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Ley Natural

Ley Natural

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Derecho y Ley Natural en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional

Se expresa el mencionado Diccionario, sobre Derecho natural , en voz escrita por Jorge Adame Goddard, en los siguientes términos: I. Definición De Derecho natural. Es el derecho contenido en el derecho natural. Se entiende aquí la palabra derecho en el sentido del conjunto de preceptos del derecho natural, así como en el sentido de la doctrina racional, o ciencia (para un examen de la definición, véase que es la ciencia y que es una ciencia física o aplicada), elaborada para identificar, explicar y sistematizar el contenido del derecho natural.

Historia de la noción de ley natural

La noción de ley natural es muy antigua.Entre las Líneas En la filosofía griega se reconoce que hay una ley de la naturaleza, superior a las leyes civiles, que los hombres han de obedecer (Antígona, versos 449-460). Dicha noción fue recibida por el pensamiento jurídico romano, cuyos juristas reconocen un «ius naturale» (derecho natural) (Ulpiano, 1 Institutiones D 1,1,3). Después fue asumida por la filosofía cristiana (ver Sto. Tomás de Aquino, Suma de Teología II, primera parte, cuestión 94), y en el siglo XVIII por el racionalismo (Grocio, Puffendorf), y se mantiene hasta nuestros días. Es una constante en la historia del pensamiento filosófico, ético y jurídico, pues los hombres siempre han pensado que existe un criterio superior al orden social establecido conforme al cual se puede juzgar la propia conducta y el mismo orden social. La negación de la existencia del derecho natural llevaría a establecer que el único criterio para distinguir entre el bien y el mal es el orden socialmente establecido, por lo que se impediría el cambio y el progreso.

Leyes de la naturaleza y ley natural

La ley natural es distinta de las leyes de la naturaleza (o leyes naturales) que rigen el comportamiento de las cosas y de los seres vivos irracionales. Las leyes físicas, químicas, astronómicas o biológicas no son leyes en sentido propio de un mandato imperativo que ha de ser obedecido libremente, sino la constatación de comportamientos de las cosas que necesariamente se producen en determinadas condiciones, como la ley de la gravedad, que constata que todas las cosas tienden hacia el centro de la tierra.

La ley natural, en cambio, es un precepto que ordena a todas las personas practicar determinadas conductas en tanto que son necesarias o útiles para el perfeccionamiento o bien de la persona y de la comunidad. El ser humano, por su propia racionalidad, puede cumplir o no cumplir el derecho natural.Si, Pero: Pero ésta no deja de ser ley o precepto imperativo por el hecho de que no se cumpla o se ignore incluso por amplios sectores de la población. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Su fuerza imperativa no proviene del hecho de que efectivamente se cumpla, sino de la relación que tiene la conducta imperada con el bien personal y de la comunidad.

Definición de ley natural

Se puede definir el derecho natural como el precepto, o conjunto de preceptos, que ordena la conducta humana hacia la perfección o bien de la persona y de la comunidad. Toda persona, por la mera observación de sí misma y de la vida en común, puede reconocer que hay acciones que por sí mismas la perfeccionan, como la compasión, la colaboración o la solidaridad, y otras que la degradan, como el asesinato, la mentira o el fraude. Desde esta perspectiva, se dice que es una ley «natural» en el sentido de que prescribe las acciones que son conformes con la naturaleza humana.

Por otra parte, también se puede decir que es una ley natural, en el sentido de que es accesible al conocimiento de cualquier persona, independientemente de las creencias religiosas o filosóficas que tenga, porque los preceptos que contienen son evidentes; esto es, que se entienden por sí mismos, y no hace falta demostrarlos, o de sentido común, esto es, verdades conforme a las cuales juzga cualquier hombre sensato.

Contenido del derecho natural

El primer precepto del derecho natural, y al que se reducen todos los demás, es el que dice «obra el bien y evita el mal». Es un precepto que establece la distinción entre acciones que han de practicarse y acciones que han de evitarse, con lo cual establece una limitación al poder humano: no todo lo que es posible es lícito o conforme con el derecho natural. Es un precepto de verdad evidente.

Además de este primer principio, contiene otros, que se clasifican en preceptos primarios, que son los más universales y fáciles de conocer, y preceptos secundarios, que son derivados, por deducción de los primeros.

Aunque hay discusión sobre cuáles son en concreto todos los preceptos primarios, se puede considerar que en general se reconocen tres preceptos primarios positivos y cuatro negativos o prohibiciones.

Los preceptos primarios positivos son los que prescriben el deber:

  • de amor a uno mismo;
  • de amor al prójimo como a uno mismo, y
  • de amor a Dios sobre todas las cosas.

Se advierte que estos preceptos son generales, pues no indican acciones concretas que deben practicarse, sino una dirección o finalidad de la conducta (el bien propio, el bien del prójimo y el bien o gloria de Dios), que puede materializarse en muchas conductas concretas, como cuidar la salud, estudiar, adquirir virtudes, conseguir bienes, ayudar al necesitado, colaborar con la comunidad, dar culto a Dios, etcétera. No obstante su generalidad, son preceptos que iluminan el sentido de la vida y de las decisiones que cada quien van tomando cada día.

Principios Primarios

Los preceptos primarios negativos o prohibiciones son los que prohíben:

  • el homicidio;
  • el adulterio, entendido en el sentido de relación sexual con persona ajena, es decir, con persona con quien no se tiene un compromiso recíproco de entrega por toda la vida;
  • el robo, en cualquier modalidad, y
  • la mentira.

Se dice que estos preceptos son negativos porque señalan un deber de no practicar conductas que son opuestas al bien personal y de la comunidad, pero tienen en realidad un sentido positivo en tanto que, por una parte, impiden que se practiquen conductas negativas, y por la otra, afirman implícitamente las conductas opuestas: el respeto de la vida y la integridad corporal, la integridad del amor conyugal, el respeto a la propiedad ajena y el deber de veracidad.

Como preceptos secundarios del derecho natural se pueden citar estos: el deber de cumplir las promesas (derivado de la prohibición de la mentira y del deber de veracidad), de devolver los préstamos (derivado de la prohibición del robo y del deber de respetar la propiedad ajena), de colaborar con el bien y progreso de la comunidad en que uno vive (del deber de amor al prójimo), de compartir los bienes especialmente con el necesitado (del deber de amor al prójimo), de cuidar la propia salud (del deber de amor propio), de fidelidad conyugal (de la prohibición del adulterio). Podrían citarse otros más, pero los ya citados muestran que son preceptos de fácil comprensión y de verdad cuasi evidente.

Universalidad de los preceptos del derecho natural

La universalidad de los preceptos significa que se destinan a todos los hombres. Esto mismo se expresa cuando se dice que el derecho natural es la misma para todos los hombres.

Los primeros principios del derecho natural es claro que se dirigen a todos los hombres sin excepción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El precepto de obrar el bien y evitar el mal se refiere necesariamente a todos, igual que el de amar al prójimo como a uno mismo, o el de no matar a un ser humano inocente.

Los preceptos secundarios, al referirse a situaciones cada vez más concretas, tienen un número de destinatarios más reducido. Por ejemplo, el principio de cumplir las promesas se dirige potencialmente a todos aquellos que hacen una promesa, aunque puede haber personas que nunca prometan formalmente algo; o el de devolver los préstamos, se refiere a quienes han recibido algo en préstamo, o más específicamente el principio de que el juez no puede ser parte en el mismo juicio se aplica expresamente a los jueces, etc.

Se puede concluir que el derecho natural es universal, la misma para todos los hombres en sus primeros preceptos, mientras que no tiene esa característica en sus preceptos secundarios.

Inmutabilidad del derecho natural

La cuestión acerca de si el derecho natural es inmutable o puede cambiar se soluciona considerando de nuevo la distinción entre los preceptos primarios y los secundarios. Los primarios son inmutables, porque expresan juicios imperativos de conducta que son evidentemente conformes con la naturaleza humana, y en ese sentido son verdaderos.

En cambio, los preceptos secundarios pueden variar, no en el sentido de que declaren justo, lo que antes era injusto o viceversa, pero sí en el sentido de que se les puede añadir algo para precisar la conducta imperada. Por ejemplo, el precepto de devolver los préstamos no cambia en el sentido de que pueda enunciar que los préstamos no deben ser devueltos, pero sí se puede precisar que en ciertos casos es mejor retener temporalmente un préstamo que devolverlo, o se precisa cómo ha de hacerse la devolución, en qué condiciones, en qué estado, con o sin accesorios y frutos, etcétera. Esta labor de concreción y determinación de los preceptos secundarios del derecho natural es necesaria dada la generalidad de tales preceptos.

Ley natural y ley humana positiva

La existencia y el reconocimiento del derecho natural no está reñida con la existencia de leyes promulgadas por los legisladores de cada pueblo, cuyo contenido son preceptos también imperativos y sancionados por el poder político. La propia ley natural tiene, como precepto secundario, derivado del precepto de amor al prójimo, el que ordena que todas las personas cumplan las leyes promulgadas por la potestad legítima. Estas leyes son necesarias porque la mayoría de los diversos aspectos de las relaciones sociales y comunitarias no tienen una regulación precisa en los preceptos del derecho natural, que son, aun los secundarios, de contenido muy general.

