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Criptoderecho>
En inglés: CryptoLaw, o Crypto Law.
Es una nube de normas legales, procesos, instituciones y vocabularios para la administración intercrypto (Ethereum Foundation ante OmiseGO, etc.), intra-crypto (ETC v. ETH), y todas las demás relaciones legales relacionadas con instrumentos crypto, instituciones y mercados (supervisión legislativa / regulatoria pública de crypto; integración de crypto empresarial; intersección del derecho contractual privado con el llamado “contrato inteligente” “#CodeIsLaw; etc.)
El Criptoderecho estructura nuestra imaginación de lo que es posible en la cripto-economía. Nos proporciona ciertas lógicas operacionales y vocabularios para resolver disputas cripto-legales. Define lo que es posible e imposible y los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de difuminar la línea entre los dos.
Sobre los “contratos inteligentes”
En general, sin embargo, los llamados “contratos inteligentes” (“SC”) están en problemas. Los problemas con los SC tienen que ver con innumerables contradicciones conceptuales entre cómo los desarrolladores entienden a estas criaturas, cómo los abogados entienden a estas criaturas y cómo se educa al público sobre estas criaturas míticas.
En los EE. UU., Al menos dos estados (Arizona y Tennessee) han aprobado recientemente una legislación que reconoce la validez legal de los “contratos inteligentes”.
A modo de ejemplo, aquí está el Proyecto de Ley del Senado de Tennessee 1662, firmado como ley por el gobernador de Tennessee el 22 de marzo de 2018.
Así es como el Código Anotado de Tennessee, 47–10–201 (1), ahora define DLT:
“Tecnología de libro mayor distribuido” significa cualquier protocolo de libro mayor distribuido e infraestructura de soporte, incluida blockchain, que utiliza un libro mayor distribuido, descentralizado, compartido y replicado, ya sea público o privado, con permiso o sin permiso, y que puede incluir el uso de monedas electrónicas. o fichas electrónicas como medio de intercambio electrónico;
Ok ish Avancemos.
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Así es como la legislatura y el gobernador de Tennessee insisten en que la “ley de Tennessee” define el “Contrato inteligente” en el Código de Tennessee anotado, 47–10–201 (2):
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
“Contrato inteligente” significa un programa informático dirigido a eventos, que se ejecuta en un libro mayor electrónico, distribuido, descentralizado, compartido y replicado que se utiliza para automatizar transacciones, incluidas, entre otras, transacciones que:
(A) Tomar custodia e instruir la transferencia de activos en ese libro mayor;
(B) Crear y distribuir activos electrónicos;
(C) Sincronizar información; o
(D) Administrar la identidad y el acceso del usuario a las aplicaciones de software.
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La evolución de la tecnología y los sistemas informáticos permite que el soporte cartular ya no sea una funcionalidad atractiva para los títulos valor. De hecho, gracias al usos de sistemas de registro distribuido como el Blockchain, la prueba se garantiza gracias al registro de las transacciones. Estas transacciones que quedan en la Blockchain van desde operaciones puramente económicas hasta el ejercicio de derechos. Si hace años se necesitaba tener soporte físico para poder garantizar la veracidad de un documento, ahora esto se elimina gracias a los registros distribuidos.
En el aspecto de los derechos de crédito incorporados a un token ha quedado patente la enorme diferencia que existe con los tokens respecto de instrumentos tradicionales como las acciones. Gracias a los tokens se pueden personalizar los derechos de crédito inherentes a este, por eso también se convierte en un instrumento tan difícil de regular por parte de los estados. A la hora de financiar una empresa el primer instrumento que vimos que no repartía propiedad de la misma eran las campañas de crowdfunding que otorgaban, en algunas ocasiones, ciertos derechos respecto del producto o servicio posteriormente desarrollado. Sin embargo, esto a través de la creación de los tokens gana una nueva dimensión ya que cada token tiene una finalidad y aproximación distinta, lo que permite personalizar sus derechos a gusto de la empresa sin cumplir con ninguna pauta previamente establecida por los estados. De esta manera te encuentras tokens que reparten propiedad de la empresa, otros rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) sobre los activos que posee la misma y otros que directamente no reparten nada, sino que simplemente te dan derecho a uso. Probablemente el token no se puede enmarcar dentro de la categoría de título valor, ya que, debido a sus disruptivas características, excede ampliamente las funciones de los títulos valores y, por lo tanto, debe constituir una única y nueva categoría jurídica. Véase también: Criptomonedas, Fintech.
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Los de arriba son los elementos relacionados con este contenido de la presente plataforma digital de ciencias sociales.
En una nota seria, este tipo de intervenciones legislativas, en el caso de los contratos inteligentes, sirven para muchas funciones de legitimación positivas: (1) le dan a la tecnología en ciernes mayor visibilidad y credibilidad dentro de las principales instituciones económicas y de formulación de políticas; (2) la legislación cumple una importante función educativa, generando conciencia acerca de los riesgos y beneficios de una nueva tecnología como los SC; (3) la legislación puede ayudar a las partes de canal a alejarse de sitios dispares de impugnación hacia mecanismos conocidos de resolución de conflictos como los tribunales; (4) etc.
Cada vez que un órgano legislativo o regulador adopta una regla que da algún tipo de reconocimiento o inclinación de cabeza en la dirección de “crypto”, la comunidad DLT, en general, se vuelve completamente salvaje. Lo conseguimos: la aprobación legislativa y la validación se sienten realmente bien .
Los estados que están aprobando leyes para regir los “contratos inteligentes” no tienen idea de lo que están haciendo: la legislación destinada a aclarar las cosas para los desarrolladores de blockchain podría terminar perjudicando la innovación.
Porque el término “contrato inteligente” todavía está en uso. A pesar de que los expertos que se preocupan profundamente por el proyecto DLT más amplio hacen sonar todos los silbidos posibles y agitan todas las banderas posibles para advertir a los directores de DLT de una colisión inminente por el uso indebido de la terminología del contrato y la ley, todos parecen contentarse con navegar a toda máquina.
Es probable que las nuevas leyes agreguen confusión y complejidad y costos innecesarios, dice Andrew Hinkes , abogado y profesor adjunto de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Eso podría obstaculizar el desarrollo tecnológico. “Las leyes no deben intentar definir tecnologías que no tengan una definición generalizada en sus comunidades técnicas relevantes”, dice Hinkes.
Los beneficios de evitar un escrutinio legal innecesario superan con creces los costos de crear un nuevo término y popularizar el uso de ese nuevo término.
Cambiar el nombre del “contrato inteligente” y hacer un cambio concertado lejos de Legalese es la estrategia de mitigación de riesgos legales más fácil, rápida y posiblemente la más importante que la comunidad de DLT puede seguir hoy.
Todos conocemos el adagio sobre la creación de leyes y la fabricación de salchichas: estos procesos son confusos. Es por eso que la sabiduría recibida sugiere que dejemos estas preguntas a los “profesionales”.
A menudo, ese es un buen consejo.
Sin embargo, en el contexto del campo en ciernes de CryptoLaw, la sabiduría recibida es errónea.
Se recomienda a los desarrolladores e inversores que no sean abogados que se familiaricen con las formas legales básicas y las instituciones, como los conceptos básicos del derecho contractual.
La sugerencia no es que todos deben convertirse en abogados y capacitarse para obtener experiencia en CryptoLaw. En cambio, el conocimiento básico de la ley permite a los no abogados ejercer un control sobre el creciente poder de los CryptoLawyers .