Las Características Generales del Procedimiento Constitucional

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Justicia y Procedimiento Constitucional

Actos sometidos a control del Tribunal Constitucional

Los actos que pueden someterse a los tribunales constitucionales en los distintos ámbitos son más o menos numerosos. Pero el ámbito del contencioso constitucional es más amplio que el de las competencias de los tribunales: los actos que no se les someten suelen ser competencia de otras jurisdicciones.

– Las leyes, cuando pueden ser revisadas, son casi siempre competencia de los Tribunales Constitucionales. Sólo hay dos excepciones a esta regla. La primera, más aparente que real, es la de los sistemas de revisión “descentralizados” de tipo americano, en los que cualquier tribunal puede negarse a aplicar una ley que considere contraria a la Constitución, a reserva de revisión por el Tribunal Supremo en caso de recurso. El segundo, menos común, se da en países como Alemania, donde se distingue entre leyes según su fecha de adopción: si la ley fue adoptada antes de la Constitución, cualquier tribunal puede declarar su inconstitucionalidad; si no lo fue, sólo el Tribunal Constitucional está facultado para hacerlo.

– En ocasiones, los actos administrativos (reglamentos o decisiones individuales) también pueden recurrirse directamente ante los Tribunales Constitucionales, como en Austria y Portugal. Sin embargo, para evitar el riesgo de sobrecargar los tribunales, algunos países han preferido permitir el acceso al tribunal sólo después de haber agotado todas las demás vías de recurso ante los tribunales competentes para pronunciarse sobre asuntos administrativos, como en Alemania y España. Un tercer grupo de países no permite en ningún caso la intervención del tribunal: Francia e Italia en particular, donde la constitucionalidad de estos actos sólo puede ser apreciada por los tribunales administrativos (o, excepcionalmente, por los tribunales de justicia). Incluso antes de la creación del Consejo Constitucional, el Consejo de Estado francés ya había exigido a la Administración que respetara los “principios generales del Derecho que resultan, en particular, del Preámbulo de la Constitución”.

– Sentencias judiciales: dado que los jueces tienen la misión de establecer la ley, puede parecer paradójico que una sentencia sea considerada inconstitucional. Sin embargo, ocurre, bien porque se ha hecho una apreciación falsa de la constitucionalidad de una norma, bien porque se ha dictado según un procedimiento que no respetaba ciertas garantías fundamentales. En Estados Unidos, cualquier tribunal puede ser censurado por este motivo por el tribunal superior y, en última instancia, por el Tribunal Supremo. En la Europa continental, donde el Tribunal Constitucional no forma parte de la jerarquía de los tribunales ordinarios, el problema es más complejo y debe resolverse mediante disposiciones expresas. A veces, como en Alemania y España, una sentencia dictada en última instancia puede remitirse al Tribunal; a veces, por el contrario, como en Francia e Italia, se excluye esta posibilidad.

Contrariamente a lo que podría pensarse, el control de la legislación no siempre tiene la mayor repercusión: el valor teórico y práctico de las decisiones dictadas por los tribunales no se mide por el número de actos que se les remiten. En Estados Unidos, la construcción del “debido proceso legal” fue realizada por el Tribunal Supremo a partir de casos penales o administrativos cuya materia era a menudo menor.

Métodos de intervención de los tribunales: Tipos de revisión

El control ejercido por los tribunales varía en función de los ámbitos y actos examinados: es evidente que la apreciación de la regularidad de una elección legislativa tiene poco que ver con la anulación de una sentencia. Nos limitaremos aquí a la función principal de los tribunales, es decir, el control de la constitucionalidad de las leyes. Se ejerce de formas que pueden agruparse según dos distinciones principales:

– Control a priori o a posteriori. En el primer caso, la revisión tiene lugar después de que la ley haya sido aprobada por el Parlamento, pero antes de su promulgación; la declaración de inconstitucionalidad tendrá por tanto un efecto preventivo al imposibilitar la aplicación del texto. Salvo en Francia hasta la reforma de 2008, este sistema nunca ha sido exclusivo. Tiene ventajas desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ya que elimina toda posibilidad de impugnación posterior, pero, en cambio, tiene el inconveniente de limitar el horizonte del juez, que no puede, en el momento de dictar sentencia, prever todas las virtualidades de la ley, todas las dificultades concretas que planteará su aplicación. Por ello, en la mayoría de los países se prevé el control a posteriori (que, por otra parte, a veces coexiste con el control a priori, como en Alemania y Portugal): la ley puede ser impugnada después de su entrada en vigor, ya sea en un plazo determinado, que es de tres meses en España, por ejemplo, o indefinidamente, como en Alemania e Italia.

– Control incidental y control principal. El control incidental (también llamado control concreto) es un control efectuado en el curso de un proceso que no se refiere directamente a la constitucionalidad de una ley, pero que conduce a una decisión incidental sobre esta cuestión porque de ella depende la resolución del litigio: por ejemplo, en un proceso penal, el acusado debe ser absuelto si los jueces consideran que la ley en virtud de la cual fue procesado es contraria a la Constitución. En cambio, el control a título principal (también llamado control abstracto) se ejerce mediante un recurso que tiene por objeto, bien impedir la promulgación de una ley (control a priori), bien anularla (control a posteriori), independientemente de toda controversia sobre su aplicación a un caso concreto. La elección entre estos distintos tipos de control está vinculada a la cuestión de cómo se somete el asunto a los tribunales.

Métodos de intervención de los tribunales: Remisión

¿Quién puede iniciar un control de constitucionalidad? Esta cuestión no se plantea realmente en países como Estados Unidos, donde este control lo ejercen los tribunales ordinarios: cualquier litigante en un proceso puede plantear una cuestión de constitucionalidad, independientemente del tribunal en el que se celebre el juicio. Pero cuando, como en la mayoría de los países europeos, el control se reserva a un órgano especial, es indispensable determinar la lista de personas o instituciones que estarán habilitadas para plantearle la cuestión.

