Organización Judicial

Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]Nota: véase, si interesa, la información sobre la Organización Judicial Egipcia, acerca de la Organización Judicial Noruega y respecto a la Organización Judicial de la Iglesia.

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Organización del Poder Judicial en Derecho Constitucional Comparado

Independencia judicial

La historia ha sido testigo de la intervención abusiva en asuntos judiciales por parte de los poderes políticos del gobierno en general y del ejecutivo en particular, porque un poder judicial sin fuerza ni monedero se considera el poder gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) menos peligroso (Documento Federalista No 78). La independencia judicial indica que los tribunales y los jueces, en el desempeño de la función jurisdiccional como valor fundamental, no deben ser susceptibles de influencia indebida por parte de los poderes políticos del gobierno y dentro del poder judicial (independencia del poder judicial).

El estatuto de los tribunales especiales es una cuestión crucial en lo que respecta a la independencia judicial si el más alto tribunal del país no puede tener jurisdicción de apelación definitiva sobre esos tribunales. Los tribunales extraordinarios en general y los tribunales militares en particular pueden constituir una amenaza para la independencia del poder judicial y, por consiguiente, para el estado de derecho. Si tales tribunales son necesarios, se requiere la estructuración más cuidadosa de un sistema para ellos a fin de mantener un poder judicial autónomo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuestionó el carácter de un consejo de guerra del Reino Unido (véase ley marcial; y también tribunales militares) como “un tribunal independiente e imparcial” a la luz del derecho a un juicio justo (art. 6 sec. 1 del TEDH) (Morris contra el Reino Unido (2002) (TEDH)); el derecho a un juicio justo en las causas de derecho penal; el derecho a un juicio justo en las causas de derecho civil; el derecho a un juicio justo en las causas de derecho administrativo).Entre las Líneas En el transcurso de la guerra contra el terrorismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos también supervisó el establecimiento de comisiones militares por parte de la administración Bush (caso Hamdan c. Rumsfeld (2006)).

Las salvaguardias de la independencia judicial pueden incluir instituciones para el nombramiento profesional de los jueces, un período fijo de judicatura, la no reducción de la remuneración judicial, la no transferencia sin el consentimiento de los jueces, un debido proceso disciplinario por parte del propio poder judicial y la autonomía de la administración judicial, incluidos los presupuestos (financiación de los tribunales), aunque sus requisitos concretos varían de una constitución a otra según los antecedentes históricos, políticos y sociales pertinentes (por ejemplo, caso R v Valente (1985) (Can)).

El nombramiento de jueces (selección de jueces) es a veces político, como lo demuestra la Constitución de los Estados Unidos de América (Constitución de los Estados Unidos de América: 17 de septiembre de 1787 (EE.UU.) Art. 2, párrafo 2, frase 2), pero el ejercicio unilateral de la facultad de nombramiento por parte del ejecutivo puede verse limitado por el consentimiento parlamentario. La mitad de los magistrados del Tribunal Constitucional Federal alemán son seleccionados por la Cámara de Representantes (Bundestag) y el Senado (Bundesrat), respectivamente, con el requisito de una mayoría de dos tercios, lo que probablemente conduce a una designación por consenso de los candidatos a la magistratura (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania: 23 de mayo de 1949, Art. 94 párr. 1). Las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial han establecido dispositivos menos políticos y más profesionales para el reclutamiento de jueces. La Constitución italiana, por ejemplo, prevé el Consejo Superior de la Magistratura, que está investido de autoridad para nombrar, asignar, trasladar, promover y disciplinar a los jueces (Constitución de la República Italiana: 27 de diciembre de 1947, Arts 104-105). Esquemas más o menos similares se han generalizado, por ejemplo, en Francia (Constitución de la República Francesa: 4 de octubre de 1958, Art. 65), España (Constitución del Reino de España: 27 de diciembre de 1978, Art. 122), países de Europa oriental poscomunistas como Croacia (Constitución de la República de Croacia: 22 de diciembre de 1990, Art. 124), Bulgaria (Constitución de la República de Bulgaria: 13 de julio de 1991, arts. 129-130), y Serbia (Constitución de la República de Serbia: 8 de noviembre de 2006, parte 8).

