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Elección del Derecho Contractual

Elección del Derecho Contractual

Este texto se ocupa de la elección del derecho contractual, en el contexto de los litigios transfronterizos. Respecto al contexto europeo de los litigios judiciales, véase aquí.

Ejemplo de Elección del Derecho Contractual: Rumanía

Elección del Derecho Contractual en la Práctica

Los tribunales locales reconocen y aplican el principio de libertad de elección de la ley aplicable a un contrato. El instrumento jurídico pertinente es el Reglamento (CE) 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

En los Litigios Transfronterizos

Las normas que limitan la aplicación de la ley elegida por las partes son las siguientes:

  • Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación en el momento de la elección estén localizados en un país distinto del país cuya ley se ha elegido, la elección de las partes no prejuzga la aplicación de las disposiciones de la ley de ese otro país que no puedan ser derogadas por acuerdo (artículo 3, apartado 3, Roma I).
  • Cuando todos los demás elementos pertinentes a la situación en el momento de la elección se encuentren en uno o varios Estados miembros de la UE, la elección por las partes de una ley aplicable distinta de la de un Estado miembro no prejuzga la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su caso, tal como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan ser derogadas por acuerdo (artículo 3(4), Roma I).
  • Roma I no limita la aplicación de las disposiciones imperativas de la ley del foro (artículo 9(2), Roma I).
  • Se puede dar efecto a las disposiciones imperativas de la ley del país en el que deben ejecutarse o se han ejecutado las obligaciones derivadas del contrato, en la medida en que dichas disposiciones imperativas hacen que la ejecución del contrato sea ilegal. Para considerar la aplicación de estas disposiciones, hay que tener en cuenta su naturaleza y su finalidad, así como las consecuencias de su aplicación o de su inaplicación (artículo 9.3, Roma I).
  • La aplicación de una disposición de la ley de cualquier país especificado por Roma I sólo puede rechazarse si dicha aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del foro (artículo 21, Roma I).

Ausencia de elección de derecho y reclamaciones no contractuales

A falta de acuerdo entre las partes, los tribunales locales determinarán la ley aplicable, en principio (no siempre ocurre en la práctica) de acuerdo con:

  • Las normas generales establecidas en el artículo 4 de Roma I.
  • Las normas específicas del artículo 5 (para los contratos de transporte), del artículo 6 (para los contratos de consumo), del artículo 7 (para los contratos de seguro) y del artículo 8 (para los contratos individuales de trabajo) de Roma I.

La ley aplicable a los créditos extracontractuales se determina de acuerdo con el Reglamento (CE) 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II).

Según la norma general, la ley aplicable a una obligación extracontractual derivada de un daño es la ley del país en el que se produce el daño, con independencia del país en el que se haya producido el hecho generador del daño y del país o países en los que se produzcan las consecuencias indirectas de dicho hecho. Sin embargo, cuando la persona cuya responsabilidad se reclama y la persona que sufre el daño tienen su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se produce el daño, se aplica la ley de ese país. Cuando del conjunto de las circunstancias se desprende que el daño presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, se aplica la ley de ese otro país. El vínculo manifiestamente más estrecho con otro país puede basarse en una relación preexistente entre las partes, como un contrato, que está estrechamente relacionada con el delito en cuestión.

Las partes pueden acordar someter las obligaciones extracontractuales a la ley de su elección:

  • Mediante un acuerdo celebrado con posterioridad al hecho generador del daño.
  • Cuando todas las partes ejercen una actividad comercial, mediante un acuerdo libremente negociado antes de que se produzca el hecho generador del daño.

La elección debe ser expresa o demostrada con razonable certeza por las circunstancias del caso y no puede perjudicar los derechos de terceros. Cuando todos los elementos pertinentes de la situación en el momento en que se produce el hecho generador del daño se encuentren en un país distinto del país cuya ley se ha elegido, la elección de las partes no debe perjudicar la aplicación de las disposiciones de la ley de ese otro país que no puedan ser derogadas por acuerdo. Cuando todos los elementos pertinentes de la situación en el momento en que se produce el hecho generador del daño están situados en uno o varios Estados miembros de la UE, la elección por las partes de la ley aplicable distinta de la de un Estado miembro no prejuzga la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su caso, tal como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan ser derogadas por acuerdo.

