Airbnb

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Airbnb fué fundada en San Francisco en 2008.

La Unión Europea ya ha tenido que manifestarse sobre el fenómeno de la economía colaborativa: “representa la complementación ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico de la economía de la producción por la economía del consumo. Además supone una solución a la crisis económica y financiera en la medida que posibilita el intercambio en casos de necesidad”, dictaminó el pasado enero.

Estados Unidos

Desde mayo del 2014, la Fiscalía de Nueva York investiga el impacto de estos alquileres a corto plazo, porque podrían restringir la oferta de inmuebles y volverlos menos asequibles en las grandes ciudades.

Otros Elementos

Además, en la Gran Manzana, alquilar un apartamento completo por menos de 30 días es ilegal.

Environmental Control Board de la ciudad de Nueva York condenó a un particular que alquiló una habitación a un desconocido por medio de Airbnb.Entre las Líneas En concreto, al multado, Nigel Warren, se le impuso una sanción de 2.400 dólares por infringir la Ley de Hoteles Ilegales, vigente desde 2011 en la ciudad de los rascacielos para proteger a la industria hotelera. Esta primera sanción puede tener implicaciones importantes, por cuanto la ley en la que se basa el Código Administrativo de Nueva York se reproduce en otras ciudades de EEUU y también podría extenderse a Europa. Y no ha sido el único caso, en febrero pasado, la Corte Suprema de Nueva York impuso como medidas cautelares el cierre de la web smartaparments alegando que alojar a “desprevenidos turistas” en establecimientos ilegales podría causar un daño irreparable, en caso de, por ejemplo, un incendio.

Ya existen otros lugares donde hay restricciones, lo que lleva a una fragmentación del mercado. “En Nueva York ya estamos viendo restaurantes y otros comercios beneficiarse en algunos distritos porque por ejemplo en Manhattan el mercado está comprometido legalmente”, afirma Uhrenbacher.

San José (California), Washington DC y Chicago

La ciudad de San José aprobó una ley el pasado mes de enero que permite a los residentes compartir su vivienda. Desde el 1 de febrero Airbnb cobra y remite los impuestos turísticos en nombre de los usuarios.Entre las Líneas En Washington DC y Chicago ha comenzado a hacerlo el 15 de febrero.

Airbnb en Londres, Reino Unido

[rtbs name=”derecho-del-reino-unido”] El 26 de marzo del 2015, el Parlamento inglés aprobó una nueva ley según la que se autoriza el alquiler de parte o de la totalidad de los hogares particulares con fines turísticos sin solicitar autorización a las autoridades locales de Londres y otras poblaciones.

Cualquiera que desee alquilar su casa de Londres por un corto periodo de tiempo, ahora puede hacerlo sin tener que pagar por un permiso local”. El límite en la capital británica está en un máximo de 90 días al año.
Esta regulación se enmarca en una serie de medidas encaminadas a apoyar la economía colaborativa en el país, que fueron anunciadas por el Gobierno la semana pasada. Entre ellas figuran:
– Facilitar que los anfitriones puedan obtener el permiso de los propietarios para compartir casa actualizando el modelo oficial de arrendamiento, de modo que puedan hacerlo por defecto.
– Animar a los funcionarios a usar opciones de economía colaborativa en sus viajes de trabajo.
– Llevar a cabo proyectos piloto locales de ‘sharing cities’ en ciudades como Manchester y Leeds, para explorar el potencial de los modelos colaborativos de transporte, espacios públicos, salud y atención social.

Estas medidas se anunciaron junto con los presupuestos anuales y están basadas en las conclusiones de un informe independiente encargado el año pasado sobre economía colaborativa, que afirmaba que el Reino Unido debería aspirar a liderar este mercado mundial.
Actualmente son más de 39.000 las viviendas que se anuncian en la plataforma de Airbnb en el país.

Airbnb en Hamburgo y Berlín, Alemania

El parlamento alemán aprobó una ley, promulgada por el país en julio del año 2013, que legaliza el alquiler de una habitación privada sin necesidad de solicitar ningún tipo de autorización o licencia administrativa, a condición de que se trate de primera vivienda y los propietarios de la misma estén de vacaciones.

En Alemania, en ciudades como Hamburgo o Berlín, la legislación impone restricciones al alquiler particular, en la capital la norma varía incluso entre distritos.

