La Abogacía Activista en Italia

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Activismo Social de los Abogados y Jueces Italianos en los Años 60

Hoy en día se tiende a contar la historia de las profesiones modernas en términos de una lucha perenne de grupos e individuos comprometidos con la mejora de su estatus social, el aumento de sus ingresos y el fortalecimiento de su posición de poder en la sociedad. Según esta interpretación, los profesionales son miembros del establishment que actúan sobre la base de motivaciones egoístas y han olvidado los ideales y la vocación pública que deberían ser un componente fundamental de su trabajo. Hoy en día se acusa a las profesiones de contribuir al “declive del espíritu público” que muchos consideran el drama central de las sociedades occidentales contemporáneas.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Los médicos socialistas italianos y los médicos populistas rusos del siglo XIX dedicaron su vida a mejorar las condiciones de las clases bajas, y los abogados radicales estadounidenses de los años sesenta lucharon por defender los derechos civiles, proporcionando ejemplos clave de profesionales que se desvincularon del establishment y se pusieron del lado de quienes buscaban cambiar la sociedad. Los momentos de crisis facilitan la radicalización de al menos algunos profesionales, y 1968 fue uno de esos momentos también en Italia.

En los países donde el movimiento de protesta del 68 fue más turbulento, sobre todo en Estados Unidos, Francia e Italia, muchos jóvenes médicos, abogados, magistrados, arquitectos, así como profesores y académicos, se unieron a las protestas y eligieron la vía del compromiso político. Lo hicieron de diversas maneras. Desarrollaron teorías críticas y adoptaron nuevas prácticas que ayudaron a cambiar la sociedad. Intentaron cambiar sus propias profesiones eliminando sus aspectos más tradicionalistas y sentaron las bases de una nueva relación entre las profesiones y la sociedad. Los procesos de radicalización de los jóvenes de las distintas profesiones tuvieron muchos rasgos en común, así como muchas diferencias según la profesión y el contexto nacional.

El “largo 1968” italiano

En Italia, los acontecimientos de 1968 iniciaron un proceso de cambio que impactó enormemente en una sociedad todavía marcada por instituciones autoritarias heredadas del pasado fascista e impregnada de culturas tradicionalistas. El decenio transcurrido entre 1968 y el asesinato del ex Primer Ministro y líder del Partido Demócrata Cristiano, Aldo Moro, secuestrado el 16 de marzo de 1978 por las Brigadas Rojas y asesinado tras 55 días de prisión, mostró un patrón totalmente contradictorio. Un programa de reformas sin precedentes en la historia del país en el siglo XX cambió radicalmente la sociedad italiana. Estas reformas fueron el resultado de un movimiento popular de una amplitud y profundidad desconocidas hasta entonces, en el que los estudiantes y los intelectuales fueron decididamente minoritarios respecto a las grandes protestas obreras que estallaron especialmente en las fábricas del norte industrializado.Si, Pero: Pero las reformas emprendidas por los gobiernos de coalición centristas bajo el estímulo de los socialistas y los comunistas tenían un doble significado. Por un lado, eran una respuesta a las demandas de las bases de una nueva cultura de derechos; por otro, eran instrumentos para frenar el conflicto social.

Las leyes de reforma promulgadas entre 1968 y 1978 contribuyeron a eliminar la herencia de la legislación fascista e introdujeron nuevas libertades. Pretendían proteger a los grupos sociales más vulnerables y darles paridad e igualdad (el Estatuto de los Trabajadores, la protección de las madres trabajadoras, el derecho al voto a los 18 años); restablecer el poder de decisión que el Estado había retirado a los individuos (divorcio, aborto, objeción de conciencia, libertad de asesoramiento en materia de anticoncepción); cerrar los hospitales psiquiátricos (abolidos en 1975 por la ley Basaglia-Ongaro); finalmente, en 1978, extender la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos con la creación de un Servicio Nacional de Salud. Un viento reformador sopló también en el ordenamiento jurídico, donde la herencia fascista era aún más evidente. Por primera vez, se protegieron los derechos de los sospechosos autorizando la presencia de un abogado defensor durante el interrogatorio; se ampliaron los casos en los que se concedía la fianza (la llamada Ley Valpreda); y, finalmente, a partir de 1974, se reformó el proceso penal.

