Eficacia de las Normas

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Ideas Básicas

Véase la información sobre la eficacia obligatoria, sancionadora y constitutiva de las normas, así como La función ordenadora de las normas, en la presente Enciclopedia Jurídica.

Eficacia Obligatoria, Sancionadora y Constitutiva de las Normas

Los aspectos relativos al deber general de cumplimiento de las normas suelen identificarse teóricamente mediante la expresión eficacia obligatoria de las normas, mientras que, por su parte, la llamada eficacia sancionadora de las normas estaría referida al conjunto de medidas represivas previstas por ellas para los supuestos de incumplimiento. Se habla de eficacia constitutiva de la norma para tratar de resaltar que cualquier relación o problema socialmente identificable se convierte en un entramado de derecho y de deberes, esto es, en una relación jurídica) precisamente a causa de la aplicación del conjunto de normas correspondiente.

Credibilidad del Derecho eficaz

El Derecho es denostado por quienes solo aciertan a ver en sus operaciones lo complejo y, a veces, esotérico de unos tecnicismos que, lejos de cualquier arbitrariedad, se explican por la necesidad de aunar los valores de la justicia y la seguridad jurídica (arts. 1.1 y 9.3 CE). El Derecho merece y recibe el elogio de cuantos le juzgan insustituible para promover, flexibilizar y acrecentar los vínculos entre los individuos y/o las comunidades. Si el Derecho crece en aceptación y prestigio, es porque sabe estar al servicio de los intereses generales que, en cada círculo o sector de las sociedades pluralistas (art. 20.3 CE), reclaman el auxilio de las normas jurídicas que cuidan de esas exigencias. El Derecho impera merced a la coerción -que se atiene a criterios de sana posibilidad- de la autoridad -que se acata por razones múltiples, cuya definición y deslinde son harto difíciles- y a la aceptación reflexiva, todo lo contrario del buen obedecer, de los destinatarios de sus normas.

El Derecho obtiene resultados positivos en la medida que sus soluciones se adaptan a los criterios razonables que justifican la intervención coactiva de los poderes públicos. Para que así sea, el Estado social y democrático de Derecho -que se inspira en pautas de tecnificación jurídica y progreso social- necesita de los controles destinados a disuadir de las tentaciones de ejercicio abusivo del poder. Utiliza fórmulas que -como la censura jurisdiccional ordinaria de los actos del poder ejecutivo o la fiscalización de las decisiones inconstitucionales (arts. 106.1 y 161.1 a CE)- aquí y ahora ocupan el lugar del que, según un viejo postulado de la doctrina del orden natural, fue un derecho histórico de resistencia frente a las demasías del poder injusto. La atenuación de las tentaciones totalitarias del Derecho no solo obedece a las razones éticas que aconsejan ir detrás de sus pasos, sino también a las condiciones racionalizadoras que aparecen cuando el Derecho del Estado coexiste con uno o mas ordenamientos jurídicos extraestatales y reclama un sistema de interrelaciones que garantiza el equilibrio mutuo.

El Derecho intensifica su eficacia cuando las conexiones del Estado-ordenamiento y el Estado-comunidad fomentan la prosperidad de sus reservas éticas y aumentan las oportunidades de ajustarse a estos imperativos. El Estado-comunidad -que procede de la conversión de las colectividades de origen en comunidades reflexivas y del advenimiento de éstas a otras formas de cooperación y convivencia mas perfectas- esboza las líneas de fuerza de los proyectos sociales que el Derecho objetivo acoge, depura y asimila. El Estado-ordenamiento logra, a costa de las precisiones y reajustes que posibilitan la distensión normalizadora de los conflictos sociales, un optimo de organización que armoniza la paz social -uno de los elementos de la noción tradicional de orden público- con la autonomía de los grupos que nacen y crecen en su seno (arts. 9.2 y 10.1 CE). El esfuerzo de transformación -debido a incentivos variables y superadores de las tentaciones de sometimiento o de rutina- revela como, mas allá del concepto jurídico determinado de eficacia, surge un concepto jurídico indeterminado de efectividad.

La eficacia implica, entre otras acepciones, que el Derecho beneficia a cuantos ostentan la cualidad de portadores de un interés legítimo -signo de la utilidad o ventaja pretendida- que les introduce en la esfera protectora del ordenamiento jurídico. La efectividad significa que, solo si hay verdaderas oportunidades de acceder a tales beneficios, el Derecho rinde un servicio autentico a la comunidad y acredita su sincero propósito de tutela y de cambio. Cambio que no es, al uso civilístico de las obligaciones de medios o de simple actividad, un estéril y vano despliegue de energías, caracterizado por el predominio de lo testimonial o lo retórico, sino que exige la constancia -algo mas y distinto de la añoranza o las predicciones optimistas- de unas dosis de libertad y de igualdad que, sabia y serenamente ponderadas, arrojan un saldo (véase una definición en el diccionario y más detalles, en esta plataforma, sobre saldo) de justicia. A medida que esta orientación gana terreno, se afianzan la buena voluntad y el optimismo de unos poderes sociales -inventores y protagonistas de la biografía del Estado-comunidad- a los que los poderes públicos transmiten un plus de regeneración que explica la razón de ser y, en su caso, el éxito de la revolución desde el interior. La revolución creadora de un Derecho eficaz se ha llamado razón sin historia, y la contrarrevolución -su hermana gemela- ha soportado el rotulo de historia sin razón. La revolución desde el interior consiste en innovar atrevidamente, sin merma de la sujeción de los pobres públicos al ordenamiento jurídico, los adelantos que exige una sincera voluntad de cambio.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Fuente: Manuel Mª Zorrilla Ruiz, Teoría general para un entendimiento razonable de los episodios del mundo del derecho, Editorial Dykinson, 2005

Eficacia Obligatoria, Sancionadora y Constitutiva de las Normas

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