Esta lista puede ser más o menos larga, pero el abanico de posibilidades es más estrecho para el control a priori que para el control a posteriori. En el primer caso, el recurso está siempre reservado a las autoridades políticas: en Francia, por ejemplo, en el sistema original de 1958, sólo podían recurrir al Consejo Constitucional el Presidente de la República, el Primer Ministro o el Presidente de una de las dos Asambleas; desde la revisión de 1974, este derecho se ha concedido también a 60 diputados o 60 senadores: el recurso se ha hecho así más fácil (lo que ha dado lugar a un aumento considerable de la actividad del Consejo), pero sigue siendo prerrogativa de la clase política.

En cuanto al control a posteriori, la remisión por parte de las autoridades políticas también es posible -por ejemplo, en Alemania, un tercio de los miembros del Bundestag puede remitir una ley al Tribunal Constitucional-, pero se utiliza muy raramente. La mayoría de los recursos se interponen por remisión de un tribunal ordinario o directamente por un ciudadano. La primera hipótesis supone que un tribunal tiene dudas sobre la constitucionalidad de una ley que normalmente tendría que aplicar: incapaz de decidir por sí mismo esta cuestión, la remite al Tribunal Constitucional y suspende el procedimiento hasta que el Tribunal se pronuncie. Los tribunales alemanes, italianos y españoles, en particular, recurren con mucha frecuencia a este procedimiento denominado “cuestión prejudicial”, introducido en Francia por la reforma constitucional de 2008. En adelante, los particulares tienen derecho a solicitar que una ley de la que depende la resolución de su litigio sea declarada inconstitucional y, por tanto, inaplicable: el tribunal puede declarar infundada la objeción o remitirla, según la jerarquía a la que pertenezca, al Conseil d’État o a la Cour de cassation, que decidirá si procede remitirla al Conseil constitutionnel. La introducción de este mecanismo de filtro pretende evitar la sobrecarga del Conseil, pero existe el riesgo de que pierda el monopolio de la apreciación de la constitucionalidad que tenía hasta ahora.

El recurso de los ciudadanos es raramente aceptado, en primer lugar por temor a una afluencia de recursos que sobrecargaría el papel del tribunal y, en segundo lugar, porque la ideología tradicional del sistema representativo no acepta fácilmente que los particulares puedan impugnar los actos de los investidos de la soberanía nacional. Esta posibilidad existe, sin embargo, en Alemania, donde el “recurso constitucional” permite a cualquier ciudadano interponer un recurso ante el tribunal cuando considere que uno de sus derechos fundamentales ha sido directamente vulnerado por una ley; pero si la vulneración de ese derecho se deriva de la aplicación de la ley mediante un acto administrativo, el interesado debe primero recurrir ese acto ante el tribunal competente, alegando que la ley en la que se basa es inconstitucional; si el tribunal se niega a suspender el procedimiento, el recurso constitucional permitiría entonces al demandante impugnar su decisión ante el tribunal: directa o indirectamente, siempre puede impugnar la ley ante el tribunal. En Austria se aplica un sistema similar desde 1975. El procedimiento de amparo español también es similar. Sin embargo, no hay que sobrestimar la eficacia de la remisión por los ciudadanos: siempre va acompañada de un proceso de filtrado llevado a cabo por un panel restringido del tribunal, que, tras un examen sumario, rechaza la gran mayoría de los recursos (hasta el 95% en Estados Unidos y Alemania).

Los efectos de la revisión

En principio, los efectos de la revisión varían en función de si los tribunales intervienen como órgano principal o como órgano incidental. En el primer caso, la declaración de inconstitucionalidad tiene un efecto general, en el sentido de que la ley queda anulada y no puede volver a aplicarse a nadie: es lo que se conoce como efecto erga omnes. En el segundo caso, la declaración sólo se refiere al procedimiento en el que se planteó la cuestión: teóricamente, la ley declarada inconstitucional sigue, por tanto, en vigor; pero los tribunales gozan de una autoridad y muestran una coherencia que confieren a sus decisiones una influencia que va mucho más allá del marco de los litigios particulares sobre los que se pronuncian; por tanto, la administración y los tribunales dejarán normalmente de imponer la aplicación de dicha ley: Este es particularmente el caso en los países anglosajones, donde la regla del precedente obliga a los tribunales a acatar las decisiones judiciales anteriores, al menos cuando emanan de un tribunal superior. Además, algunas constituciones, como las de Italia, España y Alemania, establecen que incluso las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas incidentalmente tienen efectos para todos.

La influencia de los tribunales

Aunque el público en general sólo conoce sus decisiones más sonadas, los tribunales influyen en la vida política y social del país en numerosos aspectos. Aunque en principio deberían limitarse a sancionar las violaciones de las normas constitucionales, su tarea implica necesariamente la facultad de interpretar esas normas, y la interpretación siempre conlleva un cierto grado de subjetividad. ¿Implica el derecho a la vida la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o la abolición de la pena de muerte? ¿Los sistemas de videovigilancia restringen indebidamente el ejercicio de las libertades individuales? ¿Es compatible el principio de igualdad de los ciudadanos con un sistema de segregación escolar? Éstas son sólo algunas de las preguntas a las que deben responder los tribunales y para las que no existe una respuesta científicamente demostrable o universalmente aceptada. Y, sin embargo, de esas respuestas dependen en gran medida las líneas maestras de la legislación y los valores fundamentales de la sociedad.