Este impulso reformista alcanzó su punto álgido entre 1969 y 1973, cuando comenzó a resquebrajarse bajo el impacto de una campaña de orden público impulsada por los atentados de extrema derecha y el terrorismo rojo. El carácter complejo y dramático del “largo 68” italiano reside, de hecho, en la inmediata reacción contraria que provocó por parte de las fuerzas que se negaban a aceptar el cambio. Dos años de lucha obrera y estudiantil terminaron el 12 de diciembre de 1969 en Piazza Fontana, Milán, con el primero de los atentados perpetrados por la derecha con la complicidad de los servicios secretos. La prolongada violencia culminó en 1980 en la estación de tren de Bolonia, donde el 2 de agosto de 1980 una bomba mató a 85 personas y dejó cientos de heridos. Al terrorismo de la derecha fanática se sumó el de la izquierda extremista, que golpeó a personas que representaban al establishment o que eran culpables de contribuir a políticas de reforma que consideraban que incorporaban tendencias revolucionarias: por ello, los profesionales del derecho (jueces, abogados y profesores de derecho laboral) estaban entre sus principales objetivos.

A partir de 1974, año sangriento en el que se produjeron dos trágicos atentados terroristas de derechas (Piazza della Loggia, en Brescia, y el tren Italicus, cerca de Bolonia), la resistencia al impulso reformista se convirtió en una auténtica contrarrevolución. La legislación de emergencia promulgada entre 1974 y 1978 amplió las medidas de detención preventiva y otorgó a la policía poderes excepcionales. La Ley Reale (22 de junio de 1974, nº 152 derogada por referéndum en 1978) fue la expresión más completa de ese periodo de emergencia.Entre las Líneas En respuesta a esta reacción, numerosos profesionales del derecho cambiaron de trayectoria, dando lugar a nuevas configuraciones y nuevas culturas, así como a nuevas jerarquías. Así, el “largo 68” hizo aflorar conflictos latentes: no sólo enfrentó a los conservadores con los radicales, sino que también dividió las filas de los abogados de izquierdas.

Los abogados académicos y el Estatuto de los Trabajadores

La ley promulgada en 1970, denominada Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori), es un ejemplo emblemático del doble significado que asumió el proceso de reforma de aquellos años (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fue una parte decisiva de la estrategia adoptada por la izquierda institucional para recuperar su influencia sobre los trabajadores de las grandes fábricas del norte, que se sintieron fuertemente atraídos por las nuevas formaciones políticas no institucionalizadas.Si, Pero: Pero también representó una mejora radical de los derechos de los obreros. El Estatuto de los Trabajadores fue uno de los principales ámbitos de actuación de los abogados radicales después de 1968, así como una fuente de conflictos entre ellos como consecuencia de las diversas alineaciones políticas.

La idea del Estatuto, una carta para proteger a los trabajadores de las grandes fábricas aún en manos de industriales autoritarios y paternalistas, surgió por primera vez en la década de 1960, pero tomó forma bajo la presión de las luchas obreras de 1968-69, durante las cuales el papel de los sindicatos tradicionales se vio muy debilitado por la llegada de organizaciones que representaban directamente a las bases. La carta fue obra del Partido Socialista, y la llevaron adelante profesionales especializados en derecho laboral, sobre todo Gino Giugni, entonces director de la oficina legislativa del Ministerio de Trabajo, y Federico Mancini, profesor de derecho laboral en la Universidad de Bolonia y posteriormente miembro del Tribunal Superior de Justicia Europeo.

Los juristas socialistas sostenían que había que regular la negociación colectiva, para lo cual eligieron la sindicalización del conflicto industrial; es decir, controlar las luchas obreras de 1968-69 aumentando el poder de los sindicatos. A muchos otros esta opción les pareció conservadora, porque los sindicatos eran entonces uno de los principales objetivos de la protesta, y no encontró inicialmente el favor del Partido Comunista. El PCI seguía una línea neoconstitucionalista, con la intención de llevar el debate político a la fábrica a través del partido y no de los sindicatos. Y criticó el Estatuto porque tenía escaso respaldo constitucional. Este punto de vista fue apoyado por los profesores de derecho laboral de tendencia comunista que gravitaban en torno a la Rivista giuridica del lavoro. Pero, como objetó Mancini, si la batalla por los derechos en la fábrica no se llevaba a cabo con el apoyo de los sindicatos, estaba condenada al fracaso. Al final, se llegó a un acuerdo en el parlamento entre las distintas facciones de la izquierda, y la ley fue aprobada. Consagraba algunos principios básicos, como el de la libertad sindical en los centros de trabajo, la prohibición de los despidos sin causa justificada y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.

