Órgano Jurisdiccional

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Carácteres del Tribunal Constitucional como Órgano Jurisdiccional

El Tribunal Constitucional [español] decide en forma de sentencia, con arreglo a unas normas preestablecidas y siguiendo un procedimiento contradictorio, sobro las pretensiones formuladas en términos de Derecho, que le someten las partes legitimadas para ello por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional española. Es, pues, un verdadero Tribunal, si bien pasee unas notas peculiares —en parte consecuencia de su carácter de órgano constitucional que le dan un perfil propio.

En primer lugar, su función dentro del sistema de los órganos constitucionales es una función de control llevada a Cabo por métodos jurisdiccionales. Tal control tiene como finalidad contribuir a que el dinamismo y la concurrencia de intereses, objetivos y valores inherentes a la vida política se mantenga dentro de los parámetros y límites constitucionales. Como parte de su función general de control, el Tribunal ejerce una acción de regulación entendiendo por tal aquella operación mediante la cual se neutralizan los disturbios y obstáculos al funcionamiento constitucional del sistema político, En este sentido puede ser considerado como una expresión de la idea de “pouvoir neutre” enunciada por CONSTANT, es decir, de un poder no activos, pero independiente de los demás poderes y cuya sola función es evitar las desviaciones de éstos, si bien en la doctrina de CONSTANT el titular de tal poder neutro era el monarca constitucional. [El poder neutro es concebido por Constant como un regulador y solo como un regulador del sistema político estatal, mientras que para Montesquieu a regulación se producía espontáneamente por la simple interacción de los tres poderes. Merece, quizá, la pena de citar el texto: “El poder real (entendiendo el del jefe del Estado, cualquier, que sea el titulo que lleve) es un poder neutro. El de los ministros es un poder activo. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son tres resortes que deben cooperar, cada uno en la parto que le corresponda, al movimiento general: pero cuando estos resortes desarreglados se entrecruzan, entrechocan y entraban, se necesita una fuerza que les ponga en su lugar. Esta fuerza no puede estar en uno de los resortes, porque serviría a la destrucción de los otros. Es preciso que esté fuera, que sea neutra, de algún modo, para que su acción se aplique necesariamente en todas partes donde se necesite que sen aplicada. “Principios de politique”. p. 1079 de la ed. de La Pléiade.]

El Tribunal, sin embargo, no es un órgano de control homeostático para emplear un término de la teoría de sistemas que asegure constantemente y por su sola operación el adecuado nivel de constitucionalidad del orden jurídico y de la acción de los órganos estatales, ya que no puede actuar por su propia iniciativa, sino solamente cuando es puesto en acción por los actores legitimados, lo que quiere decir que el orden jurídico puede albergar normas y actos inconstitucionales si tal inconstitucionalidad no es directa o indirectamente planteada ante la jurisdicción constitucional.

Es un Tribunal independiente, único en su orden y que, en coherencia con su carácter de órgano constitucional, no forma parte de la Administración de Justicia ni está, por tanto, bajo el gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Está, compuesto por jueces juristas (art. 159.2 Const.) elegidos para un tiempo determinado por los restantes órganos constitucionales y equipados con las garantías de independencia judicial, a lo que se añade (art. 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) que “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones”, lo que aproxima su status al de los representantes parlamentarios. Sus normas constitutivas únicas a las que está sometido son la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 1. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), lo que no excluye el carácter supletorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en ciertas materias adjetivas do carácter meramente procedimental (art, 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

Ejerce la jurisdicción constitucional, característica que necesita de una cierta precisión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En primer lugar no existe una cláusula general de jurisdicción constitucional, sino que tanta las competencias del Tribunal como las partes legitimadas para iniciar un proceso ante el mismo están rigurosamente enumeradas por la Constitución y la de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.Entre las Líneas En segundo lugar, es necesario distinguir entre jurisdicción constitucional en segundo formal y en sentido material. La primera no parece prima Pacte difícil de determinar: la jurisdicción constitucional esta formada por las competencias de un tribuna! que se designa como constitucional. Más difícil es la determinación do la segunda, puesto que pueden tomarse distintos criterios, tales coma la naturaleza de las partes legitimadas para tener acceso a ella, o la materia a que se refiera en cada caso el recurso ante el Tribunal o el carácter normativo o político de su objeto, etc., hasta tal punto que se ha dudado de la posibilidad de establecer un concepto claro y distinto de jurisdicción constitucional en sentido material.

Sin ánimo de entrar aquí en la discusión a fondo del tema y planteando las cosas en sus términos más generales, podemos entender que pertenecen a la materia de jurisdicción constitucional los problemas relativos a la determinación del área del poder estatal y al sistema de derechos fundamentales y de libertades públicas de los ciudadanos que delimitan el ámbito de la Grurzdlkmpetenz del Estado los referentes a la formación de la voluntad estatal principalmente en forma de ley o de actas gubernamentales, en la medida que puedan rebasar los limitos constitucionales, los tocantes a la distribución horizontal y vertical de competencias entre los poderes superiores de la organización estatal y, eventualmente, los que afecten a instituciones u órganos constitucionalmente significativos, aunque no sean, propiamente hablando, órganos constitucionales. Parecería, pues, que la jurisdicción constitucional en sentido material puede extenderse a aquellos temas que se albergan en el concepto material de constitución, bien entendido que dentro de las funciones de tal jurisdicción se encuentra la de garantizar que la constitución en sentido material se exprese y realice en concordancia con la constitución en sentido formal.

