Abogado de Oficio

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Abogado de Oficio en Estados Unidos

A lo largo de los años, varias decisiones históricas del Tribunal Supremo han establecido el derecho de un acusado indigente a la asistencia de un abogado con cargo al erario público.Si, Pero: Pero hoy los críticos dicen que el sistema de defensores públicos del país está en crisis. Aproximadamente entre el 80 y el 85 por ciento de todos los acusados de delitos en los tribunales estatales, donde se procesan la mayoría de los delitos, son indigentes y están representados por algún tipo de abogado de oficio, con un coste anual para los estados y condados de más de 3.500 millones de dólares.Si, Pero: Pero muchos abogados de la defensa pública e investigadores sostienen que hay que gastar mucho más porque la financiación (o financiamiento) de muchos sistemas de defensa de indigentes es “vergonzosamente inadecuada”. También se culpa a la excesiva carga de casos, a la alta rotación de abogados mal pagados, a la escasa formación y supervisión y a la interferencia judicial de muchas de las deficiencias. Según un experto, en algunos sistemas mal financiados, un solo abogado de oficio se ocupa de 1.000 casos al año.

El juicio de Brian Nichols, que supuestamente disparó y mató a un juez, a un reportero del tribunal, a un ayudante del sheriff y a un agente de aduanas de EE.UU., ha costado a Georgia casi 2 millones de dólares hasta ahora y ha restado dinero a otros casos de pena capital. Al menos otra docena de juicios de pena de muerte se han retrasado porque no se ha podido pagar a los abogados defensores asignados.

Datos verificados por: Dewey

Abogado de Oficio en el Derecho Español

En el Diccionario Jurídico Espasa, Abogado De Oficio se define como el “abogado designado por el Colegio de Abogados para la defensa de personas con derecho, declarado provisionalmente o con carácter definitivo, a la asistencia jurídica gratuita, en cualquiera de los ámbitos procesales, o, también al designado por dicho Colegio, en el ámbito del proceso penal, para la defensa de todos los imputados, que, aún teniendo medios económicos suficientes, no han querido designar uno de su libre elección para su defensa.”

Y continúa el diccionario:

“La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 14 de noviembre de 1988, núm 216/1988 recordó que a «diferencia del proceso civil en que la defensa de oficio aparece como consecuencia y derivada del beneficio de pobreza en el proceso penal cuando el imputado deba ser asistido o defendido preceptivamente por Letrado en determinadas fases del procedimiento, se establece el nombramiento de oficio cuando aquél no lo haya designado y ello independientemente de la situación económica de aquél Según el art 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el órgano judicial ha de designar de oficio Procurador y Letrado cuando el acusado, pese a habérsele requerido para ello, no los hubiese nombrado por sí mismo, pero precisa, en relación con la fase de recurso que este poder/deber se le impone cuando el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) “haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación” ello quiere decir que en la fase de recurso, la designación de Letrado de oficio por el órgano judicial penal, solo tendría lugar en aquellos casos en los que legalmente resulte “indispensable” su actuación, esto es, cuando la ley exija preceptivamente la intervención del Letrado como requisito para el recurso»

Pero hay que destacar que la propia sentencia añade «El art 63c) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, por su parte, reconoce el derecho del acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) a la asistencia gratuita por un Abogado de oficio, si no tiene medios para pagarlo y cuando los intereses de la justicia lo exijan.Entre las Líneas En línea con este precepto, este Tribunal ha venido entendiendo que corresponde también al acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) el derecho a que se le designe defensa letrada de oficio también en los casos en los que aunque la defensa letrada no sea preceptiva se ha solicitado nombramiento de Letrado de oficio por carecer de medios económicos. Así, según la STC 47/1987, el derecho a la defensa y asistencia letrada impone a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre las respectivas posiciones procesales de las partes o limitaciones en la defensa susceptibles de ocasionar indefensión, que «se puede producir cuando se priva a quien adolece de insuficiencia de recursos para litigar de la posibilidad efectiva de ser asistido por Letrado, denegándole el derecho a que se le nombre de oficio» En suma, el derecho reconocido en el art 242 de la Constitución no solo incluye el derecho de la parte en el proceso a poder designar un Letrado de su elección, sino también a que, cuando corresponda, le sea designado un Letrado de oficio.Entre las Líneas En el proceso penal el derecho a la designación de Abogado de oficio existe en todos los casos en los que siendo preceptiva la asistencia de Letrado el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) no haya designado Letrado de su elección y además en aquellos casos en los que, aunque no sea preceptiva la asistencia de Letrado, carezca de medios económicos para designarlo y lo solicite del órgano judicial».