Elección Contractual del Foro (Elección de Jurisdicción)

Los tribunales locales respetan las cláusulas de elección de jurisdicción en los contratos con al menos un elemento extranjero. Sin embargo, esta elección puede considerarse sin efecto si:

  • Conduce a que una de las partes se vea privada de forma abusiva de la protección jurídica garantizada por un tribunal designado por la legislación rumana.
  • El tribunal elegido es un tribunal extranjero y el litigio es de competencia exclusiva de los tribunales rumanos.
  • El tribunal elegido es un tribunal rumano pero el litigio es de competencia exclusiva de un tribunal extranjero.

Los acuerdos de jurisdicción y elección de tribunal en los litigios de la UE de carácter civil y mercantil se rigen por:

  • Reglamento (CE) 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento de Bruselas).
  • Reglamento (UE) 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento de Bruselas refundido).

Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro sean competentes para resolver los litigios que hayan surgido o puedan surgir en relación con una determinada relación jurídica, ese tribunal o esos tribunales serán competentes, salvo que el acuerdo sea nulo en cuanto a su validez material con arreglo al Derecho de ese Estado miembro (Reglamento de Bruselas refundido). Esta competencia es exclusiva, salvo que las partes hayan acordado otra cosa.

Existen algunos límites a la elección de jurisdicción de las partes. Se trata de normas especiales y de normas de competencia exclusiva en los litigios relativos a:

  • Bienes inmuebles o arrendamientos.
  • La validez de la constitución, nulidad o disolución de sociedades.
  • La validez de las inscripciones en los registros públicos.
  • El registro o la validez de los derechos de propiedad intelectual.
  • Contratos de seguro, de consumo y de trabajo individual.

Rumanía está obligada por el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 2005 (Convenio de La Haya sobre elección de foro) desde el 1 de octubre de 2015, como consecuencia de su aprobación por la UE. El Convenio de La Haya sobre elección de foro se aplica en los casos internacionales a los acuerdos exclusivos de elección de foro celebrados en materia civil o mercantil. En virtud del Convenio, el tribunal o los tribunales de un Estado contratante designado en un acuerdo de elección exclusiva de foro son competentes para resolver un litigio al que se aplique el acuerdo, salvo que el acuerdo sea nulo en virtud de la legislación de ese Estado.

Notificación de procedimientos extranjeros

Se examina aquí si una parte desea notificar un procedimiento extranjero a una parte en Rumanía, y se estudia cuál es el procedimiento para realizar la notificación en Rumanía. También se analiza si Rumanía es parte de algún acuerdo internacional que afecte a este proceso.

El Reglamento (CE) 1393/2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (Reglamento sobre la notificación y el traslado de documentos) regula la notificación de documentos entre Rumanía y otros Estados miembros de la UE. En virtud del Reglamento sobre la notificación y el traslado de documentos, cada Estado miembro debe designar a los:

  • Funcionarios públicos, autoridades u otras personas competentes para la transmisión de documentos judiciales o extrajudiciales que deban notificarse o trasladarse a otro Estado miembro (organismos transmisores).
  • Organismos receptores competentes para la recepción de documentos judiciales o extrajudiciales procedentes de otro Estado miembro.

Los organismos transmisores rumanos son todos los tribunales rumanos con capacidad para notificar actos judiciales directamente a los organismos receptores de los Estados miembros de la UE (es decir, tribunales de distrito, tribunales de condado, tribunales de apelación y el Tribunal Superior de Casación y Justicia).

Otros aspectos:

  • Los notarios, los ejecutores judiciales y otras autoridades cuya competencia incluye la notificación de documentos en el extranjero transmiten las solicitudes a través de los tribunales de distrito de la jurisdicción en la que tienen su domicilio social (artículo 32, apartado 1, letras a) y b), de la Ley nº 189/2003 sobre asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil).
  • El organismo rumano que recibe las solicitudes de notificación o traslado de actos judiciales y extrajudiciales de los Estados miembros de la UE es el tribunal de distrito de la jurisdicción en la que el destinatario está domiciliado o tiene su domicilio social (artículo 32, apartado 1, letra c), de la Ley nº 189/2003 sobre asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil).
  • La autoridad central rumana es el Ministerio de Justicia, Dirección de Derecho Internacional y Cooperación Judicial, Servicio de cooperación judicial internacional en materia civil y mercantil.
  • El Convenio de La Haya sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil de 1965 (Convenio de La Haya sobre notificación o traslado) está en vigor en Rumanía desde el 1 de abril de 2004.
  • De acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, del Convenio de La Haya sobre la notificación y el traslado, los tribunales de justicia son las autoridades competentes designadas para cumplimentar el certificado en la forma del modelo anexo al Convenio. La autoridad central es el Ministerio de Justicia. De conformidad con el apartado 1 del artículo 3, las autoridades remitentes son los tribunales y los notarios públicos.

