Gobierno de los Jueces
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Introducción
De la justicia es de una de las cosas que más se habla en algunas épocas en países como España (en el 2018, por ejemplo, a raíz del proceso catalán o del desdicho del Tribunal Supremo a cuentas del impuesto sobre las hipotecas).Entre las Líneas En particular, de su independencia, del juego efectivo de la separación de poderes, de si la política ha sido sustituida por el arbitrio de los jueces. Cuando los jueces tienen un protagonismo desproporcionado en la vida pública, quiere decir que la política no lleva la iniciativa.
Italia
Se ha considerado que se dio realmente un gobierno de los jueces en Italia al comienzo de los años noventa, con un fiscal como Antonio Di Pietro, que llegó a encarcelar por casos de corrupción a representantes de todos los grupos políticos del momento y a varios dirigentes empresariales e industriales. El proceso de Manos Limpias envió a la cárcel a más de tres mil italianos acusados de corrupción y que formaban parte de las elites del país.
Historia
Escribe Santiago Muñoz Machado en un artículo en La Vanguardia en octubre de 2018:
“La cuestión del papel de los jueces en asuntos de relevancia política viene de antiguo. La excesiva libertad de decisión de los tribunales en Francia durante el Antiguo Régimen justificó la gran corrección revolucionaria de 1789, que recondujo su función a los estrictos términos expresados anticipadamente por Montesquieu en De l’esprit des lois: el juez no puede ser otra cosa que “la bouche qui prononce les paroles de la loi”. La subordinación estricta a la ley, sin ningún margen para la creatividad, se convirtió en el gran remedio para reconducir los excesos de la justicia, “ese poder tan terrible para los hombres”, como dijo el mismo filósofo ilustrado.
Pasados los momentos revolucionarios más radicales, la práctica demostró que el sistema judicial no podía funcionar con un corsé tan rígido y estrecho. Y resurgió la jurisprudencia (antes en el ámbito penal que en ningún otro) y se fueron ensanchando los márgenes de interpretación y de arbitrio de los jueces y tribunales. Cuando, desde principios del siglo XX, se les reconoció la potestad de controlar y anular decisiones de los gobiernos y administraciones públicas y, más tardíamente, del propio legislador, recorrió Europa un torrente de críticas que temían el establecimiento del “gobierno de los jueces”, cuyas características desarrolló Édouard Lambert en un libro de referencia.Entre las Líneas En la actualidad se ha concluido felizmente que esos poderes de control puestos en manos de la justicia son imprescindibles para que el Estado de derecho funcione.
El juez, en verdad, nunca ha podido actuar aislado de la política porque, como observó P. Calamandrei, siempre ejecuta decisiones políticas que formula el legislador.Si, Pero: Pero aun en tales casos es el legislador el que adopta la decisión política fundamental. Esta relación del juez con la legalidad solo se torna patológica cuando aquel adopta decisiones políticas directamente, sin la intermediación del legislador o sobreponiéndose a él. De vez en cuando aparecen en los estados de derecho individuos de esta clase: se los ha denominado “petits juges” en Francia, “pretori d’asalto” o “toghe rose” en Italia; “jueces estrella” (en España).
También quiebra, bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “insolvency” o su significado como “bankruptcy”, en inglés) la relación del juez con la legalidad cuando esta es ambigua, insuficientemente densa o, simplemente, inexistente para regular una determinada situación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Si no hay regulaciones establecidas por el legislador que contemplen los hechos que se someten a la decisión de la justicia, el legislador está abdicando de su función y delegando en los jueces y tribunales la creación de las normas mediante un ejercicio de interpretación extremo. (…)
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El problema de (…) las tensiones jurídicas (…) se han dejado en manos de los jueces, sin proveerlos, mediante leyes adecuadas, de herramientas mucho más perfeccionadas que las que puede ofrecer una legislación sorprendida por la novedad absoluta de los acontecimientos.”
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Las intervenciones judiciales que afectan a políticos responden a acciones delictivas contempladas en el Código Penal. En todo caso, son una consecuencia de haberse saltado la ley. Hay motivos para pensar que la prisión preventiva sin fianza de los políticos catalanes en diversas cárceles de Madrid es una medida desproporcionada como lo es la que mantiene en prisión desde hace un año a Sandro Rosell, expresidente del Barcelona.