En el Japón, el gabinete está facultado para designar un Presidente del Tribunal Supremo y nombrar a otros jueces (Constitución del Japón: 3 de noviembre de 1946, Art. 6, párr. 2, Art. 79). A diferencia de los jueces de los tribunales inferiores, a quienes el gabinete nombra de una lista de personas nombradas por la Corte Suprema (Art. 80), no existe ningún requisito textual para garantizar la autonomía judicial en caso de que se nombren jueces. Tampoco se requiere confirmación legislativa. Los jueces de la Corte Suprema se someten a una revisión popular después de su nombramiento cada diez años antes de su jubilación obligatoria a la edad de 70 años. Aunque puede tratarse de un plan destinado a compensar la falta de legitimidad democrática, la revisión popular como revocación entra potencialmente en conflicto con el desempeño de su función jurisdiccional de forma independiente, ya que una declaración de inconstitucionalidad de una ley por parte del Tribunal Supremo es más o menos contraria a la mayoría. Si la Corte Suprema del Japón (Saikō-Saibansho) estuviera dispuesta a desempeñar un papel más activo en la democratización liberal de la sociedad que en el statu quo, el sistema actual podría convertirse en un problema especialmente grave para cumplir su misión manteniendo la independencia.

Rendición de cuentas judiciales

Dado que los tribunales, como instituciones humanas, pueden cometer graves errores, un poder judicial con excesiva independencia puede no ser necesariamente favorable a la democracia.[rtbs name=”democracia”] Por consiguiente, es importante crear un sistema en el que la judicatura en general y los jueces en particular rindan cuentas del desempeño de la función que se les ha asignado, manteniendo la integridad interna con el debido respeto (responsabilidad judicial). El contenido concreto de los resultados de las decisiones judiciales no debe ser motivo de ningún tipo de sanción contra el poder judicial y los jueces que las han dictado, aunque la mayoría de la población las desapruebe. Las personas razonables pueden estar en desacuerdo entre sí en una sociedad contemporánea diversificada. La confianza del público en el poder judicial se deriva de la percepción pública de que el poder judicial, sin tener una influencia indebida, ejerce su autoridad mediante una adhesión de principios a la ley.

La rendición de cuentas del poder judicial puede ser muy diferente de la de las instituciones genuinamente políticas. Los jueces deben dar las mejores razones posibles para justificar sus decisiones. A diferencia del poder político desnudo, el poder de razonamiento para persuadir a las partes pertinentes en particular y a las personas en general es decisivo en la adopción de decisiones judiciales. Se supone que los tribunales se sitúan en comunidades interpretativas entre los expertos jurídicos y sus decisiones son examinadas por las comunidades interesadas. El carácter motivador del proceso judicial se mantiene y mejora gracias a ese escrutinio. Los errores judiciales deben ser autocorregidos a través del discurso, incluyendo las duras críticas de la comunidad interpretativa.

Desde la perspectiva de una judicatura particular, los deberes judiciales deberían cumplirse sobre la base del principio de la mejor comprensión de los materiales jurídicos pertinentes en los casos que se presentan ante el tribunal. A veces se hace hincapié en la virtud judicial (Solum). Al ejercer la virtud judicial, los jueces desafían las presiones políticas o sociales tanto del exterior como del interior y, al actuar de conformidad con los principios jurídicos, demuestran un compromiso ético que les hace responsables ante la ley y la ciudadanía.

Datos verificados por: Williams

Organización Judicial Alemana

La estructura del poder judicial

A diferencia del poder legislativo y ejecutivo, la Ley Fundamental o LFB no contiene, aparte de la genérica cláusula del art. 30 LFB, una clara distribución del poder judicial entre la Federación y los Länder. De conformidad con el art. 92 LFB, el poder judicial corresponde a los jueces y es ejercido por el Tribunal Constitucional Federal, por los tribunales federales previstos en la LFB y por los tribunales de los Länder.

La distribución del poder judicial en Alemania se produce en función de su estructura organizativa y de su contenido jurídico. De este modo, se distinguen cuatro ámbitos materiales, el proceso constitucional, el administrativo, el civil y el penal. A la organización de los tribunales supremos federales se refiere el art. 95 I LFB. De conformidad con el mismo, la jurisdicción ordinaria reúne a los tribunales penales y civiles, distinguiéndola del Derecho del trabajo con la previsión de una jurisdicción laboral.

