Poder de Reforma Constitucional

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto y Naturaleza del Poder de Reforma Constitucional

Concepto

El poder de reforma constitucional es aquella actividad, de carácter normativo, dirigida a modificar parcialmente una Constitución rígida, utilizando para ello un procedimiento especial preestablecido al efecto por el ordenamiento jurídico.

Debe recordarse que, en los regímenes con Constituciones flexibles, las reformas constitucionales se realizan por medio del procedimiento legislativo común, tal y como sucede, en teoría, en Inglaterra.Entre las Líneas En este país, sin embargo, su Constitución no solo tiene mayor rigidez que aquellas que e autoproclaman rígidas en virtud de sólidas tradiciones inscritas en el corazón del pueblo inglés, sino que, además, es una Carta Política no escrita, pues sus principios y normas no se encuentran recogidos, como en Costa Rica, en un texto expreso.

Desde el punto de vista de la materia contemplada, la reforma constitucional puede realizarse por derogación en un caso concreto, o por un breve período, dejando inmutable su validez general. La doctrina alemana ha llamado a este fenómeno «ruptura de la Constitución». Como ejemplo de lo anterior puede citarse la disposición transitoria relativa al artículo 116 de la Constitución costarricense, según la cual los períodos presidenciales y legislativos para quienes resultaren electos en los comicios de 1953 tendrían una duración de cuatro años y medio en vez del período constitucional de cuatro años señalado en esa norma.

La naturaleza del poder reformador de la Constitución

El poder reformador de la Constitución presenta las mismas características de los poderes constituidos, por lo que esa potestad no es jurídicamente ilimitada, sino parcial y reglamentada, debiendo desenvolverse dentro del marco que la fija la propia Constitución.

De lo anterior se concluye que el órgano encargado de reformar parcialmente la Constitución, al igual que cualquier órgano estatal, se encuentra condicionado y limitado por las normas constitucionales y legales que lo consagran y regulan su ejercicio. Es decir, el órgano encargado de la revisión constitucional está subordinado al orden establecido en cuanto a su estructura, procedimiento para su integración, organización y funcionamiento.

El fundamento doctrinario para su limitación es su condición de órgano constituido, puesto que el poder reformador de la Constitución, al encontrar su razón de ser en la propia norma fundamental, lógica y jurídicamente no podría destruir el fundamento de su propia competencia.

El concepto universalmente aceptado de la soberanía popular se opone a que un órgano estatal sea titular de un poder ilimitado, ya que solo el pueblo es soberano.Entre las Líneas En otras palabras, el pueblo es la fuente política del poder estatal. Siempre dentro de este mismo orden de ideas, en el Estado moderno se da la separación, perfectamente natural y jurídica, entre la voluntad del soberano, que es exterior a cualquier organización estática de poder y por su propia naturaleza reacia a someterse a ninguna voluntad que no sea la suya propia, y la competencia del órgano estatal. Un autor francés ha dicho, con gran precisión, que «los elegidos son los representantes de la Nación soberana, pero en ningún caso los representantes soberanos de la Nación» (Esmein).

De lo anterior se deduce que el ejercicio del poder de reforma de la Constitución está sujeto a un límite concreto en cuanto a la materia objeto de la reforma.

Este límite se da por razón de la competencia e impide que la Asamblea legislativa pueda, por la vía de la reforma parcial, introducir cambios radicales al régimen político, social y económico que garantiza la Constitución, lo cual es competencia exclusiva de una Asamblea constituyente.Entre las Líneas En consecuencia, el órgano legislativo, por medio del procedimiento de las reformas parciales, solo puede modificar la Calta Política en todos aquellos aspectos que no interfieran con sus principios cardinales; es decir, con las decisiones políticas fundamentales del constituyente originario o derivado, Verbigracia, una eventual reforma del articulo 96 de la Constitución para introducir nuevamente el criterio declarado inconstitucional por la Sala Constitucional (voto 930 del 24/5/91) de que la financiación (o financiamiento) estatal a los partidos políticos se puede válidamente otorgar con base en el criterio de los votos obtenidos por cada uno de ellos en la elección anterior, sería jurídicamente imposible porque violaría una norma fundamental consagrada por el constituyente originario: el principio del pluralismo político, pues aquella eventual reforma constitucional tendería, como ya se demostró en la praxis política de nuestro país por casi cincuenta años, a evitar el pluripartidismo y a prohijar, en cambio, un rígido e inconveniente régimen bipartidista. Tal reforma constitucional solo sería posible por medio de una Constituyente convocada al efecto.

