Sistemas Judiciales del Mundo

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] En inglés: Judicial Systems of the World.

Sistemas Judiciales del Mundo

En esta sección se identifican los elementos, fuentes y recursos en las que se describen los ordenamientos jurídicos de países extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y sus constituciones y tribunales constitucionales.

Desde 2016, unos pocos Estados europeos han llevado a cabo reformas institucionales y legislativas fundamentales de sus ordenamientos jurídicos. Para esos Estados, la situación descrita en el presente informe puede ser muy diferente de la actual. Se invitó a los Estados y entidades a que indicaran si se habían realizado reformas desde 2016 o si había otras en curso. Ello permite también determinar las principales tendencias relacionadas con las reformas prioritarias de los diversos sistemas de justicia.Entre las Líneas En algunos países de Latinoamérica y Europa, la situación económica se ha deteriorado desde 2016, lo que ha tenido un impacto relativamente grande en el funcionamiento de la justicia.

Presupuesto Destinado a la Administración de Justicia

La media europea del presupuesto asignado al sistema judicial por habitante en 2016 para los Estados o entidades que responden es de 64 euros y la media -menos sensible a los valores extremos- es de 53 euros. Cabe recordar que, por supuesto, el importe de las sumas asignadas debe ponerse en perspectiva con respecto al nivel de riqueza de cada Estado, medido por su PIB per cápita, y que la media elevada es el resultado de los valores extremos de varios Estados ricos que influyen considerablemente en ella.

Se pueden especificar cuatro grupos de Estados/entidades en una selección de países:

• 10 Estados asignan menos de 25 euros por habitante a su sistema judicial: Azerbaiyán (7,80 euros), la República de Moldova (8 euros), Armenia (8 euros), Ucrania (8,10 euros), Georgia (9,70 euros), Albania (10,40 euros), Turquía (18,20 euros), “la ex República Yugoslava de Macedonia” (20,20 euros), la Federación de Rusia (24 euros); fuera de los Estados miembros, Marruecos tiene un presupuesto comparable por habitante (16 euros);
• 15 Estados asignan un presupuesto por habitante de entre 25 y 60 euros: Rumania (30,40 euros), Bosnia y Herzegovina (33,70 euros), Malta (36,70 euros), Bulgaria (37 euros), Letonia (39,80 euros), Lituania (40,30 euros), Grecia (41,30 euros), Estonia (43,10 euros), Hungría (43,80 euros), República Checa (47,70 euros), Eslovaquia (49,60 euros), Irlanda (50,20 euros), Polonia (51,80 euros), Croacia (53,60 euros) y Portugal (56,60 euros);
• 13 Estados o entidades tienen un presupuesto por habitante asignado al sistema judicial de entre 60 y 100 euros: Chipre (61 euros), Francia (65,90 euros), Italia (75 euros), Finlandia (76,50 euros), Reino Unido-Inglaterra y Gales (78,70 euros), España (79,10 euros), Reino Unido-Escocia (79,10 euros), Noruega (80,60 euros), Bélgica (82,30 euros), Dinamarca (84 euros), Eslovenia (89,70 euros) y Andorra (99 euros), a los que se puede añadir Israel (83 euros) como Estado no miembro comparable;
• el cuarto grupo incluye 8 Estados: Austria (107,30 euros), Islandia (111 euros), Suecia (118,60 euros), Países Bajos (119,20 euros), Alemania (122 euros), Luxemburgo (157,30 euros), Mónaco (163,80 euros) y Suiza (214,80 euros), cada uno de los cuales asigna más de 100 euros por habitante a su sistema judicial.

Considerar el presupuesto asignado por habitante en valores absolutos no es suficiente para representar el esfuerzo presupuestario efectivo para el sistema judicial realizado por los Estados o entidades, que puede ser muy diferente desde la perspectiva de su nivel de riqueza. El mismo presupuesto asignado al sistema judicial puede corresponder a un esfuerzo presupuestario considerablemente diferente, dependiendo del nivel de riqueza disponible.

