Expertos en Derecho Constitucional Comparado

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El Papel de los Expertos en Derecho Constitucional Comparado

Preocupaciones constitucionales generales

Como marco para el análisis comparativo, es útil comenzar esbozando las preocupaciones más generalizadas con respecto a la función de los expertos en las tradiciones del derecho anglosajón y el derecho civil desde una perspectiva constitucional. Esas preocupaciones se refieren principalmente al derecho a un juicio justo consagrado en la Constitución y al principio constitucional conexo de la independencia judicial.

El derecho a un juicio imparcial garantiza que las partes en un procedimiento tengan la oportunidad de exponer sus argumentos presentando pruebas y respondiendo a ellas, y que la persona encargada de adoptar decisiones sea independiente e imparcial (véase el derecho a un juicio imparcial en las causas de derecho civil; el derecho a un juicio imparcial en las causas de derecho penal).

Detalles

Los acusados de delitos suelen beneficiarse de garantías procesales especiales bajo la bandera del derecho a una audiencia imparcial, a fin de proteger la presunción de inocencia y evitar condenas injustas.

Como señaló el Tribunal Supremo del Canadá en el caso Beauregard, el principio de la independencia judicial tiene un componente tanto individual como institucional (Beauregard c. el Canadá (Can), párrafo 23). Si bien la independencia del juez individual de toda influencia externa tiene una larga historia constitucional y generalmente se incorpora al derecho a una audiencia imparcial, la independencia judicial en el sentido institucional tiene sus raíces en la evolución de la función constitucional de los tribunales en las democracias modernas (Beauregard c. el Canadá (Can), párrs. 21 y 22). Es decir, en la medida en que los tribunales están encargados de proteger la constitución, el poder judicial debe mantenerse independiente de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno, así como de otros actores.

La participación de expertos en los procedimientos judiciales puede servir tanto para salvaguardar como para amenazar el derecho a un juicio justo y la independencia judicial. Por una parte, la oportunidad de que un experto comparezca ante el tribunal puede ser esencial para la presentación efectiva del caso de una parte y, por lo tanto, para una audiencia justa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha señalado que, de conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) (“CEDH”), que garantiza el derecho a un juicio justo, debe darse a las partes la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para el éxito de sus demandas (véase Mantovanelli c (se puede analizar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Francia (Eur)).Entre las Líneas En Kosovo, una persona acusada de un delito tiene el derecho constitucional a que un experto asista a los procedimientos para aclarar las pruebas (Constitución de la República de Kosovo: 9 de abril de 2008 (enmendada al 24 de febrero de 2016) Art. 31 (Kos)). De manera análoga, los acusados en causas penales en Bolivia tienen el derecho constitucional de “solicitar la presencia y confrontar a los testigos o expertos” (Constitución de la República de Bolivia: 2 de febrero de 1967 (enmendada el 8 de agosto de 2002) Art. 16). La participación de expertos también puede respaldar la función de los tribunales como guardianes eficaces de la Constitución, al garantizar que las decisiones sobre cuestiones constitucionales complejas estén debidamente informadas.

Por otra parte, la participación de expertos en los procedimientos judiciales puede permitir a veces que una parte obtenga una ventaja injusta sobre otra, en contra del derecho a un juicio justo, y puede amenazar la independencia de la adopción de decisiones judiciales. Hay por lo menos tres razones interrelacionadas para ello:

• el sesgo de los expertos;
• las impugnaciones de la evaluación de la opinión de los expertos en calidad de no expertos; y
• los costos de la participación de los expertos en los procedimientos judiciales.

Estas cuestiones se plantean de manera algo diferente y con consecuencias distintas en las tradiciones del common law y del derecho civil.

El common law

En la tradición del common law, desde hace mucho tiempo se han planteado críticas sobre los sesgos que surgen de los expertos partidarios, y los efectos distorsionantes del proceso adversario en el conocimiento científico (Anderson 22-30). Hay pruebas empíricas que apoyan la preocupación por el sesgo en Israel y en los Estados Unidos (“EE.UU.”).

Algunos académicos sostienen que el sistema contencioso pone de manifiesto verdaderos desacuerdos en el ámbito pertinente que sería difícil descubrir a través de un solo experto.