Obtención de pruebas para un procedimiento judicial extranjero

Aquí se analiza cuál es el procedimiento para tomar declaración a un testigo en Rumanía para utilizarlo en un procedimiento en otra jurisdicción. También se examina si Rumanía es parte de un convenio internacional sobre esta cuestión.

El Reglamento (CE) 1206/2001 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil se aplica entre los órganos jurisdiccionales rumanos y los de otros Estados miembros de la UE. En virtud de este reglamento, el tribunal ante el que se inicie o se prevea iniciar el procedimiento debe transmitir directamente el formulario normalizado de solicitud al tribunal competente de otro estado miembro para la realización de la obtención de pruebas. Cada Estado miembro debe designar una autoridad central encargada de suministrar información a los tribunales, buscar soluciones a las dificultades de transmisión y transmitir, en casos excepcionales, la solicitud al tribunal competente. En Rumanía, la autoridad central es el Ministerio de Justicia.

El Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil de 1970 (Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas) está en vigor en Rumanía desde el 20 de octubre de 2003. En virtud del Convenio de La Haya sobre Pruebas, una autoridad judicial de un Estado contratante puede, de conformidad con la legislación de ese Estado, solicitar a la autoridad competente de otro Estado contratante, mediante una carta de solicitud, que obtenga pruebas o realice algún otro acto judicial. Un Estado contratante debe designar una autoridad central que se encargue de recibir las cartas rogatorias procedentes de una autoridad judicial de otro Estado contratante y de transmitirlas a la autoridad competente para ejecutarlas.

Otros aspectos:

  • La autoridad central en Rumanía es el Ministerio de Justicia, Departamento de Derecho Internacional y Tratados, Unidad de cooperación judicial en materia civil y comercial.
  • De acuerdo con la legislación rumana, las cartas de solicitud deben incluir las preguntas que se harán a las personas que serán examinadas o una declaración del asunto sobre el que serán examinadas.

Ejecución de una sentencia extranjera

Se analiza aquí cómo se ejecutan las sentencias extranjeras en Rumanía.

Procedimiento de ejecución: Reglamento de Bruselas refundido

El Reglamento de Bruselas refundido se aplica a la ejecución de las resoluciones extranjeras dictadas en la UE, excepto en Dinamarca. En virtud de este reglamento, una resolución dictada en un Estado miembro que sea ejecutable en ese Estado miembro debe serlo en los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de ejecutoriedad. A efectos de la ejecución, el solicitante debe proporcionar a la autoridad de ejecución competente:

  • Una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias para establecer su autenticidad.
  • El certificado expedido de conformidad con el artículo 53, en el que se certifique que la resolución es ejecutiva y que contenga un extracto de la misma, así como, en su caso, la información pertinente sobre las costas recuperables del procedimiento y el cálculo de los intereses.

A petición de cualquier parte interesada, el reconocimiento y la ejecución de una resolución deberán denegarse en los siguientes casos:

  • El reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público en el Estado miembro requerido.
  • La resolución se ha dictado en rebeldía, si no se ha notificado al demandado el escrito de interposición de la demanda o un documento equivalente con la suficiente antelación y de forma que le permita organizar su defensa, salvo que el demandado no haya iniciado el procedimiento de impugnación de la resolución cuando le fue posible hacerlo.
  • La sentencia entra en conflicto con: las secciones 3, 4 o 5 del capítulo II del Reglamento de Bruselas refundido, cuando el tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro, el perjudicado, el consumidor o el empleado fueran el demandado; o la sección 6 del capítulo II del Reglamento de Bruselas refundido.