La influencia de los tribunales está vinculada a una serie de factores, que pueden encontrarse en proporciones variables en los distintos países. En particular, se debe a la diversidad de veredictos posibles a la hora de apreciar la constitucionalidad de un acto, a la mayor o menor amplitud de las normas de referencia y al carácter más o menos audaz de la política jurisprudencial.

La gradación de los veredictos

Durante mucho tiempo, el control siguió una lógica binaria: o la ley era constitucional o no lo era, en cuyo caso había que censurarla. Hoy en día, esta lógica parece demasiado restrictiva, y a los dos veredictos tradicionales se han añadido técnicas de revisión más matizadas.

– Una de ellas es la declaración de constitucionalidad con reservas: en este caso, el juez considera que no hay razón para censurar la ley, pero que conviene precisar las condiciones a las que debe someterse su validez. A veces, excluye una o varias interpretaciones posibles del texto y fija así los límites de su ámbito de aplicación: este procedimiento suele denominarse “reserva de interpretación”. Por ejemplo, en enero de 1981, el Consejo Constitucional francés dictaminó, en relación con la llamada Ley de “Seguridad y Libertad”, que las disposiciones penales que permitían castigar a toda persona que utilizara cualquier medio para obstaculizar la circulación de vehículos no podían aplicarse a las personas que ejercieran legalmente el derecho de huelga (por ejemplo, los conductores de autobús).

En otros casos, el juez establece las condiciones que deben cumplirse al aplicar la ley: son las llamadas “directivas de aplicación”. Un ejemplo de ello es la decisión del Consejo Constitucional de 1986 sobre las privatizaciones, en la que detallaba minuciosamente las normas que el gobierno debía observar al evaluar el valor de las empresas que se iban a transferir. Del mismo modo, el Tribunal italiano sólo validó una ley que preveía la delegación de poderes de policía a los prefectos especificando que tales delegaciones debían responder a criterios precisos.

– Otra técnica consiste en declarar inconstitucional una ley indicando al legislador los principios a los que deberá atenerse si desea volver a redactar un texto con el mismo objeto: un veredicto de este tipo puede considerarse de “inconstitucionalidad enmendable” o, si se prefiere, de “constitucionalidad potencial”. El Tribunal alemán dictó una sentencia de este tipo en relación con las licencias de radiodifusión concedidas a emisoras privadas, precisando que el legislador debía adoptar disposiciones que garantizaran el pluralismo de opiniones y la objetividad de la información. Se podría pensar que una técnica de este tipo es poco respetuosa con las prerrogativas de los demás poderes públicos, cuya situación es entonces comparable a la de un alumno cuyo profesor le dice cómo rehacer su trabajo. Pero tiene la ventaja práctica de darles una idea más clara de cómo tendrán que lograr la reforma que desean sin incurrir una vez más en la censura del juez constitucional.

Revisor de hechos: EJ

Contenido de Características generales del Procedimiento Constitucional en Europa

Algunos de los principios, en general, y dependiendo de las diferentes jurisdicciones, son los siguientes:

• Principio de legalidad: El principio de legalidad implica que los actos de la Administración y los del poder legislativo deben ajustarse a derecho, es decir, a las normas jurídicas que les son superiores. Véase más abajo.
• Principio de subsidiariedad (Unión Europea): El principio de subsidiariedad permite, en el marco de las competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros, determinar el nivel de intervención más adecuado para alcanzar los objetivos de la acción prevista. El principio de subsidiariedad se define en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE): “en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a escala de la Unión”.
• Principio de valor constitucional: Un principio de valor constitucional es un principio establecido por el Consejo Constitucional, cuyo cumplimiento es vinculante para el poder legislativo y otros órganos del Estado. Es una norma jurídica por derecho propio. El Consejo Constitucional, en Francia, elabora normas cuyo principal objetivo es dar valor constitucional a la protección de los derechos fundamentales de las personas. Estos principios forman parte del “bloc de constitutionnalité”, del que el Consejo Constitucional es garante. En sentido amplio, estos principios se derivan de los propios artículos de la Constitución o están consagrados en los textos mencionados en el preámbulo.
• Principios rectores (procedimiento civil): Los principios rectores del proceso son un conjunto de normas fundamentales comunes a todos los procedimientos civiles que contribuyen al respeto de las garantías básicas de una buena justicia. El principio dispositivo rige los papeles respectivos de las partes y de los jueces durante el procedimiento. Este principio sitúa a las partes en el centro de la introducción y el desarrollo del procedimiento: ellas “tienen” el asunto en litigio. En cuanto al juez, si bien su papel es decidir el litigio en derecho, goza de ciertas prerrogativas que le permiten intervenir en el curso del proceso.

Principio de legalidad

El principio de legalidad, como ya se ha indicado, implica que los actos de la Administración y los del poder legislativo deben ajustarse a derecho, es decir, a las normas jurídicas que les son superiores.

Normas constitucionales

Las fuentes constitucionales incluyen todas las normas de valor constitucional (véase Principio de valor constitucional) que forman el bloque de constitucionalidad, que es la referencia en la que se basa el Consejo Constitucional para controlar la constitucionalidad de las leyes. Este órgano es, por supuesto, vinculante para la Administración, que debe atenerse a él al dictar sus actos. Paulatinamente definido y ampliado bajo el impulso de la jurisprudencia del Consejo Constitucional, el bloque de constitucionalidad incluye, además de los artículos de la Constitución, sus preámbulos (1946 y 1958), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Carta del Medio Ambiente.

Normas subconstitucionales

La Constitución de 1958 define el ámbito de aplicación de la ley de manera restrictiva, de modo que las materias distintas de la legislación entran en el ámbito de aplicación de los reglamentos. Así pues, los reglamentos ya no se limitan a la aplicación de las leyes, como ocurría con las Constituciones anteriores, sino que la Constitución les ha otorgado un ámbito de intervención más amplio.

