Derecho al Voto en los Estados Unidos

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Restricciones respecto al Derecho al Voto en los Estados por Antecedentes Penales

Hay 1,68 millones de ciudadanos de Florida con antecedentes penales a los que el estado ha despojado de sus derechos civiles. Uno de cada diez adultos del estado no puede votar, proporción que se dispara hasta dos de cada diez en el caso de los votantes negros. La medida, incorporada a su Constitución estatal en 1868, es una de las muchas trabas a las que se enfrentan los estadounidenses –en especial los afroamericanos y latinos– a la hora de ejercer el derecho al voto y que explican que la abstención sea, de largo, el partido político mayoritario en el país.

Tres estados de EE.UU (Florida, Iowa y Kentucky) prohíben votar de por vida a los convictos aunque hayan cumplido su pena, aunque hayan pagado su deuda, aunque fuera tan leve (el umbral en Florida para considerar delito un robo, por ejemplo, es de 200 dólares) que nunca tuvieran siquiera que pasar por prisión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Un cuarto estado, Virginia, está dando pasos para acabar con la restricción y dos más (Tennessee y Misisipi) ponen severas limitaciones a las personas que han delinquido.

Hay, en total, seis millones de personas afectadas por estas leyes, que tienen sus raíces en su atribulada historia de conflictos raciales del país. Abolida la esclavitud, fue la manera de los estados confederados para evitar que los esclavos recién liberados participaran en la vida política. Detenidos y juzgados por cualquier delito, por ridículo que fuera, quedaban marcados por siempre, con un acceso limitado a la vida civil. Muchas de las llamadas leyes de Jim Crow para reprimir y segregar a los negros fueron eliminadas en 1965 gracias al movimiento pro derechos civiles.Si, Pero: Pero la supresión del derecho de voto –y prácticas que explican las cifras actuales de encarcelamiento masivo de negros– han sobrevivido.

El 6 de noviembre los habitantes de Florida tendrán la oportunidad de devolver sus derechos civiles a cientos de miles de personas.

Observación

Además de renovar a sus representantes en el Congreso y elegir gobernador, ese día se encontrarán con una papeleta para enmendar su Constitución y restaurar el derecho de voto a los “ciudadanos que vuelven” (returning citizens), como la campaña prefiere llamar a los convictos. Las personas condenadas por asesinato o delitos sexuales quedarían excluidas de la medida.

Actualmente, la única vía para recuperar los derechos civiles en Florida es recurrir a la Oficina de Clemencia del gobernador. Deben esperar que pasen cinco años desde que cumplieron su condena e ir con cuidado, porque una simple multa de tráfico puede dar al traste con sus esperanzas. Es un proceso largo y pesado que pocos emprenden. La media de espera es de 14 años, muchos más que en Iowa o Kentucky.

Aunque mucho depende de la voluntad del político de turno, las estadísticas no animan. Entre los años 2010 y 2015, la oficina del actual gobernador, Rick Scott, aprobó 2.000 solicitudes (tiene 20.000 pendientes).Entre las Líneas En el mismo periodo, la cifra de personas descalificadas para votar subió en 150.000 personas, según datos de Think Progress. Con su antecesor, Charlie Crist, el ritmo de aprobación fue mucho más alto (72.000 en cuatro años).

El movimiento para la restitución del derecho de voto ha ganado fuerza. Desde 1997, 23 estados han aprobado diferentes legislaciones para reducir las restricciones, en parte o totalmente. Según varias encuestas, alrededor del 70% de los habitantes de Florida apoyan la propuesta, promovida por numerosas asociaciones bajo el paraguas de la Coalición para la Restauración de Derechos de Florida, dirigida por Meade y otro expresidiario, Neil Volz, pero con un pasado muy distinto: un blanco que trabajó como lobbista para los republicanos en Washington. La ley, enfatizan, afecta a todos.

“Apoyamos esta causa porque creemos en las segundas oportunidades y cuando una deuda se paga, está pagada. Quitar el derecho de voto a un individuo de por vida va contra nuestros valores fundamentales”, explica a este diario Raymer Maguire, de ACLU (Unión de Libertades Civiles de América), responsable de la campaña por la reforma de la justicia criminal en Florida.

