Los Privilegios de los Jueces

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Contenido de Privilegios de los Jueces

En inglés: Privileges and immunities.

Si los jueces constitucionales están sujetos a la misma incertidumbre que los demás ciudadanos, ¿qué les autoriza a decidir cuestiones de principio? ¿Por qué deberían ser más capaces de identificar las respuestas correctas? Para justificar el papel que les otorga, Dworkin tiene que establecer la capacidad superior del poder judicial para proponer la interpretación correcta de la constitución y de los principios de la comunidad política.
Según Dworkin, el poder legislativo, donde reinan el regateo y los compromisos entre intereses, es un lugar inadecuado para la reflexión sobre los principios y los derechos. Pero también hay razones positivas para pensar que el Tribunal puede reclamar legítimamente el título de “foro de principios”. En virtud de su independencia, de su ámbito de competencia y de las normas que rigen su funcionamiento, un tribunal constitucional suele estar mejor situado que el Parlamento para elaborar la mejor interpretación de los principios morales y políticos de la Constitución.

En el sistema político estadounidense que Dworkin toma como referencia, los jueces constitucionales son nombrados con carácter vitalicio e irrevocable. Por lo general, en la mayoría de las democracias en las que se ejerce el control judicial de constitucionalidad, los jueces encargados están a priori libres de cualquier “presión” electoral, financiera o jerárquica que pudiera ejercerse sobre ellos para influir en sus decisiones y persuadirles, en particular, de sacrificar la consideración de los principios a intereses más inmediatos.

La Doctrina sobre los Privilegios de los Jueces

El privilegio judicial es una oscura doctrina del derecho probatorio que promueve la confidencialidad de las comunicaciones judiciales. En Estados Unidos, los tribunales han invocado el privilegio para proteger las comunicaciones entre los jueces y sus secretarios judiciales y para proteger el fondo de las deliberaciones judiciales. Los comentaristas han sugerido que el privilegio es innecesario e injustificable en un gobierno democrático. Los tribunales han reconocido la legitimidad del privilegio judicial, basándose en la tradición y en la doctrina de la separación de poderes como autoridad para el privilegio. Los tribunales, sin embargo, no han explicado adecuadamente el propósito o el alcance del privilegio y no han demostrado que una autoridad expresa subyace a la doctrina. A pesar de la falta de autoridad expresa, existen fundamentos tanto históricos como constitucionales que apoyan firmemente la doctrina del privilegio judicial de los jueces federales americanos.

Los relatos de los delegados que participaron en la Convención Constitucional de 1787 revelan que la doctrina del privilegio judicial encuentra legitimidad en la lucha de los delegados por definir el papel del poder judicial dentro del nuevo sistema de gobierno. Los delegados reconocieron la necesidad de un gobierno equilibrado que pudiera unir económica y políticamente a la floreciente nación.

Sin embargo, los Forjadores habían aprendido que un gobierno equilibrado no podía existir con un poder judicial débil que no pudiera actuar libremente y sin aprehensión de las consecuencias políticas de sus actos.

El establecimiento por parte de los Forjadores de disposiciones que garantizasen la independencia judicial de los poderes legislativo y ejecutivo del gobierno federal representó un marcado alejamiento de la posición del poder judicial durante los periodos colonial y posrevolucionario de la historia estadounidense. A diferencia de sus contemporáneos en Inglaterra, los jueces de las colonias americanas no recibían salarios fijos. En su lugar, los jueces coloniales tenían que depender del buen favor de las asambleas para la compensación judicial. El resultado de este acuerdo de pago era que las asambleas podían inducir el cumplimiento de los jueces reduciendo sus salarios.

Además del debilitamiento de la independencia judicial por parte de las asambleas al modificar los salarios de los jueces para forzarlos a permanecer complacientes, las normas que regulaban la tenencia de los jueces coloniales habían disminuido aún más la integridad de los jueces coloniales. A principios del siglo XVIII, los jueces ingleses empezaron a recibir comisiones vitalicias. Sin embargo, el gobierno de Inglaterra había prohibido que los jueces coloniales recibieran comisiones de duración determinada. 0 Debido a que los jueces coloniales recibían comisiones sin un mandato fijo, los gobernadores de las colonias podían destituir y reemplazar a los jueces con poca dificultad. En consecuencia, cuando los jueces coloniales expresaban su descontento con las políticas de la Corona en las colonias, los gobernadores coloniales simplemente los destituían.

A pesar de la Revolución Americana y la posterior independencia de Gran Bretaña, los poderes judiciales de los nuevos estados carecían de un grado satisfactorio de independencia de las legislaturas estatales. La mayoría de las constituciones estatales limitaban la capacidad del ejecutivo para interferir en el funcionamiento del poder judicial, pero las legislaturas estatales de la mayoría de los estados controlaban el proceso de nombramiento y destitución de los jueces estatales. El efecto del control de las legislaturas estatales sobre el poder judicial era que la afirmación de un juez de su privilegio judicial a menudo resultaba en la destitución del juez por parte de las legislaturas.

Aunque las salvaguardias procesales de los Forjadores que protegían al poder judicial federal de los poderes de las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno federal remediaron las debilidades que los Forjadores percibieron en el poder judicial colonial y a principios de la posrevolución, los acontecimientos más recientes indican que el límite entre la interacción adecuada e inadecuada entre el poder judicial y las otras ramas del gobierno es incierto.

Aunque los tribunales rara vez han tenido que delinear el grado aceptable de indagación legislativa o ejecutiva en los asuntos del poder judicial, los jueces han denotado áreas específicas de la actividad judicial que los jueces tradicionalmente han considerado privilegiadas. Los jueces que han indicado la importancia de las áreas de actividad judicial privilegiada se han referido a ellas al discutir el alcance de otros privilegios gubernamentales.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Revisor de hechos: Mox

Recursos

Véase También

• Juez
• Juez no profesional
• Error judicial
• Impugnación de una testificación
• Recusación de un juez
• Recusación de un juez no profesional
• Recusación de un miembro de un jurado
• Recusación de un árbitro
• Jueces
• Recusación
• Personal de la administración de justicia
• Profesión liberal
• Policía judicial
• Procedimiento penal
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