La irrupción judicial en la política española y catalana demuestra también una ausencia de visión sobre la gestión de la política. Artur Mas y Carles Puigdemont sabían lo que estaba en juego. Y Mariano Rajoy, también.
Y, sin embargo, no supieron encontrar puntos de encuentro para evitar la judicialización del conflicto catalán que deambula por los tribunales españoles, belgas, británicos, alemanes y suizos. Los independentistas no quisieron o no supieron calcular las consecuencias de sus actos. Y el Estado no supo desactivar un choque político y emocional que finalmente se ha producido. Esta espiral de acción y reacción de unos y otros nos lleva a más confrontación.
Una suposición: El desafío es tener una sociedad en la que el papel de Juez y de las fuerzas de seguridad se combinen en una sola, después de 1750. Así que los que arrestan, son también los que sentencian.
¿Se refiere a una identidad personal o a una parte de la misma estructura institucional? No veo cómo un juez puede literalmente tomarse el tiempo para arrestar a un sospechoso, pero desde cierta perspectiva, subordinar la aplicación de la ley a la judicatura tiene sentido. Requeriría una visión de los jueces más “funcionarios públicos” de lo que permite el modelo de derecho consuetudinario, pero en el continente podría funcionar.
Digamos que en el 1700, Francia desarrolla la idea de hacer cumplir la ley a través de “magistrados”, una fuerza de guardias armados asignados a un juez. Todas las denuncias presentadas ante el juez son investigadas por él, y los hombres están allí para traer testigos, entregar órdenes de detención, detener a los sospechosos y mantener el orden en el tribunal. También tienen la tarea de recibir y verificar las quejas a medida que aumenta el número de peticionarios. A mediados del siglo XIX, un cierto perfil de trabajo se refuerza con un nivel inferior de porteros, un nivel medio de oficinistas alfabetizados y un nivel superior de juristas que se encargan de la investigación previa al juicio. Como Francia es Francia y éste es el siglo XIX, el modelo es ampliamente copiado. Así, muchos países europeos terminan con una fuerza policial tripartita
– la policía municipal o de distrito, desarmada y con un poder de arresto limitado, las camareras de los parquímetros glorificadas y los guardias de seguridad.
– la policía estatal o la gendarmería, con poderes más amplios de arresto y armado, una fuerza paramilitar llamó cuando se necesita músculo.
– la policía judicial, armada y con amplios poderes de detención, registro y confiscación, encargada de recibir denuncias e investigar delitos.
La policía municipal forma parte del ejecutivo local y contrata a través de la administración pública. La gendarmería forma parte del poder ejecutivo nacional y contrata a través de sus propias academias, con carreras abiertas en el sector de los suboficiales y oficiales. La policía jurídica forma parte del poder judicial nacional y contrata a través de sus propias academias, y el nivel superior requiere un título de derecho penal. Todos los jueces de justicia penal deben tener un mínimo de cinco años de servicio como submagistrados de investigación. El derecho penal y el derecho civil son materias de estudio muy diferentes en este sistema, con un título en derecho penal que incluye una amplia formación práctica en medicina forense, interrogatorios y criminología.
El mayor problema de combinar el juicio con la aprehensión criminal es que en Europa al menos los jueces eran generalmente aristócratas. Es poco probable que entreguen ese poder a las masas. Quién sabe qué podría pasar después. ¿Votar en las elecciones?
Repúblicas como Suiza y Francia Revolucionaria pueden considerar el escenario propuesto, pero son más igualitarias.
Más bien el aristócrata tiene iguales, o individuos de confianza se convierten en Jueces con el poder de arrestar. Veo esto como una manera de tratar con pocos jueces que manejan grandes regiones, así que ahora la policía local es tanto la policía como el tribunal.
De alguna manera, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deben ser la misma rama del gobierno. Fácil, después de eso, ya que el ejecutivo está destinado a hacer cumplir la ley, y el poder judicial está destinado a interpretar la ley.
Si los jueces son el ejecutivo, entonces los jueces hacen cumplir la ley y deciden lo que significa.
¿Cómo lograr esto?