Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal Internacional

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Debate Sobre la Implementación del Estatuto de Roma en el Derecho Interno y Otras Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal Internacional

[rtbs name=”delitos-internacionales”] [rtbs name=”derecho-penal-internacional”] [rtbs name=”sujetos-del-derecho-penal-internacional”] [rtbs name=”extradicion”][rtbs name=”ejecucion-del-derecho-penal-internacional”] la mayoría de los participantes latinoamericanos discreparon con la evaluación positiva expresada en la exposición de Grammer. Todos ellos coincidieron en la usual inconsistencia de estos Estados en lo que respecta a la suscripción de tratados de derechos humanos y con contenido penal internacional. Los Estados latinoamericanos nunca habrían tenido reparos en suscribir todos los tratados en la materia, pero generalmente presentarían enormes déficit en su implementación y aplicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Esto no sería una excepción en el caso del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual, si bien había sido suscrito por la gran mayoría de los Estados, se encontraba también en la mayoría de ellos pendiente de implementación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Grammer hizo ver que su valoración se refería a un plano normativo y específicamente a la posibilidad de considerar al Estatuto de la Corte Penal Internacional como fuerza motriz del derecho penal internacional.Entre las Líneas En la medida en que el Estatuto recibiera numerosas ratificaciones se estaría cumpliendo el propósito normativo del principio de subsidiaridad, vale decir, de un marco normativo que permitiera fortalecer la persecución de ilícitos penales internacionales, en primer lugar, a escala nacional.Entre las Líneas En tal sentido Grammer reiteró que la velocidad con la que la comunidad latinoamericana ha ingresado al sistema de la Corte Penal Internacional, a excepción de la situación europea, no tiene parangón en la historia de la comunidad internacional. Además reiteró que la circunstancia de que la mayoría de los países tengan proyectos prelegislativos o legislativos en marcha también era un ejemplo, en el sentido positivo por él expresado, y debiera augurar un buen futuro. Un mayor escepticismo manifestó Grammer en torno al eventual resultado que pueda tener la presión ejercida por los Estados Unidos de América sobre las decisiones que adopten los países latinoamericanos de la suscripción de tratados bilaterales de no entrega a la Corte Penal Internacional. [1]

Debate Sobre la Implementación del Estatuto de Roma en el Derecho Interno y Otras Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal Internacional

[rtbs name=”delitos-internacionales”] [rtbs name=”derecho-penal-internacional”] [rtbs name=”sujetos-del-derecho-penal-internacional”] [rtbs name=”extradicion”][rtbs name=”ejecucion-del-derecho-penal-internacional”] En relación a la exposición de Gil Gil surgen diversas aprehensiones respecto de la limitación del principio de justicia universal en la implementación española del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Así, Hernández se pregunta si no será incluso más atinado calificar la ley comentada como de “no cooperación con el sistema de la CPI”, y le surgen dudas en cuanto a posibles antinomias. A su vez, Ambos hace referencia a la legislación alemana en la materia que como reacción a una jurisprudencia restrictiva del Tribunal Supremo alemán (BGH) respecto del principio de justicia universal 9 estableció, en el recientemente introducido Código Penal Internacional alemán (VSt- GB),10 un amplio reconocimiento del principio en cuestión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Este solo se ve matizado mediante normas procesal-penales, como ya las conocía la legislación alemana, referidas a la aplicación del principio de oportunidad, en los § 153 y siguientes de la Ley Procesal Penal alemana (StPO). Esto le parece coherente, ya que un genuino principio de justicia universal no permitiría limitación alguna. Gil Gil explica que, a partir del cuadro descrito, el principio de justicia universal solo quedaría reducido a casos que no son de competencia de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, casos anteriores a la entrada en vigor del Estatuto o hechos ocurridos en territorio de países que no han suscrito el Estatuto y cometidos por nacionales de tales países y que, a su vez, no hayan prestado su consentimiento para la persecución por la Corte Penal Internacional. Finalmente sostiene que sería difícil ver en el establecimiento de estas normas un incumplimiento concreto del Estatuto de la Corte Penal Internacional toda vez que no existiría un deber de perseguir delitos internacionales bajo el principio de justicia universal, salvo en los supuestos de las convenciones de Ginebra.Entre las Líneas En cuanto al modelo de solución del conflicto armado interno que representa el proyecto de alternatividad penal colombiano, la mayoría de los asistentes manifiestan su temor de que tales esfuerzos de pacificación y reconciliación del Estado colombiano puedan no satisfacer las exigencias del derecho penal internacional materializados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por lo que se podría producir la activación de la competencia de la Corte Penal Internacional.Entre las Líneas En concreto, el propio Aponte señala que, en tal sentido, podría invocarse el artículo 17, § 3, del Estatuto de Roma, en caso de incapacidad del Estado colombiano para, por ejemplo, hacer comparecer a un acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) o, asimismo, el artículo 20 del Estatuto de Roma que establece excepciones a la cosa juzgada, respecto de casos que se resuelvan aplicando la alternatividad penal propuesta. Finalmente, Aponte señala que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia ha manifestado que el proyecto de alternatividad no respetaría la existencia de la Corte Penal Internacional y sería incompatible con las obligaciones que emanan del Estatuto de Roma. Asimismo, Santalla recalca el efecto nocivo para el principio de complementariedad que implica el hecho de que los Estados no logren superar situaciones de crisis internas, por cuanto se podría producir una excesiva concentración de casos en la Corte Penal Internacional, lo que contravendría el espíritu de su Estatuto. [2]