El Estatuto de los Trabajadores, que se aplicaba a las grandes y medianas fábricas, tuvo dos efectos en el ámbito jurídico (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fue el motivo de la aparición política de expertos académicos en derecho laboral, que se convirtieron en asesores (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “assessors” en derecho anglo-sajón, en inglés) de los distintos gobiernos en materia de políticas laborales, y, por consiguiente, figuraron entre los principales objetivos de las Brigadas Rojas. Pero, al mismo tiempo, el Estatuto, al dar a los sindicatos un nuevo poder en las fábricas, disminuyó el papel que habían desempeñado los jueces en la protección de los trabajadores antes de 1970: los sindicatos cambiaron de estrategia, prefiriendo resolver los conflictos sobre los despidos por medios extrajudiciales y conflictivos, recurriendo a los jueces sólo cuando su posición era débil y no permitía otros tipos de solución.

La radicalización de los jueces

Las protestas obreras y la represión policial de 1968-69, que continuaron durante los años del terrorismo, expusieron el ámbito jurídico a todos los conflictos sociales y políticos del país. Así, el poder judicial se vio directamente enfrentado tanto al proceso de reforma en curso como a las fuerzas que se oponían a él y que recibían el apoyo de algunas otras instituciones del Estado. Esto intensificó las presiones sobre el poder judicial, que ya eran evidentes en 1964, cuando se fundó la Magistratura Democrática (MD) como una nueva sección de la Associazione Nazionale Magistrati para promover la democracia y la igualdad de oportunidades en el poder judicial y su estructura de carrera.

La MD se radicalizó con la exacerbación del conflicto social. Adoptó una postura firme contra la represión masiva de las protestas por parte de la policía y del estamento conservador de la judicatura, y contra el aumento exponencial de los casos que amordazaban la libertad de expresión. El 30 de noviembre de 1969, el Congreso del MD en Bolonia votó a favor de una moción que condenaba la detención de Francesco Tolin, director de Potere operaio, el periódico del grupo político de extrema izquierda del mismo nombre. La moción llegó a manos de los abogados defensores de Tolin, que la leyeron en el tribunal, provocando una gran protesta.

Doce días después, el atentado de Piazza Fontana, perpetrado por neofascistas con el apoyo de elementos de los servicios secretos, puso de manifiesto la existencia de dos poderes judiciales opuestos: uno alineado con el establishment y que actuaba como su brazo derecho en la represión de las protestas estudiantiles y obreras y en el encubrimiento de las tramas subversivas; el otro, un grupo de jueces acusados de flanquear a la extrema izquierda y de apoyar a los anarquistas que la policía había detenido inicialmente por poner la bomba. El conflicto entre ambos bandos llegó a ser tan feroz que algunos de los fundadores del MD abandonaron la asociación por miedo a ser calificados de “extremistas”. El 20 de diciembre de 1969, día de la escisión interna, MD optó por la radicalización. Siguió este camino mediante la teorización de lo que denominó “justicia alternativa”: argumentar a favor de un cambio de énfasis para pasar de un marco legal establecido por la ley a uno más sensible a la jurisprudencia, es decir, desplazar el poder del poder legislativo al judicial.

A medida que las protestas se agudizaban, los jueces del MD pasaron de la teoría a la acción, esforzándose por eliminar las desigualdades sociales y corregir los defectos del sistema social. Los medios de comunicación mostraron un gran interés por los llamados “pretori d’assalto”, los jueces que incoaron procedimientos para defender el medio ambiente contra la contaminación de las fábricas, así como para proteger la salud de los trabajadores y los derechos de los inquilinos desahuciados. El escándalo provocado por estos casos fue enorme y resonó en los medios de comunicación. Se criticó mucho la función política que desempeñaba la magistratura y su papel como sustituto de una clase política ineficaz. Además de defender a los vulnerables, también empezaron a interponer demandas contra los servicios secretos por corrupción y conspiración. Sin embargo, esta lucha emprendida por los jueces contra el establishment sólo obtuvo resultados modestos y se vio obstaculizada de múltiples maneras. La alianza entre el establishment y la rama conservadora del poder judicial hizo que se ejerciera una presión constante sobre los jueces del MD, que a menudo fueron apartados de las investigaciones que ellos mismos habían iniciado y sometidos repetidamente a medidas disciplinarias como castigo por su activismo político.