Los datos ponen en perspectiva el presupuesto asignado por habitante al sistema judicial en valores absolutos al compararlo con una medida de la riqueza de los Estados y entidades, el PIB per cápita, lo que da una representación más significativa del esfuerzo presupuestario efectivo para el sistema judicial realizado por cada Estado y entidad. Permite medir el esfuerzo presupuestario que un país dedica al acceso a la justicia y a la actividad judicial. Existe una correlación positiva entre el nivel de riqueza de los Estados o entidades y los recursos asignados a los sistemas judiciales. Esta correlación positiva está representada por una línea de tendencia.

A título ilustrativo, se puede tomar como referencia España. Se puede observar que los presupuestos asignados al sistema judicial en España (por debajo de la línea de tendencia) y Noruega (por encima de la línea de tendencia) son de 79,05 y 80,63 euros respectivamente. La cifra confirma que, a pesar de un presupuesto por habitante casi idéntico al de Noruega, España logra un esfuerzo presupuestario mucho mayor en la medida en que su nivel de riqueza es casi tres veces inferior al de Noruega.

Al mismo tiempo, el PIB per cápita de España (23.985 euros) es comparable al PIB per cápita de Malta (22.664 euros).

Puntualización

Sin embargo, la discrepancia presupuestaria es particularmente notable en la medida en que el presupuesto por habitante asignado al sistema judicial en España es más de dos veces superior al de Malta.

Se pueden identificar cuatro grupos de Estados a lo largo de la línea de tendencia o en su proximidad inmediata:

• el primer grupo comprende 13 Estados cuyo presupuesto del sistema judicial por habitante y PIB per cápita es de hasta 40 y 10.000 euros, respectivamente: República de Moldova (8 euros / 1.722 euros), Ucrania (8,10 euros / 2.001 euros), Marruecos (16 euros / 2.768 euros), Armenia (8 euros / 3.192 euros), Georgia (9,70 euros / 3.274 euros), Azerbaiyán (7,80 euros / 3.338 euros), Albania (10,40 euros / 3.728 euros), Bosnia y Herzegovina (33, 70 euros / 4 354 euros), “la ex República Yugoslava de Macedonia” (20,20 euros / 4 691 euros), Bulgaria (37 euros / 6 645 euros), la Federación de Rusia (24 euros / 7 921 euros), Rumania (30,40 euros / 8 600 euros) y Turquía (18,20 euros / 8 869 euros);
• el segundo grupo reúne a 8 Estados cuyo presupuesto del sistema judicial por habitante está comprendido entre 40 y 50 euros y cuyo PIB per cápita está incluido en la franja comprendida entre 10.000 y 20.000 euros: Letonia (39,80 euros / 12 762 euros), Lituania (40,30 euros / 13 468 euros), Grecia (41,30 euros / 16 154 euros), Estonia (43,10 euros / 16 034 euros), Hungría (43,85 euros / 11 200 euros), República Checa (47,70 euros / 16 700 euros) y Eslovaquia (49,60 euros / 14 910 euros). Portugal, a pesar de quedar fuera del grupo por el valor del presupuesto por habitante (56,60 euros), está situado en una posición comparable;
• 6 Estados o entidades, cuyo presupuesto por habitante se acerca al valor de referencia de 80 euros y cuyo PIB per cápita se incluye en la franja comprendida entre 30.000 y 40.000 euros, constituyen el tercer grupo: Reino Unido-Inglaterra y Gales (78,67 euros / 31 088 euros), Reino Unido-Escocia (79 euros / 32 051 euros) y Bélgica (79,30 euros / 37 407 euros) (pondere más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Finlandia (76,51 euros / 38 959 euros) e Italia (75,00 euros / 27 587 euros) están en una posición comparable (pondere más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fuera del grupo de Estados miembros, Israel presenta parámetros totalmente compatibles con el alcance del grupo (82,74 euros / 35 323 euros);
• Mónaco, a pesar de su posición atípica debido a su PIB per cápita y su presupuesto del sistema judicial por habitante particularmente elevados, se sitúa en la proximidad inmediata de la línea de tendencia (163,82 euros / 72 091 euros); lo mismo con respecto a Suiza, donde el presupuesto del sistema judicial por habitante es fácilmente el más significativo de Europa (214,85 euros), con un PIB per cápita de 73.006 euros.

