Recopilaciones indianas
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Introducción histórica a las Recopilaciones
El Diccionario de la lengua catellana, por la Real Academia Española, Madrid, Gregorio HERNANDO, 12 1884, se define (en el caso de la voz) “recopilación” (p. 907) de la siguiente forma:
«Compendio, resumen o reducción breve de una obra o un discurso.-Colección de varias cosas (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recopilación de las leyes.-Colección y ordenamiento oficial de las leyes de estos reinos, publicada por mandato del rey D. Felipe II en 1567; a la cual sirvió de base, corregidas, enmendadas y revisadas, una compilación de muchas pragmáticas que ya corrían de molde en 1532.-Novísima Recopilación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Libro en que aparecen reunidos ordenadamente, después de revisadas, corregidas y enmendadas, cuantas disposiciones de carácter legal no habían caído en desuso y andaban incluídas en la Recopilación, o corrían en pliegos sueltos. Fue mandada promulgar y ejecutar como ley del reino a 15 de julio de l80S.-Nueva Recopilación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Edición novena de la Recopilación, hecha en el año de 1775».
En el trabajo “El Código Inexistente. Por una Historia Conceptual de la Cultura Jurídica en la España del Siglo
XIX”, su autor, Carlos Petit, de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma lo siguiente en relación al origen histórico de las recopilaciones en España:
“(…) Junto a la acepción tradicional (de Código) se insinúa ya otra, como la de un código que lo es en razón de la materia abordada y que se denomina por su objeto. No es tan fácil ahora considerar el
código como especie de una recopilación que se presenta como género.
Así desligada semánticamente de código, la palabra recopilación merece una descripción más prolija, es decir, aún menos novedosa.
El código
como colección coincide con otra definición académica, la del
término recopilación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Basta ahora comprobar los extremos. 1780:
«RECOPILACION. La colección de varias cosas; y así llaman recopilación
los libros en que están todas las leyes. Collectio, collecta». 1992: «Colección de escritos diversos, RECOPILACION
de las leyes». No son las primeras acepciones, inespecíficas para
nuestra observación de juristas, ni tampoco las únicas que desde
ese punto de vista interesan: la edición de 1992 define con algún
preciosismo dos recopilaciones históricas castellanas, para la Academia
«de las leyes de España», la llamada Nueva de 1567 y, ahora
española también para el recopilador de la época, la Novísima de
1805. Así es desde 1884 (…).
¿Qué tenemos?. Con formulación diversa, una recopilación es lo
mismo en 1780 que en 1992, o, para ser más precisos, 1884, año
de la undécima edición del Diccionario, que es cuando aparece la
redacción actual. Los códigos, primero, y el Código, después, no
introducen aquí cambios notables; la recopilación parece así cosa
del pasado, como tal insensible a novedades, y aún pudiera entenderse
que la prolijidad historicista del Diccionario desde 1884 viene
simplemente a resaltar la pérdida de toda valencia jurídica de la
voz recopilación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Sin embargo la necesidad de pasar a este término
al preguntarnos por el de código demuestra que las cosas son algo
más complicadas: la vigencia teórica de la recopilación se proyectaba
-todavía lo hace en la lengua castellana- desde el código,
que es «recopilación de las leyes y estatutos» en su segunda acepción.
No era tan solo cuestión de sustantivos. Un verbo recopilar, aun con
definición inespecífica, nunca ha faltado desde 1780: «Juntar en compendio,
recoger, o unir diversas cosas. In compendium redigere, breviare»; persiste hasta nuestros días, con un añadido de 1884 que considera
«especialmente» el recopilar «obras literarias». Más moderno
resulta el verbo codificar, que penetra en el Diccionario de 1884 y
pronto, en 1899, se transforma según vimos en un «Hacer o formar un
cuerpo de leyes metódico y sistemático» que en 1992 todavía perdura
como acepción primera. Sólo desde 1899 existe para el Diccionario la
codificación: «acción y efecto de codificar».