También cuando la sentencia es irreconciliable con:

  • una sentencia dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido;
  • una resolución anterior dictada en otro Estado miembro o en un tercer Estado con la misma causa y entre las mismas partes, siempre que la resolución anterior cumpla las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

Convenio de La Haya sobre elección de foro

Una sentencia dictada por un tribunal de un Estado contratante designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro debe ser reconocida y ejecutada en otros Estados contratantes de conformidad con el Convenio.

El reconocimiento o la ejecución sólo pueden denegarse por los siguientes motivos:

  • El acuerdo era nulo según la ley del Estado del tribunal elegido, a menos que el tribunal elegido haya determinado que el acuerdo es válido.
  • Una de las partes carecía de capacidad para celebrar el acuerdo con arreglo a la legislación del Estado requerido.
  • La resolución se obtuvo mediante fraude en relación con una cuestión de procedimiento.
  • El reconocimiento o la ejecución serían manifiestamente incompatibles con el orden público del Estado requerido, incluidas las situaciones en las que los procedimientos específicos que condujeron a la resolución fueron incompatibles con los principios fundamentales de equidad procesal de dicho Estado.
  • La resolución es incompatible con una resolución dictada en el Estado requerido en un litigio entre las mismas partes.
  • La sentencia es incompatible con una sentencia anterior dictada en otro Estado entre las mismas partes sobre la misma causa, siempre que la sentencia anterior cumpla las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido.

También cuando el documento por el que se inició el procedimiento o un documento equivalente que incluya los elementos esenciales de la demanda:

  • no fue notificado al demandado con la suficiente antelación y de forma que le permitiera organizar su defensa, a menos que el demandado compareciera y presentara su caso sin impugnar la notificación ante el tribunal de origen, siempre que la ley del estado de origen permitiera impugnar la notificación; o
  • haya sido notificada al demandado en el Estado requerido de forma incompatible con los principios fundamentales del Estado requerido en materia de notificación de documentos.

Normas rumanas

Para las resoluciones originadas fuera de la UE y en ausencia de un tratado bilateral o multilateral aplicable, las condiciones para el reconocimiento de una resolución extranjera y los motivos de denegación están previstos en el Código de Procedimiento Civil. Para el reconocimiento, deben cumplirse los siguientes requisitos:

  • La resolución debe ser definitiva de acuerdo con la ley del Estado de origen.
  • El tribunal que dicta la resolución debe haber sido competente en el caso según la ley del Estado de origen.
  • Debe existir una forma de reciprocidad respecto al reconocimiento de las resoluciones entre Rumanía y el Estado de origen.

Objeciones a la ejecución

En lo que respecta a la ejecución de las sentencias extranjeras, la legislación rumana consagra un enfoque restrictivo. A este respecto, el artículo 1103 (2) del nuevo Código de Procedimiento Civil establece expresamente que las sentencias extranjeras que ordenen medidas cautelares, así como las decisiones provisionales, no pueden ejecutarse en el territorio de Rumanía.
Teniendo esto en cuenta, es ampliamente reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que los tribunales rumanos no pueden ejecutar una sentencia extranjera que conceda medidas cautelares, en la medida en que ello supondría una infracción de las disposiciones legales imperativas que rigen las relaciones de Derecho internacional privado.

El reconocimiento o la ejecución sólo pueden denegarse por los siguientes motivos:

  • La sentencia es manifiestamente contraria al orden público del Derecho internacional privado rumano.
  • La sentencia dictada sobre derechos de los que las personas no pueden disponer libremente se obtuvo con el único propósito de eludir las disposiciones del Derecho internacional privado rumano.
  • El litigio fue resuelto entre las mismas partes mediante una sentencia, incluso no definitiva, de los tribunales rumanos, o estaba siendo juzgado ante ellos en la fecha de remisión por el tribunal extranjero.
  • Es irreconciliable con una sentencia dictada previamente en el extranjero que sea susceptible de ser reconocida en Rumanía.
  • Los tribunales rumanos eran los únicos competentes para resolver el litigio.
  • Se ha ignorado el derecho a ser oído.
  • La sentencia puede ser impugnada en el Estado donde se dictó.