Otros Elementos

Además, la jurisdicción administrativa se divide en tres tribunales, el Tribunal Administrativo general, el Tribunal Financiero y el Tribunal Social. La conformación del procedimiento jurídico y del proceso se somete a la legislación concurrente de conformidad con el art. 74 I LFB, ofreciendo un amplio margen de configuración. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Dentro de cada rama se prevén una serie de instancias sobre la base de la apelación y revisión, y la Federación dispone de conformidad con el art. 96 LFB de la competencia para establecer más tribunales federales[STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 140 § 17 II; MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, Art. 95 I marginal 2 y s]. Para salvaguardar la unidad de la jurisprudencia se prevé la constitución, por ley federal, de una Sala conjunta de los tribunales federales supremos mencionados.

La relación entre el TCF y los tribunales ordinarios

Junto a los cinco tribunales del art. 95 I LFB concurre además la categoría adicional de la jurisdicción constitucional en la Federación y en los Länder. Los tribunales constitucionales de los Länder deciden sobre el respectivo Derecho constitucional de los Länder, y el TCF sobre la interpretación y concreción de la LFB, actuando de forma autónoma los unos respecto a los otros. El TCF revisa los conflictos solamente mediante el Derecho constitucional específico y sus sentencias vinculan a todos los tribunales en cuanto a su contenido (véase parágrafo 31 LTCF)[ SCHLAICH/KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 4ª parte, 4ª apartado, E I marginal 183 y s.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 140 y s. § 17 II]. De manera que si en la interpretación de la LFB, el Tribunal Constitucional de un Land quisiera apartarse de la jurisprudencia del TCF o del TC de otro Land, debe necesariamente recabar la decisión del TCF (art. 100.3 LFB).

Si un tribunal considera que es inconstitucional una ley de cuya validez depende el fallo, se suspende el proceso y se recaba, cuando se trate de la violación de la Constitución de un Land, la decisión del tribunal del Land competente en asuntos constitucionales, y la del Tribunal Constitucional Federal cuando se trate de la violación de la LFB, cuando se trate de la violación de la LFB por la legislación de un Land o de la incompatibilidad de una ley de un Land con una ley federal (art. 100.1 LFB).

La aplicación de la jurisprudencia europea

Mediante el Tratado de Lisboa se amplió la competencia judicial del TJUE sobre la totalidad de los Tratados de conformidad con los arts. 258 y 259 TFUE, a fin de posibilitar una jurisprudencia unitaria en el plano europeo. De esta manera, el TJUE puede así establecer vulneraciones de los Tratados de la UE tanto por las instituciones de la Unión como también por los Estados miembros. Persisten excepciones con respecto a la política exterior y de seguridad así como respecto a la persecución penal (arts. 275 y 276 TFUE). Estas sentencias son también vinculantes para los tribunales nacionales, dado que de otro modo el procedimiento de cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) carecería de sentido. De esta manera, ya no corresponde al poder judicial alemán en exclusiva la concreción de cláusulas generales y de conceptos jurídicos indeterminados en el marco de la LFB, sino que esto se realiza en el caso de dificultades de decisión relevantes con respecto al Derecho de la Unión por el TJUE en una relación de cooperación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Fundamentalmente, los tribunales alemanes se encuentran vinculados a esta jurisprudencia, aunque esto solo rige siempre y cuando no se atente contra el art. 79 III LFB en la interpretación del Derecho de la Unión, dado que de otra manera se vulneraría la identidad constitucional[HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 244 y s. marginal 560; RITTER, “Neue Werteordnung für die Gesetzesauslegung durch den Lissabon Vertrag”, NJW 2010, p. 1110 (p. 1114); MURSWIEK, “Die heimliche Entwicklung des Unionsvertrages zur europäischen Oberverfassung”, NVwZ, p. 481 (481); Voßkuhle, “Der europäische Verfassungsverbund”, NVwZ 2010, p. 1 (5 y s.).].

Fuente: Cristina Elías Méndez y Oliver Bleisteiner, El Sistema Constitucional de Alemania

Organización Judicial en el Derecho Procesal Americano

Nota: se analiza también organización judicial en el derecho de los Estados Unidos de América, pero en inglés, en esta entrada (Judicial Organization).