Leyes de Indias: las Recopilaciones indianas
El mayor esfuerzo de clarificación de toda esta normativa fue el llevado a cabo por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira, que culminó con la publicación en 1680 de la Recopilación de leyes de los reinos de Indias en la que se seleccionaron aquellas que continuaban en vigor. Aunque inicialmente el trabajo fue encargado a Diego de Zorrilla, quien lo realizó entre 1603 y 1609 dejándolo de nuevo incompleto y sin publicar, dicha recopilación fue sancionada por el rey Carlos II el 18 de mayo de 1680 y está formada por nueve libros, divididos en cuatro volúmenes, que contienen 6.385 leyes agrupadas en 218 títulos. Esta obra tuvo una tirada de 3.500 ejemplares y se reeditó en 1681, 1759, 1774, 1791, 1841 y en 1889-1890.
El contenido de la Recopilación de leyes de los reinos de Indias abarcó todos los aspectos relacionados con la vida colonial, incluidos los religiosos. El primer libro reunió la normativa sobre el acceso a los cargos eclesiásticos, el funcionamiento del Tribunal de la Inquisición, la distribución de las limosnas y el control sobre la importación de las obras impresas, entre otras disposiciones. De los ocho restantes, uno de ellos, el sexto, estuvo dedicado específicamente a todo lo relacionado con la población indígena: la condición del indio, su reducción, los servicios y tributos que tenía que prestar y el trato que debía recibir de las autoridades. La compleja estructura política y administrativa quedó reflejada en siete libros que reunieron las leyes que afectaban a la formación de las instituciones de gobierno y sus cargos, la defensa de las colonias, la formación de las ciudades, el comercio, la composición de la sociedad y el papel que debía desempeñar cada grupo, los tributos y su distribución y la administración de la justicia, entre muchos otros aspectos.
El cumplimiento de esta legislación por las autoridades virreinales siempre estuvo dificultado por un desconocimiento real de la normativa vigente en cada caso, a causa de la falta de los repertorios legales y de una complejidad que se reflejaba en la existencia de disposiciones contradictorias. También influyó de forma negativa el tiempo que se tardaba en resolver los asuntos que debían pasar por una larga, lenta y centralizada burocracia antes de recibir las resoluciones precisas. El envío de la documentación de cualquier asunto a la metrópoli para ser resuelto por el rey, tras los informes del Consejo de Indias, y su devolución al punto de origen, podía tardar aproximadamente un año.
Las autoridades locales también tuvieron que adaptarse a las necesidades concretas del medio en el que ejercían su gobierno, desconocidas en la mayoría de los casos por los legisladores que dictaban normas generales en muchas ocasiones, difíciles de aplicar a la múltiple realidad americana. La capacidad de adaptación de estas autoridades, sin contravenir directamente las órdenes reales, dio lugar a un repetido incumplimiento de una legislación que en la teoría permitía ejercer un poder controlador pero que en la realidad no respondía a ello.
El mayor esfuerzo realizado por la monarquía española para afrontar el problema del ordenamiento jurídico americano se llevó a cabo durante el siglo XVIII, cuando ya reinaba en la metrópoli la Casa de Borbón, con una reorganización de la administración a partir de los informes emitidos desde los virreinatos por los intendentes (funcionarios regios introducidos por la nueva dinastía), que hablaban de un incumplimiento generalizado en todos los terrenos. Especial importancia tuvo la labor legislativa reformadora introducida durante el reinado de Carlos III (1759-1788), que no obstante fue incapaz de llevar a cabo una nueva recopilación de los códigos indianos. Dado que en su conjunto los territorios coloniales bajo dominación española se emanciparon, salvo las excepciones cubana y puertorriqueña, en la segunda década de 1820, la última actividad legisladora hispana sobre ellos fue la surgida de las Cortes de Cádiz, las cuales promulgaron la Constitución española de 1812, que hacía explícita referencia a la vinculación jurídica de todos los españoles, incluidos los habitantes de otros continentes distintos del europeo.
Una forma de fiscalizar la aplicación de las leyes por las máximas autoridades era a través de los informes oficiales que los virreyes tenían que entregar sobre su actuación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). A esta documentación se sumaban las inspecciones que, con el nombre de ‘visita’, podían recibir durante su gobierno.