También cuando el tribunal extranjero aplicó una ley diferente a la que se habría determinado de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional privado rumano cuando:

  • se trate de cuestiones relativas al estado civil y a la capacidad de los ciudadanos rumanos;
  • la solución dictada difiere de la que se habría alcanzado según el derecho rumano.

Las Cláusulas de Elección del Derecho Contractual

Los profesionales de las operaciones y sus asesores no sólo deben elegir el derecho aplicable sabiamente, sino también elegirlo a conciencia, Esa sugerencia es un esfuerzo por destacar la importancia del lenguaje real utilizado en las cláusulas de elección de ley que se encuentran en las disposiciones misceláneas al final de la mayoría de los acuerdos comerciales, incluyendo los relacionados con fusiones y adquisiciones.

A veces puede haber diferencias significativas entre las leyes de varias jurisdicciones que pueden tener alguna relación con su acuerdo o con las negociaciones que conducen a su eventual ejecución. Y el objetivo principal de una cláusula de elección de ley es evitar la incertidumbre sobre la ley que regirá cualquier disputa que pueda surgir de la relación creada como resultado de ese acuerdo. Sin embargo, muchos profesionales de los negocios y sus abogados no prestan la debida atención a la redacción real de una cláusula de elección de la ley; y esa omisión puede dar lugar a consecuencias adversas que amenazan la certidumbre que se pretende lograr con la elección de una jurisdicción concreta en la cláusula de elección de la ley.

La cuestión específica aquí, en buena parte, es la distinción entre la elección del derecho sustantivo de la jurisdicción elegida y la elección del derecho procesal de esa jurisdicción, una distinción entre la ley que rige la ejecución de los derechos de una parte (derecho procesal) y la ley que rige la creación de esos derechos (derecho sustantivo). Dado que los plazos de prescripción se consideran generalmente derecho procesal y no sustantivo, muchos profesionales de los negocios y sus abogados se sorprenden a menudo al saber que la cláusula estándar de elección de ley sólo elige el derecho sustantivo, no el derecho procesal de la jurisdicción elegida. Como resultado, los derechos sustantivos disponibles bajo la ley de Nueva York con un estatuto de limitaciones de seis años pueden estar sujetos a un estatuto de limitaciones de tres años en una acción presentada en Delaware para hacer cumplir los derechos creados por un acuerdo con una cláusula estándar de elección de ley de Nueva York. Sin embargo, al centrarse en el lenguaje real utilizado en la cláusula de elección de ley, tanto el derecho procesal como el sustantivo de Nueva York pueden ser efectivamente elegidos de manera que sean respetados incluso en un foro distinto de Nueva York.

Hay otro aspecto en relación con las cláusulas de elección de derecho: la cuestión de garantizar que todas las reclamaciones que puedan surgir de la relación creada por el acuerdo de las partes o relacionadas con él se regirán por la misma ley. Cuando surge un litigio relacionado con un acuerdo de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, no es infrecuente que se presenten reclamaciones tanto contractuales como extracontractuales en relación con ese litigio; es decir, además de las alegaciones de que una u otra parte ha incumplido el acuerdo, también puede haber reclamaciones por declaraciones fraudulentas o negligentes, conversión, incumplimiento de deberes fiduciarios, interferencia torticera y reclamaciones similares basadas no en el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el propio contrato, sino en las obligaciones impuestas por el derecho común de una jurisdicción concreta con alguna conexión con las transacciones contempladas en el acuerdo.

Si el propósito de una cláusula de elección de ley es proporcionar certeza en cuanto a la ley aplicable en caso de una disputa posterior, sólo tiene sentido que las partes hayan querido que la ley elegida cubra tanto las reclamaciones extracontractuales como las contractuales que surjan del acuerdo en el que está contenida esa cláusula de elección de ley. Pero esa no es la forma en que muchos tribunales interpretan la cláusula estándar de elección de ley. Por ejemplo, en una sentencia de 1996, el tribunal señaló que, según la ley de Nueva York, para que una cláusula de elección de ley se aplique a las reclamaciones por daños y perjuicios que surjan en relación con el contrato, el lenguaje expreso de la cláusula debe ser «suficientemente amplio» como para abarcar toda la relación entre las partes contratantes.

