Definición y descripción de Ejecución de Sentencia ofrecido por el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de México: (escrito por Ignacio Medina Lima) (La voz exsecutio del latín clásico, que en el bajo latín corresponde a executio, del verbo exsequor, significa cumplimiento, ejecución, administración o exposición).
Entre las Líneas
En el lenguaje jurídico se entiende por ejecución el cumplimiento o satisfacción de una obligación, cualquiera que sea la fuente de que proceda, ya sea contractual, legal o judicial. Por cuanto a la ejecución de lo mandado en una sentencia, explica Couture; “dícese de la ejecución cuyo título está constituido por una sentencia judicial, normalmente de condena”.
Entre las Líneas
En materia civil la ejecución puede ser realizada en forma voluntaria o forzosa. Es voluntaria cuando el obligado cumple espontáneamente; es, en cambio, forzosa cuando el cumplimiento se alcanza por medios legales con independencia o en contra de la voluntad de obligado.

Ejecución de sentencia dictadas por los Tribunales de la Unión Europea

Los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias si declararen que se han incumplido las obligaciones que les incumben conforme al Tratado. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha tomado tales medidas, emitirá un dictamen motivado, tras haber dado a aquél la oportunidad de presentar sus observaciones y podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia. La Comisión indicará el importe que considere adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro. Hay una Comunicación de la Comisión publicada en el DOCE C 242, de 21/8/96 sobre la aplicación del art. 171 del TCE (actual artículo 228 CE).

Otros Elementos

Además, en una Comunicación publicada en el DOCE C063 de 28/02/1997 la Comisión especifica el método de cálculo que utilizará para la propuesta de multa coercitiva.

Si el Tribunal de Justicia declarare que el Estado miembro ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

La Comisión mantiene actualizada la información sobre transposición de directivas y procedimientos de infracción en todos los Estados miembros. Esta información incluye informes anuales de seguimiento en la aplicación del Derecho comunitario.

Otros Elementos

Además, realiza un seguimiento específico sobre la transposición de directivas del mercado interior.

Reconocimiento y ejecución de Sentencias y Resoluciones Judiciales: Reglamento (CE) Nº 44/2001

Procedimiento de Resoluciones: Ámbito de aplicación

El Reglamento 44/2001 se aplica en materia civil y mercantil y no cubre los ámbitos fiscal, aduanero ni administrativo, ni las siguientes materias:

estado y capacidad de las personas físicas, regímenes matrimoniales, testamentos y sucesiones;
quiebras;
seguridad social;
arbitraje.

Norma general en materia de competencia judicial

El principio fundamental es que la jurisdicción competente es la del Estado miembro donde el demandado tiene establecido su domicilio, cualquiera que sea su nacionalidad. La determinación del domicilio se efectúa en función de la ley del Estado miembro del tribunal competente. Cuando una parte no tiene un domicilio en el Estado miembro cuyos tribunales conocen del asunto, para determinar si dicha persona tiene un domicilio en otro Estado miembro, el juez deberá aplicar su legislación interna.

Para las personas jurídicas y las sociedades, el domicilio se define en función del lugar en que se encuentra su domicilio social, su administración central o su establecimiento principal.

Para los grupos, el domicilio es definido por el juez del Estado miembro cuyo tribunal conoce del asunto; el juez aplica las normas de su Derecho internacional privado.

Atraer al demandado a otro Estado miembro

A pesar del principio básico de que el tribunal competente es el del Estado miembro donde está domiciliado el demandado, este último puede ser llevado ante los tribunales de otro Estado miembro; ello ocurre en el marco de las competencias enumeradas por el Reglamento: competencia especial, competencia en materia de seguros, contratos de consumo, contratos de trabajo individuales y competencias exclusivas.

La competencia especial (artículo 5) de los tribunales engloba, por ejemplo:

las materias contractuales (en general, el tribunal del lugar donde la obligación fue o debería haber sido cumplida);
las obligaciones de alimentos (en general, el tribunal del lugar donde reside el acreedor de alimentos);
los delitos (el tribunal del lugar donde se produjo el hecho dañoso).

