Intereses Difusos

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Elementos de Legitimación Activa en Casos de Intereses Difusos

Descripción y definición de Legitimación Activa en Casos de Intereses Difusos aparecidas en el diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (2014), escrito por Humberto Nogueira Alcalá y publicado por el Poder Judicial de la Federación (mexicana) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): El aseguramiento de derechos denominados “de tercera generación”, como el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho a la calidad de vida, el derecho de los consumidores y usuarios, entre otros, otorga la titularidad de ellos a individuos y a colectividades que puede ser difícil de precisar. El acceso a la jurisdicción de estos derechos, según Ferrer Mac-Gregor en el libro “Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos,” es uno de los temas “recientes” del derecho procesal contemporáneo, por lo que las Constituciones de fines del siglo XX se han preocupado de abrir y asegurar cause a legitimaciones, denominadas por Pablo Gutiérrez, en su obra “La tutela de los intereses supraindividuales: difusos y colectivos,” como “supraindividuales”, que hagan efectivo el acceso a la jurisdicción.

Los derechos o intereses difusos y los derechos o intereses colectivos, según los diferentes países, pueden tomarse como sinónimos o pueden diferenciarse.Entre las Líneas En todo caso, la legitimación para la tutela de los derechos o intereses difusos o colectivos se basa en un interés legítimo específico que debe ser invocado por el actor o demandante; ello lo distingue de las acciones populares, que se sostienen solo en el interés de la juridicidad, estando legitimadas para accionar todas las personas que invoquen la calidad de ciudadanos. Independientemente del concepto que rija al derecho o interés difuso, como parte dela defensa de la ciudadanía, su finalidad es satisfacer necesidades sociales o colectivas, antepuestas a los individuos. El derecho o interés difuso, debido a que la lesión que lo infringe es general, afectando a una población o a extensos sectores de ella, vincula a personas que no se conocen entre sí, que individualmente pueden carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellas, que en principio son indeterminadas, unidas solo por una misma situación de daño o peligro en que se encuentran como miembros de la sociedad, y por el derecho que en todos nace de que se les proteja la calidad de la vida, tutelada por la Constitución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Es la lesión común de la calidad de vida, que atañe a cualquier componente de la población o de la sociedad como tal, independientemente de las relaciones jurídicas que puedan tener con otros de esos indeterminados miembros, lo que señala el contenido del derecho e interés difuso.

Más sobre el Significado de Legitimación Activa en Casos de Intereses Difusos

El interés difuso se diferencia del interés colectivo en que este último, en cuanto a su naturaleza, es mucho más concreto para un grupo humano determinado, mientras que el primero es mucho más abstracto no solo para el que lo detenta, sino también para el obligado.Entre las Líneas En efecto, los intereses colectivos se asemejan a los intereses difusos en que pertenecen a una pluralidad de sujetos, pero se diferencian de ellos en que se trata de un grupo más o menos determinado de personas (perseguible de manera unificada), por tener ese grupo sus características y aspiraciones sociales comunes; por otra parte, los intereses colectivos se diferencian de los intereses personales, ya que no constituyen una simple suma de estos, sino que son cualitativamente diferentes, pues afectan por igual y en común a todos los miembros del grupo, y pertenecen por entero a todos ellos.

Diferentes Constituciones en los distintos continentes regulan la legitimación, ya sea individual y/o colectivamente para el amparo de los derechosos intereses difusos y/o colectivos, o bien se permite una legitimación activa por acción popular.Entre las Líneas En algunos ordenamientos constitucionales y legales, tanto de América Latina como de Europa, posibilitan también que el respectivo Defensor del Pueblo tenga legitimación activa en la materia para protegerlos derechos e intereses de determinados segmentos de la población en la materia. Asimismo, en diversos países el ordenamiento jurídico contempla la legitimación activa en acciones colectivas o difusas a las asociaciones que propenden a promover y garantizar esos derechos. Finalmente, hay diversos Estados donde el ordenamiento jurídico institucionaliza organismos públicos a los cuales se les otorga legitimación activa en acciones colectivas para la defensa de los derechos de los consumidores, o de prestaciones financieras, comerciales o de determinados servicios (agua potable, electricidad, telefonía, entre otros) brindados por instituciones o empresas privadas.

Otros Aspectos

En este ámbito señalaremos, a modo ejemplar, las disposiciones pertinentes de algunas Constituciones latinoamericanas.

La Constitución de Brasil de 1988, en su art. 5o., fracción LXIII, considera la existencia de una acción popular, mediante la cual la jurisprudencia judicial ha admitido la protección de grupos indeterminados en materia demedio ambiente, patrimonio artístico y cultural, así como en materias de desarrollo urbano.

Desarrollo

La Constitución colombiana de 1991, en su art. 88, establece lo siguiente: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”. A su vez, el art. 89 complementa el texto anterior: “Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas”.

La Constitución de Paraguay de 1992, en su art. 38, se refiere al derecho a la defensa de los intereses difusos, donde toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de los otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio.

Detalles

La Constitución de Argentina (reformada en 1994), en su art. 43, determina lo siguiente: “Podrán interponer esta acción (amparo) contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de la organización”.

La Constitución Política del Ecuador (1998), en su art. 95, otorga legitimación a cualquier persona, por su propio derecho o como representante legítimo de una colectividad, para ejercer una acción de amparo ante el organismo judicial competente.

Más

La Constitución de Venezuela de 1999, en su art. 26, estableció el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer los derechos e intereses, “incluso los colectivos o difusos”.