En inglés: General characteristics
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Procedimientos y Revisión Constitucional de la Legislación en Dinamarca

En Dinamarca, más que en los países vecinos, la cuestión de la revisión de la constitucionalidad de las leyes era objeto de controversia política. El texto actual de la Constitución es el resultado de una evolución en cuatro etapas. El texto original, surgido del movimiento revolucionario que sacudió Europa en 1848, data del 5 de junio de 1849: ponía fin al absolutismo, instauraba una monarquía constitucional basada en el sufragio universal masculino y consagraba una afirmación constitucional de numerosas libertades. Una primera revisión constitucional, el 28 de junio de 1866, marcó una cierta reacción política, en particular al restringir el sufragio para la elección de la Segunda Cámara, cuyos poderes reforzaba. La segunda revisión, el 5 de junio de 1915, restableció el sufragio universal pleno y amplió el derecho de voto a las mujeres. También introdujo el requisito del referéndum en el procedimiento de revisión constitucional. El texto actual data del 5 de junio de 1953: consagra en el texto de la Constitución el principio parlamentario, que ciertamente se aplicaba desde 1901, pero sólo era una norma no escrita; e introduce el unicameralismo, al sustituir el antiguo Rigsdag bicameral por una sola cámara, denominada Folketing.

Aunque los tribunales apenas han tenido reparos sobre el principio mismo de esta revisión. Dos características particulares del Derecho constitucional danés abogaban a favor de su introducción: la existencia, en el propio texto de la Constitución (véase a continuación), de numerosas disposiciones que afirman los derechos y libertades de los ciudadanos; y el alto grado de rigidez de la Constitución (véase a continuación).

Dinamarca cuenta con una experiencia original e interesante en materia de revisión constitucional. El principio de que los jueces, en este caso los jueces ordinarios, pueden anular la aplicación de una ley inconstitucional fue reconocido muy pronto: se enunció expresamente en las decisiones dictadas en 1921 por el Tribunal Supremo, que, tras algunas fluctuaciones, se limitó a confirmar una posición adoptada anteriormente por los tribunales inferiores. Pero sólo se aplicó de forma muy limitada en el ámbito de la expropiación. En otras cuestiones, el Tribunal se mostró muy reservado en el uso de esta facultad. No fue hasta 1999 cuando el principio encontró una expresión concreta y condujo a la anulación efectiva de una ley por motivos de inconstitucionalidad.

El principio del control de constitucionalidad de las leyes está reconocido desde principios del siglo XX: fue sobre todo en materia de expropiación donde se planteó la cuestión, en virtud de disposiciones constitucionales expresas. Algunos precedentes se remontan a la década de 1910. Sin embargo, la cuestión encontró su respuesta más clara con la introducción de un paquete de medidas legislativas en el marco de una reforma del derecho agrario en 1918-1919, a instancias del gobierno socialista radical. Varias leyes modificaron el régimen de propiedad de las tierras agrícolas pertenecientes a familias nobles y abolieron instituciones arcaicas que limitaban su disponibilidad, como los feudos, mayorazgos o fideicomisos; o pusieron fin a la existencia de ciertas servidumbres vinculadas al uso de la tierra. Algunos terratenientes consideraron estas medidas como una forma de expropiación y criticaron las leyes por no respetar las normas constitucionales en la materia (existencia de un interés público o derecho a una indemnización íntegra). Una sentencia de 1920 sostuvo que “las disposiciones de la ley en cuestión no pueden considerarse contrarias a la Constitución”.

Se reconocía así la admisibilidad de un argumento basado en la inconstitucionalidad de la ley. Pero también estableció los límites del principio, porque en este caso el Tribunal Supremo se plegó a la apreciación del legislador sobre el alcance de sus competencias constitucionales y mantuvo esta actitud durante mucho tiempo. Según las explicaciones dadas al Tribunal”, decía otra sentencia de la misma época, “no puede aceptarse, con la certeza que sería necesaria si los tribunales no aplicaran las disposiciones legislativas aprobadas de conformidad con el procedimiento establecido por la Constitución, que el propietario no haya obtenido una indemnización completa”.

La tradición jurídica danesa estaba fuertemente impregnada de positivismo. Era en gran medida hostil a cualquier reconocimiento de una función legislativa de los tribunales. De ahí su desconfianza hacia cualquier uso de principios generales del Derecho no escritos, su predilección por interpretar la Constitución lo más literalmente posible y una cierta deferencia hacia la soberanía del Parlamento. En los casos en que la interpretación constitucional dependa de una sentencia”, escribieron los autores clásicos, “el Tribunal Supremo no pondrá su criterio por encima del del legislador, sino que anulará la aplicación de la ley sólo si la inconstitucionalidad es manifiesta”. El temor al gobierno de los jueces era evidente. El Folketing tiene un mandato popular que los tribunales no tienen, y costará mucho que los tribunales decidan anular el poder legislativo. Ciertamente, retomando un argumento bien conocido, los autores clásicos añadían que, por tímido que fuera, el control de los tribunales no perdía toda su utilidad, ya que la amenaza permanente que representaba para el poder legislativo ejercía una influencia preventiva. Y sabemos que, en materia de interpretación, la posibilidad de confrontar la ley con la Constitución permite a menudo un cierto desplazamiento del sentido de la ley y confiere a los tribunales, cuando existe un cierto margen, poderes nada desdeñables. Pero los autores clásicos no atribuían al control de constitucionalidad mucho más que un carácter eminentemente teórico. Citando el vívido resumen de Henrik Zahle, “la revisión podía, en su momento, compararse a una espada a la que se le pegaba el óxido a la vaina”.

