Derecho a la Verdad

Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] El campo de la justicia transicional está emergiendo rápidamente dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Organizaciónes como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York, despliegan a docenas de consultores de justicia transicional en estados postconflicto, y el académico Ruti Teitel señala que el sistema internacional últimamente ha visto una normalización generalizada de la justicia transicional en derechos humanos ley. Un componente esencial de esta difusión de la justicia transicional es el concepto del “derecho a la verdad” de una víctima. Aunque este derecho a la verdad se ha hecho cada vez más visible en el discurso legal internacional sobre derechos humanos, no ha surgido de una manera tradicional y directa, basada en Hitos legales y documentos emblemáticos. Más bien, ha surgido de una manera difusa en la que académicos y activistas no legales han servido como contribuyentes esenciales. Este componente extralegal del desarrollo del derecho, sin embargo, no socava su legitimidad como la comunidad legal tradicional podría esperar. De hecho, en última instancia refuerza su aplicabilidad a contextos locales, culturalmente específicos y promueve una definición más amplia de la justicia transicional más allá de la justicia meramente fiscal para abarcar las concepciones de la rehabilitación de víctimas y la reconciliación social.

Argumentos fundadores del derecho a la verdad

Una de las primeras obras que defendieron explícitamente el derecho a la verdad es la “Responsabilidad por abusos pasados” de Juan Méndez de 1997, frecuentemente citada como uno de los primeros argumentos para reconocer el surgimiento global de este derecho. Méndez, el presidente Emiritus del ICTJ, definió el derecho a la verdad como una colocación de “obligación [del estado] de revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo que se pueda conocer de manera confiable acerca de las circunstancias del crimen, incluida la identidad del Perpetradores e instigadores “.Entre las Líneas En su artículo, Méndez reconoció que el” derecho de la víctima a saber la verdad “no era una obligación legal vinculante, pero aun así predijo que la comunidad legal internacional reconocería cada vez más este derecho, ya que se fundó en” Normas de aplicabilidad universal.

De manera similar, otros defensores del derecho a la verdad han interpretado varias cláusulas de “derecho a la información” en documentos internacionales como una base para el derecho a la verdad. [rtbs name=”verdad”] Priscilla Hayner, la autora de Unspeakable Truths (2000), cita a una ex investigadora y escritora de Human Rights Watch / África que sostiene que el derecho a la verdad está contenido dentro del derecho a “buscar, recibir y difundir información” garantizado por el Artículo 19. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Otros Elementos

Además, el “derecho a recibir información” en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos garantiza un derecho fundamental similar.

Reconocimiento Institucional Formal

Desde la publicación de su artículo de 1997, Méndez se ha basado en casos escuchados por varios tribunales y comisiones regionales para establecer una base legal más amplia y más rigurosa del derecho a la verdad. [rtbs name=”verdad”] En particular, la experiencia chilena con la transición del dictador Augusto Pinochet al presidente Patricio Aylwin ilustra la concepción y difusión del derecho en el derecho internacional de los derechos humanos. La ley de auto-amnistía de Pinochet de 1968 impidió las investigaciones criminales o juicios de violadores de derechos humanos y líderes militares bajo su régimen. Sin la opción de un proceso penal, la administración de Aylwin se centró en el componente de la verdad de la justicia de transición mediante el establecimiento de la Comisión Chilena de la Verdad y la Reconciliación, encabezada por Jorge Rettig.

Además de la Comisión Rettig, la decisión de Velásquez Rodríguez de 1988 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IACtHR) constituye un caso histórico en el desarrollo del derecho a la verdad. [rtbs name=”verdad”] La primera corte internacional que enfrentó el fenómeno de las desapariciones forzadas, la Corte IDH falló a favor de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, un líder estudiantil hondureño que fue detenido por el ejército nacional y posteriormente desapareció. El fallo afirmaba el derecho de la víctima a saber, incluso en ausencia de sanciones penales: “Incluso en el caso hipotético de que los responsables individuales de delitos de este tipo no pueden ser legalmente castigados bajo ciertas circunstancias, el Estado está obligado a utilizar los medios a su disposición. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). “Informar a los familiares sobre el destino de las víctimas y, según sea el caso, la ubicación de sus restos”.