Además, a mediados de los años 70 la magistratura de izquierdas estaba atravesada por el mismo conflicto que afligía a la izquierda en general durante los años del terrorismo. Se debatía entre la necesidad de defender las libertades que el 68 había ayudado a consolidar y la necesidad de combatir el terrorismo. La promulgación de la Ley Reale provocó un acalorado debate en el país, y también en el ámbito jurídico, donde jueces, abogados, profesores universitarios y expertos en jurisprudencia discutieron sobre el mejor medio para derrotar al terrorismo. El MD optó por la vía de las libertades civiles, oponiéndose a la legislación de emergencia por ser perjudicial para los derechos individuales, y oponiéndose a la represión del terrorismo con juicios realizados sólo con pruebas circunstanciales. Esto invirtió la posición adoptada por el Partido Comunista, que asumió un papel directo en la lucha contra el terrorismo rojo, montando campañas de masas y colaborando eficazmente con los jueces de instrucción, para mostrar su transformación en un partido de orden público, dispuesto a entrar en el gobierno. Así, la postura del MD sobre las libertades civiles alejó a los jueces más cercanos a los comunistas.Entre las Líneas En 1977, un nuevo movimiento estudiantil distinto al del 68 cobró gran protagonismo en el país y desencadenó una cadena de acontecimientos dramáticos, desde el asesinato en Bolonia del estudiante Francesco Lorusso a manos de la policía, hasta las acusaciones de terrorismo presentadas contra un grupo de intelectuales, entre ellos el conocido filósofo Toni Negri. Ese mismo año, en su congreso de Rimini, el MD estuvo a punto de ceder, lo que se evitó por poco gracias a un acuerdo de compromiso.

La radicalización de los abogados

El viento de la radicalización afectó también a los abogados y, como en el caso de los jueces, produjo conflictos y divisiones internas.

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Los abogados italianos eran en su mayoría un cuerpo conservador alineado con los partidos políticos de centro-derecha.

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Los acontecimientos de 1968-69 llevaron a la FESAPI (Federación Italiana de Sindicatos de Abogados, fundada en 1964) a debatir sobre el nuevo papel del abogado en una sociedad cambiante y las políticas de reforma de la profesión jurídica. La conferencia de abogados italianos celebrada en Perugia en 1973 fue un punto de inflexión. Alfredo De Marsico, que había sido Ministro de Justicia en 1943 durante el régimen fascista, atacó a los jueces de izquierdas y la politización del ámbito jurídico y terminó su discurso con una apología del fascismo. Hubo una reacción masiva por parte de los abogados democráticos, y desde 1973 hasta finales de los años 70, la FESAPI se radicalizó fuertemente.

Los abogados radicales se implicaron directamente en la defensa de los estudiantes, los trabajadores y los militantes de izquierda, tarea que asumieron diferentes generaciones.Entre las Líneas En primer lugar, estaba la generación de abogados nacidos durante el régimen fascista, que tenían unos cuarenta años en el 68. Estos abogados no estaban generalmente vinculados al Partido Comunista, sino al Partido Radical (comprometido desde los años 50 en la lucha por los derechos civiles), y actuaron como puente con los estudiantes de las facultades de Derecho que se convirtieron en abogados a partir de 1971. Entre 1968 y 1971 se organizaron “colectivos jurídico-políticos” en numerosas ciudades italianas para prestar asistencia jurídica a los militantes procesados. Sin embargo, estos colectivos no eran todos de la misma naturaleza.Entre las Líneas En Milán, en 1971, se creó una red nacional de abogados y militantes, especializada en la asistencia a los presos y en la defensa de sus derechos. Algunos abogados que trabajaban con Soccorso rosso (Asistencia roja) fueron acusados de connivencia con las revolucionarias y violentas Brigadas Rojas (formadas en 1970 para luchar por un estado revolucionario). Mientras tanto, en Bolonia se creó en 1971 una organización, algunos de cuyos miembros eran jóvenes abogados que habían comenzado su carrera en la Facultad de Derecho de la universidad local, tenían opiniones de extrema izquierda y participaban en manifestaciones políticas contra el movimiento neofascista y la legislación de emergencia. Sin embargo, evitaba la implicación política directa que caracterizaba al Soccorso rosso.

