Sustracción
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Sustracción Parental y Familiar en los Estados Unidos
Muchas de las sustracciones de menores que ocurren en Estados Unidos son cometidas por uno de los padres u otro miembro de la familia. Aproximadamente 203.900 menores fueron sustraídos por sus padres o familiares en Estados Unidos en 1999 según los segundos National Incidence Studies of Missing, Abducted, Runaway, and Thrownaway Children (NISMART-2), (Estudios Nacionales de Incidencia: Menores Desaparecidos, Sustraídos, Fugados y Echados de su Casa), un estudio publicado por la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention – OJJDP), Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice – DOJ), en 2002. [1]
Los niños víctimas de sustracción familiar son arrancados de sus hogares y privados del padre o de la madre. Con frecuencia se les dice que el otro padre ya no los quiere o que está muerto. Con demasiada frecuencia llevan una vida de engaños, algunas veces bajo un nombre falso, mudándose a menudo y careciendo de la estabilidad necesaria para tener un desarrollo emocional saludable.
El término “sustracción parental” (parental kidnapping) describe la sustracción o retención ilícita del menor por un padre. Debido a que las sustracciones de niños son cometidas frecuentemente por otros miembros de la familia, dicha acción se describe más precisamente como “sustracción familiar” (family abduction). Ambos términos se usan de manera intercambiable en esta enciclopedia jurídica. Ambos tienen significado civil y penal. Cuando se produce la sustracción por uno de los padres, el gobierno podría iniciar un proceso penal contra el secuestrador si se ha violado una ley penal. La policía y los fiscales son parte del sistema de justicia penal. El padre excluido podría acudir a recursos civiles para impedir la sustracción o recuperar un menor sustraído o retenido ilícitamente. El abogado del padre excluido y el tribunal de familia son parte del sistema de justicia civil. Es importante tener presente que se pueden interponer recursos civiles y penales al mismo tiempo. La decisión de utilizar recursos civiles depende del padre, en tanto que quien tiene últimamente la decisión de usar procedimientos penales es el fiscal.
El padre tiene la responsabilidad de obtener y aplicar la determinación de custodia por medio de los tribunales. Típicamente contrata a un abogado privado para que le ayude en el proceso, aunque puede presentarse también pro se, o sea sin abogado. El padre también puede acudir a los tribunales a solicitar medidas para prevenir la sustracción o hacer pasibles civilmente al secuestrador y sus cómplices por los daños que resulten de la sustracción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El padre también puede buscar asistencia en diversos organismos con recursos civiles cuando se ha sustraído a su hijo o hija. Esos organismos incluyen un centro de intercambio de información sobre menores desaparecidos y, en un caso de sustracción internacional, la División de Menores Desaparecidos (Missing Children Division – MCD) del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing & exploited Children® – NCMEC) y la Oficina de Asuntos de Menores (Office of Children’s Issues – OCI) en el Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State).
La policía y los fiscales en todos los niveles del gobierno tienen la responsabilidad de investigar y procesar los delitos de sustracción parental. Típicamente el papel del padre excluido en el proceso es llevar el caso a la atención de las autoridades policiales quienes tienen entonces deberes obligatorios y autoridad discrecional. Por ejemplo, la policía tiene el deber federal obligatorio de anotar cada caso de menor desaparecido en el Fichero de Personas Desaparecidas (Missing Person File – MPF) del Centro Nacional de Información sobre Delitos (National Crime Information Center – NCIC) del Departamento Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation – FBI), dentro de las dos horas de haber recibido la denuncia. [2] La decisión de procesar a un padre por sustracción queda a discreción de los fiscales. Cada caso de sustracción de menor por un padre es único, y las decisiones estratégicas se hacen en base a los hechos del caso y a la personalidad de todos los involucrados acerca de si debería recurrirse al proceso penal de manera conjunta con los recursos civiles. Una vez que las autoridades policiales y/o los fiscales intervienen en un caso, podrían recurrir a un padre en relación con la investigación o el juicio penal. El padre podría solicitar informes sobre el estado del caso, pero las autoridades policiales no darán a conocer información sensitiva que pueda poner en peligro la investigación en marcha.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Ucapa (Uniform Child Abduction Prevention Act) en los Estados Unidos de America
En el derecho del país norteamericano, Ucapa (Uniform Child Abduction Prevention Act) puede ser definido de la siguiente forma: Ley Uniforme de Prevención de Sustracción de Menores.
Sustracción
Recursos
[rtbs name=”informes-jurídicos-y-sectoriales”][rtbs name=”quieres-escribir-tu-libro”]Traducción al Inglés
Traducción al inglés de Sustracción: Subtraction
Véase También
Bibliografía
Recursos
[rtbs name=”informes-jurídicos-y-sectoriales”][rtbs name=”quieres-escribir-tu-libro”]Notas
- Andrea J. Sedlak, David Finkelhor, Heather Hammer y Dana J. Schultz. “National Estimates of Missing Children: An Overview”, National Incidence Studies of Missing, Abducted, Runaway, and Thrownaway Children. Washington, DC: Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention – OJJDP), Oficina de Programas de Justicia (Office of Justice Programs – OJP), Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice – DOJ), octubre de 2002, página 10, NCJ 196465.
- La Ley Adam Walsh de Protección y Seguridad de Menores de 2006 (Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006 – Ley Adam Walsh), Ley Pública No 109-248 ordena que la policía registre en el NCIC la información sobre menores desaparecidos y sustraídos dentro de las dos horas de haber recibido la denuncia.
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