Puntualización

Sin embargo, esos argumentos pierden fuerza cuando las partes no están igualmente equipadas para participar en el proceso contencioso. Por ejemplo, los fiscales penales suelen disponer de muchos más recursos para reunir y presentar pruebas periciales (y para impugnar a los expertos de la oposición) que los acusados.

Otros Elementos

Además, muchos campos de la ciencia forense están fuertemente vinculados a las instituciones de aplicación de la ley, lo que hace difícil que los acusados penales encuentren expertos críticos. La necesidad de contratar y responder a múltiples expertos también ha inflado los costos de los litigios civiles y ha creado barreras a la justicia para los litigantes menos ricos (véase el Informe Woolf).

Dada la importancia de los expertos para la determinación de los hechos en los casos constitucionales (véase la Parte D), la falta de recursos puede impedir que las personas presenten importantes impugnaciones constitucionales o inclinar el peso de la opinión de los expertos a favor del Estado en las impugnaciones que se presenten, impidiendo una aplicación judicial sólida de los derechos constitucionales.

Los problemas mencionados se ven exacerbados por las dificultades inherentes a las que se enfrentan los encargados de adoptar decisiones que no son expertos en ninguna tradición jurídica para evaluar debidamente los conocimientos de los expertos.Entre las Líneas En el contexto del derecho anglosajón, los jueces y los jurados pueden, por consiguiente, encontrarse mal equipados para evaluar opiniones de expertos que compiten entre sí. No es sólo porque sean incompetentes para tal tarea que el experto sea necesario en absoluto.Entre las Líneas En otras palabras, la propia razón de ser de la participación de los expertos en los procedimientos judiciales es también una fuente de los problemas que crean.

En el Sistema de Derecho Civil

Si bien la preocupación por la función de los expertos en la tradición del common law se centra en el partidismo, las críticas de la tradición del derecho civil suelen señalar la relación problemática entre el experto y el juez. Dadas las dificultades que entraña la evaluación competente de los conocimientos de los expertos, el peligro en el contexto del derecho civil es que un juez pueda remitirse con demasiada facilidad a la opinión de un experto designado por el tribunal. De ser así, puede ocurrir que el experto usurpe efectivamente el papel del juez como tomador de decisiones, lo que es contrario al principio constitucional de la independencia judicial (Verkerk 181).

Si bien existe un menor riesgo de sesgo de los expertos derivado del partidismo en la tradición del derecho civil, la fuerte influencia de los expertos designados por los tribunales en la toma de decisiones judiciales, y el carácter cuasijudicial de la función del experto como auxiliar (secundario, subordinado)
del tribunal, agrava las consecuencias de cualquier sesgo que pueda surgir. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que la falta de neutralidad por parte de un experto designado por el tribunal puede violar el principio de igualdad de medios inherente al artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Sara Lind Eggertsdóttir c. Islandia, párr. 47).Entre las Líneas En Egipto, la independencia de los expertos judiciales está protegida constitucionalmente (Constitución de la República Árabe de Egipto: 18 de enero de 2014, Art. 199).

Los expertos designados por los tribunales también presentan el peligro de la colaboración; dado que el juez que designa al experto también controla su pago, el experto puede inclinarse a apoyar la opinión preexistente del juez sobre el caso. Esto podría afectar al derecho a un juicio justo de una parte contra la que el juez se incline a decidir.

Al igual que en el contexto del common law, la participación de expertos designados por las partes en las jurisdicciones de derecho civil aumenta el riesgo de sesgo de los expertos derivado del partidismo, y aumenta el posible impacto constitucional de un desequilibrio en los recursos entre las partes. La preocupación por la desigualdad de recursos también surge cuando las partes contratan a sus propios expertos privados para que ayuden a recusar a un experto designado por el tribunal.

Función general de los expertos

La evolución de la función de los expertos en las tradiciones del derecho anglosajón y del derecho civil se basa en las preocupaciones constitucionales descritas en la sección anterior. Algunos aspectos de la función de los expertos son comunes en todas las tradiciones jurídicas. Por ejemplo, en reconocimiento de la amenaza de parcialidad, se afirma ampliamente que los expertos deben ser competentes, independientes e imparciales. También se acepta en general que sólo se debe recurrir a los expertos cuando sea necesario para abordar cuestiones que vayan más allá de la comprensión del juzgador de los hechos, una limitación que controla los costos de las pruebas periciales y preserva la autoridad de los tribunales sobre el proceso de determinación de los hechos.

