Protección De Los Consumidores – Normativa

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Protección De Los Consumidores – Normativa en el Derecho Español

Protección De Los Consumidores – Normativa a finales del Siglo XX

En el Diccionario Jurídico Espasa, Protección De Los Consumidores – Normativa se define como:

Hasta 1984, con la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -LCU-, no hubo en España ni un cuerpo legislativo ni una política unitaria de protección jurídica a los consumidores Sí existían, sin embargo, algunas disposiciones de rango y eficacia muy diversos, que servían a las mismas finalidades, a lo que hay que añadir una no tan abundante como significativa labor jurisprudencial del Tribunal Supremo en defensa de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios

La Constitución Española da el espaldarazo definitivo a estos intentos, en su art 51: «1 Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos 2 Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca 3 En el marco de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales» De acuerdo con el art 53, el precepto reproducido contiene un principio informador del Ordenamiento jurídico español; principio que obliga al legislador a legislar sobre la materia, y precisamente en defensa de los consumidores; al Juez, a interpretar las leyes de conformidad con dicho principio; a las Administraciones públicas, a orientar su actividad en el sentido indicado; y, en general, actúa como obstáculo frente a una eventual modificación in peius del Derecho vigente (salvo, eventualmente, la que pueda proceder de la normativa comunitaria)

Más sobre Protección De Los Consumidores – Normativa

En desarrollo del mandato constitucional, se promulgó la LCU de 19 de julio de 1984 Su contenido se estructura a partir de los derechos básicos de los consumidores y usuarios, que recoge su art 2: a la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad (Capítulo II); a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales (Capítulo III); a la indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos (Capítulo VIII); a la información correcta sobre diferentes productos o servicios, y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute (Capítulos IV y V); a la audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente, y la representación de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas (Capítulo VI); y a la protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión (Capítulo VII) El Capítulo IX se dedica a infracciones y sanciones, y el Capítulo X a la distribución de competencias entre las distintas Administraciones

La LCU ha merecido un juicio doctrinal no excesivamente favorable, aun reconociendo el avance que supone no solo por su misma existencia, sino también por algunos aspectos concretos de su normativa

Otros Aspectos

Se han criticado, sobre todo, sus lagunas, y las deficiencias técnicas de su redacción; también su orientación general, que según LÓPEZ SÁNCHEZ responde a «una concepción individualista de los problemas de la tutela del consumidor, y, en consecuencia, (a) la idea de “defensa” y de actuación a posteriori frente a los abusos de los operadores económicos, más que (a la) de “promoción” y de presencia “activa” de los intereses de los consumidores en el cuadro general de la actividad económica» El estudio detenido de la Ley demuestra también la existencia de lagunas considerables, principalmente en el trascendental terreno de los remedios concretos y eficaces frente a las violaciones de los derechos que la propia Ley reconoce a los consumidores y usuarios; y, así mismo, la presencia de notables deficiencias técnicas

También en el Diccionario Jurídico

Pero el juicio sobre la LCU no debe ser totalmente desfavorable, ya que presenta algunos aspectos positivos, desde el punto de vista de la mejora efectiva de la situación del consumidor: 1) Es aportación importante de la LCU la consagración, en su art 11, de la defensa de los consumidores como principio general de nuestro Ordenamiento: con ello no introduce ningún dato nuevo (esa misma conclusión cabe obtener de los arts 51 y 53 de la Constitución), pero sí explicita y recuerda, en el aspecto legislativo más inmediato, la existencia y relevancia de tal principio; se puede decir que la LCU viene a introducir una iluminación especial del Ordenamiento español, a cuya luz habrá que interpretar normas y considerar actos jurídicos, públicos y privados (también, y muy principalmente, los contratos) en que intervengan consumidores o usuarios: el cúmulo de consecuencias que pueden resultar de una tal actividad interpretativa generalizada, es ya una aportación nada despreciable a favor de los consumidores 2) Además, aunque en muchas de sus soluciones la LCU no es, realmente, innovadora, puesto que a ellas cabía llegar (y de hecho, se había llegado) a partir de las normas civiles existentes, sí le cabe el mérito de dotar a esas soluciones de un respaldo directo en la ley, más fuerte que el dimanante de interpretaciones doctrinales no siempre triunfales ante los Tribunales, por muy unánimes que fueran y bien fundadas que estuvieran

Desarrollo

Después de la LCU han sido promulgadas algunas otras leyes especiales dirigidas específicamente a proteger los intereses de los consumidores Dichas leyes son, en su mayor parte, transposición -muchas veces con excesivo mimetismo- al Derecho español de las respectivas Directivas Europeas Cabe mencionar las Leyes sobre Contratos Celebrados fuera de Establecimientos Mercantiles (21 de noviembre de 1991), de Responsabilidad Civil por Daños Causados por Productos Defectuosos (6 de julio de 1994), de Crédito al Consumo (23 de marzo de 1995) o de Viajes Combinados (6 de julio de 1995).

Recursos

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