Requerimiento Judicial

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Definición en Derecho

En el Derecho Angloamericano

Ver injunction o requerimiento judical en derecho inglés, que también cabría traducir como requerimiento, orden judicial, mandamiento, mandamiento judicial, interdicto, mandato judicial, medida cautelar o medidas cautelares.

Injunction, en derecho, es la orden, mandato o requerimiento de un tribunal que ordena a una parte realizar un acto determinado o abstenerse de un acto o actos. La medida cautelar, que se desarrolló como el remedio principal en derecho de equidad, se usa especialmente cuando los daños monetarios no satisfarían el reclamo del demandante, o para proteger los derechos personales o de propiedad de daños irreparables. Ha sido históricamente importante, especialmente en lo que respecta al agravio o tort, las relaciones domésticas, el trabajo y las normas relativas a los derechos civiles.

Originalmente, los tribunales solo otorgaron medidas cautelares, con el argumento de que la ejecución de órdenes afirmativas no podía ser fácilmente obligada o supervisada.

Puntualización

Sin embargo, en el siglo XIX, se comenzaron a utilizar los mandamientos afirmativos (obligatorios) y ahora se otorgan en circunstancias inusuales.

Pormenores

Las acciones judiciales emitidas mientras una acción está pendiente se denominan preliminares, o interlocutorias, tienen la intención de proteger los intereses del demandante para que un juicio final no carezca de valor, y no pueden, en su mayoría, ser revisados ​​por tribunales superiores. Si se produjera una lesión irreparable incluso antes de que se pueda notificar la audiencia, la corte puede otorgar una orden de restricción temporal, que es vinculante para el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) hasta que se celebre una audiencia. Un requerimiento final o perpetuo es parte del juicio final de la corte, y puede emitirse después de que se haya escuchado toda la evidencia.

Los requerimientos judiciales, como la mayoría de los resarcimientos, compensaciones, correctivos o reparaciones de naturaleza equitativa, generalmente son otorgados por un juez sin la asistencia de un jurado. La amplia discreción que los tribunales han disfrutado al usar este poder, sin embargo, ha sido limitada por ley en muchas áreas del derecho. Una orden judicial es esencialmente una orden personal, y un acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) que desobedezca puede ser castigado por desacato o contempt. Una orden judicial en vigor puede ser terminada o modificada por el tribunal.

Las órdenes judiciales se otorgan hoy en muchas circunstancias en que los tribunales de justicia se negaban anteriormente a actuar.

Una Conclusión

Por lo tanto, los tribunales han ordenado el cumplimiento de los términos de un contrato, o el pago de daños legales por parte de un acusado, evitando al demandante la necesidad de buscar la ejecución de una sentencia. Los enjuiciamientos se han utilizado durante mucho tiempo para eliminar las molestias, estorbos o perjuicios, llamadas nuisances. El uso de la medida cautelar en disputas laborales ha sido un tema de gran controversia en la historia de los Estados Unidos.

A fines del siglo XIX, en Estados Unidos, a menudo se concedía a los empleadores órdenes judiciales contra huelgas o boicots cuando alegaban que el propósito de la actividad laboral (por ejemplo, limitar irrazonablemente la libertad del empleador al exigirle que contratara únicamente a miembros del sindicato) era ilegal. El poder de los tribunales federales para prohibir la actividad sindical estaba restringido por la Ley Federal Antisocial (Norris-LaGuardia) de 1932, y muchos estados aprobaron leyes similares.

Puntualización

Sin embargo, la legislación posterior, incluida la Ley de Trabajo de Taft-Hartley de 1947 y la Ley de Informes y Divulgación de la Administración Laboral de 1959, restauró gran parte del poder para utilizar los mandamientos laborales.

Respecto a la primera, la Ley de Trabajo de Taft-Hartley de 1947, esta norma modificó gran parte de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (Wagner) de 1935, la ley federal que regula las relaciones laborales de las empresas dedicadas al comercio interestatal, y anuló partes de la Ley Federal Antisocial (Norris-LaGuardia) de 1932. La ley estableció el control de las disputas laborales sobre una base nueva ampliando la Junta Nacional de Relaciones Laborales y estipulando que el sindicato o el empleador deben, antes de rescindir un acuerdo de negociación colectiva, notificar a la otra parte y a un servicio de mediación del gobierno. El gobierno estaba facultado para obtener una orden judicial de 80 días contra cualquier huelga que considerara un peligro para la salud o seguridad nacional. La ley también prohíbe las huelgas jurisdiccionales (disputas entre dos sindicatos sobre las cuales debe actuar como agente de negociación para los empleados) y los boicots secundarios (boicot contra una empresa ya organizada que hace negocios con otra empresa que un sindicato está tratando de organizar), declaró que no extendió la protección a los trabajadores en huelgas salvajes, prohibió la tienda cerrada, y permitió que el sindicato compre solo por el voto de la mayoría de los empleados. La mayoría de las disposiciones de negociación colectiva se mantuvieron, con la disposición adicional de que un sindicato antes de utilizar las instalaciones de la Junta Nacional de Relaciones Laborales debe presentar informes financieros del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y declaraciones juradas de que los dirigentes sindicales no son comunistas. La ley también prohibió a los sindicatos contribuir a campañas políticas. Aunque el presidente Truman vetó el acto, fue aprobado por su veto. Los tribunales federales han confirmado las principales disposiciones de la ley con la excepción de las cláusulas sobre gastos políticos. Los intentos de derogarlo han sido infructuosos, pero la Ley Landrum-Griffin (1959) modificó algunas características de la Ley Laboral de Taft-Hartley.

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Autor: Juan Translat

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