Otros Elementos

Además, argumenta, en muchos estados se ha comprobado que el riesgo de reincidencia se reduce “significativamente” durante los tres años después de delinquir cuando se recuperan los derechos.

“No es un accidente que esta ley afecte de forma desproporcionada a la gente de color. Es así como fue diseñada”, apunta Maguire, recordando el origen racista de la ley. “Pero enmendarla no es un tema de partidos ni de razas. Todos en Florida reconocemos la importancia de las segundas oportunidades”, afirma el responsable de ACLU, confiado en que la propuesta alcance el 60% de los votos y se apruebe.

Lo que cientos de miles de personas recuperarían es, stricto sensu, el derecho a registrarse como votantes, porque ejercerlo es una auténtica carrera de obstáculos. Diferentes trabas legales y burocráticas desincentivan y penalizan, de nuevo, a la población negra y las minorías étnicas, las personas que cambian de domicilio con frecuencia, como los jóvenes, o la gente sin medios para ir a votar al colegio electoral que les toca, en especial en un día laboral. La exigencia de presentar un documento de identidad con fotografía –que es algo no es obligatorio en Estados Unidos– o la eliminación del voto por correo o anticipado hacen caer la participación entre estos colectivos.

Una sentencia del Tribunal Supremo eliminó en el 2013 partes de la ley de derechos electorales de 1965 que ponían bajo vigilancia a varios estados, la mayoría del sur, para asegurarse de que no volvían a las andadas y aprobaban leyes discriminatorias. El resultado, unos años después, es que las restricciones han aumentado. Entre el 2013 y el 2016 desparecieron 868 colegios electorales en distritos con fuerte población afroamericana, según un estudio del Leadership Conference Education Fund.

En 2018, en Georgia, el intento de cerrar dos tercios de los colegios en un condado de mayoría negra con la excusa de que no estaban adecuados para minusválidos fue tan escandaloso que obligó a las autoridades a retirar el plan.Entre las Líneas En Texas, nada más conocerse la sentencia, se reinstauró la exigencia de presentar un documento de identidad con foto, mientras en Carolina del Norte se endurecieron los criterios de acreditación.

Frente a tantas trabas oficiales, desde la sociedad civil se suceden las iniciativas para incentivar y facilitar el voto. Heather, una demócrata de Maryland, ha estado enviando postales a posibles votantes para animarles a registrarse. Paul ha acudido cada domingo durante las últimas semanas a un mercado de Bethesda para repartir información sobre cómo registrarse. Los carismáticos estudiantes del instituto de Parkland (Florida) donde un joven mató a 17 personas en febrero han pasado el verano en un autobús registrando votantes jóvenes. Voluntarios en todo el país se ofrecen para transportar votantes a los colegios electorales el 6 de noviembre, mientras la plataforma Voto Latino llama a los miembros de la minoría más potente del país a implicarse y acudir a las urnas (en castellano a los mayores, en inglés a los más jóvenes).

Aunque la participación en las elecciones presidenciales en EE.UU. ronda el 60%, en las legislativas de mitad de mandato solo se acerca al 40% (36,6% en el 2014).Entre las Líneas En 2018, sin embargo, tanto demócratas como republicanos han detectado un gran entusiasmo en sus bases para acudir a las urnas. La campaña del Día de Registro Nacional de Votantes (el 25 de septiembre) se cerró con la cifra récord de 800.000 nuevas inscripciones. Aspiraban a llegar a 300.000, el doble de la cifra alcanzada en el 2014, cuando 154.500 personas se registraron para las anteriores mid-term. Al final superaron incluso el récord de las presidenciales del 2016, que estaba en 771.321 registros. Cada papeleta, insisten, cuenta.

Detalles

Las elecciones presidenciales del 2000 se decidieron por una diferencia de 537 votos, precisamente en Florida.

Fuente: la Vanguardia, octubre 2018

Marginación en el derecho al sufragio (el derecho al voto) de los presos

Nota: puede ser de interés la entrada sobre voto de los presos y su inhabilitación o privación en general.