Entre los Estados y entidades que no están situados en la proximidad de la línea de tendencia, Eslovenia, Andorra e Islandia parecen haber realizado los esfuerzos presupuestarios más importantes dada su riqueza (parte inferior derecha de la línea de tendencia). También Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia y Polonia han hecho importantes inversiones con esfuerzos presupuestarios comparables al esfuerzo realizado por el grupo principal de Estados.

Entre los Estados y entidades situados por encima de la línea de tendencia, Dinamarca, Irlanda, Noruega y Luxemburgo se encuentran en la posición más avanzada.

Informaciones

Los datos podrían dar la impresión de que estos Estados no realizan un esfuerzo presupuestario significativo desde el punto de vista de su nivel de riqueza.

Aviso

No obstante, hay que tener en cuenta que, al menos en lo que respecta a Noruega y Luxemburgo, los presupuestos asignados al sistema judicial parecen notables en su volumen. El de Noruega (80,63 euros) se acerca a los presupuestos de Bélgica, Finlandia y Reino Unido-Escocia y Reino Unido-Inglaterra y Gales. El de Luxemburgo (157,26 euros) sigue siendo uno de los más altos de Europa.

Una Conclusión

Por consiguiente, no hay base para suponer su insuficiencia o inadecuación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).

Detalles

Por último, cabe recordar que algunos Estados se han beneficiado en los últimos años de una asistencia considerable, en particular de la Unión Europea y otros donantes internacionales para el funcionamiento del estado de derecho (Bulgaria, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia). Turquía ha indicado que el presupuesto europeo asignado a esos proyectos no se ha incluido en el presupuesto asignado al sistema judicial o a todo el sistema de justicia al responder al cuestionario del CEPEJ.

Por supuesto, si esta vinculación entre los presupuestos por habitante asignados a los sistemas judiciales y la riqueza de los Estados y entidades conduce a un análisis más afinado y complejo que el análisis de los datos brutos, no basta, sin embargo, con interpretar de manera totalmente exacta los datos presupuestarios sobre los sistemas judiciales. La realidad de los sistemas es aún más compleja. Para evitar comparaciones prematuras, también deben tenerse en cuenta las especificidades de los sistemas judiciales que pueden explicar las variaciones de un Estado o entidad a otro.

Detalles

Los aspectos organizativos, una forma particular de funcionamiento, los distintos procesos y una tradición jurídica diferente pueden ayudar a explicar las discrepancias observadas.

Las disparidades entre los Estados y las entidades son muy fuertes. 27 Estados o entidades de un total de 37 aumentaron su presupuesto para el sistema judicial entre 2014 y 2016 (expresado en euros): Albania (11,6 %), Austria (13,9 %), Bosnia y Herzegovina (3,2 %), Bulgaria (12 %), Croacia (3,2 %), República Checa (7,2 %), Dinamarca (3,1 %), Estonia (6,9 %), Finlandia (8,3 %), Francia (3,3 %), Georgia (1,4 %), Hungría (6,4 %), Irlanda (5,4 %), Italia (2,9 %), Letonia (5 %), Lituania (17,7 %), Luxemburgo (18,3 %), Malta (7,2 %), República de Moldova (3,3 %), Noruega (5,2 %), Polonia (6,6 %), Portugal (8,8 %), España (3,4 %), Suecia (17,8 %), “la ex República Yugoslava de Macedonia” (11,7 %) y Reino Unido-Escocia (2,1 %). La Federación de Rusia ha aumentado su esfuerzo presupuestario (+ 12,1 %) cuando no se tiene en cuenta la devaluación de su moneda frente al euro.

