Regulación de la Prostitución

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Comercio y Trabajo Sexual: Política de la Terminología

Los debates sobre cómo entender el intercambio de servicios sexuales y dinero u otros bienes o servicios se han venido realizando al menos desde finales del siglo XIX en adelante. Estos debates han girado en torno a si el trabajo sexual debe entenderse principalmente como una estrategia de subsistencia y, por lo tanto, leerse a través de una lente económica, o si debe entenderse principalmente como una manifestación de violencia contra las personas que venden sexo, donde la venta de servicios sexuales es de género femenino. Esta incorporación de la perspectiva de género de los profesionales del sexo como mujeres y niñas victimizadas tiene una serie de consecuencias en la forma en que se entiende el trabajo sexual, se actúa en consecuencia y, en la mayoría de los países, se lo penaliza en diversos grados (Comisión Mundial sobre el VIH y el Derecho 2011).

La combinación de la venta o el intercambio de servicios sexuales con la trata de personas y la violencia contra la mujer se ha convertido en un tema dominante en los discursos políticos y jurídicos de muchas partes del mundo. Así ha sido desde el surgimiento del discurso contemporáneo sobre la trata de personas, a finales del decenio de 1990. Este discurso sobre la trata tiene numerosos antecedentes históricos, entre ellos los temores de la “esclavitud de los blancos” a finales del siglo XIX y principios del XX en el Reino Unido y los Estados Unidos.

Puntualización

Sin embargo, a diferencia del discurso sobre la “esclavitud de los blancos”, que era un discurso sobre la prostitución, el discurso contemporáneo sobre la trata de personas tiene por objeto consolidar una serie de sectores económicos y condiciones de migración y trabajo no remunerado en una sola rúbrica. El auge de este discurso contemporáneo sobre la trata tiene sus raíces en los debates feministas “occidentales” sobre la pornografía (en los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido) que tuvieron lugar en los decenios de 1970 y 1980.Entre las Líneas En esos debates, las feministas discrepaban sobre si la pornografía equivalía a la violencia contra la mujer o si se trataba de un complejo sector económico y social que producía una serie de experiencias y condiciones de trabajo. La campaña emprendida por algunas feministas para prohibir legalmente la pornografía en los Estados Unidos fracasó durante ese tiempo.

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Sin embargo, las redes, las críticas y la infraestructura que esas campañas produjeron proporcionaron la base para que algunas feministas antipornográficas cambiaran su enfoque hacia la “prostitución”.Entre las Líneas En este contexto feminista particular, tanto la pornografía como la “prostitución” se consideraban los peores símbolos de la desigualdad basada en el género, lo que hacía que ambos fueran objetivos de erradicación.

La idea de que el comercio sexual y la trata de personas son esencialmente el mismo fenómeno informa el término de trata de personas; esta idea es discutida y complicada por una ola de investigación de las ciencias sociales sobre el comercio sexual y otras áreas de trabajo que actualmente se lee a través de la lente de la trata de personas. Si bien la política internacional define ahora la trata en relación con una serie de actividades laborales, la forma en que se evocan los términos trata y prostitución indica un conjunto de debates de larga data sobre si la prostitución es equivalente a la violencia contra la mujer. Algunos trabajos académicos recientes sobre las trabajadoras del sexo del tercer género en Asia, así como numerosos informes de los medios de comunicación, también participan en esta confusión al referirse a las mujeres transgénero y otras personas del “tercer género” que venden servicios sexuales.

Los profesionales del sexo activistas, las organizaciones de derechos de los profesionales del sexo, los defensores, los académicos y las feministas con una perspectiva del comercio sexual diferente a la que conjuga el trabajo sexual y la trata de personas han estado produciendo una crítica rigurosa del discurso político dominante al argumentar que, si bien el trabajo sexual puede implicar la exposición a la violencia, esta exposición es desigual y por lo general se produce dentro de las condiciones de criminalización y estigma social desplegadas contra los profesionales del sexo (Comisión Mundial sobre el VIH y el Derecho 2011) en lugar del intercambio de servicios sexuales y dinero per se. El desacuerdo sobre lo que constituye violencia en el contexto del comercio sexual, y sobre qué hacer al respecto, está en el centro de los debates sobre la forma en que los gobiernos y los aparatos jurídicos correspondientes deben actuar con respecto al comercio sexual.

