Los Efectos de la Nacionalización
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Introducción
La nacionalización es el proceso por el que el Estado adquiere una empresa privada y toma el control de la misma. En general, el Estado adquiere propiedad privada con fines públicos, como terrenos para la construcción de carreteras. Sin embargo, este poder de expropiación es muy diferente de la nacionalización, que a menudo se lleva a cabo con fines políticos, económicos o sociales.
Ya sea por razones pragmáticas, como la prestación de un servicio esencial, o por un propósito colectivo más amplio, como el NACIONALISMO ECONÓMICO, la nacionalización vulnera los principios liberales de seguridad de la tenencia y confianza en el mercado. El Estado utiliza o amenaza con utilizar su poder para obtener la propiedad codiciada, ya sea mediante la expropiación, con o sin compensación, o adquiriendo la propiedad en una venta a presión de la que se excluye a otros compradores potenciales. Aunque la indemnización sea justa y rápida, la amenaza de coacción puede disminuir el valor de la propiedad, y el Estado siempre exige ser el árbitro final.
Cuando un Estado nacionaliza los activos de inversores extranjeros, la postura de los países occidentales industrializados (especialmente Estados Unidos) es que la nacionalización sólo está justificada tras el pago rápido de una indemnización adecuada, determinada por una autoridad imparcial. Sin embargo, los países en desarrollo, a menudo muy frustrados por la dominación extranjera, afirman que los Estados tienen soberanía perpetua sobre sus recursos y tienen derecho a nacionalizar para promover la autodeterminación económica y el desarrollo. Afirman que la nacionalización y la compensación deberían estar sujetas únicamente a las leyes del país en el que tiene lugar la nacionalización, una postura formulada en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluida la Resolución 1803 de diciembre de 1962. No obstante, la nacionalización suele ir acompañada del pago de indemnizaciones en aras de la equidad y la necesidad de mantener la confianza de los inversores extranjeros.
La magnitud de las nacionalizaciones y la consiguiente reacción general contra un mayor papel del Estado en la economía dieron lugar a un contramovimiento para reducir la participación estatal y desnacionalizar o “privatizar” las empresas estatales. Esta vuelta al sector privado, sobre todo en las actividades comerciales, encontró su aplicación más espectacular en el Reino Unido, donde el gobierno conservador de Margaret Thatcher emprendió un ambicioso programa de privatizaciones a partir de 1979.
Efectos de la Nacionalización en Relación a Política Económica
En este contexto, a efectos históricos puede ser de interés lo siguiente: [1]
Concepto y Significación Politico-social
En sentido estricto, y referido el fenómeno sólo al momento actual de los países desarrollados o en vías de desarrollo, la palabra nacionalización quiere decir tanto como transferencia a la nación de la capacidad y autoridad rectora de la vida social, sustancialmente de la economía. Ahora bien, como la nación es una entidad sociológica más o menos informal y no estructurada, en todo caso, sin unidad ni organización unitaria, pues esto sólo lo logra a través del Estado (que algún escritor francés definió como «la personificación jurídica de la nación»), se sigue que nacionalización es tanto como estatificación. Es exactamente igual a lo que sucede con el llamado socialismo (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), que no es sino un estatismo.
Frente a la economía privada, en que las empresas están en manos privadas, tanto la nacionalización como la socialización tienden a transferir a la esfera pública, al Estado, la dirección y gestión de las empresas.Entre las Líneas En ese sentido, y en principio, una y otra son iguales.Si, Pero: Pero un uso convencional del lenguaje ha llevado a esta diferencia: se habla de socialización cuando el Estado aspira a «nacionalizar» toda la economía, o, al menos, la parte más importante de ella (industria, servicios), mientras que en las nacionalización se emplea la voz nacionalización cuando eso afecta sólo a algunas empresas o algunos sectores. Países socialistas son la URSS y sus satélites, etc. El fenómeno de la nacionalización queda reservado para los países que aún se siguen llamando capitalistas, pero en los cuales surge la empresa pública como algo nuevo. Caso intermedio, quizá, sería el de Inglaterra tras el triunfo laborista de 1945 o los países del Norte de Europa (véase en esta plataforma: SOCIALDEMOCRACIA).
Desarrollo histórico
Suele ignorarse el hecho de que las primeras formas de economía dirigida y centralizada, más o menos anticapitalistas, nacieron durante la I Guerra mundial (o global) y aun antes de la revolución rusa de 1917, para poder hacer frente a un conflicto que se presentaba largo y muy costoso. Pues bien, si la idea y la necesidad del control o intervención estatal se hizo sentir entonces, sin borrarse en los tiempos de posguerra, podemos asegurar que la II Guerra mundial (o global) ha puesto, a su vez, en marcha el proceso de las nacionalización Dejando aparte Inglaterra, diversos países europeos (Francia, Italia, Austria, etc.) comenzaron la tarea de nacionalizar empresas e industrias, en gran escala.