Los acontecimientos recientes sugieren cierta convergencia incluso en los puntos tradicionales de diferencia entre los sistemas de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de “common law”) y de derecho civil. Dadas las distintas preocupaciones constitucionales que surgen de cada tradición, hay un consenso creciente en cuanto a las ventajas de los modelos mixtos que permiten que tanto el tribunal como las partes desempeñen un papel en los procedimientos periciales.

Las recientes reformas procesales han acercado a muchos países de common law al modelo de derecho civil, ampliando la codificación de las normas que rigen los peritos, haciendo hincapié en el deber del perito para con el tribunal y creando disposiciones para los peritos designados por el tribunal.

Puntualización

Sin embargo, los Estados Unidos se han resistido a esas reformas y siguen prefiriendo firmemente los expertos designados por las partes.

Las jurisdicciones de derecho civil, como España y China, se han acercado al modelo de derecho anglosajón potenciando el papel de las partes en la designación de expertos y la impugnación de los dictámenes periciales . Muchos países de derecho civil también reconocen un papel a los expertos designados por las partes.

Mientras que algunos países, como los Estados Unidos y Austria, se han aferrado a sus respectivas tradiciones, otros, como el Reino Unido y China, han hecho importantes avances hacia un modelo mixto.

Deberes y responsabilidades éticas

En un caso muy influyente del Reino Unido conocido como The Ikarian Reefer, el juez Cresswell estableció los deberes de los testigos expertos en casos civiles (véase National Justice Compania Naviera SA v Prudential Assurance Co Ltd (UK)).Entre las Líneas En particular, afirmó que los expertos debían prestar asistencia objetiva e independiente al tribunal en el ámbito de sus conocimientos especializados, y debían exponer los hechos y supuestos en que se basaban sus opiniones.

Informaciones

Los deberes establecidos en The Ikarian Reefer y ampliados en la jurisprudencia subsiguiente han sido consagrados en el CivPR del Reino Unido (Parte 35) y en las Reglas de Procedimiento Penal (“CrimPR”) (Parte 19), y han sido citados en jurisdicciones de todo el mundo, incluidos el Canadá, Australia, Escocia, Singapur, Sudáfrica, Hong Kong y las Bahamas.

Muchas jurisdicciones de derecho anglosajón han establecido códigos de conducta de expertos dentro de las normas procesales. Una de las funciones de esos códigos es hacer hincapié en las obligaciones que ya existen en el derecho anglosajón, en particular, la obligación primordial del experto para con el tribunal.Entre las Líneas En muchas jurisdicciones, entre ellas el Reino Unido, el Canadá, Australia y Nueva Zelandia, se exige a los expertos que reconozcan oficialmente sus deberes codificados. A diferencia de otras jurisdicciones de derecho anglosajón, las Reglas Federales de Prueba de los Estados Unidos (FRE) no dicen nada sobre el deber del experto para con el tribunal, aunque la regla 706 estipula que el tribunal debe informar a un experto designado por el tribunal sobre sus deberes.

En las jurisdicciones de derecho civil, los deberes éticos de los peritos suelen estar consagrados en los códigos de procedimiento. Muchos países han codificado el requisito de imparcialidad junto con los procedimientos de recusación cuando no se cumple el requisito. Dada la función del experto como auxiliar (secundario, subordinado)
del tribunal, los deberes del experto en los países de derecho civil suelen ser paralelos a los del tribunal. Por ejemplo, en Francia y Alemania un perito puede ser recusado por las mismas razones que un juez (Code de procédure civile, Art. 234, de Francia); Código de procedimiento civil de 2005, incluidas las enmiendas hasta el 10 de octubre de 2013, artículo 406, de Alemanania).

Los peritos están sujetos a responsabilidad civil y/o penal en casi todos los países de la Unión Europea, con la excepción de Chipre e Irlanda.Entre las Líneas En el Reino Unido, se suprimió la inmunidad de los expertos frente a las demandas civiles en el caso Jones c. Kaney (párr. 3). 62). La inmunidad sigue existiendo en otras jurisdicciones de derecho anglosajón como Australia.