La relativa correspondencia entre la dimensión formal y la material do la jurisdicción constitucional depende de las competencias de los tribunales constitucionales de cada país y do la estructura constitucional en la que estén insertos. Algunos tribunales extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) ante todo el austriaco disponen de competencias que difícilmente pueden calificarse de constitucionales en sentido material. No es éste el caso del Tribunal Constitucional español, del que puede afirmarse que todas sus competencias son materia constitucional, aunque no todas las materias constitucionales como, por ejemplo, la constitucionalidad de los partidos o los contenciosos electorales pertenezcan a la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Lo que en todo caso puedo sostenerse es que se trata de un Tribunal que juzga siempre sobre la constitucionalidad de los actos de los órganos del Estado.

Hemos examinado hasta ahora la peculiaridad del Tribunal en lo que se refiero a su función general dentro del sistema de los órganos constitucionales, a su independencia del poder judicial y al contenido de su jurisdicción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Si, Pero: Pero el Tribunal Constitucional se tipifica también por los efectos y el sentido de sus sentencias. Sus decisiones, en cuanto que juzgan de la constitucionalidad de la acción do los órganos del Estado, no solamente tienen el valor de cosa juzgada, sino que vinculan a los poderes públicos, de modo que las conductas jurídicamente imputables a éstos deben ser conformes a las decisiones del Tribunal, en razón de lo cual sus sentencias han de ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

El texto de la LOTC se inicia con la definición del Tribunal como interprete supremo de la. Constitución, de donde se desprendo que las interpretaciones del Tribunal en materia constitucional prevalecen sobre las llevadas a cabo por otros tribunales y, consecuentemente y que la jurisprudencia de éstos recaída sobre las leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional se entenderá corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan recursos y cuestiones de inconstitucionalidad (art. 40.2 LOTC. Se comprende que la Ley Orgánica considere a la interpretación como el núcleo básico de la función del Tribuna!, pues, en efecto, la función interpretativa tiene en materia constitucional más relevancia que en otras materias jurídicas, dada la mayor presencia de principios generales, de valores susceptibles de distinta interpretación y especificación, de cláusulas generales y de preceptos indeterminados, cuyos significados solo pueden determinarse en cada caso y momento a través de las concretizaciones resultante de la interpretación, por lo que se ha dicho con razón que si los límites entre la aplicación y la creación del Derecho son fluidos en todas las esferas jurídicas, tienden a confundirse plenamente en materia constitucional.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Dada la preeminencia que tiene la interpretación en materia constitucional puede afirmarse y así lo muestra la práctica de los tribunales de otros países que las motivaciones, la ratio o el discurso lógico de la sentencia, tiene con respecto al fallo una mayor importancia que en otras jurisdicciones. Si extremando las cosas suelo decirse que lo importante de una sentencia es e fallo, de la jurisdicción constitucional podría decirse que lo fundamental es la motivación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Ello esta en conexión con el sentido que suele asignarse al ejercicio de la función de la jurisdicción constitucional.

En este aspecto el Tribunal Constitucional alemán ha sostenido que incluso cuando Juzga de lesiones de derechos o del cumplimiento de obligaciones do hace menos al servicio de la prosecución de derechos subjetivos que al servicio de la garantía objetiva del Derecho constitucional [(E 2, pp. 79 y ss; aquí, 65 y 55,) Lo cual puede que sea una manera demasiado unilateral de ver las cosas, pues defender los derechos o pretensiones subjetivas garantizados por la Constitución significa concretizar la defensa del orden constitucional objetivo, y defender a éste significa defender los derechos y pretensiones que ampara; lo abstracto vive en lo concreto, y lo concierto es la especifica articulación en un caso de notas abstractas.]; que más allá de la mayor o menor actualidad de los casos concretos corresponde al Tribunal a través de la solución de éstos, desarrollar el Derecho constitucional y proporcionar la paz jurídica para el futuro, y, en fin, que entre sus funciones primordiales se cuenta el desarrollo ulterior del Derecho constitucional, esclareciendo y perfeccionando sus preceptos y contribuyendo con ello a la configuración de la realidad constitucional.

Fuente: GARCÍA PELAYO, Manuel. “El status del Tribunal Constitucional”. En: Revista Española de Derecho Constitucional, N.° 1, Año 1, enero-abril 1981, pp. 11-34.

Configuración del Tribunal Constitucional

Sobre la Configuración del Tribunal Constitucional, véase aquí.

Significación del Tribunal Constitucional para el Estado de Derecho y en la separación de poderes

Sobre el significación del Tribunal Constitucional para el Estado de Derecho y en la separación de poderes, véase aquí.

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