Derecho a un Proceso Equitativo

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Derecho a un proceso equitativo (jurisprudencia europea) en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional

Se expresa el mencionado Diccionario, sobre Derecho a un proceso equitativo (jurisprudencia europea) , en voz escrita por Eloisa Denia Cosimo, en los siguientes términos: El derecho a un proceso equitativo, a veces denominado como derecho al debido proceso, queda proclamado por el art. 6o. del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es uno de los artículos del Convenio que con mayor frecuencia se invocan, ya que consagra una serie de principios básicos propios del mismo Estado de derecho. La garantía de un proceso equitativo tiene como finalidad de proporcionar una protección que no es teórica e ilusoria, sino concreta y efectiva de los derechos humanos, y esto implica tanto utilizar conceptos “funcionales” y “materiales” como nociones “autónomas” que emanan del Convenio, ya que los conceptos jurídicos no pueden ser interpretados únicamente por referencia al derecho interno del Estado demandado, lo que podría tener como consecuencia una grave limitación en el ejercicio del derecho.

La estructura del art. consta de una parte general (el apartado primero), que enuncia el principio según el cual toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de forma equitativa, públicamente y dentro de un plazo (véase más en esta plataforma general) razonable, por un tribunal que decidirá tanto de los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil como del fundamento de cualquier acusación en materia penal que la concierne, y de una parte especial (los apartados segundo y tercero) que afirma un abanico de derechos imprescindibles de los que goza el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) en el proceso penal.

El art. 6.1 afirma el derecho de acceso a un tribunal independiente, imparcial y establecido por ley para toda persona, entendiendo por esta tanto a las personas físicas como a las jurídicas, incluidos los extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y apátridas (ver definición, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, la Convención para reducir los casos de apatridia, adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961, y los apátridas de hecho, que se distinguen de los apátrida (ver definición, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, la Convención para reducir los casos de apatridia, adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961, y los apátridas de hecho, que se distinguen de los apátridas de derecho)s de derecho) que se encuentren bajo la jurisdicción de cualquiera de los Estados contratantes. El Convenio considera como “tribunal” cada instanza que ejerce una función jurisdiccional aplicando las normas de derecho a través de un procedimiento organizado. Por “litigio”, hay que entenderse una disputa real y seria que puede versar sobre la existencia misma de un derecho y también sobre cuestiones de hecho. Entre el resultado del procedimento y el derecho debe existir un vínculo directo, de manera que el primero sea determinante para el derecho en cuestión.

Por “derechos y obligaciones” se entienden los que tengan una base legal en el derecho interno, en un modo que permita su ejercicio ante los tribunales. La expresión “de carácter civil” prescinde de las calificaciones de los distintos Estados miembros y depende de su contenido material, incluyendo sin duda un derecho que tenga una naturaleza patrimonial y de manera muy amplia tanto las diversas ramas del derecho privado como asuntos muy dispares; por ejemplo, la autorización de vender un terreno (Ringeisen c. Autriche); la propiedad de un edificio religioso (Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie); el derecho para ejercer una profesión (Le Compte, Van Leuven y De Megere c (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Belgique); los litigios relativos a funcionarios públicos (Vilho Eskelinen et autres c. Filande), y un litigio presentado ante una jurisdicción constitucional si el procedimento relativo al derecho de carácter civil tiene una incidencia directa sobre el resultado del litigio ante la jurisdicción ordinaria (Ruiz-Mateos c. Espagne) (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Bajo algunas condiciones, el Tribunal ha concluido por la aplicabilidad del principio en las medidas cautelares.

El Convenio utiliza una noción funcional también para calificar el concepto de “acusación en materia penal”, que debe interpretarse a la luz del Convenio prescindiendo de las categorías utilizadas en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados contratantes. Un punto de partida funcional exige que se aprecien tres criterios, dictados en la sentencia Engel y otros (Engel et autres c. Pays-Bas): en primer lugar, la calificación jurídica que la infracción recibe en el derecho interno, y después, de forma alternativa, los criterios de la naturaleza de la infracción y de la gravedad de la sanción prevista por ley aplicable. Cuando un examen de cada criterio no permita llegar a una conclusión clara en cuanto a la existencia de una acusación en materia penal, se puede adoptar una lógica acumulativa de los criterios (Benedoun c. France). La vertiente penal del art. 6o. es aplicable a los procedimientos ante un tribunal militar (Albert et Le Compte c (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Belgique).