Airbnb en Amsterdam, Holanda

Las autoridades de Amsterdam firmaron un acuerdo, en diciembre del año 2014, con Airbnb para promover el intercambio de viviendas y simplificar el pago del impuesto turístico en los Países Bajos. El convenio contiene la obligación de Airbnb de recaudar y remitir a la administración de Amsterdam el citado impuesto turístico, con efectos a partir de febrero del año 2015.

Airbnb en España

Precisamente en Baleares está prácticamente prohibido el alquiler vacacional por la legislación regional. Hasta ahora los propietarios se amparaban en la LAU, pero si ésta se modifica no existirá otra regulación que la de la comunidad autónoma. Ésta recoge que solo las viviendas unifamiliares con un baño por cada tres plazas podrán ser alquiladas, según informa Ultimahora.es.

Otros Elementos

Además, deberán ofrecer servicios propios de un alojamiento profesional (atención al público o limpieza). Las multas por infringir esta ley van desde los 40.000 a los 400.000 euros.

Primero hizo una ley para controlar este tipo de establecimiento, luego se ha ido restringiendo la concesión de licencias para viviendas de uso turístico en los barrios céntricos más demandados de Barcelona y en julio del año 2014, imponía una multa por importe de 30.000 euros a Airbnb por comercializar una oferta ilegal, la primera sanción que recibe esta web en Europa.

Otros Elementos

Además, el Gobierno catalán ha amenazado a la plataforma digital con impedir el acceso a la misma desde cualquier IP situada en Catalunya si no rectifica.

En España hay que buscar, por un lado, en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y, por otro, en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

Este alquiler entre particulares por temporadas limitadas, habitualmente para vacaciones, puede verse comprometido por el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, que está siendo debatido en el Senado. Con él se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que actualmente ampara este negocio y que dejaría de hacerlo si se aprueba la legislación, pasando el testigo a las comunidades autónomas, algunas de las cuales imponen restricciones o sencillamente ofrecen un vacío legal.

Si la LAU se modifica la actividad de estas compañías puede verse afectada, y con ella el mercado del alquiler particular en España. El proyecto de ley deja sin amparo la cesión de una vivienda “comercializada o promocionada en canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) de oferta turística”. Está por ver si estas empresas pueden entrar dentro del colectivo señalado. Para Jeroen Merchiers, responsable de airbnb en España, está clara la dirección del texto. “Normativas como el proyecto de ley que se está debatiendo inciden en un modelo que perjudica a nuestra comunidad así como a potenciales viajeros que deseen visitar zonas con poca presencia hotelera y prefieren una experiencia diferente durante sus vacaciones”, apunta.

En otras palabras, el Gobierno dejó a las comunidades autónomas barra libre para regular los polémicos alquileres turísticos.

La primera autonomía en atender las reclamaciones de los empresarios fue Cataluña, que en 2010 aprobó un decreto por el que creaba la figura legal de ‘vivienda de uso turístico’ y obligó a todos estos establecimientos a estar dados de alta en un registro y pagar la tasa turística que se cobra en Cataluña, que oscila entre los 0,75 euros y los 2,5 euros en función de la categoría del establecimiento. Actualmente hay regularizadas 25.690 viviendas de uso turístico que representan 153.000 plazas, aunque un informe de la Generalitat reconoce que puede haber hasta medio millón de plazas más sin regularizar.Si, Pero: Pero es que, además, el Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos en los barrios más céntricos y demandados de la ciudad: Eixample, Vila de Gràcia, Poble Sec, Ciutat Vella o Galvany.

Sólo otras dos comunidades españolas han reaccionado y ya están trabajando en borradores para regular los alquileres turísticos de viviendas particulares: Andalucía y Madrid.

Andalucía ya tiene un borrador de real decreto, cuya tramitación está prevista que concluya a finales de este ejercicio. Se establece la obligatoriedad de que todos los establecimientos de uso turístico estén inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, un trámite que será gratuito y que incluirá una declaración responsable. La inscripción le otorga un número de identificación que debe aparecer en todas las promociones y publicidades que realice. El texto considera viviendas de uso turístico todas aquellas “ubicadas en inmuebles levantados en suelo con uso residencial, excepto las rurales, que ofrezcan alojamiento de forma habitual y con fines turísticos”. Los que no lo hagan se exponen a multas que oscilan entre 2.000 y 150.000 euros.