Las recopilaciones indianas (Historia)
El mayor esfuerzo de clarificación de toda esta normativa fue el llevado a cabo por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira, que culminó con la publicación en 1680 de la Recopilación de leyes de los reinos de Indias en la que se seleccionaron aquellas que continuaban en vigor. Aunque inicialmente el trabajo fue encargado a Diego de Zorrilla, quien lo realizó entre 1603 y 1609 dejándolo de nuevo incompleto y sin publicar, dicha recopilación fue sancionada por el rey Carlos II el 18 de mayo de 1680 y está formada por nueve libros, divididos en cuatro volúmenes, que contienen 6.385 leyes agrupadas en 218 títulos. Esta obra tuvo una tirada de 3.500 ejemplares y se reeditó en 1681, 1759, 1774, 1791, 1841 y en 1889-1890.
El contenido de la Recopilación de leyes de los reinos de Indias abarcó todos los aspectos relacionados con la vida colonial, incluidos los religiosos. El primer libro reunió la normativa sobre el acceso a los cargos eclesiásticos, el funcionamiento del Tribunal de la Inquisición, la distribución de las limosnas y el control sobre la importación de las obras impresas, entre otras disposiciones. De los ocho restantes, uno de ellos, el sexto, estuvo dedicado específicamente a todo lo relacionado con la población indígena: la condición del indio, su reducción, los servicios y tributos que tenía que prestar y el trato que debía recibir de las autoridades. La compleja estructura política y administrativa quedó reflejada en siete libros que reunieron las leyes que afectaban a la formación de las instituciones de gobierno y sus cargos, la defensa de las colonias, la formación de las ciudades, el comercio, la composición de la sociedad y el papel que debía desempeñar cada grupo, los tributos y su distribución y la administración de la justicia, entre muchos otros aspectos.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
El cumplimiento de esta legislación por las autoridades virreinales siempre estuvo dificultado por un desconocimiento real de la normativa vigente en cada caso, a causa de la falta de los repertorios legales y de una complejidad que se reflejaba en la existencia de disposiciones contradictorias. También influyó de forma negativa el tiempo que se tardaba en resolver los asuntos que debían pasar por una larga, lenta y centralizada burocracia antes de recibir las resoluciones precisas. El envío de la documentación de cualquier asunto a la metrópoli para ser resuelto por el rey, tras los informes del Consejo de Indias, y su devolución al punto de origen, podía tardar aproximadamente un año.
Las autoridades locales también tuvieron que adaptarse a las necesidades concretas del medio en el que ejercían su gobierno, desconocidas en la mayoría de los casos por los legisladores que dictaban normas generales en muchas ocasiones, difíciles de aplicar a la múltiple realidad americana. La capacidad de adaptación de estas autoridades, sin contravenir directamente las órdenes reales, dio lugar a un repetido incumplimiento de una legislación que en la teoría permitía ejercer un poder controlador pero que en la realidad no respondía a ello.
El mayor esfuerzo realizado por la monarquía española para afrontar el problema del ordenamiento jurídico americano se llevó a cabo durante el siglo XVIII, cuando ya reinaba en la metrópoli la Casa de Borbón, con una reorganización de la administración a partir de los informes emitidos desde los virreinatos por los intendentes (funcionarios regios introducidos por la nueva dinastía), que hablaban de un incumplimiento generalizado en todos los terrenos. Especial importancia tuvo la labor legislativa reformadora introducida durante el reinado de Carlos III (1759-1788), que no obstante fue incapaz de llevar a cabo una nueva recopilación de los códigos indianos. Dado que en su conjunto los territorios coloniales bajo dominación española se emanciparon, salvo las excepciones cubana y puertorriqueña, en la segunda década de 1820, la última actividad legisladora hispana sobre ellos fue la surgida de las Cortes de Cádiz, las cuales promulgaron la Constitución española de 1812, que hacía explícita referencia a la vinculación jurídica de todos los españoles, incluidos los habitantes de otros continentes distintos del europeo.
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Consideraciones Jurídicas y/o Políticas
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- Información sobre las recopilaciones indianas de la Enciclopedia Encarta
Véase También
Otra Información en relación a Las recopilaciones indianas
Recursos
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- Información sobre Recopilaciones indianas en la Enciclopedia Online Encarta
Véase También
Guía sobre Recopilaciones indianas
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