Autoridad de Control

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Autoridad de Control Nacional en la Unión Europea

Para mas información sobre las Autoridades de Control Nacional en la Unión Europea, véase aquí.

Basado en las Conclusiones del Abogado General de la Unión Europea, en una célebre sentencia sobre transferencia de datos de los usuarios de Facebook:

• La High Court de Irlanda explica el problema al que se enfrentó el comisario de la manera que se expone a continuación.
• Si bien la High Court constata que el comisario se atuvo escrupulosamente al tenor de la Directiva 95/46 y la Decisión 2000/520, señala que, en realidad, el demandante censura más los términos del propio régimen de puerto seguro que el modo en que el comisario lo aplicó, al tiempo que recalca que el demandante no impugnó directamente la validez de la Directiva 95/46 ni de la Decisión 2000/520.
• Según la High Court, la cuestión esencial radica por tanto en si, desde el punto de vista del Derecho de la Unión y habida cuenta, en particular, de la posterior entrada en vigor de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el comisario está vinculado en términos absolutos por la constatación de la Comisión Eukropea contenida en la Decisión 2000/520 en relación el carácter adecuado de la normativa y prácticas estadounidenses en materia de protección de datos.
• (C)abe destacar la inexistencia, en el marco del régimen de puerto seguro previsto por la Decisión 2000/520, de una autoridad independiente que pueda controlar que la aplicación de las excepciones a los principios de puerto seguro se ciña a los casos estrictamente necesarios. Pues bien, como se ha indicado, el control llevado a cabo por una autoridad independiente constituye, desde la perspectiva del Derecho de la Unión, un elemento esencial del respeto a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Véase Poullet, Y., «L’autorité de contrôle: ‘vues’ de Bruxelles», Revue française d’administration publique, nº 89, enero-marzo 1999, pp. 69 y ss., en especial, p. 71.
• A este respecto, conviene subrayar la función que ejercen, en el sistema de protección de datos personales en vigor dentro de la Unión, las autoridades de control nacionales en materia de control de las limitaciones previstas en el artículo 13 de la Directiva 95/46.Entre las Líneas En virtud del artículo 28, apartado 4, párrafo segundo, de dicha Directiva, «toda autoridad de control entenderá, en particular, de las solicitudes de verificación de la licitud de un tratamiento que le presente cualquier persona cuando sean de aplicación las disposiciones nacionales tomadas en virtud del artículo 13 de la presente Directiva». Por analogía, estimo que la alusión que figura en el anexo I, párrafo cuarto, de la Decisión 2000/520, a los límites a la aplicación de los principios de puerto seguro, debería haber ido acompañada del establecimiento de un mecanismo de control aplicado por una autoridad independiente especializada en materia de protección de datos personales.
• La intervención de autoridades de control independientes constituye, en efecto, el núcleo del sistema europeo de protección de datos de carácter personal.
  

  Una Conclusión

  Por consiguiente, es natural que la existencia de tales autoridades se considere uno de los requisitos necesarios para hacer constar la adecuación del nivel de la protección ofrecida por los países terceros. Se trata de un requisito para que no se prohíban los flujos de datos desde el territorio de los Estados miembros al territorio de países terceros con arreglo al artículo 25 de la Directiva 95/46 (Véase la página 7 del documento de trabajo WP 12 de la Comisión, citado en la nota 56 a pie de página). Como se apunta en el documento de debate adoptado por el Grupo de trabajo creado por el artículo 29 de esta Directiva, en Europa existe un amplio consenso sobre que «un sistema de “supervisión externa” en forma de una autoridad independiente es una característica necesaria de todo sistema de cumplimiento de la protección de datos». Véanse las páginas 10 y 11 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Restablecer la confianza en los flujos de datos entre la UE y EE.UU.» [COM(2013) 846 final].

• Además, cabe señalar que la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) de Estados Unidos no ofrece una tutela judicial efectiva a los ciudadanos de la Unión cuyos datos de carácter personal son transferidos a Estados Unidos.Entre las Líneas En efecto, las salvaguardias contra la vigilancia efectuada por los servicios gubernamentales en el marco del artículo 702 de la Ley de 1978 relativa a la vigilancia de los servicios de inteligencia extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) se aplican únicamente a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) que residen legalmente y de manera permanente en Estados Unidos. Como señaló la propia Comisión, la supervisión de los programas estadounidenses de recogida de datos podría mejorarse fortaleciendo el papel de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y estableciendo vías de recurso para los particulares. Estos mecanismos podrían reducir el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos europeos que no son pertinentes con fines de seguridad nacional. Véase el punto 7.2, páginas 18 y 19, de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del puerto seguro desde la perspectiva de los ciudadanos de la UE y las empresas establecidas en la UE [COM(2013) 847 final].
• Por otro lado, la propia Comisión indicó que no está prevista la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión puedan acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, ni obtener reparación administrativa o judicial, en lo que respecta a la recogida y el tratamiento posterior de sus datos personales en virtud de los programas de vigilancia estadounidenses. Véase, a este respecto, Kuner, C., «Foreign Nationals and Data Protection Law: A Transatlantic Analysis», Data Protection Anno 2014: How To Restore Trust?, Intersentia, Cambridge, 2014, p. 213, en especial, p. 216 y siguientes.
• Por último, conviene mencionar que las normas estadounidenses relativas a la protección de la vida privada pueden ser objeto de una aplicación diferenciada entre los ciudadanos estadounidenses y los ciudadanos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (Apartado 44).