Por su parte el borrador diseñado en la comunidad de Madrid y que podría aprobarse este mismo mes se basa en dos principios: garantizar los derechos de los usuarios y evitar la competencia desleal. Establece que las viviendas no podrán ser alquiladas por habitaciones y que se podrá establecer un período mínimo de estancia. Los propietarios podrán empezar a alquilar la vivienda una vez que la registren ante la Comunidad y con una declaración responsable será suficiente.Entre las Líneas En el borrador se da libertad a los municipios para cobrar o no cobrar la tasa.

En otras palabras, tanto en Madrid como en Andalucía se esperan normativas para regular los alquileres turísticos de viviendas privadas mucho menos restrictivas que en Cataluña.

Puntualización

Sin embargo, son las únicas comunidades que han avanzado en una regulación que es tan demandada por los hoteleros como por las asociaciones de viviendas de uso turístico.

Airbnb en Milán, Italia

Milán, tras llevar a cabo una consulta pública, se comprometió a regular las actividades de la economía colaborativa.

Airbnb en París, Francia

En febrero del año 2015 se aprobó la “loi Alur”. También en febrero del 2015 el ayuntamiento de París llegó a un acuerdo con Airbnb por la que ésta última recolectaba la tasa turística (véase el impuesto turístico) en nombre de los propietarios de las viviendas.

Airbnb y Responsabilidad de la web

¿Hasta que punto se puede considerar a web responsable de que se oferten viviendas turísticas ilegales?.Entre las Líneas En España, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, en principio, deja indemnes a este tipo de webs que albergan contenido de otros o proporcionan enlaces siempre y cuando “no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente”.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Pero hay que mirar más allá y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 12 de julio de 2011 de L’Oreal y eBay es esclarecedora en este tema. L’Oréal acusó a eBay de no hacer lo suficiente para evitar la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de productosfalsificados a través de su sitio de subastas electrónicas. El alto tribunal europeo en su sentencia desestimó la demanda de la multinacional de cosmética se remitió a la directiva comunitaria.

El artículo 14 de la Directiva señala que cuando se presta un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios puede estar exonerado de responsabilidad respecto de los datos almacenados a petición del destinatario. Esta exención opera siempre y cuando: El prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de la actividad o la información ilícita y cuanto tenga conocimiento de ello, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Eso sí Sentencia marca una apreciación muy a tener en cuenta: concluye que estas exenciones se aplican siempre que dicho operador no desempeñe lo que viene a llamar “un papel activo” que le permita adquirir determinado conocimiento o control de los datos relativos a las ofertas que se realizan en el mercado de subastas electrónicas. Y se entiende que el operador desempeña papel activo “cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o la promoción de tales ofertas”.Entre las Líneas En otras palabras, siempre que la web se involucre de alguna manera en el contenido podrá ser responsable las posibles ilegalidades y, en estos casos, cada Estado de la UE será quien decida las sanciones.

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¿Juega Airbnb ese papel activo del que habla la sentencia de L’Oreal? “Bueno, lo cierto es que hace recomendaciones del precio de los alquileres, de los servicios que tienen que tener la vivienda (café, mapas de ciudad, Internet…) con lo que cierta involucración hay”, explica el abogado de Turism & Law, que, sin embargo, cree que la Generalitat de Catalunya va a tener difícil defender la sanción impuesta a Airbnb, al igual que llevar a cabo la amenaza de cerrar la web. “Esto no es China ni Corea del Norte, es difícil cumplir la amenaza de cerrar la web”

¿Puede la Generalitat censurar el acceso a determinadas webs? Cualquier administración puede bloquear el acceso a determinadas páginas de Internet, aunque para ello necesitará el apoyo de las operadoras de servicios de telecomunicaciones, que no estarían muy dispuestas y tendría un grave coste (o costo, como se emplea mayoritariamente en América) de imagen a nivel global. “Esto no es China ni Corea del Norte”, apunta un analista del sector digital.

“Las sanciones o cierres de web pueden ser contraproducentes. Sólo se fomentaría la aparición de mercados negros y de actores que operan fuera del país con menores niveles de garantías y seguridad para los usuarios así como una menor capacidad de recaudación fiscal”, afirma Rafael García del Poyo, socio de Osborne Clarke.

Véase también

Uber

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