Esta decisión obliga al estado a proporcionar a las familias de las víctimas la verdad sobre las circunstancias que rodearon el delito y establece esta responsabilidad de investigación como distinta de otras medidas fiscales que el estado podría perseguir. La naturaleza independiente de la obligación del estado de proporcionar la verdad implica que la verdad es un componente integral de la provisión de justicia por derecho propio, en lugar de un componente menor o complementario de los juicios y otras medidas fiscales.

Estos dos casos latinoamericanos fueron seguidos por otros cuerpos legales regionales e internacionales que afirmaron la validez del derecho a la verdad de las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y dos informes de Relatores Especiales para las Naciones Unidas sirven como evidencia principal para una adopción más globalizada de este derecho. Influido por el fallo (la sentencia o la decisión judicial) de la Corte IDH sobre Velásquez Rodríguez, la Comisión Interamericana, el otro organismo de protección de los derechos humanos de la región, estableció que la “obligación del estado de investigar, procesar y sancionar es también un derecho de la víctima y sus familias”. Los tribunales de derechos humanos europeos también siguieron su ejemplo: en diciembre de 1996 Aksoy v. Turquía, el TEDH falló en contra del estado.

Finalmente, el derecho a la verdad fue declarado ante la ONU por los Relatores Especiales Theo Van Boven y Louis Joinet. Según Méndez, tanto el informe de Van Boven sobre reparaciones como el informe de Joinet sobre la impunidad concluyen ampliamente el derecho de las víctimas a “demandar un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad”. El informe de 1997 de Joinet preparado para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas abordó más explícitamente la cuestión de la verdad por destacando el “derecho a saber” como uno de los tres derechos legales de las víctimas, según Paige Arthur en un artículo de Human Rights Quarterly de 2009. Desde la discusión implícita del derecho a la verdad como una “norma” ampliamente aplicable hasta su reconocimiento formal, aunque no obligatorio, por parte de los tribunales regionales interamericanos y europeos, las instituciones internacionales adoptaron gradualmente el derecho a la verdad a lo largo de los años noventa.

Aportaciones académicas y profesionales

Estos hitos en el fundamento legal del derecho a la verdad, aunque encomiables, no proporcionan pruebas suficientes para formar un argumento convincente para su validez en el discurso internacional de los derechos humanos. De hecho, los aspectos legales del desarrollo del derecho a la verdad deben complementarse con sus componentes extralegales y multidisciplinarios, como lo ilustra la Conferencia del Instituto Católico de Relaciones Internacionales (CIIR) de 1993. Ian Linden, Secretario General del CIIR, informa que la Conferencia reunió a representantes de grupos de derechos humanos, grupos eclesiásticos, organizaciones de solidaridad, organizaciones representativas de refugiados y agencias de desarrollo de países de Etiopía, Guatemala, Corea del Sur y Namibia., y Sudáfrica a varias naciones europeas. Los participantes examinaron el derecho a la verdad desde varios ángulos, incluyendo las implicaciones políticas de la amnistía, las dimensiones culturales y psicológicas de la recuperación posterior al conflicto tanto a nivel personal como social, el papel de los periodistas y los medios de comunicación, y el potencial de las ONG para presionar a los gobiernos a divulgar información. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El abogado guatemalteco Frank La Rue, en particular, afirmó el valor de la investigación como parte de un proceso de reparación y, en conjunto con el abogado argentino Rodolfo Mattarrollo, sostuvo que “las comisiones de la verdad habían sido un elemento importante para crear un sentido del derecho a la verdad”., y que se ha avanzado en el grado de divulgación que las Comisiones pudieron lograr “. y el potencial de las ONG para presionar a los gobiernos a divulgar información. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El abogado guatemalteco Frank La Rue, en particular, afirmó el valor de la investigación como parte de un proceso de reparación y, en conjunto con el abogado argentino Rodolfo Mattarrollo, sostuvo que “las comisiones de la verdad habían sido un elemento importante para crear un sentido del derecho a la verdad”., y que se ha avanzado en el grado de divulgación que las Comisiones pudieron lograr “. y el potencial de las ONG para presionar a los gobiernos a divulgar información. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El abogado guatemalteco Frank La Rue, en particular, afirmó el valor de la investigación como parte de un proceso de reparación y, en conjunto con el abogado argentino Rodolfo Mattarrollo, sostuvo que “las comisiones de la verdad habían sido un elemento importante para crear un sentido del derecho a la verdad”, y que se ha avanzado en el grado de divulgación que las Comisiones pudieron lograr “.