Nombramiento y calificación

Nombramiento

Una de las principales distinciones entre el papel de los expertos en los sistemas de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de “common law”) y de derecho civil es el método de designación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Tradicionalmente, los expertos del common law son nombrados y pagados por las partes, lo que suscita inquietudes acerca de la parcialidad derivada del partidismo y de la capacidad respectiva de las partes para utilizar eficazmente a los expertos.Entre las Líneas En los sistemas de derecho civil, el tribunal suele nombrar a un experto y controlar sus honorarios, lo que suscita inquietudes acerca de la independencia del juez respecto del experto.

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Sin embargo, muchas jurisdicciones incluyen ahora ambos métodos de designación.

Tras las reformas del procedimiento civil, las normas de muchas jurisdicciones de derecho anglosajón permiten ahora que los expertos sean seleccionados conjuntamente por las partes o, cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo, sean nombrados por el tribunal (por ejemplo, CivPR, Parte 35.7 (Reino Unido)). Los expertos conjuntos únicos han demostrado ser populares en el Reino Unido (Conclusiones adicionales, Sección 4.24).

Puntualización

Sin embargo, los tribunales de muchas jurisdicciones siguen siendo reacios a designar expertos sin el acuerdo de las partes, a pesar de la insistencia de los académicos e incluso de algunos jueces. Esto se debe en parte a la fuerte tradición de la autonomía de las partes sobre la presentación de pruebas en el derecho consuetudinario.

41.

Aviso

No obstante, los expertos designados por los tribunales se han arraigado en algunas esferas del mundo del common law. Por ejemplo, en respuesta a las fuertes críticas de los expertos partidarios en los casos de responsabilidad civil, Israel estableció un régimen para los casos de accidentes automovilísticos que sólo permite la presencia de expertos designados por los tribunales (Pérez 91-93). Los tribunales israelíes también utilizan a veces expertos designados por los tribunales para ayudar a evaluar a los expertos partidistas que compiten entre sí (Pérez 94), práctica que también existe en los Estados Unidos y en México (un país de derecho civil) (Código Federal de Procedimientos Civiles, Arts. 146 y 152).

No es raro que los jueces de derecho civil nombren expertos de oficio.

Aviso

No obstante, los peritos suelen ser nombrados a propuesta de las partes, y las partes en algunos países (por ejemplo, Austria y los Países Bajos) tienen derecho a ser oídas al respecto. Las recientes enmiendas a las normas de procedimiento civil en China establecen la preferencia de que los expertos sean seleccionados conjuntamente por las partes, como en el Reino Unido.

En varios países de derecho civil, la fiscalía de una causa penal puede convocar a expertos para que colaboren en la investigación o en las actuaciones previas al juicio. La fiscalía puede así influir en la selección del experto del juicio por parte del tribunal, lo que suscita inquietudes acerca de la parcialidad de los expertos en favor del Estado. Por ejemplo, aunque la facultad de designar expertos recae en el tribunal de Alemania, en la práctica el tribunal suele retener al experto convocado por el fiscal.

Los nombramientos de los tribunales se limitan generalmente a un solo experto, con la opción de nombrar más si es necesario.Entre las Líneas En Colombia, el tribunal nombrará dos expertos independientes a petición de las partes. Si los informes de los expertos se contradicen entre sí, el tribunal nombrará a un tercer experto como árbitro.

45.Entre las Líneas En muchas jurisdicciones de derecho civil se permite que los expertos designados por las partes desempeñen un papel en los procedimientos, aunque el peso que se da a sus opiniones varía.Entre las Líneas En Alemania, los informes de los expertos designados por las partes pueden presentarse al tribunal, pero no cuentan como prueba y tienen poco peso, aunque en virtud de las reformas recientes ya no se pueden descartar sin explicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En los Países Bajos, en cambio, los expertos designados por el partido pueden ser escuchados como testigos. España se ha acercado aún más al modelo del common law limitando la facultad del juez de nombrar peritos a favor de los peritos designados por las partes en la mayoría de los casos (Ley Nº 1/2000 de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, exposición de motivos XI).