Esto no impidió las disputas doctrinales. Durante un tiempo, el debate constitucional se trasladó a otro terreno: el del fundamento, y por tanto el valor jurídico, del derecho de revisión. La cuestión del control de la constitucionalidad de las leyes se planteó durante los debates de la Asamblea Constituyente de 1848-1849. Incluso se presentó un proyecto de artículo constitucional para reconocer su existencia: “Son nulas todas las leyes y ordenanzas que contradigan la Constitución”. Pero fue rechazado y, según los constitucionalistas clásicos, el análisis de los debates constitucionales demostró que la Asamblea Constituyente no sólo había sido hostil a la inclusión del derecho de revisión en el texto de la Constitución, sino que había rechazado el principio mismo del derecho de revisión. Los intentos posteriores de justificar la existencia del derecho de revisión por referencia al artículo 88 de la Constitución (que define el procedimiento de revisión constitucional) o al artículo 3 (que afirma el principio de separación de poderes) no resultaron convincentes por ser demasiado indirectos.

Los tribunales daneses han dictaminado que la constitucionalidad de las leyes puede revisarse “de forma autónoma y creadora de derecho, en el silencio consciente y expreso de la Constitución”. Esto explica el debate constitucional sobre las condiciones en las que este derecho de revisión podría, llegado el caso, suprimirse.

El argumento de Alf Ross sobre este punto era muy simple: al no poder basarse en una disposición constitucional expresa, el reconocimiento del principio de control de constitucionalidad de las leyes sólo resultaba de una regla jurisprudencial, que sólo había encontrado su lugar en el ordenamiento jurídico debido al silencio de la Constitución. Dado que los jueces no estaban facultados para enfrentarse a la autoridad del legislador, el control de constitucionalidad podía, por tanto, ser anulado mediante una simple disposición legislativa(16). Sin embargo, este argumento fue rechazado por la mayoría de los juristas(17).
A finales de la década de 1990 se invirtió por completo esta opinión. Ello se debió a varias razones: en primer lugar, el número de recursos aumentó y la cuestión de la conformidad de las leyes con normas más estrictas se planteó cada vez más a menudo ante los tribunales. Henning Koch señala que, cuando Alf Ross escribió la segunda edición de su Derecho constitucional danés en 1968, sólo contaba con 35 decisiones del Tribunal Supremo desde principios de siglo relativas a una cuestión de Derecho constitucional. En 1997, Henrik Zahle pudo utilizar 192 decisiones para compilar su libro de texto de Derecho constitucional.

El contexto político y jurídico también había cambiado. El concepto de las relaciones entre los poderes había cambiado. Como señala Henrik Zahle, hemos pasado “de una democracia en la que nadie está por encima o al lado del Folketing— a una democracia que garantiza la protección de las minorías y los derechos humanos”. La doctrina jurídica ha cambiado. Antes, señala Gorm Toftegaard Nielsen, “casi todos los eruditos eran partidarios de Ross y despreciaban el derecho natural; hoy se inclinan hacia un punto de vista diametralmente opuesto— que sitúa a los juristas en un alto pedestal en relación con la multitud”.

En este contexto, en 1996, el Tribunal Supremo danés, revirtiendo su jurisprudencia sobre la legitimación, admitió la admisibilidad de un recurso de once ciudadanos daneses contra la ley de adhesión al Tratado de Maastricht(21). Sobre todo, en 1999, en el asunto Tvind, el Tribunal Supremo descartó, por primera vez tras examinar el fondo, la aplicación de una ley considerada inconstitucional(22). Esta sentencia unánime supuso una conmoción para una comunidad académica que no la esperaba. Sus primeros comentaristas vieron en ella una ruptura abrupta con la jurisprudencia anterior y la afirmación de un nuevo papel político para los tribunales.

La nueva “audacia” del Tribunal se debía esencialmente a la influencia que los tratados celebrados a nivel europeo, y en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ejercen sobre el Derecho nacional. Como señala Gorm Toftegaard Nielsen, “la adhesión de Dinamarca al Convenio en 1953 no se consideró realmente como algo que pudiera tener gran importancia para el Derecho danés. En la mejor tradición danesa, probablemente se pensó que ayudaríamos a otros países que tenían dificultades con los derechos humanos”. Y nadie imaginaba que Dinamarca pudiera estar en contradicción con los principios del Convenio(23). Los dos reveses infligidos al Tribunal Supremo en los asuntos Hauschildt(24) y Jersild(25) en 1989 y 1994 provocaron sorpresa y emoción en la opinión pública. Tras su incorporación a la legislación danesa en 1992, el Convenio se invocó cada vez con más frecuencia ante los tribunales daneses(26) ; gran parte de la doctrina insistió en la contradicción cada vez más evidente entre la tradición constitucional danesa y el desarrollo europeo de los derechos humanos(27).
El informe presentado al Ministerio de Justicia en 1991 sobre la relación entre el CEDH y el Derecho danés y las consecuencias de la incorporación del Convenio trataba de tranquilizar, al tiempo que expresaba claramente su preocupación por la nueva evolución, y afirmaba que la incorporación del Convenio al Derecho danés no significaba automáticamente que los tribunales daneses desempeñaran un papel creativo y abandonaran su tradicional reserva(28). Sin embargo, el Tribunal Supremo vaciló en una sentencia de 1994. Defendió sus principios tradicionales con una declaración de principios: debido al carácter tradicional de esta práctica, “no había base suficiente” para considerar que la participación en funciones judiciales de jueces en prácticas(29) que no gozaban de seguridad en el cargo fuera contraria al artículo 6 del CEDH. Por una parte, instó al legislador a buscar una solución satisfactoria a esta cuestión lo antes posible; por otra, aceptó que se había producido una violación del Convenio en las circunstancias particulares del caso. El juez en prácticas encargado de dirigir el procedimiento penal había ocupado simultáneamente, en un momento del procedimiento, un puesto en la oficina de policía del Ministerio de Justicia; por lo tanto, el acusado tenía derecho a cuestionar el carácter “independiente” del tribunal.