Más sobre Abogado De Oficio

Por ello, la figura del abogado de oficio debe ser estudiada desde una doble faceta: a) en función del derecho de asistencia jurídica gratuita (Véase asistencia jurídica gratuita).

La abogacía ha venido gloriándose desde tiempos antiguos (no lo sé si hoy se sigue haciendo por todos los abogados inscritos en los diversos colegios; significativo es el hecho de haber un «turno de oficio» en el que no están todos los colegiados) de la defensa gratuita de los llamados «pobres» (frente a los «ricos»), estableciendo los Colegios el turno correspondiente (artículo 4402 LOPJ y artículos 57 a 60 del Estatuto).

Una vez designado el abogado de oficio, éste tiene las mismas obligaciones que el abogado designado libremente por el interesado.

Por ello, su actuación debe ser controlada por el juez o magistrados de la Sala correspondiente, en defensa del cliente considerado como más débil, en cuanto los medios o instrumentos de control que éste tiene a su alcance son menores.

La sentencia 13/2000, de 17 de enero de 2000, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, recordó que «Sobre el derecho fundamental a la defensa y asistencia letrada (art 242 CE) resulta oportuno traer a colación la reiterada doctrina de este Tribunal, expuesta, entre otras muchas, en SSTC 37/1988, de 3 de marzo, 53/1990, de 26 de marzo, 91/1994, de 21 de marzo y 105/1999, de 14 de junio, según la cual los órganos judiciales han de velar por evitar la indefensión del justiciable en el proceso penal, especialmente en los casos en que la dirección y representación se realiza mediante la designación de oficio, no bastando para tutelar el derecho de defensa la designación de los correspondientes profesionales, sino que la realización efectiva del derecho de defensa requiere, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus Sentencias de 9 de octubre de 1979 (caso Airrey), 13 de mayo de 1990 (caso Artico) y 25 de abril de 1983 (caso Pakelli), proporcionar asistencia letrada real y operativa. Esta exigencia, por lo demás elemental y obvia, conecta a su vez con nuestro criterio de que la indefensión, concebida como la negación de la tutela judicial en su conjunto y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art 242 CE, ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo Por eso en esta sede se ha hablado siempre de indefensión material y no formal, para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de ésta cuando se produce de hecho como consecuencia de aquélla. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías, en relación con algún interés de quien lo invoca (SSTC 181/1994, de 20 de junio, 316/1994, de 28 de noviembre, 137/1996, de 16 de septiembre, y 105/1999, de 14 de junio, por todas)».

Otros Aspectos

La sentencia de 14 de junio de 1999, núm 105/1999, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional estableció, reiterando doctrina ya establecida, que «no basta para considerar satisfecho el derecho de defensa con la mera designación de los correspondientes profesionales, siendo necesario que los así nombrados proporcionen una asistencia real y operativa a sus patrocinados (ATC 158/1996), como ha puesto de manifiesto el TEDH en sus Sentencias de 9 de octubre de 1979 (caso Airrey), 13 de mayo de 1980 (caso Artico), y 25 de abril de 1983 (caso Pakelli). Esta exigencia, por lo demás elemental y obvia, conecta a su vez con nuestro criterio de que la indefensión, concebida como la negación de la tutela judicial en su conjunto y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el párrafo segundo del art 24 de la Constitución, ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo Por eso en esta sede se ha hablado siempre de indefensión «material» y no formal, para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de ésta cuando se produce de hecho como consecuencia de aquélla. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías, «en relación con algún interés» de quien lo invoca (STC 181/1994, 361/1994 y 137/1996). Aquella lejana irregularidad formal dio pie a que en el recurso de casación y sin audiencia se dictara una segunda sentencia condenatoria con una incidencia eventual negativa en su libertad personal y en su consideración social, causándole un perjuicio actual y efectivo, consistente en su condena como autor de unos delitos de cohecho y falsedad a la correspondiente pena.

Se convierte así en la indefensión material proscrita constitucionalmente y, por ello, el demandante merece el amparo que pide.