Funciones

La ley natural tiene dos funciones respecto de la ley positiva. Una, de carácter indicativo, en tanto que señala campos o ámbitos que la ley humana debe desarrollar; por ejemplo, el principio de que los contratos deben ser cumplidos indica que la ley humana debe precisar el contenido de las obligaciones contractuales; o el principio de reparar el daño injustamente causado hace necesario determinar qué tipo de daños y cómo ha de repararse cada uno de ellos, etcétera.

La otra función es de carácter restrictivo, la de señalar los límites que no han de ser traspasados por la potestad política. Esta es la función primordial de los preceptos negativos o prohibiciones: ni las leyes humanas ni la comunidad política tienen poder para declarar justa la muerte de un inocente, el robo, la mentira o el adulterio.

Si las leyes positivas contradicen en puntos graves el derecho natural, los ciudadanos que quieren gobernarse conforme a la razón y no por miedo al poder pueden, haciendo referencia al derecho natural, negarse a cumplirlas. Ese es precisamente el caso que da pie a la primera referencia expresa al derecho natural en la cultura griega: en la tragedia Antígona, de Sófocles, el rey Creonte prohíbe que se dé sepultura a Polinices, hermano de Antígona; ella, desobedeciendo el decreto real, da sepultura a su hermano, y cuando Creontes le pide cuentas, ella dice que el decreto del rey no es superior a las leyes no escritas e inmutables de los dioses. El rey, no obstante la razón de Antígona, decide darle muerte.

Morir es un fenómeno tanto social como fisiológico. Cada sociedad caracteriza y, en consecuencia, trata la muerte y el morir a su manera, formas que difieren notablemente. Estos patrones particulares de la muerte y el morir engendran respuestas culturales modales, y este comportamiento institucionalizado tiene implicaciones familiares, económicas, educativas, religiosas y políticas.

Este hub de contenidos sobre la muerte y el morir hace un balance de la vasta literatura en el campo de la tanatología, ordenando y sintetizando lo que ha sido un cuerpo de conocimiento poco manejable. Tratará de proporcionar orientación e impulso al estudio del comportamiento relacionado con la muerte durante muchos años.

Estas cuestiones cubren una amplia gama de disciplinas, especialmente las siguientes:

  • Antropología
  • Estudios de la familia
  • Historia
  • Derecho
  • Medicina
  • Ciencias mortuorias
  • Filosofía
  • Psicología
  • Trabajo Social
  • Sociología
  • Teología

Estas áreas se pueden subdividir a su vez. Por ejemplo, las ciencias mortuorias comprenden varias áreas de estudio. Dado que este campo implica diferentes aspectos del cuerpo humano y cómo reacciona a diferentes entornos, las personas que estudian ciencias mortuorias deben tener conocimientos en una variedad de áreas:

  • Biología. La biología, el estudio de los seres vivos, es una faceta importante de las ciencias mortuorias. Las personas que se especializan en ciencias mortuorias deben comprender la ciencia que hay detrás de los seres vivos. Las ciencias mortuorias se centran en cómo reacciona el cuerpo humano en diferentes circunstancias, concretamente en su descomposición.
  • Química. La química es la base del embalsamamiento y una parte importante de la ciencia mortuoria. El embalsamamiento es el acto de utilizar productos químicos para retrasar el proceso de descomposición, un proceso que se basa en la química. La ciencia mortuoria incluye el estudio de cómo se pueden crear o retrasar las reacciones químicas para preservar un cuerpo.
  • Anatomía humana. Las ciencias mortuorias están muy relacionadas con la anatomía humana. Dado que los científicos mortuorios estudian los cadáveres, necesitan comprender dónde se encuentran los órganos, qué hacen y cómo funcionan los sistemas del cuerpo. Esta información es vital para realizar trabajos de dirección de funerarias y embalsamamiento, pero también es vital para el avance de la ciencia mortuoria en general.
  • Embalsamamiento. El embalsamamiento es el proceso de preservación de un cuerpo para que pueda ser expuesto en un funeral o conservado de otra manera. La razón más común para el embalsamamiento es para los servicios funerarios, pero los embalsamadores también preparan cadáveres para ser estudiados por estudiantes de medicina e investigadores.
  • Arte del embalsamamiento. El arte del embalsamamiento incluye la aplicación del maquillaje de embalsamamiento y la colocación del cuerpo en una posición que parezca natural. Una vez más, la razón más común para embalsamar es preparar un cuerpo para un funeral a cajón abierto. Curiosamente, el arte del embalsamamiento no consiste sólo en maquillar un cuerpo, sino en utilizar maquillaje y equipos especiales para ayudar a dar dimensión al cuerpo y hacer que parezca como cuando la persona estaba viva.

Entender cómo influyen la biología, la química y la anatomía humana en el embalsamamiento es vital para el estudio de la ciencia mortuoria. Pero el embalsamamiento también incluye el proceso real de utilizar productos químicos como el líquido de embalsamamiento y el formaldehído para preservar un cuerpo y el uso de maquillaje de embalsamamiento para que el cuerpo parezca natural.

La Tanatología Forense

La tanatología es el estudio científico de la muerte y de las pérdidas que conlleva. Investiga los mecanismos y aspectos forenses de la muerte, como los cambios corporales que la acompañan y el periodo postmortem. La tanatología forense comprende la investigación de todo fenómeno relacionado con la muerte que se realiza mediante exámenes de los cadáveres.

La pena de muerte es el asesinato de un ser humano sancionado por el gobierno como castigo por los delitos que ha cometido.
La pena de muerte, también conocida como pena capital, no es legal en la mayoría de los países, pero sigue siendo legal en un tercio de las naciones, aunque no todas la aplican. Algunos países, como China, aplican la pena capital a gran escala. Este recurso examina algunas cuestiones clave, como su historia, su relación con la religión y la clemencia.

Historia de la pena de muerte
La pena de muerte existe en Estados Unidos desde la época colonial. Su historia está entrelazada con la esclavitud, la segregación y los movimientos de reforma social.

Primeras leyes de pena de muerte
Las primeras leyes establecidas sobre la pena de muerte se remontan al siglo XVIII a.C. en el Código del rey Hammurabi de Babilonia, que codificó la pena de muerte para 25 delitos diferentes. La pena de muerte también formaba parte del Código Hitita del siglo XIV a.C.; en el Código Draconiano de Atenas del siglo VII a.C., que hacía de la muerte el único castigo para todos los delitos; y en la Ley Romana de las Doce Tablas del siglo V a.C. Las sentencias de muerte se ejecutaban por medios como la crucifixión, el ahogamiento, los golpes hasta la muerte, la quema viva y el empalamiento.

En el siglo X d.C., el ahorcamiento se convirtió en el método habitual de ejecución en Gran Bretaña. En el siglo siguiente, Guillermo el Conquistador no permitió que se colgara a las personas ni que se las ejecutara de otro modo por ningún delito, excepto en tiempos de guerra. Esta tendencia no duraría, ya que en el siglo XVI, bajo el reinado de Enrique VIII, se calcula que fueron ejecutadas hasta 72.000 personas. Algunos métodos comunes de ejecución en esa época eran la ebullición, la quema en la hoguera, el ahorcamiento, la decapitación y el descuartizamiento. Las ejecuciones se llevaban a cabo por delitos capitales como casarse con un judío, no confesar un crimen y traición.

El número de delitos capitales en Gran Bretaña siguió aumentando durante los dos siglos siguientes. En la década de 1700, 222 delitos se castigaban con la muerte en Gran Bretaña, entre ellos robar, talar un árbol y asaltar una conejera. Debido a la severidad de la pena de muerte, muchos jurados no condenaban a los acusados si el delito no era grave. Esto llevó a reformar la pena de muerte en Gran Bretaña. De 1823 a 1837, se eliminó la pena de muerte para más de 100 de los 222 delitos castigados con la muerte.

La pena de muerte en Estados Unidos
Gran Bretaña influyó en el uso de la pena de muerte en Estados Unidos más que ningún otro país. Cuando los colonos europeos llegaron al nuevo mundo, trajeron la práctica de la pena capital. La primera ejecución de la que se tiene constancia en las nuevas colonias fue la del capitán George Kendall en la colonia de Jamestown, Virginia, en 1608. Kendall fue ejecutado por ser espía de España. En 1612, el gobernador de Virginia, Sir Thomas Dale, promulgó las Leyes Divinas, Morales y Marciales, que preveían la pena de muerte incluso para delitos menores como robar uvas, matar gallinas y comerciar con los indios.

Las leyes relativas a la pena de muerte variaban de una colonia a otra. La Colonia de la Bahía de Massachusetts llevó a cabo su primera ejecución en 1630, aunque las Leyes Capitales de Nueva Inglaterra no entraron en vigor hasta años después. La colonia de Nueva York instituyó las Leyes del Duque de 1665. Según estas leyes, delitos como golpear a la madre o al padre, o negar al "verdadero Dios", se castigaban con la muerte.