Calificación

La gran deferencia mostrada hacia los expertos designados por los tribunales aumenta la importancia de los procedimientos de selección y las medidas de garantía de calidad. Dada la ubicuidad de los expertos designados por los tribunales en los sistemas de derecho civil, muchos de esos países, entre ellos Alemania, Austria, Francia, Italia, el Japón, Egipto y Marruecos mantienen registros de expertos previamente examinados. El proceso de investigación de antecedentes difiere en cada país; puede ser supervisado por los tribunales, los órganos administrativos, las asociaciones profesionales o por un organismo centralizado.Entre las Líneas En Alemania, por ejemplo, los candidatos deben demostrar sus calificaciones ante las comisiones establecidas por las cámaras regionales.Entre las Líneas En el Japón, el Tribunal Supremo mantiene un registro de “comisionados expertos”.Entre las Líneas En otros países, como los Países Bajos, los tribunales mantienen listas oficiosas de expertos como referencia. La inscripción como experto inscrito puede ser permanente o renovarse cada pocos años. Si bien los registros ofrecen cierta garantía de calidad, la mayoría de las jurisdicciones todavía permiten a los tribunales designar expertos no inscritos cuando es necesario.

Además de llevar un registro de expertos, Egipto ha establecido un sistema de expertos empleados por el Estado.

El riesgo de parcialidad de los expertos aumenta cuando los expertos designados por los tribunales se seleccionan sobre la base de conexiones sociales establecidas o afinidades ideológicas, en lugar de la reputación profesional. Esos peligros se agravan en los países de derecho anglosajón que carecen de procedimientos de investigación bien establecidos y transparentes para los expertos designados por los tribunales, como Israel.

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Sin embargo, incluso en países con procedimientos más transparentes, un juez puede desarrollar una preferencia por un experto determinado. Hay pruebas empíricas de que los magistrados se emparejan repetidamente con los mismos expertos médicos en Francia, por ejemplo. Es más probable que un juez se incline por un experto que esté familiarizado de esta manera. Por otra parte, el juez puede haber seleccionado al experto para confirmar sus propias opiniones.

En el Reino Unido, la Academia de Expertos y el Instituto de Expertos en Testigos proporcionan formación de expertos. La Academia de Expertos también acredita y disciplina a los expertos.

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Sin embargo, muchos de los expertos que comparecen ante los tribunales no son miembros de estas organizaciones no gubernamentales.Entre las Líneas En los Estados Unidos existen organizaciones similares, así como listas de expertos publicadas por algunos colegios de abogados.

En el derecho anglosajón, la parte que trata de presentar pruebas periciales tiene la carga de demostrar que el experto está debidamente calificado. El juez toma la decisión final.

Misión y procedimientos de presentación de informes

Misión

Si bien los tribunales suelen tener el control final de la participación de los expertos en las actuaciones judiciales, los tribunales de los sistemas de derecho civil gestionan el proceso de manera mucho más activa. El grado de control ejercido varía. Por ejemplo, en Alemania, el juez plantea al experto cuestiones técnicas muy específicas, lo que reduce considerablemente el alcance de la misión del experto y minimiza su influencia en el resultado.

Indicaciones

En cambio, en Francia los expertos reciben instrucciones más generales y tienen mayor autonomía en la preparación de sus informes.

Las jurisdicciones de derecho anglosajón dejan el control de la misión del experto en gran medida en manos de las partes.

Aviso

No obstante, algunas jurisdicciones han adoptado medidas para aumentar el control judicial, por ejemplo, mediante normas que exigen que las partes soliciten autorización al tribunal para recurrir a las pruebas periciales (Reino Unido)). Los jueces del common law desempeñan un papel más activo en el control de la admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) de las pruebas periciales.

53. Históricamente, para asegurarse de no usurpar el papel del juzgador de los hechos, los expertos del common law tenían prohibido emitir opiniones sobre la cuestión o cuestiones finales de un caso. Esta norma ha sido ahora abolida o debilitada en muchas jurisdicciones, entre ellas el Reino Unido, los Estados Unidos y el Canadá (US FRE 704; el caso R c. Mohan, párr. 25, en Canadá).