La sentencia de 21 de abril de 1998, núm 795/1998 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, dictada en el llamado «Caso Daud contra Portugal» dijo: «El Tribunal recuerda que el Convenio tiene por finalidad “proteger los derechos no teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos, y que el nombramiento de un abogado no asegura, por sí mismo, la efectividad de la asistencia que puede proporcionar al acusado” (Sentencia Imbrioscia contra Suiza de 24 noviembre 1993, serie A núm 275, pág 13, ap 38). “No se podría, por lo tanto, imputar a un Estado la responsabilidad de todo incumplimiento de un abogado de oficio [] De la independencia del Colegio de Abogados con relación al Estado, se desprende que la conducción de la defensa pertenece esencialmente al acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) y a su abogado, nombrado a título de ayuda judicial o retribuido por su cliente. El artículo 63, c) solo obliga a las autoridades nacionales competentes a intervenir si la carencia del abogado de oficio aparece manifiesta o si se les informa de ello suficientemente de alguna otra manera” (Sentencia Kamasisnki contra Austria de 19 diciembre 1989, serie A núm 168, pág 33, ap 65).Entre las Líneas En este caso, hay que partir de la constatación de que, teniendo en cuenta la preparación y la conducción del asunto por los abogados nombrados de oficio, el resultado que pretende el artículo 63 no ha sido alcanzado. El Tribunal señala que el primer abogado de oficio, antes de declararse enfermo, no tomó ninguna medida en su condición de abogado del señor Daud, quien intentó en vano defenderse a sí mismo.Entre las Líneas En cuanto al segundo, del que el demandante solo conoció su nombramiento días antes de la apertura del proceso ante el Tribunal de lo criminal, el Tribunal considera que no dispuso del tiempo que habría necesitado para estudiar el sumario, ir a ver, dado el caso, a su cliente a la cárcel y preparar su defensa El plazo (véase más en esta plataforma general) entre la notificación de la sustitución del abogado (23 de enero de 1993 -apartado 19- supra) y la audiencia (26 de enero de 1993 -apartado 20- supra) se revela demasiado breve para un asunto grave y complejo en el que no había habido instrucción y que desembocó en una larga condena. El Tribunal Supremo no remedió la situación ya que su Sentencia de 30 junio 1993 declaró el recurso inadmisible a falta de la presentación adecuada de los motivos (apartado 23 supra). Por lo tanto el señor Daud no se benefició de una defensa concreta y efectiva como lo requería el artículo 63, c) (Sentencia Goddi contra Italia de 9 abril 1984, serie A núm 76, pág 11, ap 27). El Tribunal debe por lo tanto verificar si incumbía a las autoridades competentes, respetando el principio fundamental de la independencia del Colegio de Abogados, actuar de manera que aseguraran al interesado el disfrute efectivo del derecho que le han reconocido.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

También en el Diccionario Jurídico

El Tribunal constata primeramente que el Juez de Instrucción rechazó la solicitud de apertura de instrucción formulada por el demandante el 15 de octubre de 1992, por el motivo principal de estar redactada en español (apartados 9-10 supra). El magistrado responsable del asunto rechazó por la misma razón la de 15 de diciembre, que invitaba al Tribunal a que procediese a ciertos actos de instrucción (apartados 17 y 18 supra). Estas negativas, por sí mismas, no tuvieron consecuencias sobre la equidad del proceso ya que las diferentes medidas de instrucción solicitadas por el demandante fueron llevadas a cabo durante el juicio [], el Tribunal habría debido informarse de la manera en que el abogado ejercía su ministerio, y eventualmente, proceder antes a su sustitución, sin esperar que éste declarara no estar en condiciones de ejercer dicho ministerio en nombre del señor Daud.

Otros Elementos

Por otro lado, tras haber designado un sustituto, el Tribunal de lo criminal de Lisboa, que debía saber que el demandante no había tenido hasta el momento una verdadera asistencia judicial, habría podido, por propia iniciativa, aplazar los debates Que el segundo abogado de oficio no haya presentado tal demanda no tiene importancia. Las circunstancias del caso imponían al Tribunal no permanecer pasivo (véase más en esta plataforma) []. El conjunto de estas apreciaciones lleva al Tribunal a constatar un incumplimiento de las exigencias de los apartados 1 y 3c) combinados, del artículo 6 desde la fase del sumario hasta el inicio de las audiencias ante el Tribunal de lo criminal de Lisboa Hubo por lo tanto violación de estas disposiciones».

b) como queda dicho en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 14 de noviembre de 1988, núm 216/1988, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118. [JPGV]

Abogado de Oficio

Traducción al Inglés

En el ámbito de los derechos humanos, la traducción de abogado de oficio es duty solicitor.

Recursos

Véase También

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