La terminología asociada al intercambio de sexo y dinero refleja las dispares posiciones jurídicas y políticas sobre el comercio sexual. Términos como tráfico y prostitución, cuando se usan sin crítica o sin calificación, tienden a adoptar y promover una perspectiva que enmarca el comercio sexual en los términos de la violencia. Términos como trabajo sexual y comercio sexual avanzan una perspectiva que no evita la cuestión de la violencia, sino que la reposiciona en los términos del sustento y la informalidad económica.Entre las Líneas En este contexto, el término prostitución debe usarse cuando sea históricamente apropiado, como en las referencias a un tiempo o lugar en el que la gente usaba ese término para describir el comercio sexual. Por lo demás, cuando se usa sin crítica, suele indicar una perspectiva del comercio sexual en la que las trabajadoras del sexo tienen poco valor o poder, como cuando se despliega la voz pasiva. Si bien no existe un término estrictamente “neutral” o descriptivo para el intercambio de servicios sexuales y dinero, los términos trabajo sexual y comercio sexual son aceptados por quienes buscan entender el intercambio de dinero y servicios sexuales en relación con cuestiones de supervivencia, migración, violencia e informalidad económica.

Datos verificados por: Marck

Regulación de la Prostitución en Europa

En Europa, la perspectiva legal sobre prostitución es diversa.Entre las Líneas En Suecia, Noruega o Finlandia está prohibida.

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Sin embargo, solo se penaliza al cliente, que se enfrenta a sanciones que pueden oscilar entre una multa económica y la pena de cárcel, aunque esta última no se suele hacer efectiva nunca. Suecia inició ese modelo abolicionista en 1999, un sistema que cuenta con la mayoría del apoyo ciudadano y que ha logrado disminuir el fenómeno. Noruega lo copió en 2009 con una novedad: comprar sexo fuera del país también es delito, lo que permite perseguir todo el turismo sexual. La multa es de 25.000 coronas (3.175 euros). Islandia también ha penalizado a los clientes.

En Holanda, la prostitución se regula como un trabajo. Los clubes pagan impuestos y necesitan permisos y las mujeres tienen una licencia para ejercer.

En Hungría, la prostitución es ilegal. Se penaliza, sobre todo a la meretriz que ejerza en “zonas protegidas”. Ellas se enfrentan a multas o incluso a cárcel, al cliente solo se sanciona si “acepta” los servicios de una menor.

Algunos países del Este consideran la prostitución un delito y multan también a las meretrices. Hungría, por ejemplo, aplica una polémica ley que sanciona más a las prostitutas que a los clientes. Esta puede ser encarcelada o multada económicamente si ofrece sus servicios en “áreas protegidas”. Mientras, a los clientes solo se les aplica la multa si acuden a una menor; una multa, en cualquier caso, mucho menor que la de la meretriz.

En otros países, como Alemania u Holanda, la prostitución es legal, se considera a las mujeres como trabajadoras y necesitan una licencia municipal para ejercer.Entre las Líneas En Holanda una ley reglamentó en el año 2000 la prostitución como un trabajo. Los empresarios de los clubes tienen que obtener permisos y pagar impuestos y las mujeres tienen prestaciones sociales por realizar ese trabajo. “Eso no frenó la explotación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Algunas mujeres han llegado al país pensando que iban a trabajar en otra cosa y a otras les obligan o incitan a mantener sexo inseguro o sin apenas descanso”, afirma la socióloga Kareen Vryck, que ha estudiado la realidad holandesa. El Gobierno holandés y el sindicato de prostitutas, Hilo Rojo, tienen planes específicos para proteger a las mujeres. [rtbs name=”historia-de-las-mujeres”] Incluido un periodo de reflexión de tres meses para que decidan si quieren denunciar a sus explotadores, prestaciones sanitarias, y un subsidio económico.

Para algunos, la regulación no ha funcionado en los pocos países que la han aplicado.

Regulación de la Prostitución en España

En la historia de España poco cuajaron los discursos abolicionistas que, defendidos por la inglesa y protestante Josephine Butler en el último cuarto del siglo XIX, sí encontraron seguidores en otros países de Europa. Y cuando las intenciones de prohibir esta actividad avanzaban, siempre terminaban por dar un paso atrás. El decreto que prohibía la prostitución adoptado por la II República en 1935 apenas pudo entrar en vigor por el inicio de la Guerra Civil, por ejemplo. Y en 1941, en plena dictadura franquista, los burdeles, cerrados durante la guerra, no solo volvieron a reabrirse sino que se oficializó la prostitución y se realizaban controles sanitarios a las meretrices.Si, Pero: Pero España quería entrar en la ONU y fueron las presiones internacionales (Naciones Unidas había firmado un decreto abolicionista) las que motivaron el cierre de las mancebías en 1956.