La autoridad independiente en Francia

Las autoridades administrativas independientes (autorités administratives indépendantes, AAI) y las autoridades públicas independientes (autorités publiques indépendantes, API) actúan en nombre del Estado sin estar subordinadas al gobierno y se benefician de garantías de plena independencia (sin que su acción sea dirigida o censurada, salvo por los tribunales) en el ejercicio de su misión. Sus competencias varían en alcance y, en ciertos casos, combinan poderes de regulación, autorización individual, control, requerimiento, sanción e incluso nombramiento, y se limitan en otros casos a un simple poder de influencia.

Las IAA aparecieron en Francia en 1978 con la creación de la Autoridad de Protección de Datos (Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL), luego la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual (Haute Autorité de la communication audiovisuelle, HACA) en 1982, la primera IAA calificada como tal por el Consejo Constitucional (Conseil constitutionnel) en 1984. Las AAI suelen intervenir en dos grandes ámbitos:

• La protección de los ciudadanos: por ejemplo, la CNIL, el Defensor de los Derechos (Défenseur des droits), la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP) y la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, HALDE);
• Regulación de una actividad económica: por ejemplo, la Autoridad de la Competencia (Autorité de la concurrence), la Autoridad de los Mercados Financieros (Autorité des marchés financiers, AMF), la Autoridad de Regulación de las Comunicaciones Electrónicas y de los Servicios Postales (Autorité de régulation des communications électroniques et de postes, ARCEP), la Comisión de Regulación de la Energía (Commission de régulation de l’énergie, CRE) y la Autoridad de Seguridad Nuclear (Autorité de sûreté nucléaire, ASN).

Las AAI constituyen una excepción a la estricta separación de poderes en el sentido de que pertenecen al poder ejecutivo, tienen un poder regulador y un poder sancionador y, por tanto, son de naturaleza judicial. La independencia de las IAA con respecto a la jerarquía del poder ejecutivo es una especificidad con respecto a otras administraciones y al artículo 20 de la Constitución (que designa al Gobierno como autoridad sobre las administraciones). El Consejo Constitucional en Francia ha limitado el poder regulador de cada IAA restringiendo cada una a un ámbito específico.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

La Ley de 20 de enero de 2017 proporciona un marco jurídico y define un estatuto general para veintiséis AAI diferentes. Establece las modalidades de nombramiento de los presidentes, los miembros de su colegio, su mandato, las normas de conducta, su independencia y su funcionamiento.

ARCEP y CSA

La convergencia económica entre los sectores de las telecomunicaciones, audiovisual e Internet plantea la cuestión de la oportunidad de una regulación conjunta.

Más Información

Los operadores de telecomunicaciones, las empresas de televisión y los actores de Internet difunden contenidos similares en las mismas redes y en soportes similares. Todas estas entidades tienen que compartir el acceso al mismo recurso: las frecuencias que pertenecen al Estado y que gestiona la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR).

Puntualización

Sin embargo, la regulación difiere mucho de un actor a otro; las entidades audiovisuales tienen acceso gratuito a las frecuencias a cambio de una inversión en creación artística, los operadores de telecomunicaciones financian el acceso a las frecuencias y los actores de Internet tienen acceso gratuito sin dar nada a cambio.

Otros Elementos

Además, sería útil tener un único representante ante los socios extranjeros.
No obstante, el fracaso del intento de fusión en 2012 puso de manifiesto el riesgo de que un único regulador resuelva conflictos que no son de su competencia, por ejemplo, entre la eficiencia y el apoyo a la creación, o entre la neutralidad y la política cultural. Hoy en día, el debate parece haber sido sustituido por una reflexión sobre cómo ambas autoridades pueden trabajar bien juntas, y sobre la comprensión de la disrupción que supone la tecnología digital.

Datos verificados por: Brooks

Recursos

Véase También

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