  Los arts. 2, 29, 31.1 a) y b) y 34.2 en ningún caso efectúan esta distinción entre Derecho penal material y Derecho penal procesal, por lo que nada impide utilizar el instrumento de la Decisión marco para lograr aproximar las legislaciones nacionales sobre cooperación judicial penal de los Estados miembros (Párrafos 32 a 40 de la Senten- cia) (GUTIÉRREZ ZARZA).

Ha sido pues la Decisión Marco el instrumento empleado para el desarrollo del principio de reconocimiento mutuo en materia de cooperación judicial penal en la Unión Europea, y en tal sentido destacan:

• Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
• Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas.
• Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.
• Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del Principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.
• Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del Principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.
• Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.
• Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas en otras medidas de privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea.
• Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas.
• Decisión Marco 2008/978/JAI del Consejo,de 18 de diciembre de 2008,relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos, y datos destinados a procedimientos en materia penal.

A la vista de tales instrumentos procesales se puede extraer los elementos fundamentales que caracterizan la aplicación del Principio del reconocimiento en el ámbito penal y que son, en esencia, los siguientes:

• Superación del concepto de cooperación gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) sustituyéndolo por procedimientos judiciales;
• Establecimiento como regla general del contacto directo entre autoridades, evitando en lo posible los traslados entre autoridades centrales;
• Reducción notable de los trámites burocráticos y limitación de los motivos de denegación, especialmente excluyendo la posibilidad de denegaciones basadas en alegaciones genéricas a la protección del orden o el interés público nacional;
• Limitación de la exigencia de doble incriminación, en general a través de un sistema de lista que establece una serie de delitos para los cuales se excluye la exigencia de doble tipicidad, que se combina con el establecimiento de un umbral de la pena por debajo del cual no puede aplicarse el reconocimiento mutuo; y
• Fijación de plazos para la ejecución de las solicitudes, de forma que, en la práctica, se obtiene una aceleración real de los procedimientos.

Fuente: Javier Roda Alcayde, Procesal Penal, Tirant lo Blanch

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

El principio de reconocimiento mutuo y su desarrollo

Consagrado en el Consejo Europeo de Tampere, permite que resoluciones emitidas por una autoridad judicial de un Estado miembro sean reconocidas y ejecutadas en otro Estado miembro, salvo cuando concurra alguno de los motivos que permitan denegar su reconocimiento.

De manera progresiva la Unión Europea, desde la primera Decisión Marco de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) europea, ha venido adoptando numerosos instrumentos jurídicos en los que se plasma el principio de reconocimiento mutuo.

En España, dando por amortizada la técnica de la incorporación individual de cada decisión marco o directiva europea, se ha dictado la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que se presenta como un texto conjunto en el que se reúnen todas las decisiones marco y las directivas aprobadas en la materia. Va acompañada, además, de la Ley Orgánica 6/2014, por la que se modifica correspondientemente la LOPJ.

En España, la Ley 23/2014 parte de un título preliminar en el que enumera los diferentes instrumentos de reconocimiento mutuo que son objeto de regulación, y que son

-La orden europea de detención y entrega.

-La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. -La resolución de libertad vigilada.

-La resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional. -La orden europea de protección.

-La resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

-La resolución de decomiso.

-La resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias. -La orden europea de investigación.

Asimismo, establece con carácter básico el respeto a los derechos y libertades fundamentales como criterio principal de actuación, la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, así como qué ha de entenderse por Estado de emisión y de ejecución.

A continuación, el Título I contiene las normas generales que rigen tanto la transmisión de las órdenes y resoluciones judiciales a otros Estados miembros como su ejecución en España, y, asimismo, las normas sobre recursos, gastos e indemnizaciones y reembolsos. Cobran especial relevancia, por un lado, el listado de categorías delictivas a las que no será de aplicación el principio de doble tipificación, listado contenido en los treinta y dos apartados del artículo 20.1, y, por otro, los motivos generales de denegación del reconocimiento y ejecución.

Las causas generales de denegación están recogidas en el artículo 32 y son las siguientes:

a)Que se trate de cosa juzgada en España o en otro tercer Estado, aún cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.

b)Que hubiera prescrito el delito o la sanción, de haber sido ésta impuesta en España.

c)Que la documentación presentada fuera incompleta o manifiestamente incorrecta.

d)Que exista inmunidad que impida la ejecución.

e)Que la resolución se hubiera dictado en ausencia del imputado, salvo incomparecencia voluntaria de éste al acto del juicio (art. 33).

El mismo artículo 32 añade que la autoridad judicial española también “podrá” denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución cuando ésta se haya impuesto por una infracción distinta de las reguladas en el apartado 1 del artículo 20 que no se encuentre tipificada en el Derecho español. Y cuando se refiera a hechos cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio español, en cuyo supuesto deberá deducirse testimonio y remitirse al órgano judicial competente para el conocimiento del asunto.

Complementaria de la Ley 23/2014 es la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Fuente: José Martínez, Derecho Procesal Penal, 2017

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