Las prostitutas se enfrentan a una situación de alegalidad e incertidumbre en España.Entre las Líneas En una calle las pueden multar y, si cruzan a la siguiente, en otro municipio, quizá no. Tampoco es igual si están en Cataluña o en Extremadura, si la carretera es estatal o autonómica…

Hasta ahora, algunos políticos han optado por perseguir la prostitución a través de ordenanzas municipales de convivencia, que acostumbran a sancionar a clientes y meretrices en la calle.Entre las Líneas En el ámbito autonómico, la Generalitat de Cataluña ha modificado la ley para que los Mossos puedan sancionar con hasta 30.000 euros a quienes negocien servicios sexuales en la carretera. La polémica medida lleva aparejada la creación de un fichero que incluye el nombre, el DNI, la dirección, la fecha de nacimiento, la nacionalidad de clientes y prostitutas sancionados.

“Se da un rodeo al problema y se utiliza una argucia legislativa para que no haya chicas en las calles”, explica María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga. Sostiene, además, que esas multas son recurribles porque están en terrenos límite: “Se podría esgrimir la inconstitucionalidad, por ejemplo, del derecho de libre deambulación de las mujeres a las que multan por estar en una carretera”.

La Federación Española de Municipios y Provincias redactó una ordenanza tipo en 2009 en la que se incluyen sanciones por negociar servicios sexuales.Si, Pero: Pero las ordenanzas ciudadanas violan, además, varios tratados internacionales de prevención y lucha contra el tráfico de seres humanos.

En España, aunque el proxenetismo sí es un delito según el Código Penal, la prostitución se mueve en un limbo de alegalidad. Las distintas propuestas para definir una postura reglamentada sobre el comercio sexual han fracasado.Entre las Líneas En 2008, el Congreso rechazó regular o prohibir al considerar que distinguir tráfico de personas y prostitución era complicado. Ambas cosas, aseguró en su informe la comisión parlamentaria encargada del tema, “son fenómenos ligados y relacionados que no pueden separarse”. Por eso, se aprobaron medidas para luchar contra la trata, se ampliaron las penas a los explotadores y las mafias y se creó el Plan de Lucha contra la Trata, que recoge ayudas y apoyo a las mujeres explotadas por las mafias. No hay ninguna ley que reconozca que se trate de una relación laboral en un club de alterne.

“En cualquier caso, no se puede legalizar. Va contra el artículo 15 de la Constitución que habla del derecho a la integridad física y moral de las personas. No se puede hacer un contrato entre un hombre y mujer para tener sexo porque atenta contra esa integridad”, opina María Luisa Balaguer.

Cataluña ha regulado los clubes de alterne como locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Prevé empezar a multar a mujeres y clientes en las carreteras catalanas.

La Prostitución como trabajo

La prostitución no forzada y ejercida en un prostíbulo es un trabajo que tiene los mismos derechos laborales que cualquier otro. Este es el espíritu de la sentencia pionera que ha dictado un juez de lo social de Barcelona y que obligaría a los proxenetas a suscribir contratos con las mujeres que conllevarían, por ejemplo, derecho a paro y cotizaciones a la Seguridad Social. Esta sentencia aún no es firme, pues puede ser recurrida hasta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pero a buen seguro que causará polémica, pues incide en una problemática que aún no está resuelta y sobre la que existen dos tendencias contrapuestas, encarnadas por la prohibición total de la prostitución, al estilo de lo que pasa en Suecia, o su regularización, como ha ocurrido en Alemania.
Sentencia, además, pionera, pues fuentes jurídicas consultadas por La Vanguardia señalan que en las bases de datos no existen pronunciamientos de índole similar. Tan sólo hay jurisprudencia parecida en el ámbito del llamado alterne, cuando las mujeres reciben pagos de un local por estimular a la clientela a consumir alcohol, y luego si quieren alquilan una habitación en el mismo sitio para servicios sexuales por su cuenta, aunque la realidad es que esta frontera es muy porosa y muchas veces fraudulenta.

Y, además, esta sentencia se produce de oficio a consecuencia de la inspección llevada a cabo en un local donde se llevaba a cabo el comercio sexual. El 11 de octubre del 2012, inspectores de trabajo, acompañados de funcionarios de la Policía Nacional, entraron en un establecimiento de Barcelona que se presentaba como centro de masajes y que se anunciaba en una web con este reclamo: “Nuestro factor humano y de servicios está ampliamente capacitado, tanto en presencia, saber estar y educación, como también en poder otorgarles una dedicación plena, placentera, sexual y con mucha implicación femenina hacia la persona que reclama y recibe nuestras atenciones”.