Época colonial
El movimiento abolicionista tiene sus raíces en los escritos de los teóricos europeos Montesquieu, Voltaire y Bentham, y de los cuáqueros ingleses John Bellers y John Howard. Sin embargo, fue el ensayo de Cesare Beccaria de 1767, Sobre los delitos y las penas, el que tuvo un impacto especialmente fuerte en todo el mundo. En este ensayo, Beccaria sostenía que no existía justificación alguna para que el Estado quitara una vida. El ensayo dio a los abolicionistas una voz autorizada y una energía renovada, uno de cuyos resultados fue la abolición de la pena de muerte en Austria y Toscana.

También los intelectuales estadounidenses se vieron influidos por Beccaria. Los primeros intentos de reforma de la pena de muerte en Estados Unidos se produjeron cuando Thomas Jefferson presentó un proyecto de ley para revisar las leyes de la pena de muerte de Virginia. El proyecto de ley proponía que la pena capital se aplicara únicamente a los delitos de asesinato y traición. Fue rechazado por un solo voto.

También influyó el Dr. Benjamin Rush, firmante de la Declaración de Independencia y fundador de la Sociedad Penitenciaria de Pensilvania. Rush cuestionó la creencia de que la pena de muerte sirve como elemento disuasorio. De hecho, Rush fue uno de los primeros en creer en el "efecto de embrutecimiento". Sostenía que la pena de muerte en realidad aumentaba la conducta delictiva. Rush obtuvo el apoyo de Benjamin Franklin y del fiscal general de Filadelfia, William Bradford. Bradford, que más tarde se convertiría en el Fiscal General de los Estados Unidos, llevó a Pensilvania a ser el primer estado en considerar los grados de asesinato en función de la culpabilidad. En 1794, Pensilvania derogó la pena de muerte para todos los delitos excepto el asesinato en primer grado.

Siglo XIX
A principios y mediados del siglo XIX, el movimiento abolicionista cobró impulso en el noreste. A principios de siglo, muchos estados redujeron el número de sus delitos capitales y construyeron penitenciarías estatales. En 1834, Pensilvania se convirtió en el primer estado en alejar las ejecuciones del ojo público y llevarlas a cabo en centros penitenciarios.

En 1846, Michigan se convirtió en el primer estado en abolir la pena de muerte para todos los delitos excepto la traición. Más tarde, Rhode Island y Wisconsin abolieron la pena de muerte para todos los delitos. A finales de siglo, el mundo vería cómo los países de Venezuela, Portugal, Holanda, Costa Rica, Brasil y Ecuador seguían su ejemplo.

Aunque algunos estados de Estados Unidos empezaron a abolir la pena de muerte, la mayoría de los estados mantuvieron la pena capital. Algunos estados convirtieron en delitos capitales más crímenes, especialmente los cometidos por esclavos. En 1838, en un esfuerzo por hacer que la pena de muerte fuera más aceptable para el público, algunos estados empezaron a aprobar leyes contra las sentencias de muerte obligatorias y, en su lugar, promulgaron estatutos de pena de muerte discrecionales. La promulgación en 1838 de estatutos de pena de muerte discrecional en Tennessee, y posteriormente en Alabama, se consideró una gran reforma. Esta introducción de la discrecionalidad en la imposición de la pena capital se percibió como una victoria para los abolicionistas, ya que antes de la promulgación de estas leyes, todos los estados imponían la pena de muerte a cualquier persona condenada por un delito capital, independientemente de las circunstancias. Con la excepción de un pequeño número de delitos raramente cometidos en unas pocas jurisdicciones, todas las leyes de pena capital obligatoria habían sido abolidas en 1963.

Durante la Guerra Civil, la oposición a la pena de muerte disminuyó, ya que se prestó más atención al movimiento antiesclavista. Después de la guerra, surgieron nuevos avances en los medios de ejecución. La silla eléctrica se introdujo a finales de siglo. Nueva York construyó la primera silla eléctrica en 1888 y en 1890 ejecutó a William Kemmler. Pronto, otros estados adoptaron este método de ejecución.

Principios y mediados del siglo XX
Aunque algunos estados abolieron la pena de muerte a mediados del siglo XIX, fue en realidad la primera mitad del siglo XX la que marcó el inicio del "periodo progresista" de reformas en Estados Unidos. Entre 1907 y 1917, seis estados prohibieron por completo la pena de muerte y tres la limitaron a los delitos raramente cometidos de traición y asesinato en primer grado de un agente de la ley. Sin embargo, esta reforma duró poco. En Estados Unidos se respiraba un ambiente de frenesí, ya que los ciudadanos empezaban a sentir pánico ante la amenaza de una revolución a raíz de la Revolución Rusa. Además, Estados Unidos acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial y existían intensos conflictos de clase, ya que los socialistas planteaban el primer desafío serio al capitalismo. Como resultado, cinco de los seis estados abolicionistas reinstauraron la pena de muerte en 1920.

En 1924 se introdujo el uso de gas cianuro, ya que Nevada buscaba una forma más humana de ejecutar a sus reclusos. Gee Jon fue la primera persona ejecutada con gas letal. El estado intentó bombear gas cianuro en la celda de Jon mientras dormía, pero esto resultó imposible y se construyó la cámara de gas.

Desde la década de 1920 hasta la de 1940, hubo un resurgimiento del uso de la pena de muerte. Esto se debió, en parte, a los escritos de los criminólogos, que argumentaban que la pena de muerte era una medida social necesaria. En Estados Unidos, los estadounidenses estaban sufriendo la Ley Seca y la Gran Depresión. En la década de 1930 hubo más ejecuciones que en cualquier otra década de la historia de Estados Unidos, una media de 167 al año.

En la década de 1950, el sentimiento público comenzó a alejarse de la pena capital. Muchas naciones aliadas abolieron o limitaron la pena de muerte, y en Estados Unidos el número de ejecuciones descendió drásticamente. Mientras que en la década de 1940 hubo 1.289 ejecuciones, en la década de 1950 hubo 715, y el número se redujo aún más, a sólo 191, entre 1960 y 1976. En 1966, el apoyo a la pena capital alcanzó un mínimo histórico. Una encuesta de Gallup mostró que el apoyo a la pena de muerte era de sólo el 42%.

La pena de muerte federal en los Estados Unidos
Además de las leyes de pena de muerte de muchos estados, el gobierno federal también ha aplicado la pena capital para ciertos delitos federales, como el asesinato de un funcionario del gobierno, el secuestro con resultado de muerte, la dirección de una empresa de drogas a gran escala y la traición. Cuando el Tribunal Supremo anuló los estatutos estatales de la pena de muerte en el caso Furman, los estatutos federales de la pena de muerte adolecían de las mismas deficiencias constitucionales que los estatutos estatales. Como resultado, las sentencias de muerte bajo los antiguos estatutos federales de la pena de muerte no han sido confirmadas.

En 1988, se promulgó una nueva ley federal de pena de muerte para el asesinato en el curso de una conspiración de tráfico de drogas. El estatuto se basó en los estatutos posteriores a Gregg que el Tribunal Supremo ha aprobado. Desde su promulgación, 6 personas han sido condenadas a muerte por violar esta ley, aunque ninguna ha sido ejecutada.

En 1994, el presidente Clinton firmó la Ley de Control del Crimen Violento y Aplicación de la Ley, que amplió la pena de muerte federal a unos 60 delitos, 3 de los cuales no implican asesinato. Las excepciones son el espionaje, la traición y el tráfico de drogas en grandes cantidades.

Dos años más tarde, en respuesta al atentado de Oklahoma City, el presidente Clinton firmó la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996. Esta ley, que afecta tanto a los presos estatales como a los federales, restringe la revisión en los tribunales federales estableciendo plazos más estrictos para la presentación de solicitudes, limitando la posibilidad de celebrar audiencias para la presentación de pruebas y permitiendo, por lo general, una única presentación de hábeas corpus en los tribunales federales. Los defensores de la pena de muerte argumentan que esta racionalización acelerará el proceso de la pena de muerte y reducirá significativamente su coste, aunque otros temen que una revisión federal más rápida y limitada pueda aumentar el riesgo de ejecutar a acusados inocentes.

Abolición internacional
En la década de 1980, el movimiento abolicionista internacional cobró impulso y se redactaron y ratificaron tratados que proclamaban la abolición. El Protocolo nº 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus sucesores, el Protocolo Adicional Interamericano a la Convención Americana de Derechos Humanos para la Abolición de la Pena de Muerte y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte de las Naciones Unidas se crearon con el objetivo de convertir la abolición de la pena de muerte en una norma internacional.

En la actualidad, el Consejo de Europa exige a los nuevos miembros que se comprometan y ratifiquen el Protocolo nº 6. Esto ha llevado, en efecto, a la abolición de la pena de muerte en Europa del Este, donde sólo Bielorrusia mantiene la pena de muerte. Por ejemplo, Ucrania, que antes era uno de los líderes mundiales en ejecuciones, ha dejado de aplicar la pena de muerte y ha sido admitida en el Consejo. El parlamento sudafricano votó la abolición formal de la pena de muerte, que había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Además, el presidente ruso Boris Yeltsin firmó en junio de 1999 un decreto por el que se conmutaban las penas de muerte de todos los condenados a muerte en Rusia. Entre 2000 y 2004, otros siete países abolieron la pena de muerte para todos los delitos, y otros cuatro la abolieron para los delitos comunes.