Esta dimensión internacional o transnacional contribuyó a las controversias jurídicas, a veces acaloradas, que desencadenó esta ruptura entre la nueva jurisprudencia y el “modelo danés” tradicional(30). La evolución de las posiciones del juez danés no sólo representa una nueva interpretación de sus competencias que influye en su organización y funcionamiento. También le enfrenta a nuevas cuestiones jurídicas.

I. La organización y el funcionamiento del control de constitucionalidad
La aparición de preocupaciones internacionales ya se puso de manifiesto en los debates sobre la reorganización del sistema judicial danés en los años noventa. Fue esta preocupación la que dio lugar a un importante debate público, a finales de los años noventa, sobre la independencia del poder judicial. Un comité de expertos, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado por jueces, abogados y académicos, examinó detenidamente la cuestión. Su informe(31) sirvió en gran medida de base para la reforma de la organización del poder judicial el 26 de junio de 1998.

La protección tradicional de la independencia judicial venía dada por el principio de seguridad en el cargo. Los jueces son nombrados indefinidamente, hasta que alcanzan la edad de 70 años. Según el artículo 64 de la Constitución, “sólo podrán ser destituidos en virtud de sentencia, ni podrán ser trasladados contra su voluntad, salvo en caso de reorganización de los tribunales”. Pero esta protección no respondía a una serie de preguntas que han cobrado especial actualidad a raíz de los últimos acontecimientos. ¿Qué significa la afirmación constitucional de que el poder judicial es el tercer poder del Estado? ¿Cómo reforzar la confianza de los ciudadanos en el poder judicial? Para responder a estas preguntas, la comisión propuso en primer lugar retirar la gestión de los tribunales al Ministro de Justicia. Como resultado, se creó un departamento especial, domstolsstyrelse (Departamento de Tribunales), para gestionar las cuestiones administrativas y financieras relacionadas con el funcionamiento de los tribunales (financiación, personal, edificios). Está dirigido por un consejo de ocho miembros nombrados por el Ministro de Justicia a propuesta(32).

La Ley de 1998 también modificó las condiciones de nombramiento de los magistrados. Tras rechazar una propuesta de cooptación por los propios tribunales, propuso que la facultad de nombramiento siguiera correspondiendo al Ministro de Justicia, pero a propuesta de una especie de consejo judicial (dommerudnævnelsesråd), compuesto por tres magistrados, un abogado y dos representantes de la sociedad civil. Los miembros son nombrados por cuatro años por el Ministro de Justicia a propuesta(33). No pueden ser destituidos durante su mandato. Las competencias de la comisión se extienden a todos los nombramientos, excepto el del Presidente del Tribunal Supremo, que, aunque formalmente es nombrado por el Ministro, en realidad es elegido por sus pares.

El funcionamiento del poder judicial fue simplificado y reorganizado por una ley de 27 de septiembre de 2005, modificada el 8 de junio de 2006. Se caracteriza por el principio de unidad de jurisdicción; Dinamarca no tiene, por tanto, ni un tribunal administrativo especializado(34) ni un tribunal constitucional. Los tres niveles tradicionales (24 tribunales locales(35) (byret), dos tribunales de apelación(36) (Landsret) y un Tribunal Supremo(37) (Højesteret)) son, por tanto, competentes para resolver litigios civiles, penales y administrativos(38). También están facultados para pronunciarse, en su caso, sobre cualquier contradicción entre una ley y una norma superior.

El objetivo de la reforma de 2006 era crear tribunales locales de tamaño suficiente. Por ello, se redujo drásticamente el número de circunscripciones judiciales (de 82 a 24). Como consecuencia, se generalizó la competencia en primera instancia de los tribunales locales. Mientras que antes los asuntos penales importantes (los que implicaban un jurado) eran competencia del Tribunal de Apelación en primera instancia, ahora siguen el sistema común.

No obstante, el artículo 371 de la Ley mantiene el principio de que, normalmente, un asunto sólo puede ser juzgado por dos tribunales sucesivos. Por lo tanto, en materia civil, como en materia penal, se detiene en principio en el nivel del tribunal de apelación. Sin embargo, cuando un asunto plantea una cuestión de principio o está justificado por razones particulares, el tribunal local puede declinar su competencia a petición de una parte y decidir remitir el asunto a un tribunal de apelación (artículo 226). En este caso, como en los casos, ahora raros, en que es el tribunal de primera instancia, la sentencia del tribunal siempre será susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo. En algunos casos importantes, el procedimiento puede incluso, excepcionalmente, implicar a los tres niveles de jurisdicción: una especie de Sala de Peticiones (la Procesbevillingsnævnet(39)) concederá la autorización para remitir al Tribunal Supremo una cuestión que ya haya sido objeto de dos resoluciones de tribunales inferiores; este órgano también está facultado para hacer excepciones en los casos en que la ley limite la posibilidad de recurso. En materia civil, el Tribunal Supremo es juez de apelación; en particular, puede aceptar nuevas pruebas. En asuntos penales, sus poderes son más limitados y no se extienden a la revisión de la valoración de los hechos.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