En materia de seguros, el asegurador podrá ser demandado ante los tribunales del Estado miembro donde tiene su domicilio o en otro Estado miembro cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante el tribunal del lugar donde el solicitante tiene su domicilio.
Entre las Líneas
En caso de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, el asegurador puede ser demandado ante el tribunal del lugar donde se produjo el hecho dañoso.

El Reglamento prevé también disposiciones sobre la competencia relativa a los contratos celebrados por los consumidores. Los consumidores son personas que celebran un contrato con un profesional para un uso que puede ser considerado ajeno a su actividad profesional propia. Quedan contemplados todos los contratos celebrados por los consumidores con personas que ejercen actividades comerciales o profesionales en el territorio comunitario, a excepción de los contratos de transporte distintos de los que ofrecen conjuntamente el viaje y el alojamiento con un precio a tanto alzado.

Aparte del caso de venta a plazos de mercancías, de préstamos a plazos o de cualquier otra operación de crédito vinculada a la financiación (o financiamiento) de la venta de tales bienes, el consumidor solo goza de protección si el profesional ejerce actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro en cuyo territorio tenga domicilio el consumidor o, por cualquier medio, dirige estas actividades hacia dicho Estado miembro. Una demanda interpuesta por un consumidor puede serlo ante el tribunal del Estado miembro en el territorio donde se encuentra el demandado o ante el tribunal del Estado miembro donde el consumidor (el solicitante) tenga su domicilio.
Entre las Líneas
En caso de que un profesional promoviera una acción contra un consumidor, ésta solo podría hacerse ante los tribunales de los Estados miembros en cuyo territorio esté domiciliado el consumidor.

Sobre la base de un contrato individual de trabajo, un trabajador puede demandar a su empresario ante los tribunales del Estado miembro donde éste tiene su domicilio, o en otro Estado miembro ante el tribunal del lugar donde el trabajador realiza habitualmente su trabajo. Cuando el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo país, será competente el tribunal del lugar donde se encuentra el establecimiento que contrató al trabajador. Un empresario que no esté domiciliado en un Estado miembro pero que cuente con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en el mismo será considerado como domiciliado en dicho Estado miembro. El empresario solo podrá demandar al trabajador ante los tribunales del territorio en donde el trabajador tenga su domicilio.

El Reglamento prevé competencias exclusivas de los tribunales sin consideración del domicilio en los casos de:

derechos reales inmobiliarios y contratos de arrendamientos de bienes inmuebles (es competente el tribunal del Estado miembro donde está situado el inmueble);
validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas o las decisiones de sus órganos (el tribunal donde tiene la sede la persona jurídica);
validez de las inscripciones en los registros públicos (el tribunal del Estado miembro donde se encuentra el registro);
inscripción o validez de patentes, marcas, diseños y modelos o derechos análogos (los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se efectuó el depósito o registro con arreglo a un instrumento comunitario o algún convenio internacional);
ejecución de resoluciones judiciales (los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución).

Cuando por lo menos una de las partes tenga su domicilio en el territorio comunitario y hayan acordado un convenio que estipule un acuerdo de elección del fuero en caso de litigio, serán competentes los tribunales determinados por las partes. El Reglamento prevé varios trámites respecto a dicho convenio atributivo de jurisdicción: debe concluirse por escrito o de tal forma que se ajuste a las prácticas habituales entre las partes o de una forma conforme a los usos del comercio internacional y conocida de las partes.

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Del mismo modo, están previstas normas en materia de codefensores, obligaciones de garantía, intervención de terceros o demanda reconvencional, así como en el caso de una acción contractual anexa a una acción en materia de derechos reales inmobiliarios.

El Reglamento prevé también un mecanismo de litispendencia y conexión.

Reconocimiento y ejecución

Las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro son reconocidas en los otros Estados miembros, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento complementario. El Reglamento entiende por «resolución» cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como: auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La decisión extranjera no puede nunca ser objeto de una revisión de fondo.

Una resolución no será reconocida si:

el reconocimiento fuera manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;
la cédula de emplazamiento del procedimiento no se hubiera notificado con tiempo suficiente al demandado para que pueda defenderse;
es inconciliable con una decisión dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido;
es inconciliable con una resolución dictada anteriormente en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tiene el mismo objeto y la misma causa.