En abril de 1999, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la Resolución de apoyo a la moratoria mundial de las ejecuciones. La resolución pide a los países que no han abolido la pena de muerte que restrinjan su uso, lo que incluye no imponerla a delincuentes juveniles y limitar el número de delitos por los que puede imponerse. Diez países, entre ellos Estados Unidos, China, Pakistán, Ruanda y Sudán, votaron en contra de la resolución. Cada año desde 1997, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución en la que se pide a los países que no han abolido la pena de muerte que establezcan una moratoria de las ejecuciones. En abril de 2004, la resolución fue copatrocinada por 76 Estados miembros de la ONU. (Amnistía Internacional, 2004).

Inyección letal
La inyección letal ha sido el método de ejecución más habitual en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos. Entre la reanudación de las ejecuciones en 1977 y el 31 de agosto de 2018, 1.306 ejecuciones (casi el 90%) utilizaron la inyección letal. Cuando los estados empezaron a utilizar fármacos en las ejecuciones, muchos lo hicieron con la creencia de que la inyección letal sería más humana que los métodos más visiblemente cruentos a los que sustituía: la horca, la electrocución, el gas y el fusilamiento. Otros estados adoptaron la inyección letal para evitar las impugnaciones legales de la constitucionalidad de sus métodos anteriores.

A pesar del supuesto objetivo de los estados de garantizar ejecuciones más humanas, los expertos han estimado que más del 7% de las ejecuciones por inyección letal en Estados Unidos hasta 2010 fueron un fracaso. A partir de 2011, a medida que los estados han ido experimentando con nuevos fármacos de ejecución, los informes de ejecuciones problemáticas han aumentado notablemente. Al mismo tiempo, los estados han promulgado leyes que impiden al público obtener información sobre los fármacos de la inyección letal y sus proveedores.

Delitos castigados con la muerte
Las penas de muerte sólo pueden imponerse por delitos en los que la víctima es asesinada, pero las legislaturas estatales de América pueden determinar qué circunstancias específicas hacen que un asesinato pueda ser castigado con la pena de muerte.

Todos los presos actualmente en el corredor de la muerte y todos los ejecutados en la era moderna de la pena de muerte fueron condenados por asesinato. Históricamente, la pena de muerte se utilizaba mucho para las violaciones, sobre todo contra acusados negros con víctimas blancas. Cuando se restableció la pena de muerte en 1976, el Tribunal Supremo dejó abierta la posibilidad de imponer la pena de muerte por delitos distintos del asesinato, como la violación o incluso el robo a mano armada. Sin embargo, el Tribunal no tardó en dictaminar que la pena de muerte sería inconstitucional para la violación de un adulto en la que no se hubiera producido ninguna muerte. Esa prohibición se amplió posteriormente a cualquier violación no homicida mediante la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Kennedy contra Luisiana, y el Tribunal comentó que la pena de muerte ya no podía aplicarse por ningún delito contra un individuo en el que no se produjera una muerte. La cuestión de si la pena de muerte puede aplicarse a delitos contra el gobierno, como la traición o el espionaje, sigue sin resolverse.

Muchos estados de Estados Unidos permiten que todas las personas que hayan participado en un delito en el que se haya producido una muerte sean acusadas de asesinato y puedan ser condenadas a la pena de muerte, aunque no hayan matado directamente a nadie. El caso de los cómplices desarmados en un atraco a un banco en el que muere un empleado es un ejemplo típico de delito de asesinato. Como se supone que la pena de muerte está reservada para los "peores casos", las legislaturas o los tribunales podrían restringir su uso sólo a los que participaron directamente en el asesinato de la víctima. Los presos también han planteado que las circunstancias agravantes que hacen que un delito pueda ser castigado con la pena de muerte son demasiado amplias, ya que algunas leyes estatales de pena de muerte abarcan casi todos los asesinatos, en lugar de reservar la pena de muerte para un pequeño subconjunto de asesinatos.

Los ejecutados que no mataron directamente a la víctima

Todos los ejecutados desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976 participaron en un crimen en el que murió al menos una víctima. En la mayoría de los casos, la persona ejecutada mató directamente a la víctima. En una pequeña minoría de casos, la persona ejecutada ordenó o contrató a otra persona para llevar a cabo el asesinato. En otro grupo de casos, la persona ejecutada participó en un delito durante el cual la víctima murió a manos de otro participante en el delito. El acusado en estos casos suele ser declarado culpable de "homicidio doloso" o según la "ley de las partes", y en algunos estados puede recibir la pena de muerte, a pesar de no haber matado o dirigido el asesinato de la víctima. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha restringido el uso de la pena de muerte en estos casos. Véase las sentencias Enmund v. Florida y Tison v. Arizona, de Estados Unidos.

Religión y la Pena de Muerte
Líderes y organizaciones que representan a una variedad de religiones han adoptado posturas sobre la pena de muerte, a menudo vinculando sus puntos de vista a creencias sobre la dignidad humana, la retribución y la redención.

Las confesiones religiosas de EE.UU. se han pronunciado con frecuencia sobre la pena de muerte, a veces señalando preocupaciones sobre su aplicación y otras veces juzgando la moralidad del propio castigo. Históricamente, la mayoría de los principales organismos religiosos permitían el uso de la pena capital, pero las críticas a esta práctica han aumentado considerablemente en los últimos tiempos.

En una democracia diversa, ningún punto de vista religioso ocupa una posición privilegiada en la elaboración de la ley. Sin embargo, los principios de las distintas comunidades religiosas son relevantes en el debate político porque contribuyen a informar las opiniones de sus respectivos electores y reflejan la "evolución de las normas de decencia" que son vitales para la interpretación de la Octava Enmienda por parte del Tribunal Supremo.

El budismo y la pena capital
Dado que el budismo existe en muchas formas, bajo muchas organizaciones, no hay una política budista unificada sobre la pena capital.

En términos de doctrina, la pena de muerte es claramente incompatible con las enseñanzas budistas. Los budistas ponen gran énfasis en la no violencia y la compasión por toda vida. El Primer Precepto exige que los individuos se abstengan de herir o matar a cualquier criatura viva.

Buda no habló explícitamente de la pena capital, pero sus enseñanzas no muestran ninguna simpatía por el castigo físico, por muy grave que sea el delito.

El budismo cree fundamentalmente en el ciclo de nacimiento y renacimiento (Samsara) y enseña que si se administra la pena capital tendrá efectos comprometedores en las almas del infractor y del castigador en futuras encarnaciones.

En cuanto al castigo en este mundo, el budismo tiene opiniones firmes:

el tratamiento inhumano de un delincuente no resuelve sus fechorías ni las de la humanidad en general - el mejor enfoque para un delincuente es reformador y no punitivo
el castigo debe ser sólo en la medida en que el delincuente necesite enmendarse, y su rehabilitación en la sociedad debe ser de suma importancia
castigar a un delincuente con excesiva crueldad dañará no sólo la mente del delincuente, sino también la de la persona que castiga
es imposible administrar un castigo severo con compostura y compasión
si el delito es especialmente grave, la persona puede ser desterrada de la comunidad o del país

A pesar de estas enseñanzas, varios países con importantes poblaciones budistas mantienen la pena de muerte, y algunos de ellos, por ejemplo Tailandia, siguen aplicándola.

No se trata de estados que tengan el budismo como religión oficial.

Esta aparente paradoja se debe en parte, según algunos expertos, a la diferencia entre el budismo popular y el monástico. La mayoría de los budistas laicos de estos países siguen las prácticas budistas y son totalmente sinceros en su compromiso, pero el estudio genuino del budismo, sus rituales y su traslación a la vida cotidiana es superficial para la mayoría de los seguidores budistas.

Católicos
"La nueva evangelización exige seguidores de Cristo que sean incondicionalmente pro-vida: que proclamen, celebren y sirvan el Evangelio de la vida en cualquier situación. Un signo de esperanza es el reconocimiento cada vez mayor de que la dignidad de la vida humana no debe ser nunca quitada, incluso en el caso de alguien que ha hecho un gran mal. . . . Renuevo el llamamiento que hice... para que se llegue a un consenso que ponga fin a la pena de muerte, que es cruel e innecesaria."
-Papa Juan Pablo II

El castigo "no debe llegar al extremo de ejecutar al delincuente sino en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando no sea posible defender a la sociedad de otra manera. Sin embargo, hoy en día, como resultado de las constantes mejoras en la organización del sistema penal, estos casos son muy raros, si no prácticamente inexistentes. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, [El castigo] no debe llegar al extremo de ejecutar al delincuente sino en casos de absoluta necesidad: es decir, cuando no sería posible defender a la sociedad de otra manera. Sin embargo, hoy en día, como resultado de las constantes mejoras en la organización del sistema penal, tales casos son muy raros, si no prácticamente inexistentes."
-Papa Juan Pablo II

Hinduismo
No existe una línea oficial hindú sobre la pena capital. Sin embargo, el hinduismo se opone al asesinato, la violencia y la venganza, de acuerdo con el principio de ahimsa (no violencia).