El caso más representativo es quizá el de Francia. Este país, sin renunciar al capitalismo, adoptó nuevas formas de organización económica parcial de tipo socializante.Entre las Líneas En 1945 hubo nacionalización en las minas de carbón, en gas y electricidad, Bancos, seguros, transportes; aparte el caso de la casa Renault, donde la nacionalización tuvo razones específicas circunstanciales (expropiar a colaboracionistas).Entre las Líneas En 1965, según el célebre informe de Simon Nora sobre las empresas públicas, éstas ocupaban el 6,2% de la población activa, suministraban el 9,6% del producto interior bruto y realizaban el 27% de la formación bruta de capital fijo del total de las empresas.
Significación político-social
Inicialmente se consideró que la nacionalización implicaba una organización anticapitalista, debiendo superar la ley del beneficio y someter la empresa a los imperativos del servicio público. Pero, al propio tiempo, rehuyendo el socialismo estatal, se pensó también que ahí había una fórmula antiestatista, entregando las empresas nacionalizadas a Consejos de administración de base tripartita (con representantes de asalariados, consumidores y Estado), repercutiendo la socialización parcial en beneficio de los productores, no del Estado. La realidad no respondió a estas esperanzas. Pronto se vio que la nacionalización era pura y simple estatificación, haciendo resurgir un Estado-patrono cuyas relaciones con los obreros empeoran y cuyos representantes rectores son más autoritarios e irresponsables que los empresarios privados. Muy bien expresa este desengaño Émile Roche, presidente del Consejo Económico francés, cuando reconoce, en 24 jun. 1949, que, tras la experiencia inicial y los entusiasmos que suscitó, «el balance de las nacionalizaciones se cierra con un fuerte pasivo; han sustituido la purulencia privada por el monolitismo estatal y por esta vía se ha reforzado la sujeción del obrero. Han multiplicado el egoísmo corporativo por la multiplicación de elementos concurrentes. Han creado nuevos privilegios, a costa no tanto del empresariado como de ciertas categorías de trabajadores.
No han dado lugar a ninguna trasformación orgánica de la condición obrera y no han creado en el proletariado (la clase obrera industrial; el término pasó a ser de uso general después de que se popularizara en los escritos de Karl Marx) ni siquiera una curiosidad, un gusto o una aspiración hacia un régimen realmente mejor que el de antaño».
Tal pensamiento y tal desengaño, similar al de la experiencia laborista inglesa, se extiende por todos los sindicalistas europeos, hasta el punto de que en los años cincuenta los responsables del sindicalismo británico se opusieron públicamente a toda extensión de las nacionalización, prefiriendo en su lugar la cogestión (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general). Y en el Congreso sindical alemán de 1954, un delegado afirmó que hoy en día, para la mayoría de los trabajadores, es lo mismo trabajar en una empresa privada que en una nacionalizada.
El filósofo inglés B. Russell, nada sospechoso en esto, escribió, por su parte, que «cuando una industria es transferida al Estado por medio de la nacionalización, puede resultar que siga habiendo tanta desigualdad de poder como en el caso del capitalismo privado, consistiendo el único cambio en que los que tienen el poder son ahora funcionarios y no propietarios» (Autoridad e individuo, México 1945, 112). Y desde un punto de vista puramente teórico, no deja de tener interés que autores tan serios como J. Marchal y J. Lecaillon, no separen las empresas públicas (nacionalizadas) y las privadas, ya que, dicen, tienen casi igual seguridad, la ausencia de lucro o provecho no es específica de las públicas, éstas implican alto grado de concentración de poder económico, sin modificar las condiciones estructurales económicas y sóciales de la fase anterior (La répartition du revenu national, París 1958, 11,125).
Estado actual de la cuestión y balance provisional
Evidentemente, el entusiasmo nacionalizador posterior a 1945 se ha desvanecido. El informe Nora observa que las nacionalización nacieron en un clima de escasez, cuando importaba más producir que ser competitivo, constituyendo como un «modelo de espera», que había de extenderse al resto de la economía.Entre las Líneas En 1967, añade, las circunstancias han cambiado, el desarrollo técnico y la competencia internacional exigen producir a menor precio y aumentar la productividad, lo que no es compatible con la centralización del sector nacionalizado. He aquí unos argumentos puramente económicos (producción), distintos de los argumentos sociales y políticos (mayor justicia social, motivaciones ideológicas).
Para compaginar ambos, en Francia quieren armonizarse dos corrientes, distinguiendo un doble papel en las empresas públicas:
- empresas industriales (necesidad de contar con el rendimiento y la eficacia);
- empresas públicas (el interés general puede limitar el particular de cada una).
