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Test de Control de Convencionalidad
Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema.
Test de Control de convencionalidad
Test de Control de convencionalidad en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional
Se expresa el mencionado Diccionario, sobre Test de Control de convencionalidad, en voz escrita por Ernesto Rey Cantor, en los siguientes términos: Deducimos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana la realización de un test de convencionalidad que comprende las siguientes fases cuando el tribunal activa el control de convencionalidad de las leyes y/o de la jurisprudencia nacionales, en el evento de que el derecho interno no se adecue (incompatible) a la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con fundamento en el art. 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Veamos.
En primer lugar, la Corte Interamericana verifica, precisa y califica el supuesto fáctico (los hechos probados) del caso contencioso concreto a resolver.
En segundo lugar, la Corte Interamericana establece un conflicto normativo de inconvencionalidad en concreto entre el derecho interno (independientemente de la jerarquía: normas constitucionales, legales o reglamentarias, jurisprudencia, prácticas judiciales o administrativas) y el derecho internacional de los derechos humanos (la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados referentes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana: acquis conventionnel, siendo éste el parámetro de convencionalidad), resultando incompatibles entre sí para resolver el caso, en el momento de su aplicación, en el marco de la calificación del supuesto fáctico.
Tal día como hoy de 1882, el presidente estadounidense Chester A. Arthur firma la Ley de Exclusión China, la primera y única ley federal importante que suspende explícitamente la inmigración de una nacionalidad específica. En 1943 tuvo lugar la derogación de esta ley, que fue -como reconoce la Secretaría de Estado americana- una decisión casi totalmente motivada por las exigencias de la Segunda Guerra Mundial, ya que la propaganda japonesa hacía repetidas referencias a la exclusión de los chinos de Estados Unidos con el fin de debilitar los lazos entre Estados Unidos y China, que entonces era su aliada. (Imagen de Wikimedia)
En tercer lugar, el conflicto normativo de inconvencionalidad —que ha de ser sustancial— presupone que la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados referentes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos aplicables conforman el derecho interno del Estado parte en dichos tratados, y el conflicto supone la existencia y validez de dos normas jurídicas contradictorias y aplicables en la jurisdicción interna del Estado, en el siguiente orden.
En efecto, para que exista conflicto normativo sustancial de inconvencionalidad hay que verificar en el caso concreto, cuando ocurrieron los hechos:
a) La vigencia del derecho interno (normas constitucionales, legales o reglamentarias, jurisprudencia, prácticas judiciales o administrativas) y su aplicabilidad.
b) Que están en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados referentes a la protección de los derechos humanos en el derecho interno.
c) Que en su aplicabilidad se relacionan el vigor de la Convención Americana u otros tratados con la vigencia del derecho interno para resolver el caso concreto. d) La aplicabilidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de la jurisprudencia, prácticas judiciales o administrativas nacionales aplicables con aquélla, por tratarse del mismo o similar supuesto fáctico en el caso concreto a resolver.
Más en el Diccionario
En cuarto lugar, debe existir una real contradictio in terminis directa entre la norma jurídica o la jurisprudencia, prácticas judiciales o administrativas internas y la norma sustancial convencional y/o la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
En quinto lugar, el escrutinio de adecuación material que hace la Corte Interamericana, en el caso concreto, consiste en el examen de confrontación normativo del derecho interno (norma constitucional, legal o reglamentaria, prácticas judiciales o administrativas) y/o de la jurisprudencia nacional frente a la Convención y a la jurisprudencia interamericanas —acquis conventionnel—, con el objeto de establecer la incompatibilidad directa (contradictio in terminis) de la norma, de la jurisprudencia o de las prácticas nacionales con el acquis conventionnel, generando el incumplimiento de las obligaciones internacionales específicas (derechos humanos civiles y políticos, arts. 3o. a 25) en relación con el incumplimiento de las obligaciones internacionales generales derivadas de los arts. 1.1 y 2o. de la Convención.
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Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):
En sexto lugar, para establecer la contradictio in terminis de inconvencionalidad además hay que interpretar la Convención Americana u otros tratados y el derecho interno. Se trata de la interpretación de normas en concreto, “que consiste en subsumir un supuesto de hecho concreto en el campo de aplicación de una norma previamente identificada -en abstracto-“.Entre las Líneas En otras palabras, la interpretación la realiza la Corte en el marco de la calificación de facto y de jure de los hechos del caso concreto que resuelve aplicando la Convención Americana y la jurisprudencia convencional, concluyendo que el derecho interno (normas, jurisprudencia o prácticas) aplicado por el juez nacional para resolver el caso es inconvencional; examen de confrontación normativo del que se deriva la primacía de la Convención Americana sobre el derecho interno, incluida la Constitución.
En séptimo lugar, la Corte establece, en el caso concreto, las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y/o la transgresión de la jurisprudencia interamericana —acquis conventionnel—, que con la aplicación de la norma (constitucional, legal o reglamentaria) y/o de la jurisprudencia, de las prácticas judiciales o administrativas internas inconvencionales afectaron a una persona humana o a un grupo de personas determinadas, individualizadas e identificadas —presuntas víctimas y/o sus familiares—.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia de la Corte ha evolucionado progresivamente, distinguiendo si la norma nacional es o no de aplicación inmediata. Dependiendo del caso concreto, la Corte se ha referido a la existencia de la norma interna, a su expedición (o inicio), su vigencia o su aplicación.
En octavo lugar, como consecuencia de lo anterior (la inconvencionalidad normativa, jurisprudencial o de prácticas) se configura un hecho internacionalmente ilícito atribuible al Estado parte de la Convención Americana u otros tratados, generando de inmediato la responsabilidad internacional del Estado (tempus commisi delici) por dichas violaciones a los derechos convencionales y/o la jurisprudencia convencional (acquis conventionnel) y, por consiguiente, nace la obligación internacional a cargo del Estado de reparar integralmente los daños materiales e inmateriales a las presuntas víctimas y/o sus familiares (restitutio in integrum), según la calificación de los hechos —probados—.
En noveno lugar, la Corte Interamericana —mediante sentencia— ordena al Estado las reparaciones integrales de los daños, disponiendo el cese (poner fin a la conducta estatal inconvencional) de los efectos jurídicos de las normas, jurisprudencia y prácticas nacionales inconvencionales (hechos internacionalmente ilícitos de carácter continuo), estableciendo además las obligaciones internacionales de resultado de naturaleza jurídica de adoptar seguridades y garantías de no repetición; para hacer efectiva estas obligaciones y las siguientes, el Estado deberá: reformar la Constitución, derogar, modificar o anular la ley o el acto administrativo, o completar sus contenidos; expedir una ley o un acto administrativo; adecuar la jurisprudencia o prácticas internas a la jurisprudencia de la Corte, y las demás reparaciones que fueren necesarias para restablecer la situación jurídica anterior (restitutio in integrum) a las violaciones y que el Estado garantice a las víctimas y/o sus familiares el respeto y el libre y pleno ejercicio de sus derechos reconocidos en la Convención; adecuando de esta forma el derecho interno al estándar mínimo interamericano (el derecho internacional de los derechos humanos).
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