Más Información

Las infracciones del régimen disciplinario penitenciario como tal no quedan incluidas y deben ser analizadas bajo el perfil civil del artículo 6o. (Enea c. Italie), al igual que los procedimientos de extradición (Peñafiel Salgado c. Espagne) o los de la orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “Arrest Warrant” en derecho anglosajón, en inglés) europea, porque se consideran como una manifestación del ejercicio de los poderes disciplinarios (Ravnsborg c. Suède). La noción de acusación en materia penal puede aplicarse a los procedimientos administrativos, fiscales (Mieg de Boofzheim c. France), aduaneros (Salabiaku c. France), en materia de derecho de la competencia (Société Stenuit c. France) y en cuestiones financieras (Guisset c. France).

Después de la enunciación general del apartado primero, el art. 6.2 sigue añadiendo el principio de la presunción de inocencia de la que goza toda persona acusada de una infracción hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. El Convenio quiere proteger a cada persona acusada de los efectos nocivos que pueden resultar en una violación de este principio (Allenet de Ribemont c. France).

En el art. 6.3 se enumeran, pero no de manera exhaustiva, las garantías que consiguen el principio del derecho equitativo en el proceso penal, que tienen como finalidad de asegurar la “legalidad de las armas” entre la parte acusadora y la defensa. Entre estas se colocan: el derecho a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él (Goddi c. Italie), y el derecho del acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia. El acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) debe además disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa y tiene el derecho a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Toda persona acusada goza del derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Derecho a un proceso equitativo en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Derecho a un proceso equitativo (artículo 6 § 1 del Convenio)

Caso Remli contra Francia, 23.04.1996

Este asunto trata de la circunstancia en que el demandante, de origen argelino alegaba que, habiéndose declarado un miembro del jurado racista, su proceso no había sido equitativo en Francia. El TEDH puso de manifiesto que se trataba de una violación del artículo 6 § 1, dado que la “Cour d’Assises” no comprobó que el Tribunal fuera imparcial. Ahora bien «el Convenio implica para toda jurisdicción nacional, la obligación de comprobar si, por su composición, constituye “un tribunal imparcial” cuando se presenta, en este punto una impugnación que manifiestamente no parecía, de entrada, desprovista de fundamento» (§ 48).

Caso Gregory contra Reino Unido, 25.02.1997

Este asunto trata de las alegaciones de racismo en el seno del jurado durante un proceso del demandante, de origen africano, que estimaba, por consiguiente, haber sido objeto de una discriminación en tal proceso en el Reino Unido.

Sin embargo, el TEDH afirmó que no exisitió violación del artículo 6 § 1, pues el Juez tomó “medidas suficientes para asegurarse de la imparcialidad del Tribunal en el sentido del artículo 6 § 1” y ofreció “garantías suficientes para disipar cualquier duda al respecto” – particularmente “instrucciones complementarias en términos muy firmes dirigidas al jurado” y, razonablemente, el Juez consideró que después de esto “cualquier riesgo de prejuicio había sido efectivamente neutralizado”.

Caso Sander contra Reino Unido, 09.05.2000

Este asunto nace con la queja del demandante, de origen asiático, de haber sido juzgado por un jurado racista en el Reino Unido.

El TEDH aceptó la violación alegada del artículo 6 § 1 (derecho a un proceso equitativo): las alegaciones que figuran en una nota dirigida al juez por un miembro del jurado – que temía por la parcialidad de otros miembros del jurado, que habían efectuado abiertamente observaciones y bromas racistas– durante el proceso, eran de naturaleza suficientes para suscitar en el demandante, y en cualquier observador objetivo, dudas legítimas en cuanto a la imparcialidad del Tribunal, dudas que ni la carta colectiva dirigida al día siguiente por el conjunto del jurado, ni el recordatorio del deber de imparcialidad, por parte del Juez al jurado pudieron disipar.

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