Entre las Líneas En este sentido, la nacionalización rebasa, sin duda, la política económica, convirtiéndose en instrumento de la política general.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
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Ejemplo: Causas y Efectos de la Nacionalización en Canadá
La nacionalización, en el mundo, a menudo se lleva a cabo, o se ha llevado, con fines políticos, económicos o sociales, como en el caso de PETRO-CANADA, una empresa estatal, que toma el control de empresas extranjeras para aumentar la cuota de Canadá en la industria petrolera.
Aunque Canadá apoya en general la ideología de la libre empresa, la preocupación por el aumento de la propiedad extranjera y la apropiación de los recursos canadienses por parte de empresas extranjeras dio lugar a nacionalizaciones en la década de 1970. En la Columbia Británica, por ejemplo, el Nuevo Partido Democrático, entonces en el poder, nacionalizó varias empresas forestales entre 1972 y 1974. En Saskatchewan, el gobierno del NDP anunció su intención de nacionalizar al menos la mitad de la industria de la potasa en 1975. A lo largo de esta década, el gobierno federal liberal propuso la “canadianización” de la industria petrolera, política que culminó en el PROGRAMA NACIONAL DE ENERGÍA de 1980. Canadización no significa necesariamente nacionalización, ya que incluye la compra de empresas extranjeras por empresas privadas canadienses. Además, las absorciones estatales se logran mediante adquisiciones que implican poca coerción. Sin embargo, los críticos sostienen que las acciones del gobierno distorsionan los valores del mercado, lo que da lugar a una compensación inadecuada.
En Canadá, la privatización de la BC Resources Investment Corporation por el gobierno de Crédito Social de la Columbia Británica saltó a los titulares. Los esfuerzos privatizadores continuaron a nivel provincial, encabezados por el gobierno de Crédito Social de la Columbia Británica dirigido por William Vander Zalm, que anunció en 1987 un vasto programa de transferencia de funciones gubernamentales al sector privado.
A nivel federal, la política de privatización figuraba en el programa del efímero gobierno conservador progresista de Joe CLARK, pero su empeño en privatizar Petro-Canada contribuyó a su derrota en 1980. Sin embargo, en 1984, la elección de un nuevo gobierno Conservador Progresista dirigido por Brian MULRONEY marcó el regreso a los objetivos de privatización. El gobierno creó una secretaría de privatización con el mandato de seleccionar las empresas que debían privatizarse y proceder a su privatización, ya fuera vendiéndolas a una empresa del sector privado o mediante una venta general de acciones al público. Entre 1984 y 1988 se privatizaron varias empresas de la Corona, como Canadian Arsenals Limited, CANADAIR LTD, DE HAVILLAND AVIATION DU CANADA LIMITÉE y Teleglobe Canada.
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Recursos
Notas y Referencias
- Basado parcialmente en el concepto y descripción sobre efectos de la nacionalización en la Enciclopedia Rialp (f. autorizada), Ediciones Rialp, 1991, Madrid, España
Véase También
Administración Pública, Arbitraje, Ciencia Económica, Ciencias Sociales, Derecho Administrativo, Economía Política, Empresa, Empresa y Competencia, Estado, Estructura Económica, Financiación, Legislación, Nacionalización, Poder Ejecutivo y Administración Pública, Propiedad de Bienes, Régimen Administrativo del Estado, Régimen Económico, Empresa, Vida Política, Propiedad,
Bibliografía
W. R. ROBSON, Industria nacionalizada y propiedad pública, Madrid 1964; G. PETRILLI, Lo Stato imprenditore. Validité e attualitá di una formula, Bolonia 1967; E. VERDERA Y TRUELIS, La empresa pública, Madrid 1968.
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Por lo que sé, en 2012, Argentina nacionalizó una participación mayoritaria en YPF, la empresa petrolera controlada por el Estado. Como resultado, los accionistas minoritarios presentaron una demanda, y la juez de distrito estadounidense Loretta Preska en Nueva York dictaminó recientemente que Argentina debe pagar 16.100 millones de dólares a estos accionistas. En concreto, se ordena a Argentina que pague 14.380 millones de dólares a Petersen Energía (incluidos daños e intereses) y 1.700 millones de dólares a Eton Capital. Se seguirán devengando intereses si Argentina no paga. A pesar de los problemas económicos de Argentina, tiene previsto recurrir la sentencia, parece. Burford Capital, que financió gran parte del litigio, considera que se trata de una victoria significativa contra Argentina Voy bien encaminado?
Cuando Argentina privatizó su petrolera en la década de 1990, incluyó un texto en los estatutos que establecía que si el país decidía nacionalizar la empresa en el futuro, tendría que hacer una oferta pública de adquisición de todas las acciones de clase D a un precio predeterminado.
Pero cuando Argentina nacionalizó YPF en 2012, el viceministro de Economía Axel Kicillof, vice-interventor de YPF, dijo que el requisito de la oferta pública de adquisición era una “trampa para osos” y que sólo los “tontos” esperarían que Argentina e YPF lo cumplieran, según una presentación judicial.