Recomendaciones sobre Derechos Humanos

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Presentación de informes y seguimiento en materia de derechos humanos

El seguimiento en materia de derechos humanos dentro del Sistema Interamericano incumbe a dos instituciones: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión o CIDH) y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte).

La CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959, tiene su sede en  ashington D. C. y está integrada por siete expertos independientes (comisionados) que actúan a título personal. La función principal de la CIDH es promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en América, en particular mediante la recepción de quejas individuales. Los principales procedimientos de la CIDH de acuerdo con la Convención Americana son el procedimiento de peticiones y el procedimiento de presentación de informes.

El procedimiento de peticiones

Existen dos tipos de procedimiento de peticiones: el procedimiento de comunicaciones interestatales y el procedimiento de peticiones individuales.

El procedimiento de comunicaciones interestatales según el Art. 45 de la Convención Americana ha sido aceptado por diez Estados miembros de la OEA. Hasta la fecha solo se ha utilizado dos veces: en el caso Nicaragua contra Costa Rica (2007), en que la Comisión declaró inadmisible la petición, y en el caso Ecuador contra Colombia (2010, DOC, 245 KB), que sigue pendiente.

Bajo el procedimiento de peticiones individuales, regido por la Convención Americana, cualquier persona, grupo de personas, u organización no gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) (ONG) en nombre de cualquiera de los anteriores, pueden presentar una petición a la Comisión alegando la violación de derechos garantizados por la Convención Americana, la Declaración Americana, el protocolo para la erradicación de la pena de muerte, las convenciones contra la tortura, sobre desaparición forzada y sobre los derechos de las mujeres. [rtbs name=”historia-de-las-mujeres”] Además pueden alegar ante la Comisión la violación de derechos sindicales y el derecho a la educación, establecidos como derechos justiciables en el Protocolo de San Salvador (Art. 8 y 13).

La Comisión solo puede someter a la Corte casos individuales contra Estados que hayan aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte (véase página 4). El número de quejas recibidas por la Comisión ha aumentado en los últimos años (1997: 435; 2010: 1.598). La Comisión solo acepta peticiones individuales cuando se cumple una serie de requisitos formales, en particular el de haber agotado los recursos de la jurisdicción interna.

Durante el proceso, la Comisión pide a cada parte que comente la respuesta de la otra parte. Adicionalmente, puede llevar a cabo sus propias investigaciones, realizar visitas al terreno, solicitar información adicional a las partes, etc. Cuando no pueda llegarse a un acuerdo de solución amistosa, la Comisión preparará un informe confidencial con sus conclusiones y recomendaciones, y concederá al Estado un período de tiempo para remediar la situación y cumplir las recomendaciones. Al mismo tiempo notificará al peticionario la adopción del informe y le concederá un mes para presentar su caso a la Corte.

Si el Estado ha aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte y no ha cumplido las recomendaciones de la Comisión, ésta someterá el caso a la Corte (salvo cuando la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión decida no hacerlo, de acuerdo al Art. 45 del Reglamento de la Comisión; véase Guy Malary contra Haití). La Comisión podrá publicar un informe final con sus conclusiones finales y recomendaciones.

El procedimiento de presentación de informes

Los únicos procedimientos de presentación de informes de los Estados en el marco del Sistema Interamericano están sujetos al Protocolo de San Salvador y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará): Según el Art. 19 del Protocolo de San Salvador, los Estados deberán presentar informes periódicos al Secretario General de la OEA sobre las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el Protocolo. El Art. 10 de la
Convención de Belem do Pará exige a los Estados informar a la Comisión Interamericana de Mujeres sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Por otro lado, la CIDH publica informes anuales sobre sus actividades y el estado de los derechos humanos en la región (informes anuales).

Otros Elementos

Además, elabora informes sobre la situación de los derechos humanos en países particulares, basados en las visitas al terreno que tienen lugar previa solicitud y con el consentimiento del país (informes de país).

Detalles

Por último, prepara informes temáticos sobre cuestiones específicas de derechos humanos.

Los informes temáticos de la CIDH

Estos informes, desde el 2009, incluyen:

• Pena de muerte
• Violencia sexual contra la mujer
• Derechos de las personas privadas de libertad
• Defensoras y defensores de derechos humanos
• Salud reproductiva
• Acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales
• Justicia juvenil
• Libertad de expresión
• Pueblos indígenas
• Derechos del niño

La Corte

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en 1979 como institución judicial autónoma a base de la Convención Americana. Su sede está en San José, Costa Rica. La Corte está integrada por la Secretaría y siete jueces. Los jueces se reúnen en cuatro períodos ordinarios de sesiones al año. Actualmente se han convocado períodos extraordinarios de sesiones en diferentes Estados miembros de la OEA para fomentar los conocimientos sobre el Sistema Interamericano. La Convención Americana otorga a la Corte una función contenciosa y una función consultiva. La Corte posee autoridad para dictar medidas provisionales.