Fuente: HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. “El poder constituyente derivado y los limites jurídicos del poder de reforma constitucional”. En: Revista Española de Derecho Constitucional, N.° 37, Año 13, enero-abril 1993, pp. 143-155.

Diseño Constitucional

La elaboración de la democracia en un estado frágil y dividido, a menudo desgarrada por conflictos internos o azotada por tormentas internacionales y regionales, es una de las tareas más difíciles e importantes que enfrentan los políticos internacionales. Los conflictos en constante espiral en Irak y Afganistán tras la ocupación de Estados Unidos, por ejemplo, han sido impulsados ​​en gran parte por errores de diseño institucional en el período inmediato posterior al conflicto. La implementación de una constitución bien diseñada adaptada a las peculiaridades de un estado nación dividido no es la solución al conflicto étnico.

Puntualización

Sin embargo, nunca ha habido un acuerdo de paz duradero en el que un gobierno bien diseñado y multiétnico no fuera fundamental. El diseño de una democracia adecuada es un requisito necesario, si no suficiente, para la estabilidad en una sociedad dividida.

Una democracia es una red interconectada de instituciones políticas elegidas y obligadas a los votantes que cumplen con sus leyes y regulaciones.Si, Pero: Pero esa red debe estar atada a los distintos hilos culturales, históricos y sociales que unen a un estado. Una constitución posterior al conflicto debe reflejar las formas tradicionales de tomar decisiones, los centros de poder dominantes en aldeas y ciudades y el alcance de las divisiones étnicas, tanto en su intensidad como en sus causas fundamentales.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Una constitución estipula las reglas básicas del juego democrático.

Una Conclusión

Por lo tanto, usaré los términos “diseño constitucional” y “diseño democrático” de manera intercambiable, aunque una constitución necesariamente se refiere a cuestiones que van más allá del alcance y la derivación de las instituciones de gobierno. Una buena constitución es un pilar de la armonía interétnica, pero es solo un pilar. Incluso cuando los diseñadores constitucionales tienen éxito, el nuevo estado puede ser devuelto a la violencia y el caos por el conflicto regional o la intromisión de los vecinos.

Pero cuando se trata de crear estabilidad y gestionar conflictos étnicos, las estructuras políticas bien elaboradas son la mejor manera de lidiar con los conflictos comunales que existen dentro de los estados nacionales. Una constitución creíble y bien desarrollada mitiga los temores y sentimientos de alienación de las minorías.Entre las Líneas En una sociedad dividida hay dos elementos para construir la estabilidad étnica. Primero, cada grupo étnico importante debe sentirse incluido y reconocido en el funcionamiento del estado. Segundo, los grupos e individuos más débiles deben ser protegidos. Es bastante posible que un estado incluya a un grupo minoritario en el gobierno sin proteger los derechos de ese grupo. Alternativamente, un estado puede proteger pero no reconocer la voz de la minoría cuando toma decisiones de gobierno. Un estado puede tener uno sin el otro, pero la verdadera adaptación étnica requiere ambos. La protección es, en última instancia, legal, pero la inclusión es una característica crucial de la política buena y viable.

Autor: Williams

Poder Constituyente: Poder Soberano y Modelos

Sobre el poder constituyente como poder soberano, los modelos francés y americano, y el poder constituyente derivado, véase la entrada sobre las modalidades del poder constituyente aquí.

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