De esta inspección se derivaron dos procesos. Uno, penal, que se archivó porque las mujeres que trabajaban en el establecimiento aseguraron que no lo hacían forzadas ni sometidas a presión alguna. Y otro meramente laboral, que se derivó en un acta de trabajo por falta de afiliación y alta en la Seguridad Social de las empleadas del local. Al ser recurrida por la propietaria del centro de masajes, originó un litigio en un juzgado social, que es donde se ha dictado esta sentencia.

Los datos objetivos que se recogen en el acta de la inspección de trabajo son que, en el momento de producirse la revisión, había tres trabajadoras del sexo en el establecimiento; una en una habitación dando un masaje a un cliente, y otras dos en otras estancias a la espera de parroquianos. Todas explicaron que llevaban a cabo un horario, entre las doce y las veinte horas.Entre las Líneas En cuanto al pago, las mujeres declararon que cobraban una comisión por cada servicio, y que tanto los clientes como las instalaciones y los materiales de trabajo, como aceites, eran proporcionados por la empresa. La propietaria argumentó que su licencia municipal era de centro de masajes, no de alquiler de habitaciones, y que las mujeres debían estar allí a una hora convenida, en espera de que llegaran los clientes que las elegían para los servicios sexuales que quisieran, y cuyo precio era pactado con una encargada, que cobraba bien en metálico o bien en tarjeta de crédito y que al final de la jornada entregaba a las empleadas la parte convenida de cada trabajo.

De hecho, sólo existía una discrepancia, pero que no era trivial: mientras que la propietaria del centro sostenía que las mujeres prestaban sus servicios sexuales por iniciativa y cuenta propia, la policía y los inspectores de trabajo mantenían que no. que lo hacían por encargo de la empresa, lo que daría lugar a una relación laboral.
Para el juez no hay muchas dudas.Entre las Líneas En primer lugar, si bien el local se anunciaba como un centro de masajes, se trataba en verdad de un prostíbulo. Y que entre las mujeres y la propietaria existía un vínculo profesional “no admite mucha discusión”, porque tiene “los rasgos esenciales de todo contrato laboral”, que son “prestación voluntaria de servicios, retribución y dependencia”.

De esta forma, la sentencia expone cómo “el marco regulador de la prostitución” se queda en “regulación administrativa y despenalización aplicativa”; y también considera que ha quedado “plenamente acreditado que las trabajadoras ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresa demandada, bajo su dirección y dependencia”, por lo que sólo cabe declarar que “la relación existente” entre la propietaria del local y las mujeres “tiene un carácter laboral”.

¿Qué consecuencias tendría esta sentencia si se consolida en tribunales superiores? Pues que las prostitutas que ejercen sin coacción y en un prostíbulo con un empresario tendrían los mismos derechos que cualquier otro trabajador: tienen derecho a un contrato mediante el cual deberían ser dadas de alta en la Seguridad Social –con las ventajas que ello conlleva, como pensión o atención sanitaria– y opción de cobrar el paro.

De hecho, la decisión judicial ha tenido su primera consecuencia: la Tesorería de la Seguridad Social ha reclamado a los propietarios del salón de masajes las cuotas que, en virtud de este fallo, deberían haber ingresado por tener a tres empleadas; y está por ver si las mujeres también plantean reclamaciones laborales.

Al juez de lo social no se le escapa que esta resolución será polémica por dos cuestiones: por la dignidad de la mujer y por la situación legal. Así expone el escollo que supone el posible “carácter ilícito del contrato al tratarse de servicios de prostitución” y describe que en España la jurisprudencia camina en el sentido de castigar las condiciones abusivas de trabajo y los graves riesgos para los derechos, así como situaciones flagrantes como la trata de seres humanos.Si, Pero: Pero la cuestión es que sólo estaría “penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada”, y en este caso no encuentra argumentos en este sentido, por lo cual no podrá ser un contrato ilegítimo ni un obstáculo para reconocer una relación laboral.

Pero el debate sobre la prostitución tiene unos condicionantes distintos. Por ejemplo, que las que son víctimas raramente lo explicarán por sus propia situación personal, y, en cualquier caso, hay una perspectiva de violación de la dignidad humana que ha sido reconocida por el Parlamento Europeo.

Obligación de contratación

La sentencia de Barcelona que dicta la obligación de la propietaria de un prostíbulo de contratar a las personas que ejercen la prostitución en su local, con Seguridad Social y derecho al paro, puede comportar según la abogada feminista Montserrat Fernández Garrido que “cualquier mujer que estuviera inscrita a la oficina de desempleo tendría la obligación de hacer de prostituta si este fuera el trabajo disponible, de lo contrario perdería su subsidio de desempleo”. Esta situación, recuerda la letrada barcelonesa, se dio en Alemania, cuando una camarera fue destinada a un prostíbulo y ella se opuso.