Un tribunal puede suspender el procedimiento si una resolución dictada en otro Estado miembro fuere objeto de un recurso ordinario.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Las resoluciones se ejecutan en otro Estado miembro después de haber sido declaradas allí ejecutorias a instancia de cualquier parte interesada. Las partes pueden interponer un recurso contra la decisión relativa a la solicitud de declaración que constata la fuerza ejecutoria.

OEDE-Denegación y suspensión de ejecución en la Jurisprudencia Penal Europea

Decisiones judicial del TJUE sobre esta materia:

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de septiembre de 2016, Asunto C-182/15, Aleksei Petruhhin (ECLI:EU:C:2016:630)
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 50/2014, de 7 de abril
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 29 de enero de 2013, C-396/11, Radu, (ECLI:EU:C:2013:39)
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 5 de septiembre de 2012, Asunto C-42/11, Lopes da Silva (ECLI:EU:C:2012:517)
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de junio de 2012, C-192/12, West (ECLI:EU:C:2012:404)
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 181/2011, de 21 de noviembre
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de octubre de 2010, C-306/09, IB (ECLI:EU:C:2010:626)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nº 56588/07, Stapleton c. Irlanda, de 4 de mayo de 2010
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 19 de marzo de 2010, nº 263/2010, rec. 11185/2009 (ECLI: ES:TS:2010:1705)
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2009, C-123/08, Wolzenburg (ECLI:EU:C:2009:616)
Auto del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 2015, c-463/15, A (ECLI:EU:C:2015:634)
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 191/2009, de 28 de julio
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 17 de julio de 2008, C-66/08, Kozlowski (ECLI:EU:C:2008:437)
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 37/2007, de 12 de febrero
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 177/2006, de 5 de junio

Aspectos Tributarios de Ejecución de sentencia

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Traducción de Ejecución de sentencia

Inglés: Enforcement of ruling
Francés: Voie d’exécution
Alemán: Urteilsvollstreckung
Italiano: Esecuzione della sentenza
Portugués: Execução de sentença
Polaco: Postępowanie egzekucyjne

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Tesauro de Ejecución de sentencia

Derecho > Justicia > Sentencia > Ejecución de sentencia

Véase También

Autoridad de cosa juzgada
Efecto jurídico
Medios de ejecución
Vía ejecutiva

Bibliografía

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones; 2a. edición, México, Librería de Manuel Porrúa, 1978; Carnelutti, Francisco, Sistemas de derecho procesal civil; traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, UTHEA, 1944, tomo I; Couture, Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil; 3a. edición, Buenos Aires, Depalma, 1958; Couture, Eduardo, Vocabulario Jurídico, Montevideo, Facultad de Derecho, 1960; engelmann, Arthur, et al., History of Continental Civil Procedure; traducción de Robert Wyness Millar, New Jersey, Rothman Reprints, 1969; Gaius, Institutes; traducción de Julien Reinsch, Paris, Les Belles Lettres, 1960; Levy Bruhl, H., Recherches sur les actions de la loi; Paris, Surey, 1960; May, Gastón, Eléments de droit romain; 13a. edición, Paris, Sirey, 1920; Pallares, Eduardo, La via de apremio y otros estudios procesales, México, Botas, 1946.

