Desarrollo Progresivo

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Cooperación al Desarrollo progresivo en Materia de Justicia

Los proyectos de cooperación al desarrollo en materia de justicia son proyectos de asistencia técnica que prestan funcionarios o profesionales de la justicia (jueces, fiscales, abogados, médicos forenses, etc.) en los que los Estados participan, siendo beneficiarios los países en vías de desarrollo.

En relación a qué orientaciones se siguen en los proyectos de cooperación en los que se participa, el ministerio o agencia correspondiente sigue, en todo caso, la línea marcada por su gobierno (en que suele participar el Ministerio de Asuntos Exteriores o Agencia equivalente). Por ejemplo, dos de las “Orientaciones de la Cooperación Española” son las siguientes:

  • La Consolidación de los Procesos Democráticos y el Estado de Derecho (Impulsar la calidad de la democracia, Fortalecer la estructura y los sistemas de gestión del sector público, y Trabajar por el Estado de Derecho y la garantía de los Derechos Humanos).
  • Promover los Derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Materias de Cooperación al Desarrollo más Demandadas

Las materias relacionadas con la justicia más demandadas en proyectos de cooperación al desarrollo son, entre otras, las siguientes:

  • Apoyo en las reformas legislativas que afecten a la justicia.
  • Incorporación al derecho nacional de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
  • Violencia de género: apoyo en reformas legislativas, creación de juzgados especializados en tratar delitos de violencia de género, coordinación con instituciones judiciales, sociales y asistenciales, etc.
  • Acceso a la justicia de las personas más vulnerables: menores, discapacitados, mujeres, etc.
    Justicia gratuita y turno de oficio a través de los Colegios de Abogados.
  • Modernización de la justicia: incorporación de las nuevas tecnologías en la tramitación procesal y en la gestión de las oficinas judiciales.
  • Oficinas de asistencia a víctimas de delitos.
  • Profesión de notarios y registradores y su estatuto.
  • Medicina forense y profesión de los médicos forenses.
  • Defesa jurídica del Estado.
  • Resolución alternativa de conflictos (mediación, arbitraje, etc)
  • Registros públicos: registro civil, registro de la propiedad, registro de antecedentes penales, etc.
  • Cooperación jurídica internacional: sustracción internacional de menores, extradiciones, comisiones rogatorias en materia civil y penal, traslado de personas condenadas.
  • Relaciones del poder ejecutivo con el poder judicial o con el órgano de gobierno de los jueces.
  • Estatuto jurídico del Ministerio fiscal.
  • Formación de jueces y fiscales.
  • Gestión del pluralismo religioso y prevención del radicalismo.

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Recursos

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Bibliografía

CDESC. Observación General Núm. 3. La índole de las obligaciones de los Estados Parte. En: CIDH (1994). Informe anual 1993. OEA/Ser.L/V/II.85. En: <cidh.oas.org/annualrep/93span/indice.htm> Melish, Tara (2003). La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Manual para la presentación de casos. Ecuador, Yale Law School y Centro de Derechos Económicos y Sociales, pp. 190-195. Nikken, Pedro (1994). El concepto de derechos humanos. En: <iidh.ed.cr/CursosIIDH/intranet/curso.aspx> Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976.

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Véase También

  • Derecho Internacional
  • Desarrollo

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