“Otra cuestión es si este marco en el que todo el mundo estuviera obligado se circunscribiría solo a las mujeres, porque en principio cualquier hombre o mujer estará capacitado”. Para Fernández Garrido, la gente que acepta la prostitución como un trabajo está pensando en unas pocas mujeres que la ejercen librement, y nunca en que ellas mismas, sus hijas o hermanas… podrían ser obligadas a realizar la práctica”.

“Cualquier mujer empieza en esta tarea sin capacitación, de modo que si se convirtiera en un trabajo que requierea una formación, ¿en qué consistiría? ¿en aprender a hacer felaciones? Quienes defienden esa posibilidad están pensando en otras personas, pero nunca en sí mismos ni en sus seres queridos. De lo contrario, sabrían que en un momento de crisis económica están enviando a cualquier mujer a prostituirse, porque curiosamente nadie piensa en los hombres como prostituidos. ¿Por qué no mandamos a cualquier hombre a esa lista de desempleo?

“En lugar de la Guardia Civil, actuarán en los prostíbulos los inspectores de Trabajo”
A juicio de la directora de la Fundación Mujeres Marisa Soleto “el último eslabón de una cadena de despropósitos.Entre las Líneas En lugar de la Guardia Civil ahora acudirán a los prostíbulos inspectores de trabajo por si pueden rascar algo. No se puede regular como una actividad laboral porque la prostitución tiene muchos elementos que no encajan en ese formato: ¿Cómo se ejerce el derecho a decir no en medio de una relación sexual si hay un contrato laboral? ¿Cómo se aplica el derecho del consumidor en esta actividad? No podemos prohibir la prostitución, pero no es un trabajo y deberíamos perseguir los locales donde se practica”.

Desde la Fundación Mujeres se pidió en una comparecencia en el Parlamento que el Código Penal concretara qué se supone que es el aprovechamiento económico del ejercicio de la prostitución por parte de otros, el proxenetismo puro y duro, “porque en la última reforma del Código Penal se da a entender que es explotación punible cuando hay maltrato y violencia, así que el proxeneta simpático no comete ahora ningún delito y como consecuencia de ello, en estos últimos años no ha habido sentencias en ese sentido, hay una impunidad absoluta de los que se enriquecen con la prostitución”. Marisa Soleto cree que esta circunstancia ha llevado en la práctica a una normalización de los prostíbulos y el proxenetismo “hasta el extremo que se anuncian en las hojas parroquiales y financian las fiestas del pueblo ¿con qué cara van a explicarles a los niños en la escuela que esto no debe ser así?”.

Su fundación reclama que en la reforma del Código Penal que se debate actualmente se aclare ese aspecto y no deje ninguna duda a los jueces, que explotación no signifique violencia y maltrato, sino beneficio económico de esa actividad ajena, aunque sea voluntaria. “El redactado actual en proyecto habla de condiciones humillantes o excesivas ¿qué es excesivo? ¿Veinte servicios?”.

Desde su punto de vista, “no castigar el proxenetismo puro y duro ha normalizado y ayudado a proliferar la presencia de prostíbulos y la sentencia que reconoce que existe una relación laboral da un paso más en esa normalización de facto de una actividad ilegal. Una actividad que es la que provoca el tráfico de personas en todo el mundo”.

“No es un trabajo, ni un oficio. Es un modo de ganarse la vida”

“Un reconocimiento de la prostitución como trabajo requeriría definir qué significa en este caso una incapacidad laboral, cómo se regula, ¿podría tener una FP?, o las categorías profesionales, o el reconocimiento a la experiencia”, explica la secretaria de igualdad de UGT, Almudena Fontecha. “A raíz de la discusión parlamentaria de hace unos años, hicimos un debate interno en profundidad y elaboramos un documento en el que dejamos claro que no es un trabajo y no se puede regular como tal. Es una forma de ganarse la vida, pero no es ni el oficio más antiguo del mundo ni otros topicazos que se ponen una y otra vez sobre la mesa”.

En ese debate interno, UGT concluía que los Gobiernos que han recurrido a la regularización, sobre todo por acabar con las molestias públicas en las calles, y al reconocimiento de derechos laborales y de Seguridad Social “han ignorado el problema de fondo de la prostitución que, en cualquiera de sus formas, constituye una de las manifestaciones más terribles de la discriminación que sufren las mujeres en las sociedades, que atenta contra los derechos humanos, que es una forma más de violencia de género, y que constituye una miseria humana y una lacra social, además de un importante negocio de mercancía humana”.