Historia

Los colonos ingleses llevaron a América del Norte el derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) de “muerte civil”, un conjunto de sanciones penales que incluía la revocación de los derechos de voto. Las primeras leyes coloniales limitaron la pena de privación de derechos a ciertos delitos relacionados con la votación o consideraron “violaciones graves del código moral”. Después de la Revolución Americana, los estados comenzaron a codificar las disposiciones sobre la exclusión y a ampliar la pena a todos los delitos graves.

Muchos estados instituyeron políticas de privación de derechos por delitos graves a raíz de la Guerra Civil, y para 1869, 29 estados habían promulgado tales leyes. Ward Elliot argumenta que la eliminación de la prueba de propiedad como una calificación de voto puede ayudar a explicar la popularidad de las políticas de privación de derechos por delitos graves, ya que sirvieron como un medio alternativo para que las elites ricas restringieran el poder político de las clases más bajas.

En el período posterior a la Reconstrucción, varios estados del sur adaptaron sus leyes de privación de derechos con el fin de prohibir a los votantes hombres de raza negra, dirigidos a aquellos delitos que se cree cometidos con mayor frecuencia por la población negra. Por ejemplo, los líderes del partido en Mississippi pidieron la privación de derechos por delitos como robo, robo e incendio, pero no por robo o asesinato. El autor de la disposición sobre la privación de la libertad de Alabama “estimó que el delito de golpear a una esposa sola descalificaría al sesenta por ciento de los negros”, lo que resultaría en una política que privaría a un hombre de golpear a su esposa, pero no de matarla. Tales políticas durarían por más de un siglo. Si bien es discutible si las leyes de privación de delitos graves hoy en día tienen la intención de reducir la influencia política de las comunidades de color, este es su efecto innegable.

Estatus legal

Las políticas de privación de derechos han enfrentado desafíos legales ocasionales en el último siglo.Entre las Líneas En Richardson v (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Ramírez418 US 24 (1974), tres hombres de California que habían cumplido condena por condenas por delitos graves presentaron una demanda por su derecho a votar, argumentando que las políticas de privación de derechos de los delitos graves del estado les negaron el derecho a igual protección de las leyes en virtud de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la Sección 1 de la Decimocuarta Enmienda, un estado no puede restringir los derechos de voto a menos que muestre un interés estatal convincente.

Puntualización

Sin embargo, la Corte Suprema de los EE. UU. Confirmó que las políticas de privación de delitos graves de California son constitucionales, determinando que la Sección 2 de la Decimocuarta Enmienda permite la denegación de los derechos de voto “para participar en una rebelión u otro delito”.Entre las Líneas En la opinión de la mayoría, El juez Rehnquist descubrió que la Sección 2, que posiblemente tenía la intención de proteger los derechos de voto de los esclavos liberados sancionando a los estados que los privaron de sus derechos, está exenta de la privación de la libertad de sanciones basada en una condena por delito grave. Por esta lógica, la Cláusula de igual protección en la sección anterior no podría haber tenido la intención de prohibir tales políticas de privación de derechos.

Los críticos argumentan que el lenguaje de la Decimocuarta Enmienda no indica que las exenciones establecidas en la Sección 2 deberían prohibir la aplicación de la Cláusula de Igual Protección en los casos de derechos de voto. Además, algunos sostienen que la interpretación del Tribunal de la Cláusula de Igual Protección en Richardson es inconsistente con sus decisiones anteriores sobre ciudadanía y derechos de voto, en la cual el Tribunal ha encontrado que el alcance de la Cláusula de Igual Protección “no está ligado a lo político. teorías de una época en particular, pero extrae gran parte de su contenido de las normas sociales cambiantes y las concepciones evolutivas de la igualdad “. 14) Por lo tanto, incluso si los redactores de la Decimocuarta Enmienda aparentemente aceptaron la denegación por un delito mayor, nuestra interpretación de la Cláusula de igual protección hoy debería permitir las formas en que nuestro concepto de igualdad puede haber evolucionado desde 1868.

Crecimiento de la población marginada

A medida que los estados comenzaron a expandir los derechos de voto en la era de los derechos civiles, la tasa de privación de derechos se redujo entre 1960 y 1976. Aunque los esfuerzos de reforma han sido sustanciales en los últimos años, la tasa general de privación de derechos ha aumentado dramáticamente junto con la creciente población carcelaria de EE. UU. millones en 1976 a 6,1 millones en 2016.