La India sigue manteniendo la pena de muerte, y es probable que las razones para ello sean similares a las sugeridas en la sección budista.

El debate sobre la pena capital en India se reavivó en 2004 con el caso de Dhananjoy Chatterjee, condenado por violación y asesinato.

En la actualidad hay más de 100 personas en el corredor de la muerte en India, aunque el número de ejecuciones en ese país es realmente muy bajo y el Tribunal Supremo indio ha dictaminado que la pena de muerte sólo debe utilizarse en los casos más raros.

Asamblea Rabínica

Resolución sobre la pena capital:

"Considerando que la Torá enseña que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios;

Considerando que la tradición judía defiende la santidad de la vida;

Considerando que, tanto en el concepto como en la práctica, los líderes rabínicos de muchos períodos históricos diferentes han encontrado la pena capital repugnante;

Considerando que no se han reunido pruebas que indiquen de forma persuasiva que la pena capital sirva para disuadir del crimen;

Considerando que los estudios jurídicos han demostrado que hasta 300 personas en este siglo han sido condenadas erróneamente por delitos capitales;

Por lo tanto, se resuelve que la Asamblea Rabínica se oponga a la adopción de leyes de pena de muerte e inste a su abolición en los estados que ya las han adoptado;

Que la Asamblea Rabínica inste a la promulgación de leyes que ordenen que algunos delitos capitales sean castigados con cadena perpetua sin libertad condicional;

Que la Asamblea Rabínica ofrezca su apoyo y se pronuncie en favor de las víctimas de delitos violentos y sus familias;

Que la Asamblea Rabínica aliente a sus miembros a enviar esta resolución a sus funcionarios electos correspondientes."

Encuestas
La "Encuesta de Valores Americanos" de septiembre de 2014 realizada por el Public Religion Research Institute (PRPI) mostró que el 48% de los estadounidenses dijo que prefería la cadena perpetua sin libertad condicional como castigo por el asesinato, en comparación con el 44% que dijo que prefería la pena de muerte. El sondeo descubrió lo que los comentaristas del PRPI describieron como "importantes divisiones religiosas en esta cuestión". El apoyo a la pena de muerte fue más bajo entre los protestantes hispanos y negros, con un 24% y un 25%, respectivamente. El 68% de ellos prefería la cadena perpetua sin libertad condicional. Los católicos, los judíos, otras religiones no cristianas y los no afiliados religiosamente preferían la cadena perpetua sin libertad condicional a la pena de muerte. Sólo los evangélicos blancos (59%) y los protestantes blancos de línea principal (52%) expresaron un apoyo mayoritario a la pena de muerte, con un 34% y un 40% de estos grupos, respectivamente, que preferían la cadena perpetua sin libertad condicional.

Clemencia
La clemencia es el proceso por el que un gobernador, un presidente o una junta administrativa puede reducir la condena de un acusado o conceder un indulto. Se han concedido clemencias en casos de pena de muerte por diversos motivos.

En Estados Unidos, todos los estados y el gobierno federal tienen un proceso para reducir la sentencia o indultar a quienes se enfrentan a cargos penales. La clemencia es una consideración especialmente importante para los condenados a muerte. Incluso después de que se hayan agotado todas las apelaciones en los tribunales, todavía existe la posibilidad de que se le perdone la vida al recluso.

Sin embargo, las clemencias en casos de pena capital han sido escasas. Aparte de las ocasionales concesiones generales de clemencia por parte de gobernadores preocupados por la equidad general de la pena de muerte, desde 1976 se han concedido menos de dos de media al año. En el mismo periodo, más de 1.500 casos han sido ejecutados. Entre las razones aducidas para la concesión de clemencia en los casos de pena capital se encuentran: la enfermedad mental del acusado, un coacusado al que se le impuso una condena menor y la evidencia de que el acusado puede haber sido condenado erróneamente.

Dado que la facultad de conceder clemencia corresponde al poder ejecutivo del gobierno, los tribunales se han mostrado reacios a imponer normas a este procedimiento. Los gobernadores están sujetos a la influencia política, e incluso la concesión de un solo indulto puede dar lugar a duros ataques. Por ello, las clemencias en casos de pena de muerte han sido imprevisibles e inmunes a la revisión.

Si se examina la concesión de clemencia por estados desde 1976 en Estados Unidos, se puede observar que el número de clemencias en
Illinois ha sido de 187, más que el resto de Estados combinados (poco más de 100).

Desde 1976, se han concedido siete clemencias amplias o generales a presos del corredor de la muerte en Estados Unidos:

El gobernador Jared Polis en Colorado en 2020 (todos los presos del corredor de la muerte).
El gobernador Martin O'Malley en Maryland en 2015 (todos los condenados a muerte).
El gobernador Pat Quinn en Illinois en 2011 (todos los presos del corredor de la muerte), justo antes de firmar el proyecto de ley que deroga la pena de muerte.
El gobernador Jon Corzine en Nueva Jersey en 2007 (todos los presos en el corredor de la muerte), justo antes de firmar la ley de derogación de la pena de muerte.
El gobernador George Ryan en Illinois en 2003 (todos los presos condenados a muerte).
El gobernador Richard Celeste en Ohio en 1991 (8 presos condenados a muerte).
El gobernador Toney Anaya en Nuevo México en 1986 (todos los presos condenados a muerte).

En una democracia, el contenido de las leyes lo determina el pueblo. Incluso la constitución puede cambiarse a través del proceso democrático. El sentimiento público puede medirse a través de las encuestas, pero también se refleja en las elecciones y los referendos, tanto a nivel local como nacional. El pueblo de la mayoría de los países democráticos está en contra de la pena capital. Incluso en Estados Unidos las encuestas de opinión pública muestran que el apoyo a la pena de muerte (motivo clave en la que se justificaba) se encuentra actualmente cerca de mínimos históricos, tras haber alcanzado un máximo en 1994 y haber disminuido desde entonces. Este recurso ofrece información en algunas áreas importantes del debate sobre la pena capital.

Familias de las víctimas
Las familias de las víctimas de asesinatos tienen diversas opiniones sobre la pena de muerte. Los estudios sugieren que la pena de muerte no aporta un cierre y que interfiere en su proceso de curación.

Trágicamente, en todos los casos de asesinato con pena de muerte hay al menos una víctima fallecida. La reivindicación de las víctimas y el cierre de las familias de las víctimas suelen ser las principales razones para apoyar la pena de muerte. Sin embargo, muchas personas que se encuentran en esta circunstancia creen que otro asesinato no supondría un cierre y que la pena de muerte es un perjuicio para las víctimas.

Las familias y los allegados de las víctimas (a veces denominadas "covíctimas") pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de un caso en los tribunales. La fiscalía puede consultar con las familias si se solicita la pena de muerte o se acepta una declaración de culpabilidad con una condena menor. Si se solicita la pena de muerte, se puede pedir a los familiares que testifiquen en la fase de sentencia para describir el impacto que el asesinato ha tenido en sus propias vidas. Los familiares de las víctimas suelen intervenir en las audiencias legislativas sobre la pena de muerte, tanto a favor como en contra de una ley de pena de muerte.

Desde el punto de vista estadístico, la raza de la víctima puede ser relevante para las cuestiones de aplicación arbitraria y discriminación racial de la pena de muerte. Los estudios han demostrado que los casos de muerte implican desproporcionadamente a víctimas blancas en el asesinato subyacente.

Los familiares de las víctimas que se oponen a la pena de muerte son a veces ignorados si la fiscalía está decidida a buscar el castigo más extremo. Además, las declaraciones del impacto de la víctima en los procedimientos de sentencia pueden ser tan dramáticas y poderosas que anulan cualquier factor atenuante presentado sobre la historia de vida del acusado.

Los prejuicios raciales contra los acusados de color y a favor de las víctimas blancas tienen un fuerte efecto sobre quiénes son procesados, condenados a muerte y ejecutados.

La pena de muerte lleva mucho tiempo siendo objeto de escrutinio por tener un sesgo racial. A principios del siglo XX, cuando se aplicaba por el delito de violación, el 89% de las ejecuciones correspondían a acusados negros, la mayoría por la violación de una mujer blanca. En la era moderna, cuando las ejecuciones se han llevado a cabo exclusivamente por asesinato, el 75 por ciento de los casos implican el asesinato de víctimas blancas, a pesar de que negros y blancos tienen casi la misma probabilidad de ser víctimas de asesinato.

En casi todos los estudios sofisticados que han explorado esta área durante muchos años se ha encontrado un sesgo hacia los casos de víctimas blancas. Estos estudios suelen controlar otras variables en los casos estudiados, como el número de víctimas o la brutalidad del crimen, y aun así descubren que los acusados tienen más probabilidades de ser condenados a muerte si matan a una persona blanca.