“Nos equivocaríamos como país si reconociéramos como relación laboral una actividad en la que no se dan las circunstancias que ha de tener un trabajo”, insiste Fontecha.Entre las Líneas En el documento se dice expresamente que “La reglamentación constituye un importante paso hacia atrás en la lucha por la igualdad, y la legitimación a través de las normas jurídicas del dominio y del poder del hombre sobre la mujer”.
“Es la mejor manera para luchar contra la explotación”
“El reconocimiento de derechos a quien ejerce la prostitución libremente es la mejor manera de luchar contra la explotación y así lo defendimos en nuestra propuesta de regulación en 2009”, argumenta el diputado en el Parlamento por Esquerra Republicana de Catalunya Joan Tardá.

“Nuestra propuesta no prosperó entonces, sólo obtuvimos el apoyo de Izquierda Unida, pero logramos un profundo debate sobre el tema, porque lo que creemos firmemente es que no podemos hacer ver que no existe el problema”.
Tardà reconoce que desde el punto de vista feminista es mayoritaria la posición que apuesta por la no regularización de la prostitución, que lo considera una manera de legitimar la vulneración de los derechos de las personas, “pero pensamos que no se puede seguir así y que regularizarla es una buena forma para combatir las mafias y proteger laboralmente a quienes la practican libremente.
Además, en nuestra propuesta se establecía que el dinero recaudado fiscalmente por esa actividad pasara directamente a las arcas autonómicas para que se dedicaran exclusivamente a la reinserción social y laboral de las personas que quisieran dejar la prostitución”.

A pesar de que actualmente “no estamos en posición en el Parlamento para defenderlo de nuevo, por una cuestión de número, creemos que no fue un esfuerzo baldío, que aunque han pasado seis años, el debate de fondo sigue estando presente”.

Derechos humanos

La sentencia de un juez de lo social de Barcelona abriendo la puerta a que la prostitución pueda ser considerada una actividad laboral no ha dejado indiferente a nadie. No es cuestión de si estas mujeres puedan tener acceso a un contrato de trabajo, cotizar a la Seguridad Social o tener acceso a la prestación por desempleo. El debate va mucho más allá de derechos laborales, adentrándose en los derechos humanos.

En el caso de que esta sentencia se consolidara en tribunales superiores (puede ser recurrida), la realidad es que contaría con escasos apoyos ya sea desde el ámbito político, judicial, sindical, cultural o social. Pocos son los que creen que el ejercicio de la prostitución pueda considerarse como un trabajo “por la sencilla razón de que son muy pocas las mujeres que lo ejercen voluntariamente, mientras que entorno al 95% de ellas lo hace acuciadas por la desesperación o bajo amenazas en situación de auténtica esclavitud. Eso no es un trabajo. Se ganan la vida vendiendo su cuerpo, aún a costa de su propia salud”, señala tajante Altamira Gonzalo, miembro de la asociación de mujeres juristas Themis.

La sentencia citada hace referencia a la prostitución ejercida de manera voluntaria y ejercida en un prostíbulo. Es decir, a una minoría.Si, Pero: Pero reabre el eterno debate sobre la necesidad de prohibir o legalizar una actividad que, como recoge el Instituto Nacional de Estadística, mueve al año casi 3,7 millones de euros. Se calcula que en España hay unas 600.000 prostitutas (sin contar las que están menos de un año en España), que prestan servicios al 6% de la población.

Para Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, la prostitución “no se puede regular como una actividad laboral porque tiene muchos elementos que no encajan en ese formato. La sexualidad es un derecho inalienable de todo persona. ¿Cómo se ejerce el derecho a decir no en medio de una relación sexual si hay un contrato laboral? ¿Cómo se aplica el derecho del consumidor en esta actividad? ¡Podríamos llegar al extremo de considerar el sexo de pago un derecho por parte del consumidor! No podemos prohibir la prostitución, pero claramente no es un trabajo”.

La abogada feminista Montserrat Fernández Garrido advierte que, en caso de que la prostitución se considerara un trabajo, “cualquier mujer que estuviera inscrita a la oficina de desempleo tendría la obligación de hacer de prostituta si este fuera el trabajo disponible, de lo contrario perdería su subsidio de desempleo”. Esta situación, recuerda la letrada barcelonesa, se dio en Alemania, cuando una camarera fue destinada a un prostíbulo y ella se opuso.

