Justicia Militar
Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Todos los países occidentales están sujeto a las leyes del conflicto armado según lo establecido en varias convenciones o tratados internacionales, incluidos los Convenios de La Haya; los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales; la Carta de la ONU; y varios otros acuerdos internacionales. Estos acuerdos se refieren a la tierra, el mar, el aire, la neutralidad y el derecho humanitario en general; desarmamiento; y minas terrestres antipersonal. Dan a todos los países que comparten membresía en la convención el derecho a buscar asistencia de otros países miembros. Las leyes establecidas bajo tales convenciones se reúnen para el beneficio de todos los miembros.
Por ejemplo, el 10 de diciembre de 1984, la ONU estableció la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. Fue firmado por Canadá el 23 de agosto de 1985 y entró en vigor el 24 de julio de 1987. El artículo 2 exige que cada miembro, llamado Estado Parte, “adopte medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole para prevenir los actos de tortura en cualquier territorio de su propiedad”. jurisdicción.” Además, declara que no existe justificación para la tortura, y que una orden “de un oficial superior o autoridad pública no puede invocarse como justificación de la tortura”.
Otro ejemplo es la Convención de 1997 sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, que instituyó leyes internacionales relativas a las minas antipersonal. La Convención hace responsables a cada Estado Parte de la destrucción de minas antipersonal en su jurisdicción dentro de los 10 años posteriores a la entrada en vigor de la Convención en ese país.
El sistema de justicia militar debe esfuerzarse por ser justo; solo entonces puede ser un cuerpo efectivo para promover y apoyar la disciplina que debe ser parte integral de cualquier organización militar.
Sistema de Justicia Militar de Canadá
Canadá, como numerosos países, mantiene un sistema de justicia separado para las Fuerzas Canadienses. La legislación pertinente sobre el sistema de justicia militar de Canadá cae dentro de la jurisdicción federal bajo la autoridad de s92 (7) de la Ley de la Constitución de 1867; a saber, la autoridad del Parlamento para promulgar leyes relacionadas con la “Milicia, Servicio Militar y Naval y Defensa” (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Bajo esta autoridad, el Parlamento promulgó la Ley de Defensa Nacional, y bajo ese estatuto, el gobierno federal ha promulgado las Regulaciones y Órdenes de la Reina (QR & O) y las Órdenes Administrativas de las Fuerzas Canadienses (CFAO).
Pormenores
Las anteriores promulgaciones legislativas sirven de sustento al sistema de justicia militar de Canadá.
Esencialmente similar a la categorización de ofensas del sistema de justicia civil como sumaria o incriminatoria, el sistema de justicia militar prevé juicios de naturaleza sumaria y por consejo de guerra. El método de procedimiento depende de factores relacionados con el rango del acusado, la naturaleza de la ofensa y la severidad del castigo.
La base legal para el sistema canadiense de justicia militar, en la Ley de Defensa Nacional, se llama Disciplina del Código de Servicio. El propósito más esencial del sistema de justicia militar es fomentar la disciplina necesaria para mantener una fuerza militar eficiente. El Código comprende ofensas y castigos concomitantes; un sistema de tribunales que consiste en juicios sumarios y cortes marciales; un tribunal de apelación marcial con jueces civiles; y provisión para cárceles de servicio y cuarteles de detención. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
En dos ocasiones, en 1980 y 1992, el Tribunal Supremo de Canadá examinó la constitucionalidad de ciertos aspectos del Código.Entre las Líneas En ambas ocasiones, la Corte Suprema afirmó la necesidad de un sistema de justicia separado para cumplir con los requisitos únicos de la disciplina militar.
Otros Elementos
Además, se requiere un sistema de justicia separado debido a la naturaleza única de ciertos delitos militares, como la deserción, que no existen en los delitos civiles.
En 1997, el Grupo Asesor Especial de Dickson sobre Justicia Militar y Servicios de Investigación de la Policía Militar, y la Comisión de Investigación de Somalia, pidieron una separación más claramente definida entre la cadena de mando y la función de enjuiciamiento.
Detalles
Las enmiendas a la Ley de Defensa Nacional, en el Capítulo 35 de los Estatutos de Canadá de 1998, entraron en vigor el 1 de septiembre de 1999. La función de procesamiento, anteriormente dirigida por miembros de la Oficina del Juez Abogado General (JAG), pasó a ser competencia del Director de Enjuiciamientos Militares (DMP) que, con el apoyo de funcionarios legales, constituye el Servicio de la Fiscalía Militar de Canadá (CMPS).