La cuestión de las disparidades raciales en el uso de la pena de muerte fue considerada por el Tribunal Supremo en 1987. En una ajustada votación, el Tribunal sostuvo que los estudios por sí solos no podían aportar la prueba necesaria de discriminación racial en el caso de un acusado concreto. Esta decisión pareció cerrar la puerta a las impugnaciones amplias de la pena de muerte. Sin embargo, el Tribunal ha constatado la discriminación racial en la selección del jurado en casos individuales de pena capital.

Inocencia
La pena de muerte conlleva el riesgo inherente de ejecutar a un inocente. Desde 1973, al menos 186 personas que habían sido condenadas erróneamente a muerte en Estados Unidos han sido exoneradas.

Dada la falibilidad del juicio humano, siempre ha existido el peligro de que una ejecución pueda dar lugar al asesinato de una persona inocente. Sin embargo, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la administración de la pena de muerte en 1972, apenas se mencionó la cuestión de la inocencia en las nueve opiniones emitidas. Aunque seguramente se cometieron errores en el pasado, prevaleció la suposición de que esos casos eran pocos y distantes entre sí. Casi todos los condenados a muerte eran seguramente culpables.

Sin embargo, cuando los tribunales federales empezaron a revisar más a fondo si los acusados de delitos estatales gozaban de sus derechos garantizados al debido proceso, empezaron a aparecer con regularidad errores y faltas oficiales que requerían nuevos juicios. Cuando los acusados contaron con un abogado más experimentado, con jurados seleccionados de forma justa, y se les concedió acceso a pruebas científicas, algunos fueron absueltos y puestos en libertad. Desde 1973, 186 ex presos del corredor de la muerte han sido exonerados de todos los cargos relacionados con las condenas erróneas que los habían llevado al corredor de la muerte.

Ahora está claro que los acusados inocentes serán condenados y sentenciados a muerte con cierta regularidad mientras exista la pena de muerte. Es poco probable que el proceso de apelación -que se centra principalmente en los errores legales y no en las determinaciones de hecho- detecte todos los errores. Las reformas se han aplicado a regañadientes, aumentando tanto los costes como el tiempo que consume la pena de muerte, pero no han sido suficientes para superar el error humano. La popularidad y el uso de la pena capital han disminuido rápidamente a medida que la cuestión de la inocencia ha ganado atención. La pregunta que queda es cuántas vidas inocentes merece la pena sacrificar para preservar este castigo.

Más del 70% de los países del mundo han abolido la pena capital en la ley o en la práctica. Sin embargo, la pena de muerte sigue existiendo en muchas partes del mundo, especialmente en países con grandes poblaciones y en aquellos con un gobierno autoritario. En las últimas décadas, se ha producido una clara tendencia de alejamiento de la pena capital, ya que muchos países han abolido la pena de muerte o han dejado de aplicarla. Estados Unidos sigue siendo un país atípico entre sus aliados cercanos y otras democracias en su aplicación continua de la pena de muerte.

Aunque el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte, la mayoría de los países la consideran una violación de los derechos humanos. El uso de la pena de muerte en todo el mundo es relevante a la hora de evaluar las normas de decencia de Estados Unidos y lo que debe considerarse un castigo cruel e inusual según la Octava Enmienda. Algunos jueces del Tribunal Supremo se han referido al derecho internacional como una afirmación más de sus propias conclusiones sobre la pena de muerte, especialmente en lo que se refiere a clases específicas de acusados, como los delincuentes juveniles.

Hay una serie de desacuerdos que pueden surgir entre los países que imponen la pena de muerte y los que no lo hacen. Los países que no imponen la pena de muerte están especialmente preocupados cuando uno de sus ciudadanos se enfrenta a una ejecución en EE.UU. Algunos países se niegan a extraditar a individuos a EE.UU., o incluso a proporcionar pruebas incriminatorias, si el acusado podría enfrentarse a la pena de muerte. Además, muchos países y organismos internacionales consideran que la pena de muerte es una cuestión de derechos humanos y se han criticado varias prácticas de Estados Unidos en materia de pena de muerte por violar las obligaciones de los tratados estadounidenses y la legislación internacional sobre derechos humanos. La preocupación por los derechos humanos en todo el mundo siempre ha sido importante en la diplomacia estadounidense, pero Estados Unidos se ve a menudo cuestionado por su uso de la pena de muerte y la protección que ofrece a otros países que la utilizan de forma especialmente abusiva.

La investigación internacional sobre el uso de la pena de muerte debe un agradecimiento especial a Amnistía Internacional, que ha vigilado e informado regularmente sobre la pena capital en todo el mundo.

Discapacidad intelectual
Es inconstitucional imponer la pena de muerte a personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, la escasa representación legal y los onerosos requisitos probatorios siguen dando lugar a sentencias de muerte y ejecuciones de acusados con discapacidad intelectual.

Aunque no llega a abolir la pena de muerte, el Tribunal Supremo de EE.UU. ha tomado medidas para limitar su aplicación, de modo que se utilice principalmente en los casos en los que el acusado tenga mayor culpabilidad. Las personas con discapacidad intelectual no están en ese grupo. En ocasiones, los estados también han determinado que la pena de muerte podría ser demasiado dura aplicada a algunos acusados, y muchos han aprobado leyes que eximen de la pena de muerte a las personas con capacidad intelectual limitada.

La comunidad de la salud mental ha proporcionado criterios claros para determinar la existencia de una discapacidad intelectual: una limitación significativa de la capacidad intelectual y del comportamiento adaptativo, que se manifiesta antes de los 18 años.

Aunque la cuestión de la prohibición nacional del uso de la pena capital para las personas con discapacidad intelectual fue rechazada por el Tribunal Supremo en 1989 porque muy pocos estados habían tomado medidas por su cuenta, la cuestión resurgió en 2002 con un nuevo consenso. Treinta estados habían puesto fin al uso de la pena de muerte por completo, o al menos para las personas con discapacidad intelectual. En el caso Atkins contra Virginia, el Tribunal sostuvo que las normas de decencia de la nación habían evolucionado hasta el punto de que no debían producirse tales ejecuciones. También concluyó que el efecto disuasorio o retributivo de la ejecución de estos acusados era escaso o nulo.

El caso Atkins fue un momento fundamental en la historia de la pena de muerte, no sólo porque salvó la vida de una clase vulnerable de acusados, sino que también proporcionó un modelo para lograr otras limitaciones en la práctica, o incluso para eliminarla por completo. Incluso después de la decisión del Tribunal en 2002, algunos estados siguieron utilizando prácticas arcanas en la determinación de la discapacidad intelectual, por lo que ha sido necesaria una mayor supervisión.

Enfermedades mentales
No existe una prohibición categórica de la ejecución de personas con enfermedades mentales. Las legislaturas de numerosos estados han considerado proyectos de ley para crear dicha exclusión, pero todavía no se ha promulgado ninguno.

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dicho que la enfermedad mental de un acusado le hace menos culpable moralmente y debe ser tenida en cuenta como una razón importante para perdonarle la vida. Sin embargo, al igual que ocurrió inicialmente con la discapacidad intelectual y la juventud, el Tribunal no ha prohibido la pena de muerte para quienes padecen enfermedades mentales graves. Cuando el Tribunal prohibió la pena de muerte para los discapacitados intelectuales y para los menores, consideró que eran miembros de grupos identificables que tienen una responsabilidad disminuida por sus actos y, por tanto, no debían ser considerados los peores y más culpables acusados. Muchos expertos en salud mental creen que las personas con enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, pueden tener deficiencias cognitivas similares que interfieren en su toma de decisiones. La Asociación Americana de Psiquiatría y el Colegio de Abogados de Estados Unidos, entre otros, han pedido que se prohíba la pena de muerte para los enfermos mentales graves.

Algunos acusados tienen una enfermedad mental tan grave que no comprenden su delito ni sus consecuencias y pueden ser considerados mentalmente incompetentes. Estas personas pueden no ser aptas para ser juzgadas o ser declaradas no culpables por razón de demencia. Si son condenados y se vuelven incompetentes mientras están en el corredor de la muerte, no pueden ser ejecutados, según los precedentes del Tribunal Supremo. Sin embargo, la mayoría de las personas con enfermedades mentales -incluso muchas con enfermedades mentales graves- no son mentalmente incompetentes.

Los problemas de salud mental tienen una amplia repercusión en los casos de pena de muerte. Uno de cada diez presos ejecutados en Estados Unidos son "voluntarios", es decir, acusados o presos que han renunciado a derechos clave de juicio o apelación para facilitar su ejecución. Las enfermedades mentales también afectan a la decisión de los acusados de representarse a sí mismos, a su capacidad para trabajar con un abogado y a la percepción que el jurado tiene de sus motivos y de si suponen un peligro futuro para la sociedad si son condenados a cadena perpetua.