En cambio, 8 de los 37 Estados o entidades redujeron sus presupuestos (expresados en euros): Bélgica (- 2,8 %), Grecia (- 6,4 %), Países Bajos (- 1,5 %), Rumania (- 23,5 %) y Reino Unido-Inglaterra y Gales (- 12,6 %). Si no se tiene en cuenta la apreciación de su moneda frente al euro, Suiza ha reducido su esfuerzo presupuestario en un 10,6 %. El caso de Azerbaiyán (- 51,4 %) es muy concreto, ya que la disminución del tipo de cambio (véase más en el diccionario y más detalles, en esta plataforma, sobre este término) de la moneda nacional ha sido realmente significativa; por lo tanto, la disminución observada en el esfuerzo presupuestario entre 2014 y 2016 debe relativizarse.

En el caso de los Estados y entidades que no pertenecen a la zona del euro, estos resultados deben atenuarse debido a la variación de los tipos de cambio entre las monedas nacionales y el euro durante el mismo período. De hecho, las grandes variaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto significativo en los datos presupuestarios expresados en euros. Así pues, el aumento del presupuesto asignado al sistema judicial es menos significativo para los Estados o entidades cuyas monedas se han apreciado con respecto al euro. Este es el caso, en particular, de Albania, Croacia, la República Checa, Hungría y “la ex República Yugoslava de Macedonia”.

Puntualización

Sin embargo, los crecientes esfuerzos presupuestarios en favor del sistema judicial son aún más significativos que lo que aparece en el cuadro anterior, si se tiene en cuenta la variación negativa de los tipos de cambio entre 2014 y 2016 en Georgia, la República de Moldova, Polonia, Suecia y el Reino Unido-Escocia.

En Rumania y Reino Unido-Inglaterra y Gales, la disminución del presupuesto del sistema judicial se ve atenuada por la disminución del tipo de cambio (véase más en el diccionario y más detalles, en esta plataforma, sobre este término) entre la moneda nacional y el euro. El efecto distorsionante provocado por la devaluación de la moneda se amplifica aún más en Turquía y Ucrania, donde la depreciación del tipo de cambio (véase más en el diccionario y más detalles, en esta plataforma, sobre este término) durante el período da la ilusión de una disminución del presupuesto asignado al sistema judicial, mientras que aumenta considerablemente en la moneda nacional.

Algunas de las variaciones presupuestarias observadas aquí también deben relativizarse en términos de tasas de inflación en los Estados durante el período 2014-2016. Por ejemplo, las elevadas tasas de inflación experimentadas por Azerbaiyán, la República de Moldova y Ucrania, entre 2014 y 2016, compensan en parte la disminución del tipo de cambio (véase más en el diccionario y más detalles, en esta plataforma, sobre este término) durante el mismo período.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

En 10 de los 29 Estados o entidades, el presupuesto asignado al sistema judicial aumentó en general entre 2014 y 2016, aunque disminuyó por lo menos uno de los tres componentes: Croacia, Eslovenia, Georgia, Lituania, Noruega, República de Moldova, Portugal, Suiza, “la ex República Yugoslava de Macedonia” y Reino Unido-Escocia. Eslovenia es el único Estado en el que el presupuesto para el sistema judicial aumentó en conjunto, a pesar de una disminución en dos de los tres componentes (- 1,1 % del presupuesto para los tribunales y – 0,1 % del presupuesto para la asistencia letrada), dado el efecto compensatorio realizado por el aumento observado en el presupuesto del ministerio público (+ 1,4 %).

El aumento del presupuesto del sistema judicial se debe principalmente al aumento del presupuesto asignado a los tribunales en 13 Estados: Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, España, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Lituania, Malta, Noruega, República Checa, República de Moldova y Suiza. Cabe recordar que los datos relativos al presupuesto de asistencia letrada no se tienen en cuenta en el cuadro anterior en lo que respecta a Bosnia y Herzegovina y la República Checa. El aumento del presupuesto del sistema judicial se divide entre un aumento significativo del presupuesto asignado a los tribunales y un aumento del presupuesto asignado a la fiscalía y/o al servicio de asistencia letrada en Croacia, Georgia, Letonia, República de Moldova, Portugal, Suecia y Reino Unido-Escocia.Entre las Líneas En Suecia y el Reino Unido-Escocia, un importante esfuerzo presupuestario se centra en la asistencia letrada.