Estados Unidos tiene un sistema de corte dual con tribunales múltiples en cada uno. Es decir, dividimos las funciones judiciales entre el gobierno federal y los estados. Dentro de los sistemas judiciales federales y estatales, la jurisdicción -un poder de un tribunal para actuar- se divide entre varios tribunales. Los sistemas federales y estatales se superponen geográficamente, pero los tribunales de cada sistema son estructuras. Los tipos de los casos que un tribunal pueda conocer se rigen por su jurisdicción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La jurisdicción define si un caso debe ser escuchado por los tribunales federales o estatales. El área de superposición entre los tribunales federales y estatales es pequeña

La separación de los tribunales en sistemas federales y estatales tiene algunas consecuencias notables. Cada sistema tiene su propia estructura y opera en base a reglas establecidas por sus propias constituciones y estatutos. La existencia de cincuenta y una entidades soberanas, cada una operando su propio sistema judicial, crea cierta diversidad de reglas y política sustantiva. Esta autonomía se transfiere al personal, y cada sistema tiene su propio personal judicial.

Otros Elementos

Además, los casos no cortan el sistema a otro.Entre las Líneas En general, cuando un caso se inicia en un tribunal en particular, los tribunales de ese sistema llevan el caso a la disposición. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La jurisdicción de un tribunal está definida por la ley federal y estatal. La jurisdicción generalmente le asigna poder a los tribunales para conocer casos basados en el tema, las partes en un juicio, la residencia de las partes o la ubicación: la jurisdicción general de los tribunales federales se extiende esencialmente a tres tipos de casos.Entre las Líneas En primer lugar, los tribunales federales pueden conocer los casos derivados de la Constitución de EE. UU., De los estatutos federales o de los tratados.

Esta categoría de jurisdicción se basa en la cuestión jurídica sustantiva.Entre las Líneas En segundo lugar, los tribunales federales poseen jurisdicción para cualquier caso relacionado con el gobierno federal o uno de sus funcionarios o agencias.Entre las Líneas En tercer lugar, los tribunales federales pueden escuchar casos de diversidad o conflictos que involucran a ciudadanos de diferentes estados o naciones extranjeras. Cualquier problema que no se ajuste a estas categorías cae dentro de la jurisdicción de los tribunales estatales. Como patrón general, el sistema judicial divide a los tribunales en una de dos categorías funcionales: juicio y apelación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los tribunales de primera instancia se ocupan de las cuestiones de hecho, mientras que los tribunales de apelación revisan las acciones de los tribunales inferiores y examinan cuestiones de derecho o procedimiento.Entre las Líneas En comparación con los sistemas judiciales estatales, la organización del Poder Judicial (EE. UU.) federal es bastante sencilla. El principal tribunal de primera instancia en el sistema federal es el tribunal de distrito. Cada estado tiene al menos un tribunal federal de distrito, y algunos tienen más dependiendo de la demanda de casos y la población. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El tribunal de distrito posee jurisdicción general, lo que significa que el expediente contiene una amplia gama de casos. Ciertas categorías muy limitadas de asuntos se dirigen a un pequeño número de tribunales federales especializados, como el Tribunal de Comercio Internacional. Estructuralmente se encuentra en la cima del distrito y los tribunales especializados son dos niveles de tribunales de apelación federales. El tribunal intermedio es el Tribunal de Apelaciones, que generalmente es el tribunal que proporciona la primera revisión de apelación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los tribunales de apelación se dividen en doce unidades geográficas conocidas como circuitos. Todos menos el circuito para el Distrito de Columbia se componen de varios estados. Un tribunal de apelaciones particular escucha los casos que se originan en los tribunales de distrito ubicados en los estados de su circuito geográfico. El Tribunal Supremo es el otro tribunal de apelación del sistema federal, aunque posee jurisdicción original en ciertos casos especiales. El Tribunal tiene jurisdicción geográfica nacional y también puede revisar los casos de los tribunales estatales si los casos plantean una cuestión federal sustancial. La configuración de los tribunales a nivel estatal varía ampliamente, pero surge un patrón general. Al igual que su homólogo federal, un sistema estatal divide los tribunales entre el juicio y las funciones de apelación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Mientras que algunos estados tienen hasta diez tribunales de primera instancia, generalmente hay dos tipos básicos. El primero es un tribunal de jurisdicción general, que escucha una amplia gama de casos. Por lo general, estos casos involucran cargos penales graves o graves a nivel criminal o casos civiles que tienen un valor sustancial en juego. La segunda categoría de tribunal de primera instancia es la corte de jurisdicción más especializada o limitada. Estos tribunales responden a la gran cantidad de conflictos menos graves o se centran en un área particular, como reclamos de dinero contra el gobierno, relaciones domésticas o asuntos que involucran a menores. Muchos estados tienen un proceso de apelación de dos niveles muy similar al sistema federal. Los tribunales de apelación intermedios proporcionan una primera ronda de revisión, a menudo final, para los casos que surjan de los tribunales de primera instancia. Estos tribunales generalmente se distribuyen en un estado y revisan los casos de los tribunales de prueba de sus áreas geográficas discretas. Sólo una pequeña proporción de casos va más allá de estos tribunales intermedios a los tribunales de última instancia, comúnmente llamados tribunales supremos. Algunos estados permiten una apelación directa a los tribunales supremos para al menos algunas categorías de casos, mientras que otros estados primero requieren una resolución de un tribunal intermedio. Los estados que usan tribunales de apelación intermedios para fines de selección restringen las posibilidades de desvío y generalmente permiten que los tribunales supremos establezcan sus propios expedientes; es decir, la corte suprema del estado debe aceptar revisar los casos que aparecen antes. Los casos no revisados __permanecen según lo decidido por el tribunal intermedio.Entre las Líneas En algunos de los estados pequeños, no hay tribunales de apelación de nivel intermedio, y todas las apelaciones se enrutan a través de los tribunales supremos. Los sistemas federales y estatales convergen en la parte superior donde el Tribunal Supremo de EE. UU. Puede revisar casos de sistemas estatales.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Puntualización