Hay al menos tres obstáculos para excluir a los enfermos mentales graves: 1. A diferencia de la edad y la capacidad intelectual, es difícil definir la clase de acusados con enfermedades mentales que deben ser eximidos y determinar si su enfermedad afectó a su juicio cuando delinquieron. 2. Los Estados se han mostrado hasta ahora reacios a adoptar tales prohibiciones, aunque la sociedad sigue evolucionando en cuanto a su comprensión de las enfermedades mentales. 3. La composición del Tribunal Supremo ha cambiado desde que se decidieron algunas de las exenciones anteriores. No obstante, las decisiones anteriores podrían servir como importantes precedentes, susceptibles de ser ampliados a los enfermos mentales.

Alternativas de condena
Las sentencias alternativas, como la cadena perpetua sin libertad condicional, evitan algunos de los principales problemas de la pena capital, como el elevado coste de la pena de muerte y el riesgo de ejecutar a un inocente.

Cada vez más, la discusión en torno a la pena de muerte ha pasado de ser un debate moral a una comparación de la pena capital con sus alternativas viables. Hoy en día, los jurados, los legisladores y los tribunales tienen que elegir entre la pena de muerte y la cadena perpetua sin libertad condicional. Todos los estados que tienen la pena de muerte también tienen una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional (LWOP). Las familias de las víctimas suelen preferir la cadena perpetua a la incertidumbre y el espectáculo de la pena de muerte. Muchos fiscales han llegado a la conclusión de que los costes asociados a los casos de pena capital no merecen sus limitados recursos, especialmente porque muchos casos son anulados. A medida que se ha ido extendiendo el uso de la pena de muerte, el número de condenas a muerte ha disminuido drásticamente.

Además del uso de la LWOP, los estados también han mirado más allá del castigo y han buscado formas alternativas de reducir la delincuencia violenta, como la policía de proximidad, la introducción de tecnología de lucha contra el crimen y la justicia restaurativa. El dinero que se ahorra al no solicitar la pena de muerte puede utilizarse para apoyar esas iniciativas.

Aunque los fiscales a menudo permiten que un acusado de pena capital se declare culpable a cambio de una sentencia de cadena perpetua, muchos son reacios a eliminar la pena de muerte en sí misma porque la consideran una moneda de cambio. Este papel de la pena de muerte como amenaza es sospechoso tanto por motivos éticos como constitucionales.

Algunos de los que se oponen a la pena capital también cuestionan el uso de las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional como otra forma de sentencia de muerte y señalan su uso extendido incluso en casos no capitales. Muchos sondeos de opinión contrastan hoy en día la pena de muerte con la cadena perpetua,

Morir es un fenómeno tanto social como fisiológico. Cada sociedad caracteriza y, en consecuencia, trata la muerte y el morir a su manera, formas que difieren notablemente. Estos patrones particulares de la muerte y el morir engendran respuestas culturales modales, y este comportamiento institucionalizado tiene implicaciones familiares, económicas, educativas, religiosas y políticas.

Este hub de contenidos sobre la muerte y el morir hace un balance de la vasta literatura en el campo de la tanatología, ordenando y sintetizando lo que ha sido un cuerpo de conocimiento poco manejable. Tratará de proporcionar orientación e impulso al estudio del comportamiento relacionado con la muerte durante muchos años.

Estas cuestiones cubren una amplia gama de disciplinas, especialmente las siguientes:

  • Antropología
  • Estudios de la familia
  • Historia
  • Derecho
  • Medicina
  • Ciencias mortuorias
  • Filosofía
  • Psicología
  • Trabajo Social
  • Sociología
  • Teología

Estas áreas se pueden subdividir a su vez. Por ejemplo, las ciencias mortuorias comprenden varias áreas de estudio. Dado que este campo implica diferentes aspectos del cuerpo humano y cómo reacciona a diferentes entornos, las personas que estudian ciencias mortuorias deben tener conocimientos en una variedad de áreas:

  • Biología. La biología, el estudio de los seres vivos, es una faceta importante de las ciencias mortuorias. Las personas que se especializan en ciencias mortuorias deben comprender la ciencia que hay detrás de los seres vivos. Las ciencias mortuorias se centran en cómo reacciona el cuerpo humano en diferentes circunstancias, concretamente en su descomposición.
  • Química. La química es la base del embalsamamiento y una parte importante de la ciencia mortuoria. El embalsamamiento es el acto de utilizar productos químicos para retrasar el proceso de descomposición, un proceso que se basa en la química. La ciencia mortuoria incluye el estudio de cómo se pueden crear o retrasar las reacciones químicas para preservar un cuerpo.
  • Anatomía humana. Las ciencias mortuorias están muy relacionadas con la anatomía humana. Dado que los científicos mortuorios estudian los cadáveres, necesitan comprender dónde se encuentran los órganos, qué hacen y cómo funcionan los sistemas del cuerpo. Esta información es vital para realizar trabajos de dirección de funerarias y embalsamamiento, pero también es vital para el avance de la ciencia mortuoria en general.
  • Embalsamamiento. El embalsamamiento es el proceso de preservación de un cuerpo para que pueda ser expuesto en un funeral o conservado de otra manera. La razón más común para el embalsamamiento es para los servicios funerarios, pero los embalsamadores también preparan cadáveres para ser estudiados por estudiantes de medicina e investigadores.
  • Arte del embalsamamiento. El arte del embalsamamiento incluye la aplicación del maquillaje de embalsamamiento y la colocación del cuerpo en una posición que parezca natural. Una vez más, la razón más común para embalsamar es preparar un cuerpo para un funeral a cajón abierto. Curiosamente, el arte del embalsamamiento no consiste sólo en maquillar un cuerpo, sino en utilizar maquillaje y equipos especiales para ayudar a dar dimensión al cuerpo y hacer que parezca como cuando la persona estaba viva.

Entender cómo influyen la biología, la química y la anatomía humana en el embalsamamiento es vital para el estudio de la ciencia mortuoria. Pero el embalsamamiento también incluye el proceso real de utilizar productos químicos como el líquido de embalsamamiento y el formaldehído para preservar un cuerpo y el uso de maquillaje de embalsamamiento para que el cuerpo parezca natural.

La Tanatología Forense

La tanatología es el estudio científico de la muerte y de las pérdidas que conlleva. Investiga los mecanismos y aspectos forenses de la muerte, como los cambios corporales que la acompañan y el periodo postmortem. La tanatología forense comprende la investigación de todo fenómeno relacionado con la muerte que se realiza mediante exámenes de los cadáveres.

Ella, entonces, dice: «¿Qué esperas, pues? A mí, tus palabras ni me placen ni podrían nunca llegar a complacerme; y las mías también a ti te son desagradables. De todos modos, ¿cómo podía alcanzar más gloriosa gloria que enterrando a mi hermano? Todos éstos, te dirían que mi acción les agrada, si el miedo no les tuviera cerrada la boca; pero la tiranía tiene, entre otras muchas ventajas, la de poder hacer y decir lo que le venga en gana». Finalmente, Antígona es ejecutada.

La ley natural es el criterio primordial para juzgar la conducta humana de todos los hombres, débiles o poderosos. Mientras se tenga conciencia del derecho natural, el poder político no avasallará impunemente, pues el abuso se denunciara como injusto.

Ley natural en relación con la Filosofía


Ley natural, conjunto de principios que, en ética, teología, derecho y teoría social, remite a lo que se supone son las características permanentes de la naturaleza humana, que pueden servir como modelo para guiar y valorar la conducta y las leyes civiles. La ley natural se considera, en esencia, invariable y aplicable en un sentido universal. A causa de la ambigüedad de la palabra “naturaleza”, el significado de natural varía. Así, el derecho natural puede ser considerada como un ideal al que aspira la humanidad, o un hecho general entendido como el modo en que actúan por norma o regla general los seres humanos. La ley natural es diferente de la ley positiva, establecida por la sociedad civil. [1]

Teorías Filosóficas sobre la Ley natural

Teorías clásicas

Los filósofos griegos fueron los primeros en elaborar una doctrina del derecho natural.Entre las Líneas En el siglo VI a.C., Heráclito hablaba de una sabiduría común que impregna todo el Universo: “todas las leyes humanas se nutren de una, la divina”. Aristóteles distinguía entre dos clases de justicia: “Una norma de justicia es natural cuando tiene la misma validez en todas partes, y no depende de que la aceptemos o no; una norma es legal (convencional) cuando en primera instancia puede ser fijada en un sentido u otro con indiferencia”. Los filósofos estoicos, sobre todo Crisipo de Soli, elaboraron una teoría sistemática del derecho natural. Según el estoicismo, el cosmos está ordenado respondiendo a un principio racional por un principio activo, el logos, llamado de diversos modos: Dios, alma o destino. Toda naturaleza individual es parte del cosmos. Vivir conforme al imperativo de la virtud significa vivir en armonía con la propia naturaleza, vivir de acuerdo con la razón. Puesto que la pasión y la emoción se consideran movimientos irracionales del alma, el sabio busca erradicar las pasiones y abraza de forma consciente la vida racional. Esta doctrina fue popularizada entre los romanos por el orador del siglo I a.C. Marco Tulio Cicerón, que formuló una famosa definición de ley natural en su De Republica: “La ley verdadera es la razón justa de acuerdo con la naturaleza; es de aplicación universal, invariable y eterna; requiere el cumplimiento de sus mandatos, y aparta del mal por sus prohibiciones. No existirán leyes diferentes en Roma y Atenas, o diferentes leyes ahora y en el futuro, sino que una ley eterna e invariable tendrá validez para todas las naciones y en todas las épocas”.Entre las Líneas En el Corpus Iuris Civilis, compilación y codificación del Derecho romano promulgada en el 534 por el emperador Justiniano I, se reconocía una ius naturale, pero no existía ninguna afirmación de que el derecho natural sea superior a la ley positiva y ninguna reivindicación de los derechos humanos (la esclavitud, por ejemplo, era entonces legal).