El Tribunal puede confirmar la sentencia impugnada. En caso contrario, sustituirá su decisión por la del tribunal inferior. En materia penal, habida cuenta de las limitaciones de sus competencias, que no se extienden a la apreciación de los hechos ni a la cuestión de la culpabilidad, el Tribunal se limita a veces a anular la sentencia y devolverla a los tribunales inferiores. Así, en U. 1996.234, se había ordenado la prisión preventiva de una persona acusada de violación. Esta orden, basada inicialmente en el argumento de que existía un riesgo de obstrucción del proceso, fue prorrogada por el tribunal local durante el juicio, en plena audiencia de los testigos y antes del alegato del abogado del acusado. La ampliación se basa en el carácter “especialmente agravado” de las sospechas que pesaban sobre el acusado. La mayoría del Tribunal anuló las decisiones de los tribunales inferiores, afirmando que las circunstancias del caso podrían haber inducido al acusado a creer que el tribunal había prejuzgado su culpabilidad antes de que concluyera el proceso, y que ello podría haber arrojado dudas sobre su imparcialidad en el juicio posterior. Devolvió el caso al tribunal local.

Del principio de unidad de jurisdicción se desprende, por una parte, que cualquier instancia jurisdiccional es competente para pronunciarse sobre una cuestión de conformidad de una disposición legal o administrativa con la Constitución, el Derecho comunitario o el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por otra, que el recurso se interpone, en principio, por vía de excepción. Todo litigio que implique una apreciación de este tipo puede, de pleno derecho, recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Pueden interponerse dos tipos de recursos ante el Tribunal Supremo; algunos se refieren a la totalidad del litigio que debe decidirse: es lo que se conoce como ankesag. A veces, sin embargo, el Tribunal sólo conoce de una cuestión preliminar o previa (kæresag). En el asunto relativo al Tratado de Maastricht, por ejemplo, el Tribunal se pronunció primero sobre la admisibilidad del recurso (Maastricht I) antes de decidir, dos años más tarde, sobre el fondo del asunto (Maastricht II). El Tribunal también puede tener que pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales de procedimiento o cuestiones relativas a la práctica de la prueba(41). Los asuntos Kæresager se tramitan casi siempre exclusivamente por escrito. Los Ankesager se tramitan normalmente de forma oral, pero pueden tramitarse exclusivamente por escrito en asuntos civiles de menor importancia.

Las investigaciones son llevadas a cabo por un comité de tres miembros en un procedimiento esencialmente escrito. Las partes están representadas por un abogado. Sólo los abogados con al menos cinco años de experiencia profesional en los tribunales inferiores pueden actuar ante el Tribunal Supremo. El tribunal ordinario para los ankesager está compuesto por al menos cinco miembros. Los casos de kæresager pueden ser resueltos por una sala de tres miembros. El Tribunal también puede decidir aumentar el número de jueces si la importancia del caso lo justifica. Para evitar divisiones, el número de jueces suele ser impar. Cuando se trata de revisar la constitucionalidad de las leyes, las sentencias suelen ser dictadas por el pleno del Tribunal. Las deliberaciones tienen lugar a puerta cerrada: cada juez emite su voto en orden inverso a su antigüedad; el último voto emitido es el del presidente de la sala. Las opiniones discrepantes pueden aparecer en la sentencia. Sin embargo, se incorporan a la sentencia; la presentación de la opinión discrepante, al mezclarse con los argumentos de la mayoría, forma una especie de parte del razonamiento jurídico que conduce a la decisión final.

Se han planteado cuestiones de constitucionalidad sobre una amplia variedad de temas, para solicitar que no se aplique una ley en el curso de un litigio. El demandante puede invocar una inconstitucionalidad formal, por ejemplo el incumplimiento de los requisitos procesales en el momento de la aprobación de la ley; o una inconstitucionalidad material, ya sea en materia civil (impugnación de un embargo), penal (para obtener la retirada de una acusación) o administrativa (impugnación de una expropiación). Respecto a este último punto, véase U. 1967.22 H: una ley preveía la devolución a Islandia de antiguos manuscritos y documentos islandeses. La Fundación Arne Magnussen, que poseía varios de estos manuscritos, impugnó la constitucionalidad de la ley e invocó el derecho a la protección de su propiedad basado en el artículo 73 de la Constitución. La mayoría del Tribunal Supremo estuvo de acuerdo en que se trataba de un caso de expropiación. Observando que se habían respetado las disposiciones constitucionales en materia de procedimiento y que, en particular (véase la nota 5), el proyecto de ley había sido objeto de dos debates sucesivos en dos Parlamentos sucesivos, el Tribunal estimó que la apreciación por el Parlamento de la existencia del interés público no podía cuestionarse y que la ausencia de disposiciones relativas a la indemnización no invalidaba la ley.

Sin embargo, el control de constitucionalidad, ejercido en el marco de la función jurisdiccional ordinaria, no tiene necesariamente por objeto impedir la aplicación de la ley. También puede ejercerse en apoyo de la responsabilidad legal, como ocurrió, por ejemplo, en 1980, en el asunto Greendane(45). Suprimido en 1951, el monopolio del Estado danés sobre el transporte marítimo a Groenlandia se restableció en 1973. Una empresa privada que operaba en esta ruta, Greendane, se encontró por tanto en la imposibilidad de proseguir las actividades que había iniciado el año anterior. La mayoría del Tribunal Supremo dictaminó que, aunque la ley se inspiraba en gran medida en consideraciones sociales (garantizar la igualdad de tarifas independientemente de la región de Groenlandia a la que se prestara servicio), también tenía objetivos económicos y, por tanto, era una ley de expropiación. Por lo tanto, Greendane tenía derecho a una indemnización íntegra por lucro cesante, a pesar de que llevaba poco tiempo en activo y de que era consciente del riesgo que corría cuando empezó a operar, sobre todo porque era la única empresa afectada por las consecuencias del restablecimiento del monopolio y, por lo tanto, sufría una pérdida especial. En 1981, en cambio, se denegó la indemnización a dos centrales lecheras. En su opinión, la adhesión de Dinamarca a la CEE había provocado restricciones al monopolio de las centrales lecheras sobre el comercio de la leche en determinadas zonas(46); el Tribunal consideró que no se cumplían las condiciones para obtener una indemnización.