Reformas políticas en años recientes

Las encuestas de opinión pública informan que ocho de cada diez residentes de EE. UU (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Respaldan los derechos de voto de los ciudadanos que han cumplido su condena, y casi dos tercios respaldan los derechos de voto de quienes se encuentran en libertad condicional o bajo palabra.Entre las Líneas En los últimos años, una mayor conciencia pública sobre la privación de delitos graves ha dado lugar a exitosos esfuerzos de reforma a nivel estatal, desde cambios legislativos que amplían los derechos de voto hasta iniciativas de registro de votantes de base dirigidas a personas con condenas por delitos graves. Desde 1997, 24 estados han modificado las disposiciones sobre la privación de los delitos para ampliar la elegibilidad de los votantes y / o informar a las personas con condenas por delitos graves de sus derechos de voto a través de acciones legislativas o ejecutivas. Entre estos:

• Nueve estados derogaron o enmendaron las leyes de privación de la vida de por vida.
• Cuatro estados expandieron los derechos de voto de algunas o todas las personas en libertad condicional y / o en libertad condicional.
• Diez estados facilitaron el proceso de restauración para las personas que buscan que se les restituya el derecho al voto después de completar su sentencia.
• Tres estados mejoraron el intercambio de datos e información.

Como resultado del exitoso esfuerzo de reforma de 1997 a 2016, aproximadamente 840,000 ciudadanos han recuperado el derecho al voto.

Cambios en la política de exclusión por delitos graves

Información de algunos estados, en el período 1997-2016, por Estado y cambio producido:

• Alabama: Restauración simplificada para la mayoría de las personas al completar la oración (2003); lista codificada de delitos graves que dan lugar a la privación de derechos (2017)
  California Se restauraron los derechos de voto de las personas condenadas por un delito grave alojado en la cárcel, pero no en la cárcel (2016)
• Connecticut: Derechos de voto restaurados para personas en libertad condicional (2001); Requisito derogado (en el caso de una norma, cuando se suprime una parte; si se elimina en su totalidad es una ley abrogada; véase abrogación o abrogatio) de presentar prueba de restauración para registrarse (2006).
• Delaware: Inhabilitación de por vida derogada, reemplazada por un período de espera de cinco años para las personas condenadas por la mayoría de los delitos (2000); Perdió el período de espera de cinco años para la mayoría de los delitos (2013).
• Florida: Proceso de clemencia simplificado (2004, 2007); se adoptó el requisito de que los funcionarios de la cárcel del condado ayuden con la restauración (2006); Modificación revertida en el proceso de clemencia (2011).
• Hawai: Procedimientos de intercambio de datos codificados para el proceso de eliminación y restauración (2006).
• Iowa: Derechos de voto restaurados después de la sentencia mediante orden ejecutiva (2005); Orden ejecutiva rescindida (2011); Proceso de solicitud simplificado (2012).
• Kentucky: Proceso de restauración simplificado (2001, 2008); proceso de restauración restringido (2004, modificado en 2008); derechos de voto restaurados después de la sentencia por condenas por delitos graves no violentos a través de una orden ejecutiva (2015); Orden ejecutiva rescindida (2015).
• Louisiana: Se requiere que el Departamento de Seguridad Pública y Correcciones proporcione notificación del proceso de restauración de derechos (2008); Votación autorizada para residentes que no hayan estado encarcelados durante cinco años, incluidas personas en libertad condicional por delitos graves o libertad condicional (2018).
• Maryland: Inhabilitación de por vida derogada (en el caso de una norma, cuando se suprime una parte; si se elimina en su totalidad es una ley abrogada; véase abrogación o abrogatio) (2007); Se restauraron los derechos de voto de las personas en libertad condicional y bajo palabra (2016).
• Nebraska: Inhabilitación de por vida derogada, reemplazada por un período de espera de dos años (2005).
• Nevada: Período de espera de cinco años derogado (en el caso de una norma, cuando se suprime una parte; si se elimina en su totalidad es una ley abrogada; véase abrogación o abrogatio) (2001); Se restauraron los derechos de voto de las personas condenadas por delitos no violentos por primera vez (2003).
• New Jersey: Procedimientos establecidos que requieren que las agencias estatales de justicia penal notifiquen a las personas sus derechos de voto cuando sean liberados (2010).
• Nuevo Mexico: Inhabilitación de por vida derogada (en el caso de una norma, cuando se suprime una parte; si se elimina en su totalidad es una ley abrogada; véase abrogación o abrogatio) (2001); Procedimientos de intercambio de datos codificados, certificado de finalización proporcionado después de la sentencia (2005).
• Nueva York: Se requiere que las agencias de justicia penal proporcionen información sobre los derechos de voto a las personas que nuevamente son elegibles para votar después de una condena por delito grave (2010); Se restauraron los derechos de voto de las personas en libertad condicional mediante orden ejecutiva (2018).
• Carolina del Norte: Se requiere que las agencias estatales establezcan un proceso por el cual las personas serán notificadas de sus derechos (2007).
• Rhode Island Derechos de voto restaurados a personas en libertad condicional y bajo palabra (2006).
• Dakota del sur: Estableció nuevos procedimientos para brindar capacitación y desarrollar un plan de estudios de educación de votantes para proteger los derechos de voto de los ciudadanos con ciertas condenas por delitos graves (2010); revocado los derechos de voto de las personas en libertad condicional por delitos graves (2012).
• Tennesse: Proceso de restauración simplificado para la mayoría de las personas al completar la oración (2006).
• Texas: Período de espera de dos años derogado (en el caso de una norma, cuando se suprime una parte; si se elimina en su totalidad es una ley abrogada; véase abrogación o abrogatio) para restaurar los derechos (1997).
• Utah: Ley estatal aclarada relativa a condenas federales y fuera del estado (2006).
• Virginia: Notificación requerida de derechos y proceso de restauración por el Departamento de Correcciones (2000); proceso de restauración simplificado (2002); se redujo el período de espera para delitos no violentos de tres años a dos años y se estableció un plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de 60 días para procesar las solicitudes de restauración de derechos de voto (2010); eliminó el período de espera y la solicitud de delitos no violentos (2013); Derechos de voto restaurados después de la sentencia a través de una orden ejecutiva (2016).
• Washington: Derechos de voto restaurados para personas que salen del sistema de justicia penal pero que aún tienen obligaciones financieras pendientes (2009).
• Wyoming: Se restauraron los derechos de voto de las personas condenadas por delitos no violentos por primera vez (2003); restauración automática autorizada de derechos para las personas condenadas por delitos graves no violentos por primera vez que solicitan y reciben un certificado de restauración de derechos de voto (2015); se eliminó el proceso de solicitud y se restauraron automáticamente los derechos de voto de las personas condenadas por delitos graves no violentos por primera vez que han completado su supervisión comunitaria (2017)

Impacto de la criminalidad

El impacto político de la tasa de privación de derechos sin precedentes en los últimos años no es insignificante. Un estudio descubrió que las políticas de privación de derechos probablemente afectaron los resultados de siete elecciones al Senado de los EE. UU. de 1970 a 1998, así como la muy disputada elección presidencial de Bush-Gore del año 2000. 25) Incluso si a los votantes sin derecho a voto solo en Florida se les hubiera permitido votar, la estrecha victoria de Bush “seguramente se habría revertido”.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Además, restaurar el voto a las personas que salen de la prisión podría ayudar a su transición a la vida comunitaria. La revocación de los derechos de voto agrava el aislamiento de las personas anteriormente encarceladas de sus comunidades, y la participación cívica se ha relacionado con menores tasas de reincidencia.Entre las Líneas En un estudio, entre las personas que habían sido arrestadas anteriormente, el 27 por ciento de los no votantes fueron arrestados de nuevo, en comparación con el 12 por ciento de los votantes. Si bien las limitaciones de los datos disponibles excluyen la prueba de causalidad directa, está claro que “votar parece ser parte de un paquete de comportamiento pro-social que está vinculado al abandono del delito”.

Autor: Black

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