Tradición jurídica

El ius commune se basaba en la práctica autorreferencial de la ciencia jurídica, que había alcanzado un alto grado de autonomía respecto al proceso político. En este contexto, el derecho romano se consideraba una expresión de la racionalidad jurídica; no cabía duda de que se trataba de una gramática universal del derecho. Por este motivo, también debía tenerse en cuenta a la hora de aplicar un ius proprium. Las herramientas conceptuales y las categorías intelectuales del derecho sólo podían encontrarse en el contexto del derecho romano; y, por tanto, también eran decisivas para aplicar y discutir las normas locales. De ahí que la “validez” del ius commune y la “validez” del ius proprium fueran cuestiones totalmente distintas: el derecho local se basaba en el mandato político de un príncipe, en la costumbre tradicional de una comunidad local o en la legislación de una ciudad autónoma. Por el contrario, el ius commune representaba la racionalidad y la justicia de la ley, siendo sus principios vinculantes imperio rationis en lugar de ratione imperii. El Ius Commune y sus normas no eran ejercicios estériles y académicos intelectuales que estaban confinados a las aulas de la Europa moderna medieval y temprana. Estas normas que formaban la base de la jurisprudencia medieval son los equivalentes jurisprudenciales a los preceptos éticos y a otros.