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Sin embargo, las preocupaciones que impulsan la norma siguen siendo las mismas, en el último caso citado y el mismo párrafo (R contra Mohan).

Presentación de informes

En las jurisdicciones de derecho civil, los expertos designados por los tribunales producen principalmente informes escritos. También pueden ser llamados a declarar oralmente sobre su informe si así lo solicitan el tribunal o las partes.Entre las Líneas En algunos países, como Rusia y el Japón, los expertos pueden incluso participar en el interrogatorio de los testigos.

El derecho anglosajón tradicionalmente hace más hincapié en el testimonio oral de los expertos y en el contrainterrogatorio ante el tribunal.

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Sin embargo, las jurisdicciones de derecho anglosajón también exigen que los expertos presenten informes escritos para su divulgación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En muchas jurisdicciones, los códigos de conducta de los expertos establecen ahora requisitos detallados para esos informes. Por lo general, los informes deben incluir las calificaciones del experto, las cuestiones abordadas, los hechos y las presunciones en que se basó, los materiales utilizados, las investigaciones realizadas y las advertencias necesarias.Entre las Líneas En Queensland, los expertos también deben justificar su opinión dentro de una gama de posibles puntos de vista, y esbozar hechos adicionales que puedan ayudarles a llegar a una conclusión más fiable (Reglas de Procedimiento Civil Uniformes, Sección 428). Algunas jurisdicciones (por ejemplo, Australia Meridional) han establecido requisitos adicionales de divulgación, lo que ha llevado a las partes a contratar expertos “en la sombra” que pueden ofrecer asesoramiento sin participar en las actuaciones.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Impugnaciones de las partes

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el principio de contradicción protegido en virtud del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga a las partes el derecho a inspeccionar y comentar todas las pruebas y observaciones presentadas con el fin de influir en la decisión del tribunal (Mantovanelli c (se puede analizar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Francia, párr. 3).

Muchas jurisdicciones de derecho civil permiten a las partes interrogar a los expertos designados por el tribunal, aunque el enfoque adoptado está lejos de los agresivos contrainterrogatorios que prevalecen en las jurisdicciones de derecho anglosajón. El Tribunal Constitucional de Alemania ha determinado que se ha violado el derecho a un juicio justo en varios casos en que un tribunal desestimó la solicitud de una parte de interrogar a un experto en una audiencia oral (1 BvR 2485/06 y 1 BvR 909/94).

En Francia, en cambio, la principal posibilidad de que las partes impugnen las pruebas periciales es previa a la presentación del informe escrito del perito. Si es probable que un informe pericial tenga una gran influencia en el tribunal, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos puede exigir que las partes tengan la oportunidad de participar en la investigación del perito antes de la presentación del informe (Mantovanelli c (se puede analizar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Francia, párr. 36).

Existe cierta preocupación por el hecho de que el papel de los peritos en los casos de almirantazgo en el Reino Unido viola el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Antes de la introducción del CivPR, los jueces consultaban a los asesores (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “assessors” en derecho anglo-sajón, en inglés) náuticos en privado tras la conclusión de una audiencia, lo que hacía imposible que las partes impugnaran efectivamente la opinión del asesor.Entre las Líneas En virtud del párrafo 3 de la regla 35.15 del CivPR, el tribunal puede pedir al asesor que presente un informe previo al juicio, pero las partes siguen sin poder contrainterrogar al asesor.

Admisibilidad e Influencia

Admisibilidad

A diferencia de la tradición del derecho civil, las jurisdicciones de derecho anglosajón han elaborado normas complejas para regular la admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) de las pruebas, incluidas las pruebas periciales.Entre las Líneas En los últimos años, gran parte de la jurisprudencia se ha centrado en la cuestión de la fiabilidad. La preocupación por la fiabilidad se ha visto impulsada por la proliferación de la “ciencia basura” en los tribunales y por los consiguientes errores judiciales, incluidas las condenas injustas (véase el Informe Goudge).Entre las Líneas En los Estados Unidos, la proliferación de litigios por daños masivos que dependen de las pruebas de los expertos ha tenido una gran influencia en la elaboración de normas de fiabilidad más estrictas.