En principio, la sentencia dictada sólo tiene fuerza de cosa juzgada relativa, sobre todo porque su solución depende a veces de las circunstancias del caso. Sin embargo, una declaración de inconstitucionalidad o de inconstitucionalidad constituye un precedente que puede invocarse en cualquier caso en que se invoque el mismo texto. Ello siempre que el demandante pueda demostrar un interés en el asunto. Es en este punto en el que el nuevo curso de la jurisprudencia danesa también ha dado lugar a avances significativos.

II. Las consecuencias del control de constitucionalidad
La evolución de la jurisprudencia danesa plantea dos cuestiones esenciales y en parte relacionadas: el alcance del control jurisdiccional y las condiciones de admisibilidad de los recursos.

A. El alcance del control
Como señala Pernille Boye Koch(47), la cuestión de la intensidad del control en materia de control de constitucionalidad ha sido un tema predominante en la discusión doctrinal de los últimos años. La sentencia Tvind(48) ha sido ampliamente entendida como un avance significativo en la interpretación de los tribunales daneses del principio de separación de poderes(49), al incorporar una dimensión de seguridad jurídica que beneficia a los particulares.
Las normas de referencia son amplias: la acción puede basarse, como en el caso anterior, en una violación directa de la Constitución; también puede basarse en una violación, real o supuesta, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluso en el contexto de las relaciones entre particulares: Violación de los artículos 10 y 17, al condenar a un candidato a las elecciones municipales que, en el marco de su campaña electoral, hizo comentarios insultantes y degradantes sobre los musulmanes que viven en Dinamarca (no)(50); el artículo 10, al condenar al redactor jefe de un periódico que informó de las reacciones verbales, a veces violentas, de los padres de niños que afirmaban ser víctimas de pedofilia, tras la absolución del presunto autor (sí)(51); el artículo 9 del CEDH, en el caso de la prohibición impuesta por una empresa a sus empleadas de llevar un pañuelo islámico cuando están en contacto con el público (no)(52). También puede basarse en otros convenios internacionales(53).

Las autoridades están haciendo de los derechos fundamentales reconocidos por el CEDH principios cada vez más importantes que utilizan para interpretar tanto las normas de Derecho público como las de Derecho privado(54) y, por tanto, las normas constitucionales. Uno de los ejemplos más característicos de esta propuesta se encuentra en la sentencia Rocker(55). La interpretación del artículo 77 de la Constitución, relativo a la libertad de reunión, se hace así a la luz de las disposiciones del artículo 11 del CEDH.

Los tribunales se han vuelto más audaces en los últimos años. Sin embargo, sigue siendo relativo. Que ha aumentado se desprende claramente de la sentencia Maastricht II. En 1953, se introdujo el artículo 20 en la Constitución para facilitar la transferencia de soberanía a una organización internacional, sin tener que recurrir al engorroso procedimiento de revisión constitucional del artículo 88. Los demandantes impugnaron el uso del artículo 11 del CEDH. Los demandantes impugnaron el uso de este apartado para decidir la adhesión al Tratado de Maastricht; consideraban que las transferencias previstas eran demasiado amplias para entrar en su ámbito de aplicación y habrían requerido el uso del § 88(56). El Tribunal validó el procedimiento constitucional elegido, pero introdujo un gran número de reservas de interpretación, definiendo detalladamente lo que implica la disposición del § 20, cuando autoriza una transferencia de competencias sólo “en una medida determinada con precisión”.

Sin embargo, como señala Pernille Boye Koch, “las amplias representaciones de que los tribunales daneses han abandonado su tradicional línea de reservas en los casos relativos al control de la constitucionalidad de las leyes descansan sobre una base bastante inestable. Probablemente sea más exacto subrayar que el control de fondo ha sido durante mucho tiempo y debe seguir siendo considerado como relativamente tímido(57)”. Si bien, habida cuenta de las bases textuales de que dispone, el Tribunal Supremo ya no duda en anular la aplicación de determinadas leyes en el ámbito de la protección de los derechos civiles y políticos, sigue siendo, por ejemplo, más prudente en el ámbito de los derechos económicos y sociales, y muy reacio a utilizar normas demasiado generales e imprecisas.

B. Interés por actuar
En cambio, no ha dudado en desarrollar su jurisprudencia sobre la cuestión de la legitimación. En principio, para interponer un recurso ante los tribunales, el demandante debe justificar un interés individual. Las particularidades del control por vía de excepción ante los tribunales ordinarios confieren al procedimiento un marcado carácter contradictorio: las partes controlan en gran medida el contenido de la demanda y la aportación de pruebas. Y la unidad de jurisdicción implica la aplicación de las normas de enjuiciamiento civil a todos los litigios examinados por los tribunales, incluso cuando se plantean entre un ciudadano y los poderes públicos. Es cierto que, en Dinamarca hay litigios que no están totalmente controlados por las partes. Esto se aplica no sólo a los asuntos penales, sino también a los civiles en los que el legislador considera que la sociedad tiene una responsabilidad particular, por ejemplo, los relativos a la paternidad o a la privación administrativa de libertad. Parece que no ha habido ninguna propuesta para que los casos que implican la posible inconstitucionalidad de la ley se examinen con arreglo a normas distintas de las que se aplican a las demandas de economía privada.

Revisor de hechos: Sovreight

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