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Vivienda: Es el vocablo utilizado en la materia jurídica del trabajo para denotar la casa o morada que un patrón debe proporcionar a sus trabajadores, de acuerdo con las modalidades establecidas (en el caso de México, España y otros países) en la Constitución, en disposiciones reglamentarias, en los contratos colectivos o en instrumentos que derivan de acuerdos paritarios. La obligación patronal de facilitar la adquisición o permitir el uso de viviendas decorosas para los obreros encuentra su arranque y criterio inicial, a nivel comunitario, en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1921, aunque circunscrita a los trabajadores agrícolas. Cuarenta años más tarde la Recomendación 115 fijaba en Ginebra directrices de mayores alcances. En esta plataforma, los conceptos y temas relacionados con vivienda incluyen los siguientes: Personas internamente desplazadas, Deforestación, Estímulo económico, Hipotecas, Contratos, Planificación urbana, Zonificación. Véase también: Con Jerarquía, Justicia, Sentencia.
Sentencia: Sentencia, resolución o decisión llevada a cabo por el órgano jurisdiccional (juez o tribunal) que pone fin a un procedimiento judicial. La sentencia contiene una declaración de voluntad de este órgano (debe hacerlo, no es potestativo, salvo que no tenga competencia) en la que se aplica el Derecho a un determinado caso concreto. Las sentencias deben ser congruentes, es decir, deben resolver acerca de todas las cuestiones que hayan sido objeto de debate en el proceso. El fallo no debe contener más, ni algo distinto, de lo pedido por las partes. Cuando se trata de sentencias penales, la congruencia significa que debe mediar una relación entre la sentencia y la acción penal ejercitada. Por ejemplo, si una persona es acusada de homicidio, el juez no puede condenarle por robo (para ello haría falta aplicar otro procedimiento). La sentencia debe reunir los requisitos de tiempo, lugar y forma. Debe dictarse en un periodo de tiempo apto para la realización de los actos del juez o tribunal. La fijación de este plazo (véase más en esta plataforma general) varía según el procedimiento de que se trate. En cuanto al lugar, es la sede del juzgado o tribunal a quien corresponda llevar a cabo el acto. Véase también: Destacado, Justicia, Sentencias.
Responsabilidad: La responsabilidad es la situación en la que una persona está obligada por una ley o un reglamento administrativo a pagar una contribución financiera a un fondo público. En el derecho de la seguridad social, la responsabilidad es la relación obligatoria entre las personas que reciben una remuneración en virtud de un contrato de trabajo y el sistema de seguridad social. Esta situación, que es una cuestión de orden público, les obliga a estar inscritos en el sistema de seguridad social establecido por el Estado. La existencia de una relación laboral depende de las condiciones de hecho en las que se desarrolla la actividad del interesado. La responsabilidad subjetiva nació y se desarrolló en la era agraria. Entonces, era posible imponer la responsabilidad como consecuencia de un juicio moral y social fundado en la culpa y el dolo, los únicos factores capaces de atribuir responsabilidad. No tenía demasiada importancia el daño no provocado por el dolo o la culpa, ya que era mínimo y tolerado como un designio de Dios o del azar. La sociedad agraria no ofrecía problemas complejos en materia de prueba del elemento subjetivo y los daños que cubría correspondía a los que realmente se causaban. La aparición de la máquina a vapor abre paso a la era industrial. La responsabilidad, ahora, no se extiende solo a los actos propios, sino también por los actos de aquellos por los cuales respondemos e incluso por las cosas que están bajo nuestro cuidado. El acento de la responsabilidad se pone sobre las cosas que detentamos. Nace entonces la teoría del riesgo (...), y con ella aparece la responsabilidad objetiva, al margen de la culpa y el dolo. La responsabilidad se concibe, ahora, sobre la base de la causalidad material absoluta. A la era industrial, le ha sucedido la era tecnológica, que presenta otros riesgos y otro tipo de daños, muchos de ellos difusos, de fuentes múltiples y encubiertas. Véase también: Con Jerarquía, Destacado, Justicia.
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Violencia Electoral: Desde 2010 se ha producido una rápida expansión de la comprensión de la violencia electoral como subconjunto de la violencia política por parte de profesionales y académicos. Tres de los hallazgos más importantes son: (1) el predominio de la violencia preelectoral, que subraya la necesidad de intervenir en una fase temprana; (2) la propensión de los gobiernos en el poder sobre los contendientes a utilizar la violencia como herramienta, lo que brinda oportunidades para los compromisos diplomáticos y de otro tipo entre Estados para prevenir la violencia; y (3) la persistencia de la violencia electoral, a pesar de la mayor aceptación de las normas democráticas, que pone de relieve la necesidad de considerar la dinámica política y de conflicto subyacente. Así pues, aunque el campo ha avanzado en su comprensión de los componentes de la violencia electoral, la prevención sigue siendo un reto. Véase también: Destacado, Justicia.

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