“Otra cuestión es si este marco en el que todo el mundo estuviera obligado se circunscribiría solo a las mujeres, porque en principio cualquier hombre o mujer estará capacitado”. Para Fernández Garrido, la gente que acepta la prostitución como un trabajo está pensando en unas pocas mujeres que la ejercen libremente, y nunca en que ellas mismas, sus hijas o hermanas… podrían ser obligadas a realizar la práctica”.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Reconocer la prostitución como trabajo “requeriría definir qué significa en este caso una incapacidad laboral, cómo se regularía, qué formación se precisaría -¿una FP?- qué categorías profesionales o el reconocimiento de la experiencia”, indica Almudena Fontecha, secretaria de igualdad de UGT. “La prostitución es una forma de ganarse la vida, pero no es ni el oficio más antiguo del mundo ni otros topicazos que se ponen una y otra vez sobre la mesa”.

Entre las voces del feminismo (compromiso con una mejora del papel social de la mujer, que suele reflejarse en el sentido de promover la igualdad sexual) contrario a la legalización de la prostitución se encuentran algunas escritoras y periodistas barcelonesas con contundentes discursos al respecto. Entre ellas, la psicóloga y periodista Carme Freixa: “¿Acaso es de extrañar que salga una sentencia como esta en una sociedad en la que a las mujeres traficadas se las considera ‘ocio adulto’? ¿En una sociedad que no admite que hay mujeres traficadas y redes que abastecen a los proxenetas, y que esconde esta realidad bajo eufemismos?’, pregunta. Freixa cree que el fallo judicial pone en evidencia “el sistema eufemístico social en el que vivimos. No los llamamos prostíbulos, sino locales de ocio adulto y las leyes regulan locales de alquiler de habitaciones en las que todo el mundo sabe lo que sucede pero que, al no ponerlo sobre el papel, es como si no existiera”.

“Me opongo a la prostitución como feminista: no es un trabajo sino una esclavitud, y no hay nada que pueda justificar que las mujeres tengan que dedicarse a eso”, asegura la escritora Gemma Lienas. “Es una situación que si existe es porque las mujeres son pobres, y lo son por culpa de la división del trabajo productivo y reproductivo. La situación de pobreza en la que las ha dejado eso sumado en ocasiones la falta de formación hace que a veces no tengan otra salida, pero eso no justifica que la prostitución sea un trabajo”.

Pero no todos son voces en contra. “El reconocimiento de derechos a quien ejerce la prostitución libremente es la mejor manera de luchar contra la explotación y así lo defendimos en nuestra propuesta de regulación en el 2009”, argumenta el diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà. Una propuesta que no prosperó -“sólo obtuvimos el apoyo de IU”, recuerda- pero logró que se debatiera en el Congreso: “El problema está ahí”, señala. Tardà defiende que regularizar esta actividad es una buena forma para combatir las mafias y proteger laboralmente a quienes la practican libremente.

También están a favor de regularizar a las prostitutas que ejercen en locales la Asociación Nacional de Locales de Alterne o el colectivo Hetaira. que defienden al prostitución “voluntaria”. Este colectivo cree que este tipo de prostitución está siendo discriminada. “Muchas no han podido elegir las condiciones de su trabajo en precario porque ninguna ley las defiende”. Hetaira defiende que “para que la lucha contra la trata sea eficaz es necesario legalizar la prostitución voluntaria; si no, las redes criminales se amparan en la alegalidad en la que se mueve la prostitución”.

Tierra de nadie

La peor situación es la actual, en la que la prostitución ni se persigue ni se regula, considera la escritora Laura Freixa. “Esta sentencia, aún con reservas, me parece positiva, porque pone el asunto sobre la mesa y reconoce los derechos de esas mujeres que están en una situación que yo considero terrible. Ahora estamos en tierra de nadie, y es un asunto tan polémico y la sociedad está tan dividida que quien paga el pato son las prostitutas, porque ni tienen derechos laborales ni se lucha contra el fenómeno de la prostitución, que también sería positivo para ellas. Somos una sociedad hipócrita por no afrontar el problema”.

En cualquier caso, Freixas considera “que no hay que regular sino abolir, por la misma razón que se abolen tareas que tienen consecuencias terribles para la salud, por muy bien remuneradas que estén”. “La prostitución -prosigue- tiene unas consecuencias graves para la salud mental y emocional de las mujeres. [rtbs name=”historia-de-las-mujeres”] Si fuera un trabajo como otro no la harían mayoritariamente las mujeres. [rtbs name=”historia-de-las-mujeres”] Cuando algo está tan dividido por sexos es que no tiene tanto que ver con el capitalismo sino con la jerarquía de los sexos y la dominación masculina, y creo que hay que poner límites al mercado porque, aunque necesario, es injusto: quienes tienen dinero tiene privilegios sobre los que no lo tienen, y como señala Piketty, el origen de las fortunas en la mayoría de los casos no es el trabajo, por lo tanto, los privilegios que otorga no es consecuencia de un estado de las cosas justo. Y sabemos que en todas partes los hombres tienen más dinero que las mujeres y se aprovechan de una situación injusta, y hacerlo a través de la prostitución creo que es inmoral”