No solo los profesionales sino también los académicos contribuyeron a la producción de normas transnacionales relacionadas con el derecho a la verdad de las víctimas. La Conferencia de 1988 del Instituto Aspen sobre “Crímenes de Estado: Castigo o Perdón” destaca el papel de la academia en la promoción del derecho a la verdad en el discurso legal internacional. Arthur cita a esta Conferencia como “la primera de un grupo de reuniones que ayudó a aclarar y consolidar un marco conceptual para un campo emergente [de justicia de transición]”. Alice Henkin, Directora del Programa Justicia y Sociedad del Instituto Aspen, actuó como El coordinador principal de la Conferencia de tres días destacó el consenso unánime con el que sus participantes defendieron la validez del derecho a la verdad. [rtbs name=”verdad”] Los 24 filósofos, científicos políticos y académicos legales de los Estados Unidos, Corea del Sur, Uganda, y varias naciones latinoamericanas acordaron que existía una obligación mínima en los estados postconflicto para establecer la verdad sobre los delitos perpetrados por el gobierno en el pasado. Henkin informa: “El gobierno sucesor tiene la obligación de investigar y establecer los hechos para que la verdad se conozca y forme parte de la historia de la nación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). “Incluso en situaciones en las que el indulto o la clemencia pueden ser apropiados, no debe comprometerse la obligación de descubrir y reconocer la verdad”.

Los participantes de Aspen alcanzaron un consenso sobre el grado de obligación de decir la verdad del estado, incluida la designación pública de los perpetradores: “La identidad de los planificadores y de los perpetradores debe ser conocida. Debe haber tanto conocimiento como reconocimiento: los eventos deben ser oficialmente reconocidos y públicamente revelados. “Al adoptar una definición pública tan abierta de la verdad, los participantes de la Conferencia establecieron la obligación del gobierno después del conflicto de responder a la demanda de las víctimas. por la justicia ”al revelar y reconocer la verdad y, en el proceso, facilitar la reconciliación nacional.Entre las Líneas En este sentido, la Conferencia de 1988 establece que la verdad es un mecanismo que puede promover la justicia.

El consenso de los participantes de Aspen sobre la naturaleza crucial del derecho a la verdad proporciona una comprensión más clara del mecanismo por el cual la experiencia chilena antes del conflicto mencionada anteriormente ha tenido un impacto transnacional en la normalización del derecho a la verdad. [rtbs name=”verdad”] Arthur observa que la Conferencia de 1988, y el campo de la justicia transicional en general, son inherentemente internacionales en que su “base de conocimientos siempre ha sido comparativa”. Esta naturaleza comparativa resalta el papel que una variedad de naciones y culturas han desempeñado en su desarrollo.. El hecho de que el marco intelectual para el derecho a la verdad surgió en un entorno en el que académicos y profesionales de todo el mundo discutieron y establecieron conexiones entre sus variadas experiencias con transiciones post-conflicto pone de relieve la naturaleza de abajo hacia arriba de la fundación del derecho a verdad. [rtbs name=”verdad”] Lawrence Weschler, de The New Yorker, comentó después de observar las discusiones de los participantes con múltiples antecedentes de Aspen: “Una y otra vez, los mismos tipos de problemas se resuelven, y una y otra vez, como los participantes en la Conferencia del Instituto de Aspen comenzaron a Tenga en cuenta que los mismos dos imperativos parecen destacarse: las demandas entrelazadas de justicia y de verdad ”.