En Georgia, Suiza y Reino Unido-Escocia, las restricciones presupuestarias que afectan a los presupuestos asignados al enjuiciamiento se compensan con un aumento del presupuesto del tribunal y del presupuesto de asistencia letrada.Entre las Líneas En Noruega, las restricciones presupuestarias que afectan al presupuesto de asistencia letrada se compensan con un aumento del presupuesto asignado tanto a los tribunales como a la fiscalía.Entre las Líneas En Eslovenia, un aumento del presupuesto de la fiscalía pública compensa una disminución del presupuesto de los tribunales.

En cambio, en los Países Bajos y Ucrania, los esfuerzos financieros adicionales en materia de asistencia judicial no compensan la notable disminución de los presupuestos asignados tanto a los tribunales como al ministerio público.

4 de 29 Estados y entidades han reducido los presupuestos de los tres componentes del sistema de justicia (Azerbaiyán, Federación de Rusia y Reino Unido-Inglaterra y Gales), haciendo especial hincapié en el presupuesto de los tribunales en Azerbaiyán, Rumania y Federación de Rusia y en el presupuesto de asistencia letrada en Reino Unido-Inglaterra y Gales.Entre las Líneas En Rumania, el pequeño aumento del presupuesto asignado a la asistencia letrada (+ 0,1 %) es en gran medida insuficiente para compensar la disminución del presupuesto asignado tanto a los tribunales como a la fiscalía.

Entre los 27 Estados o entidades que aumentaron su presupuesto asignado al sistema judicial entre 2014 y 2016, la contribución más destacada en la variación del presupuesto del sistema judicial se realiza mediante un aumento del presupuesto de los tribunales en la República Checa (+ 13,8 %), Lituania (+ 11,5 %), Suecia (+ 8,7 %), Bulgaria (+ 7,9 %) y Noruega (+ 7,4 %). El alcance de la contribución del presupuesto judicial es menos notable en Estonia (+ 5,1 %), Malta (+ 5 %), Portugal (+ 5 %), Albania (+ 4 %), Hungría (+ 4 %), Irlanda (+ 3,8 %), Francia (+ 3 %), Letonia (+ 2,7 %), Reino Unido-Escocia (+ 2,7 %), España (+ 2,6 %) y Bosnia y Herzegovina (+ 2,5 %) y menos del 2 % en Finlandia, Georgia, Polonia, República de Moldova y Croacia.

En cuanto a la contribución del presupuesto de la fiscalía en la variación del presupuesto del sistema judicial, la incidencia más importante se observa en “la ex República Yugoslava de Macedonia” (+ 13,9 %), Albania (+ 7 %), Lituania (+ 6,5 %), Bulgaria (+ 4,1 %) y Portugal (+ 4 %).Entre las Líneas En Polonia, Hungría, Croacia, República de Moldova, Malta, Noruega, Suecia, Estonia, República Checa y Bosnia y Herzegovina, el alcance de esa contribución varía dentro de una gama de entre el 2,2% (Polonia) y el 1,5% (Bosnia y Herzegovina), mientras que en Letonia y Francia es inferior al 1,5%.

Los Estados y entidades en los que la participación del presupuesto de asistencia letrada en la variación del presupuesto del sistema judicial es más relevante son Suecia (+ 8,7 %), Finlandia (+ 6,2 %) y Reino Unido-Escocia (+ 3,8 %). Es menos significativo en Albania, Georgia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Polonia y España.

Por último, Noruega (-9,1 %) y Reino Unido-Inglaterra y Gales (-3,9 %) son los Estados o entidades donde la disminución en los presupuestos de asistencia jurídica muestra la contribución más significativa a la variación de todo el presupuesto del sistema judicial.

Revisor: Lawrence

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