Fuente: varios medios de comunicación

Regulación de la Prostitución en Alemania

La prostitución está regulada en Alemania por una ley aprobada en 2002, que reconoció a “las trabajadoras del sexo” derechos laborales y cobertura social como prestadoras de un servicio, pero también les obligó a pagar impuestos, a ellas y los locales donde ejercen. Un negocio que mueve, en Alemania, unos 15.000 millones de euros al año.

Cuando asumió el nuevo Gobierno, en diciembre de 2013, la coalición se propuso revisar la vieja ley para proteger a las prostitutas de la violencia, la explotación y de las enfermedades.

Diez años después de legalizarse la actividad, la pretendida equiparación con el resto de trabajadores (seguridad social, impuestos, jubilación…) deja mucho que desear. Para lo que ha servido sobre todo la medida es para dar una salida “laboral” a las mujeres pobres del Este de Europa. Se calcula que el 80 por ciento de las chicas que se prostituyen en Alemania son de origen extranjero, por lo que en muchos casos deben verse abocadas a formas de prostitución forzada.

El fiasco es de tal magnitud que las autoridades alemanas se plantean aprobar una nueva ley para garantizar revisiones médicas periódicas y el uso obligatorio del preservativo, lo que probablemente (si es que de verdad se pretende que la legislación se cumpla) obligaría a desplegar un ejército de inspectores de sanidad en las habitaciones de los prostíbulos, acaso escondidos en los armarios para no interferir más de la cuenta…

Nueva Ley

A principios de febrero del 2015, la coalición de Gobierno (La CDU, la CSU de Baviera y el SPD) se pusieron de acuerdo sobre la ley que enviarían al Parlamento alemán.

La nueva ley señala que para abrir un prostíbulo será necesario tener una autorización legal que obligará a los propietarios a aceptar las visitas de inspección para controlar el negocio.

La nueva ley también exigirá un registro obligatorio de las prostitutas, una medida que pretende eliminar el anonimato en el negocio y, por lo tanto, la consabida explotación de las mujeres por los proxenetas. Otro punto de discordia era la exigencia, de parte de la democracia cristiana, de someter a las prostitutas a una revisión médica obligatoria.

El texto de la ley introduce la figura de una “asesoría médica” que se llevara a cabo una vez al año, pero las menores de 21 años tendrán que someterse a ella cada seis meses. La medida deja en manos de las prostitutas de más de 21 años la decisión de dejarse “aconsejar” o someterse a un examen médico. Para impedir la explotación de las prostitutas, el Gobierno alemán acordó prohibir con todo el rigor de la ley la llamada “tarifa plana de sexo”, una medida que se había vuelto muy popular y que hacia posible que un cliente disfrutara, por el pago de una tarifa reducida, de los servicios de un prostíbulo todas las veces que quisiera en una velada.

Regulación de la Prostitución en Suecia

Suecia inició en 1999 un modelo abolicionista, que sanciona únicamente al cliente. La medida ha disminuido la prostitución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La policía muestra cifras: del centenar de detenidos de los primeros años se ha pasado a los 1.277 arrestados en 2010.Entre las Líneas En total, 3.787 desde la prohibición.

Al aumento de los detenidos ha seguido el agravamiento de su castigo. La pena máxima, seis meses de cárcel, subió a un año el pasado julio.Si, Pero: Pero las cárceles siguen sin hospedar reos por comprar sexo: los clientes pagan una multa y evitan ir a prisión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La mínima es de 2.500 coronas -271 euros-, detalla la número dos de la fiscalía de Estocolmo, Lise Tamm. Suele fijarse en un tercio de los ingresos diarios de 50 días.

El agravamiento pretende alentar la lucha contra este delito y lograr mayor implicación de los jueces.

El abolicionismo ha dejado las calles casi limpias, pero la Red arde. Internet y los teléfonos móviles han cambiado las cosas.

La prostitución, que ejercen en mayor medida extranjeras, a menudo se recluye en hoteles. La Red es, también, el gran confidente de la policía, en la lucha contra el tráfico de personas con fines sexuales que, según las estimaciones, sufren entre 400 y 600 extranjeras cada año. Los responsables de atajarlo creen que su Código Penal es un buen escudo ante un problema en auge en buena parte del mundo, aunque hay pocas condenas contra los responsables finales.

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