Como es evidente en la diversidad representada en la Conferencia, el concepto del derecho a la verdad no surgió en un marco cultural, no contextual, que debía imponerse en las sociedades individuales después del conflicto, sino que evolucionó en una dirección opuesta, más orgánica.

Detalles

Las experiencias domésticas con el derecho a la verdad se compartieron en conferencias como CIIR y Aspen.Entre las Líneas En estos foros que facilitaron el intercambio de experiencias domésticas con procesos de decir la verdad y reconocieron la posibilidad de transferir estas experiencias individuales a diferentes contextos, el derecho a la verdad comenzó su proceso de normalización. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Este proceso, a su vez, proporcionó la base para los hitos legales formales que legitimaron aún más el derecho.

Además de crear su base intelectual, los factores extralegales también reforzaron el derecho a la verdad al normalizar el derecho en el discurso internacional dominante. Académicos como Martha Finnemore y Kathryn Sikkink enfatizan la importancia de las normas y el desarrollo de normas en asuntos internacionales. Los “empresarios normativos” primero promueven normas individuales y, si tienen éxito, los estados, las organizaciones internacionales y las redes adoptan las normas, legitimándolas en el proceso. El último indicador del arraigo completo de estas normas es la institucionalización de las ideas por la ley y por las burocracias.

Podemos aplicar el marco de normalización de Finnemore y Sikkink sobre el surgimiento del derecho a la verdad, marcando la contribución de entidades extralegales como ONGs y académicos en el afianzamiento de este derecho en el discurso de la justicia transicional.Entre las Líneas En “Genealogía de la justicia transicional” (2003), Teitel identifica tres fases en la genealogía de la justicia transicional. El período posterior a la Segunda Guerra Mundial con los Juicios de Nuremberg representa la primera fase; el nuevo contexto global posterior a la Guerra Fría, ejemplificado por las instituciones de investigación y búsqueda de la verdad, como las Comisiones de la Verdad de Sudáfrica y Argentina establecidas a principios de la década de 1990, comprende la segunda fase. Esta segunda fase, caracterizada por la proliferación de comisiones de la verdad, corresponde de manera interesante en el tiempo a Velásquez Rodríguez y al CIIR y a las Conferencias de Aspen. Teitel describe además: “Mientras que en la primera fase la justicia era principalmente el ámbito del régimen sucesor y los tribunales de justicia, en la segunda fase muchos de los actores e instituciones relevantes estaban fuera de la ley y la política, e incluían iglesias, ONG y grupos de derechos humanos”. y la red internacional de derechos humanos, de hecho, ha venido ejerciendo niveles crecientes de influencia sobre las instituciones legales formales. La infiltración de la red transnacional de defensa de los derechos humanos en los mecanismos judiciales y legales tradicionales no solo caracteriza el surgimiento del derecho a la verdad, sino también el desarrollo más general del campo de la justicia transicional.

La segunda fase de la justicia de transición se ha expandido y normalizado en la sociedad contemporánea. Según Teitel, la tercera y actual fase de la justicia transicional ha sido el “despliegue del régimen humanitario, que se ha expandido y fusionado con la ley de derechos humanos”.Entre las Líneas En este contexto, la genealogía del derecho a la verdad, con sus dos Componentes legales y extralegales, es consistente con la genealogía del campo mayor de la justicia transicional. La relación creciente y entrelazada entre las instituciones legales tradicionales y la red transnacional de derechos humanos demuestra la importante contribución de factores extralegales en la normalización y el establecimiento eventual de nuevos derechos legales, incluido el derecho a la verdad.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Ley universal y cultura local