Cuando comenzaron los juicios de las Brigadas Rojas, los abogados italianos, radicales o no, se enfrentaron a una situación totalmente nueva. Los terroristas se negaron a ser defendidos por abogados, ya que su propósito era desafiar la existencia del propio juicio como manifestación del poder del Estado. Además, muchos abogados que habían sido amenazados por los terroristas se negaron a actuar como defensores de oficio, a pesar de la insistencia del Consiglio Nazionale Forense (Colegio Nacional de Abogados) en que el ejercicio de la defensa, aunque fuera peligroso, era un deber ineludible del abogado.Entre las Líneas En 1976 se abrió en Turín el primer juicio a las Brigadas Rojas, en el que se procesó a los “líderes históricos” del grupo, y el abogado Fulvio Croce, que había asumido la defensa de los terroristas como presidente del colegio de abogados local, fue asesinado por otros brigadistas. La cuestión del abogado defensor designado por el tribunal se volvió así aún más dramática. Tras decenas de negativas, veinte abogados aceptaron por fin defender a los acusados. Eran profesionales con trayectorias muy diferentes: Bianca Guidetti Serra había sido partisana durante la Segunda Guerra Mundial y era una destacada representante del movimiento feminista, mientras que Vittorio Caissotti di Chiusano era el abogado de la empresa Fiat y de la familia Agnelli. Todos estos abogados aceptaron una tarea onerosa con respecto a los acusados que los rechazaban y adoptaron una forma de comportamiento totalmente inédita.

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Los abogados de oficio acabaron aceptando la decisión de las Brigadas Rojas de defenderse y, en consecuencia, limitaron su papel a garantizar la legalidad del juicio, sin interferir en la autodefensa montada por los acusados.Entre las Líneas En este juicio fueron condenados 29 acusados, la mayoría de ellos con cadena perpetua, mientras que 15 fueron absueltos.

A finales de los Años 90

En los treinta años que siguieron a 1968, continuó la agitación en la abogacía porque Italia seguía en un estado de emergencia constante. La radicalización de una parte de la magistratura italiana en el 68 resultó ser un buen campo de pruebas para afrontar los retos planteados por la emergencia mafiosa de los años 80 y 90, y por el colapso del sistema político bajo el peso de su propia corrupción. Una parte de la magistratura, algunos de cuyos miembros pagaron con sangre su acción contra la Mafia, siguió desempeñando un papel independiente respecto a un sistema político delincuente, y se convirtió así en protagonista ante la opinión pública y los medios de comunicación. A principios de los años 90, por iniciativa de un grupo de jueces milaneses, la clase política que había gobernado Italia desde finales de los años 70 fue acusada de corrupción y juzgada. El poder judicial desempeñó, por tanto, un papel político de primer orden y fue el principal responsable de la caída de la llamada “Primera República”.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Mientras que para los jueces era paradójicamente más fácil mantener una postura independiente y progresista, los abogados radicales tendían a volver al establishment. Concluido el periodo de militancia, un número considerable de jóvenes abogados se convirtieron en profesionales de éxito.

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Los abogados penalistas adquirieron especialmente una gran visibilidad pública en los juicios sobre el crimen organizado de la mafia y la corrupción política, compitiendo con los jueces para ganar la atención de los medios de comunicación. La popularidad de la que gozaba Forza Italia, el partido de centro-derecha liderado por Silvio Berlusconi, entre los abogados a mediados de la década de 1990 incluía incluso a algunos que anteriormente habían profesado principios de izquierda y habían sido activistas en 1968. Del mismo modo, algunos abogados laboralistas respondieron al deterioro de las condiciones de trabajo en la sociedad postindustrial poniéndose simplemente al servicio de la nueva cultura de la flexibilidad. Una vez más corrió la sangre cuando el experto en derecho laboral Marco Biagi fue asesinado en 2002 por las nuevas Brigadas Rojas porque había sido un asesor pro-flexibilidad del Ministro de Trabajo durante el segundo gobierno de Berlusconi.