La cláusula de elección de derecho estándar tiende a no ser «suficientemente amplia» y, por lo tanto, no incluye expresamente las reclamaciones por daños y perjuicios en su ámbito. De hecho, la cláusula de elección de derecho estándar tiende a ser una disposición bastante simplista.

Los tribunales de Delaware han tenido tradicionalmente una visión más liberal de la cláusula de elección de la ley estándar que muchos otros tribunales, sosteniendo generalmente que una cláusula estándar era suficiente para abarcar las reclamaciones fundadas en la responsabilidad civil que estaban relacionadas con el contrato, y no se limitaba a las reclamaciones contractuales únicamente. El razonamiento de los tribunales de Delaware queda ilustrado por una sentencia de 2006, en el que se consideró que una cláusula de elección de ley estándar similar a la expuesta anteriormente era suficiente para cubrir tanto las reclamaciones extracontractuales como las contractuales derivadas de un acuerdo de adquisición controvertido. Según el tribunal, las partes que operan en el comercio interestatal e internacional buscan, mediante una cláusula de elección de ley, la certeza en cuanto a las normas que rigen su relación. Sostener que su elección sólo es efectiva en lo que respecta a la determinación de las reclamaciones contractuales, pero no en lo que respecta a las reclamaciones extracontractuales que pretenden rescindir el contrato por motivos de tergiversación, crearía una incertidumbre precisamente del tipo que la disposición de elección de ley de las partes pretendía evitar. A este respecto, dice el tribunal, cabe destacar que la relación entre el derecho contractual y el derecho de responsabilidad civil en lo que respecta a la anulación de los contratos por motivos de tergiversación es extremadamente compleja y difícil de manejar, incluso dentro del derecho de las distintas jurisdicciones. Superponer el derecho de daños de un Estado al derecho contractual de otro Estado, sostiene la sentencia, agrava esa complejidad y hace que el resultado de los litigios sea menos predecible, el tipo de eventualidad que un derecho comercial sólido no debería tratar de promover.

Pero este enfoque liberal de los tribunales de Delaware no garantiza que una cláusula de elección de ley que carezca de la amplitud adecuada para cubrir claramente las reclamaciones extracontractuales, además de las contractuales, lo haga de hecho, incluso en Delaware. De hecho, en una sentencia de julio de 2017, el vicecanciller Slights determinó que las reclamaciones extracontractuales, basadas en la responsabilidad civil, derivadas de un acuerdo que establecía que debía «interpretarse de acuerdo con las leyes del Reino Unido», se regían no por la ley de la jurisdicción elegida, sino por la ley de Italia, que tenía la relación más significativa con el litigio. El tribunal llegó a esta conclusión basándose en la redacción limitada de la cláusula y en una decisión del Tribunal de la Cancillería de Delaware de 2014 que interpretaba una cláusula similar. Basándose en la revisión de ese tribunal de la ley inglesa aplicable que determina el alcance de la cláusula de elección de ley, el tribunal concluyó que no cubría las reclamaciones no contractuales, como el fraude.

No hay necesidad de entender los diferentes enfoques de los tribunales para interpretar la cláusula de elección de derecho estándar si, en lugar de seguir confiando en una cláusula tipo, los redactores realmente redactan la cláusula de elección de derecho para cubrir todas las cuestiones que dan lugar a los diferentes enfoques de estos tribunales. Por ejemplo, se puede incluir una cláusula que parecería excluir cualquier cuestión relativa a si la ley elegida se aplica tanto al derecho procesal como al derecho sustantivo, y a las reclamaciones contractuales y extracontractuales.

Todas las disposiciones de la plantilla deben ser tratadas con el respeto que merecen; de hecho, una cláusula de elección de derecho puede ser determinante para la disponibilidad o la falta de disponibilidad de una causa específica de acción. Una cláusula de elección de derecho es una parte importante de todo el acuerdo escrito que fue diseñado para proporcionar seguridad en cuanto al acuerdo entre las partes. Si no se garantiza que las reclamaciones por daños y perjuicios y por contrato se rigen por la misma ley, se crea la misma incertidumbre que el acuerdo pretendía evitar.

Revisor de hechos: ST

Véase También

Acuerdos de adquisición, Contratos, Derecho Procesal, Selección de foro, Jurisdicción, Litigios, Prescripción

La invasión rusa de Ucrania

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