La base multidisciplinaria del derecho a la verdad no disminuye su legitimidad, sino que refuerza su aplicabilidad a situaciones variadas y culturalmente diversas después de un conflicto. Una de las discusiones más duraderas en el campo de los derechos humanos internacionales sigue siendo el debate entre el universalismo (la creencia de que es posible descubrir ciertos valores y principios que son aplicables a todas las personas y a todas las sociedades, independientemente de las diferencias históricas, culturales y otras) y el relativismo. Esta relación aparentemente irreconciliable entre los derechos universales, por un lado, y la sensibilidad a la cultura y las costumbres locales, por otro, está bien ilustrada por la antropóloga Sally Engle Merry en su libro de 2006 Derechos humanos y violencia de género. Merry reconoce los importantes avances que ha dado el movimiento internacional de derechos humanos en las últimas décadas, pero aún señala la tensión entre el activismo de derechos humanos global y local como un aspecto de la defensa de los derechos humanos que debe resolverse: “El poder de la ley para dar forma a la sociedad depende… de incrustarse en las prácticas sociales cotidianas, moldear las reglas que las personas tienen en sus cabezas…

Puntualización

Sin embargo, existe una gran distancia entre los sitios globales donde se formulan estas ideas y las situaciones específicas en las que se implementan. “Como los reformadores globales de derechos humanos están arraigados en una cultura legal que está alejada de las sociedades locales, a menudo descuidan las historias y contextos particulares de las víctimas que buscan.

Esta desconexión es una de las debilidades más debilitantes de los movimientos internacionales de derechos humanos, ya que cualquier ley universal debe situarse dentro de los contextos locales para que sea efectiva. hay una gran distancia entre los sitios globales donde se formulan estas ideas y las situaciones específicas en las que se despliegan ”. Como los reformadores de derechos humanos globales están arraigados en una cultura legal que está alejada de las sociedades locales, a menudo descuidan las historias particulares y los contextos de las víctimas buscan potenciar o empoderar.

En el contexto de la crítica de Merry, la naturaleza misma de cómo ha surgido el derecho a la verdad probablemente ofrece una forma de minimizar la tensión entre el universalismo (la creencia de que es posible descubrir ciertos valores y principios que son aplicables a todas las personas y a todas las sociedades, independientemente de las diferencias históricas, culturales y otras) y el relativismo. Como lo ejemplifican las conferencias de CIIS y Aspen, el derecho a la verdad surgió de las experiencias de transición posteriores al conflicto de diversas sociedades culturales, desde varias naciones latinoamericanas hasta Corea del Sur y Uganda.Entre las Líneas En contraste con otros derechos legales que se originan a partir de precedentes legales formales y documentos vinculantes, el derecho a la verdad estaba constituido en gran medida por canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) extralegales y normativos, como la Conferencia de Aspen. Solo después de este reconocimiento por parte de académicos y profesionales de los derechos humanos, las instituciones legales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos reconocieron el derecho a la verdad para las víctimas.

Esta genealogía única del derecho a la verdad le permite potencialmente cerrar la brecha entre el derecho internacional y los contextos locales; desde su inicio, el derecho a la verdad se basó en diferentes culturas, concebido como una respuesta a la necesidad sin precedentes de las víctimas comunes de saber en varias sociedades de posconflicto en numerosos continentes. El derecho a la verdad, por lo tanto, mantiene la flexibilidad para adaptarse a las diferentes culturas y al mismo tiempo resalta una necesidad universal entre diferentes experiencias, una doble cualidad rara en el derecho internacional. De hecho, el monitoreo, la presentación de informes y el debate sobre el derecho a la verdad en un entorno nacional, como Chile o Argentina, por ejemplo, pueden servir como un precedente y una norma para otros estados que se encuentran en transición política y social.

Autor: Williams

Protesta de Decir Verdad

Recursos

Véase También

Bibliografía

Bonnier, Eduardo Tratado teórico práctico de las pruebas en materia civil y penal, México, Imprenta de la Biblioteca de Jurisprudencia, 1847, tomo I; Brunner, Heinrich, Historia del derecho germánico; traducción de José Luis Alvarez López, Barcelona, Labor, 1936; engelman, Arthur y otros, A History of Continental Civil Procedure, New York, Augustus M. Killey, Publishers 1969; Garraud, R., Précis de droit criminel; 13ª. edición, París, Sirey, 1921

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