Sin embargo, cualquier caso estatal revisado por el Tribunal Supremo de EE. UU. Debe cumplir con los requisitos jurisdiccionales mínimos para un caso federal (USA).

Autor: Williams

Contenido de Organización Judicial

En inglés: Organisation

Miembros

En inglés: Members

Calificaciones

En inglés: Qualifications

Nombramiento

En inglés: Appointment

Elección

En inglés: Election

Duración del cargo

En inglés: Term of office

Fin del mandato

En inglés: End of office

Estatus

En inglés: Status

Incompatibilidades

En inglés: Incompatibilities. [rtbs name=”incompatibilidades”]

Disciplina

En inglés: Discipline. [rtbs name=”disciplina”]

Inamovilidad

En inglés: Irremovability

Funcionarios del tribunal

En inglés: Officers of the court

Fiscales / Abogados del Estado

En inglés: Prosecutors / State counsel. [rtbs name=”fiscales”]

Poderes

En inglés: Powers

Nombramiento

En inglés: Appointment

Elección

En inglés: Election [rtbs name=”elecciones”]

Duración del cargo

En inglés: Term of office

Fin del mandato

En inglés: End of office

Estatus

En inglés: Status

Idiomas

En inglés: Languages

Registro

En inglés: Registry

Presupuesto

En inglés: Budget [rtbs name=”presupuestos”] [rtbs name=”administracion-judicial”] [rtbs name=”instituciones-constitucionales”]

Organización Judicial en el Artículo 92 de la Constitución de Alemania

Este artículo trata sobre Organización judicial, y está ubicado en la Parte IX, sobre el Poder Judicial, de la Constitución alemana vigente. El artículo dispone lo siguiente: el Poder Judicial es confiado a los jueces; es ejercido por la Corte Constitucional Federal y por los tribunales federales previstos en la presente Ley Fundamental y por los tribunales de los Länder.

Recursos

Véase También

• Organización de la jurisdicción
• Jurisdicción judicial
• Procedimiento judicial
• Decisiones judiciales
• Organización
• Consejo Judicial Supremo u organismo equivalente
• Tribunal Supremo
• Tribunales ordinarios
• Tribunales administrativos
• Tribunales financieros
• Tribunales militares
• Tribunales especiales
• Otros tribunales
• Arbitraje
• Asistencia jurídica
• Responsabilidad judicial

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