Competencia para resolver litigios (jurisdicción contenciosa)

La jurisdicción contenciosa de la Corte debe ser aceptada por cada Estado parte de la Convención Americana por separado. Hasta la fecha han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte 21 Estados parte de la Convención Americana.

Los procedimientos contenciosos ante la Corte abarcan un procedimiento de queja individual. Actualmente, solo los Estados parte y la Comisión tienen derecho a someter un caso directamente a la Corte. El procedimiento para la presentación de solicitudes se rige por el Estatuto y el Reglamento de la Corte y por la Convención Americana.

Todo fallo emitido por la Corte es vinculante y definitivo. Si la Corte decide que ha habido una violación de derechos humanos, puede otorgar reparaciones, que pueden incluir medidas de restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y no repetición. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). En 2012, la Corte emitió 21 sentencias; la duración media de los procedimientos fue de 19 meses (en 2010: 9; en 2011: 18).

La Corte también supervisa el cumplimiento de sus sentencias (Art. 69 del Reglamento). Ello implica, en primer lugar, que debe solicitar periódicamente a los Estados información sobre las medidas adoptadas para cumplir las sentencias emitidas, y ulteriormente obtener las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes. Entonces puede analizar si el Estado ha cumplido las medidas impuestas, impartir orientación para las acciones del Estado a ese efecto y, si procede, convocar una audiencia para la supervisión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento (de manera persistente) a los fallos de la Corte, ésta podrá, como lo hizo en el caso de Venezuela, someter el asunto a la Asamblea General de la OEA (Art. 65, Convención Americana).

Competencia para tratar asuntos legales (jurisdicción consultiva)

La jurisdicción consultiva de la Corte es obligatoria para todos los Estados parte de la Convención Americana y es más amplia que la jurisdicción contenciosa: Todo Estado miembro de la OEA (incluso aquellos que no son parte de la Convención Americana) u organismo de la OEA puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o cualquier otro tratado regional o internacional de derechos humanos aplicable a los Estados americanos. Grupos y personas individuales pueden participar en calidad de amici curiae.

Las opiniones consultivas no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo proporcionan una interpretación autoritativa de los asuntos legales concernidos, y permiten a la Corte responder a consultas planteadas por Estados miembros de la OEA u organismos de la OEA relativas a la interpretación de la Convención Americana u otros tratados para la protección de los derechos humanos en América.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

A solicitud de un Estado miembro de la OEA, la Corte también puede emitir su opinión acerca de la compatibilidad de leyes internas con los instrumentos del Sistema Interamericano. Las opiniones consultivas constituyen un instrumento útil para los Estados y para la propia OEA para mejorar y ampliar el corpus interamericano del derecho de los derechos humanos.

A través de numerosas opiniones consultivas, la Corte ha sido capaz de dictaminar sobre cuestiones esenciales como: la admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) de una reforma propuesta de la Constitución de un Estado parte; resoluciones judiciales en situaciones de emergencia y garantías judiciales en esas situaciones; la compatibilidad de un proyecto de ley con la Convención Americana; la condición jurídica y los derechos humanos del niño, la condición jurídica y los derechos humanos de migrantes indocumentados.

Medidas provisionales

La Corte podrá aprobar medidas provisionales para evitar daños irreparables al derecho de una persona a la vida o la integridad personal. Para que la Corte ordene estas medidas, que deberán ser implementadas por el Estado concernido, deberán justificarse satisfactoriamente tres requisitos: extrema gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables. Las medidas provisionales pueden ser solicitadas por la Comisión Interamericana en cualquier momento, incluso cuando el caso no haya sido sometido a la jurisdicción de la Corte, y por los representantes de las supuestas víctimas, siempre que las medidas estén relacionadas con un caso que la Corte esté examinando. Asimismo, la Corte puede decidir este tipo de medidas sin la aprobación de la Comisión.

Fuente: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Recursos

Véase También

• Protocolo de San Salvador: Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales
• Comisión Interamericana de Mujeres
• Convención de Belem do Pará: Mecanismo de Seguimiento (MESECVI)
• Pena de muerte
• Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013)
• Violencia sexual contra la mujer
• Derechos de las personas privadas de libertad
• Salud reproductiva
• Acceso a la justicia
• Derechos económicos
• Justicia juvenil
• Libertad de expresión
• Pueblos indígenas
• Derechos del niño

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