En el importante caso estadounidense de Daubert contra Merrell Down Pharmaceuticals, el Tribunal Supremo destacó el papel del tribunal en la “vigilancia” contra la admisión de pruebas periciales poco fiables. El Tribunal interpretó que el FRE 702 exigía que las pruebas científicas fueran fiables y ofreció una lista flexible de factores para evaluar la fiabilidad.Entre las Líneas En el caso Kumho Tire CO contra Carmichael (EE.UU.), el Tribunal Supremo aclaró que el requisito de fiabilidad también se aplica a los conocimientos expertos no científicos. La nueva jurisprudencia se codificó finalmente mediante una enmienda a la regla 702. Si bien su aplicación ha sido incoherente en los tribunales estatales (Anderson 176) y ha tenido efectos mínimos en los procedimientos penales de los Estados Unidos, ha sido influyente en otros países, como el Canadá, donde los tribunales han adoptado un enfoque similar. El Reino Unido se ha resistido a los llamamientos para que se legisle una norma de fiabilidad para la admisibilidad, prefiriendo considerar la fiabilidad al sopesar las pruebas.

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Sin embargo, los tribunales del Reino Unido han establecido que las pruebas deben ser “suficientemente fiables” para ser admitidas en el contexto penal.

En la práctica, las normas de fiabilidad se aplican a veces de manera desigual a las pruebas periciales aportadas por diferentes tipos de litigantes debido a los desequilibrios de recursos entre las partes, así como a las presiones ideológicas e institucionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Daubert y su progenie se utilizaron principalmente para fomentar la tendencia a excluir las pruebas periciales del demandante en los litigios civiles contra empresas demandadas, en un momento en que las campañas de reforma del derecho de responsabilidad civil impulsadas por las empresas. Por otra parte, las pruebas periciales presentadas por el Estado en las causas penales han sido objeto de un escrutinio mucho menor, y los tribunales se inclinan más a excluir las pruebas periciales del acusado que de la acusación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En el mundo del common law aparecen tendencias similares. La aplicación desigual de las normas de admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) basadas en la fiabilidad plantea una amenaza para el derecho a un juicio justo y otros principios constitucionales, especialmente en el contexto penal.

En un esfuerzo por defender valores fundamentales como la presunción de inocencia y la prevención de las condenas injustas, algunos autores han abogado por un enfoque asimétrico que impondría una mayor carga al Estado para demostrar la fiabilidad al presentar pruebas periciales que a los acusados de delitos penales. También han abogado por el reconocimiento de un derecho constitucional a no verse confrontado con pruebas de opinión pericial poco fiables como acusado.

Además de la fiabilidad, la falta de imparcialidad también puede hacer que las pruebas periciales sean inadmisibles en el Canadá e Inglaterra, mientras que en Australia y los Estados Unidos, esto tiene un peso.

Influencia

Los tribunales no suelen estar obligados por las opiniones de los expertos.

Aviso

No obstante, esas opiniones pueden ser muy influyentes, especialmente cuando proceden de expertos designados por los tribunales, como suele ocurrir en los sistemas de derecho civil.

Más Información

Las impugnaciones de las partes a la metodología o las conclusiones de los expertos designados por los tribunales tienden a ser ineficaces.Entre las Líneas En un estudio israelí, se determinó que el contrainterrogatorio de los expertos designados por el tribunal no tenía un efecto significativo en la tendencia del tribunal a adoptar las conclusiones del experto. Los estudios realizados en jurisdicciones de derecho anglosajón han revelado limitaciones similares en cuanto a la eficacia del contrainterrogatorio y otras salvaguardias del juicio como medios para examinar las pruebas periciales. Esas conclusiones aumentan la preocupación de que los expertos plantean una amenaza a la independencia judicial.

Una encuesta realizada entre representantes de los Estados miembros de la Unión Europea indica que en varios países (por ejemplo, Noruega y Portugal) se da más peso a las pruebas periciales que a otras pruebas en la práctica. El encuestado de Grecia señaló que se da más peso a las pruebas presentadas por las autoridades públicas o por el laboratorio forense de la policía que a otras pruebas.

Datos verificados por: Conrad

Recursos

Véase También

Eficacia, Derecho administrativo, Procedimientos administrativos

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