Hoy, el ámbito jurídico italiano refleja todas las contradicciones de un país atravesado por una dramática crisis política. Silvio Berlusconi no ha conseguido amordazar al poder judicial a pesar de la movilización de sus cadenas de televisión y de los periódicos contra los “jueces rojos”. Estos últimos han cumplido con su deber al someter a Berlusconi a juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus negocios, juicios que han concluido con la condena o la absolución de Berlusconi por falta de pruebas en virtud de la prescripción. Por estos motivos, Berlusconi ha acusado a los jueces de ser comunistas, enfrentándose a ellos sus abogados personales, algunos de los cuales se han convertido luego en diputados o senadores.Entre las Líneas En su condición de parlamentarios pertenecientes a la coalición mayoritaria han contribuido decisivamente a la promulgación de leyes destinadas a proteger a Berlusconi en los procesos judiciales abiertos contra él. El otro objetivo del primer ministro ha sido reformar el poder judicial y su órgano de autogobierno, el Consiglio Superiore della Magistratura, con el propósito de reducir su independencia del ejecutivo. La reforma aún no se ha llevado a cabo, pero se pretende emular el modelo francés separando la carrera de juez instructor de la de juez juzgador. La política judicial de Berlusconi ha dividido las filas de los abogados, muchos de los cuales ven con buenos ojos una reforma del poder judicial que reduzca su poder.Si, Pero: Pero los abogados que no están de acuerdo con Berlusconi no han expresado abiertamente su disconformidad, ya que el modelo americano del abogado de negocios totalmente identificado con su profesión y sin contacto con la sociedad en general se ha hecho más común en Italia recientemente.

Historia de los abogados disidentes

La radicalización de los abogados italianos durante y después del 68 y su compromiso con el ejercicio de su profesión sólo fue nueva en parte. Aunque la mayor parte de la profesión se había alineado normalmente con el establishment, y de hecho había llegado a un acuerdo con la dictadura fascista, en varios periodos de la historia del país pequeñas minorías habían emprendido previamente una actividad independiente y crítica. A finales del siglo XIX y principios del XX, los abogados socialistas defendieron a los trabajadores detenidos durante las huelgas y manifestaciones en defensa de sus derechos, mientras que durante el periodo fascista los abogados disidentes se opusieron al régimen y se unieron a los partisanos en su lucha armada contra los nazis. Asimismo, bajo los gobiernos conservadores democristianos de la posguerra, los abogados se habían unido al Partido Comunista en defensa de los trabajadores. Así pues, los abogados radicales del 68 estaban retomando y regenerando en muchos sentidos esta tradición de activismo político y enriqueciéndola con nuevas nociones sobre el papel que debía desempeñar su profesión en una sociedad cambiante.

Sin embargo, en Italia, al igual que en Alemania, 1968 inició un periodo más prolongado y turbulento que se prolongó hasta finales de los años setenta.Entre las Líneas En ambos países, la protesta dio lugar a formas extremas de radicalización de la izquierda contra el establishment.Si, Pero: Pero en Italia, a diferencia de Alemania, el viento de las reformas se vio inmediatamente contrarrestado por grupos terroristas neofascistas cuya connivencia con los servicios secretos del Estado ha quedado ahora definitivamente demostrada en el curso de los numerosos juicios celebrados contra los autores de extrema derecha de los atentados de la época. El rasgo distintivo del 68 italiano es, por tanto, que inició un periodo en el que los llamados “extremismos opuestos” se enfrentaron en una espiral de violencia creciente, en medio de la desestabilización de las instituciones democráticas.

Una minoría de profesores universitarios de derecho, magistrados y abogados optaron por asumir un papel activo en el proceso de cambio social. Contribuyeron a la aparición de nuevas culturas jurídicas en el ámbito del derecho laboral, el derecho de familia y el derecho penal, y prestaron su experiencia para el lanzamiento de reformas sociales.Entre las Líneas En su calidad de juristas, también defendieron los derechos sociales y políticos y apoyaron a los grupos desfavorecidos. Mientras que los magistrados organizaban investigaciones sobre cuestiones medioambientales y sanitarias, y trataban de descubrir la verdad sobre las supuestas conspiraciones detrás de los atentados terroristas, los abogados creaban colectivos en defensa de los estudiantes y trabajadores detenidos por la policía durante las manifestaciones y huelgas.

Los efectos positivos del “largo 1968” son hoy malinterpretados por amplios sectores de la opinión pública italiana, y por fuerzas políticas empeñadas en reconstruir la memoria de aquellos años recordando sólo la violencia de los conflictos posteriores. Sin embargo, los cambios que el 68 produjo en los derechos sociales, la teoría y la práctica social no se detuvieron, y tuvieron efectos de gran alcance en la modernización de la sociedad italiana.Entre las Líneas En su conjunto, el activismo de los abogados radicales tuvo un papel decisivo en el nacimiento de la “sociedad de los derechos”, que puede considerarse el logro perdurable del “largo 68″ italiano.

Datos verificados por: Andrews

Recursos

Véase También

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