Derecho al Respeto de la Vida Familiar

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Derecho al respeto de la vida privada y familiar (jurisprudencia europea)

Derecho al respeto de la vida privada y familiar (jurisprudencia europea) en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional

Se expresa el mencionado Diccionario, sobre Derecho al respeto de la vida privada y familiar (jurisprudencia europea), en voz escrita por Eloisa Denia Cosimo, en los siguientes términos: El art. 8o. del Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra expresamente el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, así como de su domicilio y de su correspondencia. La necesidad de garantizar la autonomía personal tiene como importante consecuencia que la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia no son excluyentes entre sí, ya que una misma medida puede afectar a la vez dos o más ámbitos (Mentes et autres c. Turquie; López Ostra c. Espagne; Polski c. Pologne).

El derecho afirmado debe entenderse como protección de un conjunto de manifestaciones inherentes con el principio fundamental que cada uno tiene al pleno y libre desarrollo de su propia personalidad y a su autonomía (véase qué es, su concepto; y también su definición como “autonomy” en el contexto anglosajón, en inglés), lo que va necesariamente más allá del alcance del “derecho a la privacidad” y del “derecho a la intimidad personal” del individuo. Partiendo de esta premisa, hay que adoptar una lógica evolutiva en la interpretación de este derecho, cuyas manifestaciones no se pueden limitar de manera exhaustiva a los cuatro ámbitos considerados por el art. 8o.

La estructura del art. prevé un apartado (el primero) en el cual se afirma el principio de manera general y otro (el segundo) en el que se dictan las injerencias posibles de la autoridad pública en el ejercicio del derecho. El pleno desarrollo de la autonomía personal garantizado por el art. 8o. (Pretty c. Royaume-Uni) tiene como consecuencia que todos los conceptos son amplios y los criterios deben ser considerados como materiales y no formales, y además adaptados teniendo en cuenta que las necesidades del individuo cambian siguiendo la evolución de la sociedad.

Por “vida privada” se entiende la integridad física y mental del individuo (X. et Y. c. Pays-Bas); la identidad física y social de cada uno (Mikuli_ c. Croatie; Odièvre c. France), incluidas las informaciones relativas a la salud de una persona (Z. c. Filande); el nombre y apellido de las personas físicas (Burghartz c. Suisse; Guillot c. France); el derecho a la imagen (Von Hannover c. Allemagne); la reputación (Chauvy at autres c. France) y el honor (A. c. Norvège) de toda persona; la orientación sexual (Dudgeon c. Royaume-Uni), la identidad sexual (Christine Goodwin c. Royaume-Uni) y la vida sexual (Laskey, Jaggard y Brown c. Royaume-Uni); la relación que una persona tiene con sus semejantes, se trate de su entorno (Niemietz c. Allemagne), de la relación con personas del mismo sexo (Mata Estevez c. Espagne), de cuestiones relativas al enterramiento de miembros de la familia (Brânduse c. Roumanie) o de la comunidad a la que el inmigrante pertenece (&Uulm;ner c. PaysBas) (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Bajo el ámbito de la vida privada quedan incluidas la identidad étnica (S. y Marper c. Royaume-Uni), las convicciones religiosas y filosóficas (Folgoro et autres c. Norvège), así como las actividades profesionales o comerciales (Halford c. Royaume-Uni), los registros y los embargos (McLeod c. Royaume-Uni). La vida privada no se limita a las medidas que pueden limitar el individuo en su domicilio, como las escuchas telefónicas (Weber et Saravia c. Allemagne), llegando hasta proporcionar al individuo un espacio de libertad, incluso cuando esté fuera de su casa, en un contexto social, como en el caso de la interpelación y del cacheo en la vía pública (Gillan et Quinton c. Royaume-Uni), y de la video vigilancia de lugares públicos objeto de divulgación (Peck c. Royaume-Uni).

El ámbito de la “vida familiar” depende de un análisis sobre la existencia de estrechos vínculos personales entre las personas, sean estos de derecho o de facto (Johnston et autres c. Irlande), y llega hasta incluir el derecho a ser padre genético (Dickson c. Royaume-Uni), a recurrir a la procreación medicamente asistida (S. H. et autres c. Autriche) y a adoptar (E (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). B. c. France).Entre las Líneas En relación con los niños, se considera existente un vínculo afectivo en consecuencia de una unión marital —aunque sea entre personas del mismo sexo (Schalk Kopf c. Autriche)— o de una unión de facto, de adopción (Pini et autres c. Roumanie) y de la acogida (Moretti et Benedetti c. Italie); mientras que la cohabitación es sin duda un elemento constitutivo de la vida familiar (Lebbink c. Pays-Bas), no es una condición necesaria para considerarla existente entre un padre e un hijo (Berrehab c. Pays-Bas) ni para calificar los vínculos afectivos (Kroon et autres c. Pays-Bas). La relación afectiva se considera existente también entre hermanos y hermanas (Moustaquim c (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Belgique), entre tíos y sobrinos (Boyle c. Royaume-Uni), así como entre un niño y sus abuelos (Price c. Royaume-Uni), y no termina en caso de divorcio (Mustafá y Armagan c. Turquie) ni en caso de muerte, ya que forma parte del derecho a la vida familiar también el traslado de las cenizas del difunto marido de un cementerio a otro (Elli Poluhas D&oulm;sdo c. Suède). El derecho a la vida familiar llega hasta tener en cuenta los internos penitenciarios (Dickson c. Royaume-Uni) y el derecho del recurrente al cuidado del medio ambiente (Giacomelli c. Italie).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Tal y como la noción de “vida familiar”, también el concepto de “domicilio” es autónomo y depende de circunstancias de hecho, capaces de vincular y conectar de manera directa a toda persona con un lugar determinado (Prokopovitch c. Russie). El domicilio es tanto de la persona física como de la persona jurídica (Sociedad Colas Est et autres c. France). Esto prescinde de la propiedad del lugar y no se limita a las residencias establecidas legalmente (Buckley c. Royaume-Uni), pudiéndose considerar como tal las residencias secundarias y las casas de vacaciones (Demandes c. Turquie), las caravanas y otros domicilios no fijos (Chapman c. Royaume-Uni), así como los locales profesionales si coincide con la residencia privada (Niemietz c. Allemagne).

La noción de “correspondencia” incluye los correos entre individuos (Silver et autres c. Royaume-Uni); también las enviadas en el marco de actividades profesionales (Kopp c. Suisse), las conversaciones telefónicas (Klass et autres c. Allemagne), los e-mails (Copland c. Royaume-Uni), los datos electrónicos, los télex, los mensajes por bíper y una radio privada.

La protección del derecho tiene como consecuencia que la injerencia de la autoridad pública en su ejercicio sea admisible en cuanto satisfagan dos condiciones: debe ser necesariamente prevista por ley, y constituir una medida para asegurar algunos objetivos cuya tutela es considerada como prioritaria en una sociedad democrática: la necesidad para la seguridad nacional; la seguridad pública; el bienestar económico del país; la defensa del orden y la prevención del delito; la protección de la salud o de la moral, y la protección de los derechos y libertades de los demás.

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