La Implementación del Estatuto de Roma en el Derecho Interno y Otras Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal Internacional

[rtbs name=”delitos-internacionales”] [rtbs name=”derecho-penal-internacional”] [rtbs name=”sujetos-del-derecho-penal-internacional”] [rtbs name=”extradicion”][rtbs name=”ejecucion-del-derecho-penal-internacional”] La Implementación del Estatuto de Roma en el Derecho Interno y Otras Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal Internacional incluye las siguientes cuestiones examinadas en la presente plataforma:

• Introducción
• Exposiciones sobre temas generales del Estatuto de la Corte Penal Internacional
• Exposiciones sobre cuestiones de implementación del Estatuto de Roma en los derechos nacionales
• Mesa redonda: exposición sucinta de los relatores acerca de las novedades de la implementación del Estatuto de Roma en sus respectivos países
• Exposiciones sobre temas de parte general y especial de derecho penal internacional
• Debate sobre la implementación del Estatuto de Roma en el derecho interno y otras cuestiones fundamentales de derecho penal internacional
• Conclusiones y perspectivas sobre la implementación del Estatuto de Roma en el derecho interno y otras cuestiones fundamentales de derecho penal internacional

Debate Sobre la Implementación del Estatuto de Roma en el Derecho Interno y Otras Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal Internacional

[rtbs name=”delitos-internacionales”] [rtbs name=”derecho-penal-internacional”] [rtbs name=”sujetos-del-derecho-penal-internacional”] [rtbs name=”extradicion”][rtbs name=”ejecucion-del-derecho-penal-internacional”] Martínez planteó su preocupación por el planteamiento de Guzmán, por cuanto a la humanidad le habría costado mucho llegar a declarar determinados crímenes como imprescriptibles. Sabiendo que se siguen cometiendo, en gran medida actualmente, estos ilícitos, no le parecía bien que desapareciera una de las pocas instituciones que podían contribuir a que no existiera impunidad. Al contrario, Malarino se inclinó decididamente por los planteamientos esbozados por Guzmán, toda vez que no creía que se pudieran afirmar derechos humanos violando derechos humanos. Sostuvo que precisamente un Estado se prueba a sí mismo en situaciones límite, lo que implicaría, en cuanto a la prescriptibilidad, dar un tratamiento unitario a los ilícitos penales y sus sanciones, fueran estos internos o internacionales.Entre las Líneas En cuanto a las formas de solución de la encrucijada planteada por Martínez se inclinó por la posibilidad de interrumpir el plazo (véase más en esta plataforma general) de prescripción hasta que se estuviera en condiciones de proceder a la persecución de los crímenes internacionales. Al respecto, Ambos hizo presente la situación de la jurisprudencia alemana, que estimó que existía un obstáculo fáctico para la persecución de los ilícitos, lo que inhibía el transcurso de los plazos legales de prescripción entre los años 1949 y 1989. [3]

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Recursos

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Notas y Referencias

1. Rodrigo Aldoney Ramírez, Temas Actuales del Derecho Internacional Penal, Konrad-Adenauer-Stiftung E. V, reproducción autorizada
2. Rodrigo Aldoney Ramírez, Temas Actuales del Derecho Internacional Penal, Konrad-Adenauer-Stiftung E. V, reproducción autorizada
3. Rodrigo Aldoney Ramírez, Temas Actuales del Derecho Internacional Penal, Konrad-Adenauer-Stiftung E. V, reproducción autorizada

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