Es posible señalar como requisitos para hacer efectiva la legitimación activa, en el caso de particulares o grupos de personas que concretan acciones sobre derechos o intereses difusos o colectivos, los siguientes:

a) Que la acción se presente no en virtud de un interés individual, sino en función del derecho o interés difuso o colectivo b) Que la razón de la demanda sea la lesión general a la calidad de vida de todos los habitantes del país o de algunos sectores de él c) Que los bienes lesionados no sean susceptibles de apropiación individual d) Que se trate de un derecho o interés indivisible que comprenda al conjunto de la población o parte de ella e) Que el actor que demanda o requiere en virtud del interés general sea afectado por el daño o peligro en que se encuentra la colectividad afectada f) Que el sujeto pasivo (véase más en esta plataforma) deba una prestación indeterminada, cuya exigencia es general. .

Elementos de Intereses Difusos

Descripción y definición de Intereses Difusos aparecidas en el diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (2014), escrito por Jean Claude Ton Peta y publicado por el Poder Judicial de la Federación (mexicana) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Son indivisibles, ya que la satisfacción de un fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo se extiende, por naturaleza, a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta simultánea y globalmente a todos los integrantes del conjunto comunitario.

Obedecen a una evolución del principio de tutela judicial efectiva, que va más allá de los intereses individuales para comprender también, como dignos de protección, los intereses que en un determinado caso afectan a personas de manera colectiva, difusa o indiferenciada, incluyendo a grupos o categorías enteras de personas.

Algún sector de la doctrina los identifica con derechos fundamentales de 2a. y 3a. generación, cuyo fundamento puede ser la igualdad, solidaridad y dignidad, incluso desde una perspectiva internacional, y facultan a una colectividad para ejercer pretensiones o poder de exigencia con el fin de imponer pretensiones de hacer, no hacer o dar, instituidas para la defensa de intereses supraindividuales e indivisibles. Por lo general, dentro de los bienes tutelados se consideran aquéllos esenciales de la vida.

Más sobre el Significado de Intereses Difusos

Comenta Gidi que el derecho difuso es de naturaleza transindividual e indivisible, y pertenece a un grupo indeterminado de personas que previamente no estaban vinculadas, pero que ahora están relacionadas únicamente por circunstancias de hecho en razón de una situación específica.

Cruz Parcero considera que en el análisis de los derechos o intereses deben tomarse en cuenta tres elementos (titular, objeto y destinatario), lo que da origen a una definición relacional triádica.Entre las Líneas En ese sentido, resulta que los derechos o intereses pueden tener el calificativo de colectivos en razón de: a) sujetos titulares, siendo supraindividuales por corresponder a un conglomerado y ser imposible reducirlos o descomponerlos a la suma de derechos individuales, ya que su violación afecta a todo el grupo como entidad con identidad propia, y b) objeto, entendiendo por tal un bien, cosa, servicio o prestaciones tutelados que tengan el carácter de colectivo por tratarse de un bien indivisible o público.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Otros Aspectos

I. Daño o amenaza. A diferencia del daño requerido en el interés jurídico, fundado en un derecho subjetivo o en un interés legítimo, en el interés difuso el grado de afectación efectiva se debilita o minimiza, llegando al extremo de no exigir un daño real (materia ambiental), bastando un eventual peligro que determine asumir medidas de protección, atendiendo a los principios de prevención, precaución y sufragar el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de externalidades.

Es así que el grado de afectación real exigido dependerá de situaciones concretas y la correlación con bienes o valores que en materias específicas se tutelan, dependiendo de si la magnitud del menoscabo aconseje imponer referentes para limitar la legitimación, como pueden ser la vinculación espacial en el caso de la prestación deficiente de un servicio (la falta de desagües en un barrio no parece legitimar al habitante de otro), los efectos del hecho (hasta dónde llega el daño por la liberación de toxinas en la atmosfera), el carácter con que acudan los sujetos (consumidores o usuarios, incluso probables); en todo caso, siempre es necesaria la lesión o posible afectación diferenciada del sujeto titular que pueda distinguir este tipo de intereses respecto del meramente simple.

Legitimación para Hacerlos Valer

(…)Los criterios pretorianos deben ocuparse y atender a conseguir o construir, en casos específicos, las mejores alternativas de legitimación, tutela, remediación y, en general reparación, tanto colectiva como individual, sobre la base del equilibrio de intereses y razonabilidad de consecuencias en el control judicial.

Estos derechos o intereses, siguiendo algunas ideas de Ferrer, presentan una o varias de las siguientes peculiaridades: a) No se ubican en el derecho público ni en el privado, sino en el social, incidiendo sobre agrupaciones o sectores desorganizados cuyos miembros se desconocen entre sí y donde quienes los forman pueden entrar y salir del grupo o desubicarse en cualquier momento. b) Otra peculiaridad es una específica (cualificada) afectación en comparación con la sociedad en general, analizándose el grado en cada caso concreto.c) Resultan afectados o incididos de manera diferenciada por una externalidad negativa. d) Es difícil codificarlos, por lo que aparecen dispersos en varias normativas. e) Protegen muy variados intereses no solo patrimoniales, sino fundamentalmente valores morales, culturales, estéticos, de salud, etcétera, o bienes como el agua y el aire que no están en el comercio y son bienes públicos. f) Parecen formar parte del derecho administrativo, pero lo desbordan. g) Resulta casi imposible determinar las calidades exactas o inmutables de los sujetos y, por ende, definir las relaciones entre titular y destinatario, o entre sujetos activos y pasivos. h) La tutela judicial implica idear nuevos conceptos de instituciones como legitimación, representación, garantía, pero también suplencia en pretensiones y pruebas, emplazamientos masivos a sujetos indeterminados, cosa juzgada, etcétera.

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