Teorías cristianas

Los cristianos encontraban la doctrina del derecho natural de los estoicos compatible con sus creencias. San Pablo hablaba de los gentiles, que no asumen la ley de Moisés, cumpliendo “por naturaleza lo que la ley exige” (Rom. 2,14). El teólogo hispano del siglo VI san Isidoro de Sevilla afirmaba que el derecho natural se observa en todas partes por instinto natural; citaba como muestra las leyes que ordenan el matrimonio y la procreación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los textos de san Isidoro, citados por el erudito italiano Graciano en el comienzo de su Decretum (1140?), el principal manual de Derecho canónico durante la edad media, incitaron a una amplia discusión entre los más importantes representantes del escolasticismo. De las teorías de estos últimos sobre el derecho natural, la de santo Tomás de Aquino es la más conocida.Entre las Líneas En su Summa Theologiae (1265-1273), santo Tomás llamaba “ley eterna” al gobierno racional de la creación de Dios. Ésta confiere a todos los seres la orientación de aquellas acciones y fines que les son propios. Las criaturas racionales, mediante la dirección de sus propias acciones y guiando las acciones de los otros, participan de la razón divina en sí misma. “Esta participación en la ley eterna de las criaturas naturales se llama ley natural”. Sus dictados corresponden a las inclinaciones elementales de la naturaleza humana. Así, de acuerdo con santo Tomás de Aquino, es posible distinguir el bien del mal mediante el conocimiento natural de la razón.

Teorías modernas y contemporáneas

El jurista holandés Hugo Grocio está considerado el fundador de la teoría moderna del derecho natural. Su definición de ésta como el conjunto de reglas que pueden ser descubiertas por el uso de la razón es tradicional, pero al presentar la hipótesis de que su ley tendría validez siempre, aunque no existiera Dios o en el supuesto de que los problemas de los seres humanos no tuvieran ninguna importancia para Dios, estableció una separación de los presupuestos teológicos y preparó el camino para las teorías racionalistas de los siglos XVII y XVIII. Por esta vía se desvinculó del escolasticismo en su metodología, aunque no en su contenido. Una segunda innovación de Grocio fue considerar esta ley como deductiva e independiente de la experiencia; en su obra De iure belli ac pacis (Sobre el derecho de la guerra y la paz, 1625) afirmaba: “Así como los matemáticos tratan las figuras como abstracciones de sus cuerpos, así en el trato de la ley he alejado mi juicio de todos los hechos particulares”

El jurista alemán Samuel von Pufendorf desarrolló de manera más completa el concepto de una ley que instaurase el orden natural.Entre las Líneas En sus obras Leviatán (1651) y Tratados sobre el gobierno civil (1690), los filósofos ingleses del siglo XVII Thomas Hobbes y John Locke, respectivamente, proponían una condición primigenia de la naturaleza de la cual surgía un contrato social, y relacionaban y complementaban esta teoría con la del derecho natural. La doctrina de Locke, para quien la condición humana había dotado a los individuos de ciertos derechos inalienables que no podían ser violados por ninguna autoridad terrenal, fue incorporada a la Declaración de Independencia estadounidense (1776).

Durante el siglo XIX, un espíritu crítico dominó las discusiones sobre el derecho natural. Su misma existencia se consideró improbable, y fue en gran parte sustituida en la teoría legal por el utilitarismo, enunciado por el filósofo inglés Jeremy Bentham como “la máxima felicidad del mayor número de personas”, y por el positivismo legal, según el cual la ley se basa en exclusiva en los “mandatos del gobernante”, en expresión del jurista inglés John Austin.

Las atrocidades cometidas por la Alemania nacionalsocialista durante la II Guerra Mundial reavivaron el interés por hallar una norma superior al derecho natural. La Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamaba la “fe” de esta organización en los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU estableció la Declaración Universal de Derechos Humanos que, sin embargo, constituyó más un pronunciamiento moral que un tratado de obligado cumplimiento.[2]

Leyes de la naturaleza en la Filosofía de Hobbes

Puesto que para Thomas Hobbes el hombre no deja de ser racional y, por ello, la razón le impulsa a salir del estado de «guerra de todos contra todos»; le impulsa a observar unas leyes naturales, de las que estas son de importancia vital:

  • El hombre ha de buscar la paz por todos los medios posibles.
  • El hombre ha de saber renunciar a sus derechos sobre todo, y a parte de su misma libertad, de acuerdo con la norma de oro tradicional de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti.
  • Los hombres han de cumplir los pactos.

Pero estas leyes -y otras hasta un total de 11, que deduce de estas vitales- resultan imposibles de cumplir si no se establece la fuerza coercitiva de un tercero, del Estado, que obliga a mantener los pactos establecidos:

«Y dado que la condición del hombre […] es condición de guerra de todos contra todos, en la que cada cual es gobernado por su propia razón, sin que haya nada que pueda servirle de ayuda para preservar su vida contra sus enemigos, se sigue -escribe en Leviatán, XIV, XV- que en una tal condición todo hombre tiene derecho a todo, incluido al cuerpo de los demás. Y, por tanto, mientras persista este derecho natural de todo hombre a toda cosa no puede haber seguridad para hombre alguno (por muy fuerte o sabio que sea) de vivir todo el tiempo que la naturaleza concede ordinariamente a los hombres para vivir. Y es por consiguiente un precepto, o regla general de la razón, que todo hombre debiera esforzarse por la paz, en la medida en que espera obtenerla, y que cuando no puede obtenerla, puede entonces buscar y usar toda la ayuda y las ventajas de la guerra, de cuya regla la mera rama contiene la primera y fundamental ley de la naturaleza, que es buscar la paz y seguirla, la segunda, la suma del derecho natural, que es defendernos por todos los medios que podamos.

De esta ley fundamental de naturaleza […] se deriva esta segunda ley: que un hombre esté dispuesto, cuando otros también lo están tanto como él, a renunciar a su derecho a toda cosa en pro de la paz y defensa propia que considere necesaria, y se contente con tanta libertad contra otros hombres como consentiría a otros hombres contra él mismo. […]

[…] Se sigue una tercera ley que es ésta: que los hombre cumplan los pactos que han celebrado, sin lo cual los pactos son en vano, y nada sino palabras huecas.»

La Ley Natural en el Derecho Procesal Americano

Nota: se analiza también el derecho natural en el derecho de los Estados Unidos de América, pero en inglés, en esta entrada (Natural Law).

Opinión jurisprudencial de que las leyes que gobiernan todas las cosas tienen su origen en la naturaleza. El concepto de ley natural es que tales leyes son eternas e inmutables. La jurisprudencia del derecho natural afirma que las reglas fundamentales que rigen el comportamiento humano se derivan de las características básicas de una naturaleza humana común a todos. La jurisprudencia del derecho natural ha producido en volumen más escritos que cualquier punto de vista de la ley. Las primeras concepciones del derecho natural se pueden ver en el pensamiento de Aristóteles, pero la primera declaración exhaustiva del derecho natural se atribuye más comúnmente a los estoicos griegos y pensadores romanos como Cicerón. El marco más sistemático para la teoría del derecho natural fue desarrollado por Tomás de Aquino en el siglo XIII. La ley natural es opuesta a las teorías positivistas de la moralidad privada y pública. La ley natural y los derechos naturales son comunes a todas las personas de todos los tiempos y lugares. Como consecuencia, si la ley es creada por un hombre (gobierno) que viola una de las reglas naturales fundamentales, la regla hecha por el hombre es inmoral e inválida. Las teorías positivistas, por otro lado, niegan tal base universal para las reglas de conducta fundamentales y afirman que tales reglas fundamentales no pueden conocerse de ninguna manera objetiva o autoritaria y que toda ley se basa en el acuerdo humano (USA).

Autor: Williams

Recursos

Notas y Referencias

  1. Basado en la información sobre ley natural de la Enciclopedia Encarta
  2. Basado en la información sobre ley natural de la Enciclopedia Encarta

Véase También

Ética
Aristóteles
Marco Tulio Cicerón
Derecho romano
Justiniano I
San Pablo
San Isidoro de Sevilla
Derecho canónico
Hugo Grocio
Tomás de Aquino
Utilitarismo
Derechos humanos

Bibliografía

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  • Lawi 'Ley Natural' (Plataforma Digital de Economía, Derecho y otras Ciencias Sociales y Humanas Lawi, 2018) <https://leyderecho.org/ley-natural/> accesed 3 Feb, 2023

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