El CMPS trabaja con las autoridades internas, como el JAG, y con el sistema de justicia penal civil, incluidas las autoridades judiciales y procesales civiles a nivel federal, provincial e internacional. Las principales funciones de la CMPS están relacionadas con la función de justicia militar de la JAG, incluida la representación de las Fuerzas Canadienses en la audiencia de custodia previa al juicio bajo la Ley de Defensa Nacional; representando a las Fuerzas Canadienses en casos específicos; revisando todos los cargos referidos para consejo de guerra; prefiriendo los cargos para el juicio y preparando los casos para el enjuiciamiento de los tribunales marciales; y enjuiciar a los tribunales marciales.
Los procedimientos de justicia militar son paralelos a los aplicados a los tribunales penales civiles, con algunas diferencias, como la ausencia de juicios con jurado y audiencias preliminares en el sistema militar. Las diferencias entre los dos sistemas se deben a las diversas necesidades de las diferentes comunidades que cada una representa.
Puntualización
Sin embargo, ambos sirven objetivos constitucionales y la misma función pública de juicio y castigo de aquellos que violan la ley.
El sistema de justicia militar incluye la responsabilidad de enjuiciar las Leyes de Conflicto Armado a los niveles Operacional y Táctico.
La Ley de aplicación del Convenio de 1997 sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción -véase más arriba-, contra la minas antipersonal de Canadá de 1997 “prohíbe la posesión, colocación, adquisición, desarrollo e importación y exportación de minas antipersonal en Canadá”.
Detalles
Las excepciones son el personal militar y los oficiales de paz que tienen minas en su poder en el curso de sus deberes de hacerlos inofensivos.
Autor: Juan Translator
Justicia Militar en el Derecho Español
En el Diccionario Jurídico Espasa, el tema de la Justicia Militar se explica como sigue:
Código Penal Militar: Los proyectos de leyes reformadoras de la Justicia Militar
La disposición final primera de la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, de reforma del Código de Justicia Militar, estableció que, bajo la autoridad del ministro de Defensa, se constituirá una comisión para el estudio y reforma de la justicia militar, cuyo cometido sería la elaboración de un plan de informes y anteproyectos relativos a la reforma Legislativa de la Justicia Militar y la reordenación y modernización de la misma Tal comisión se constituyó efectivamente por Orden Ministerial núm 110/00014/80, de 17 de noviembre, siendo su presidente el teniente general don Luis Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y su vicepresidente y director técnico de los trabajos el general auditor del Ejército de Tierra don Francisco Jiménez Jiménez. El fruto de los trabajos de la comisión, dividida en tres subcomisiones (Penal, Orgánica y Procesal), se concretó en la elaboración de un anteproyecto completo del Código Penal Militar y diversos estudios parciales sobre los aspectos orgánicos y procesales de la reforma de las leyes militares, así como en una contribución al anteproyecto de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, con objeto de lograr su armonización con el Código Penal Militar en proyecto La comisión se disolvió de forma tácita en 1982, haciendo entrega de sus trabajos al Ministerio de Defensa.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Posteriormente, el 12 de septiembre de 1984, aprobó el Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar, que se publicó en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» (Congreso de los Diputados) el día 12 de noviembre de 1984
Aprobación del Código
Al mismo tiempo que el proyecto anterior, el Gobierno remitió a las Cortes un proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en correlación con el Código Penal Militar, publicado el mismo día (12 de noviembre de 1984) en el «Boletín Oficial de las Cortes». Pocos meses más tarde (28 de enero de 1985), el mismo «Boletín Oficial» publicaba el proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, remitido por el Gobierno y aprobado en Consejo de Ministros celebrado el 12 de diciembre de 1984. Este último proyecto fue remitido a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Después de los sucesivos trámites parlamentarios (enmienda a la totalidad, informe de la Ponencia y dictamen de la Comisión de Justicia e Interior), el Congreso de los Diputados aprobó el día 26 de junio de 1985 («Boletín Oficial de las Cortes» del 1 de julio de 1985) un texto de Código Penal Militar, que, tras la correspondientes vicisitudes en el Senado, sufrió importantes modificaciones en esta Cámara, cuyo mensaje motivado fue aprobado de forma definitiva por el Congreso el día 5 de noviembre de 1985 («Boletín Oficial de las Cortes» de 18 de noviembre de 1985).
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Puntualización
Sin embargo, no entró en vigor, por imperativo de su disposición final, hasta el 1 de junio de 1986.
Recursos
[rtbs name=”informes-jurídicos-y-sectoriales”][rtbs name=”quieres-escribir-tu-libro”]Véase También
Bibliografía
Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales; 16ª edición, México, Porrúa, 1982; Calderón Serrano, Ricardo, Derecho procesal militar, México, Ediciones Lex, 1947; Querol y Durán, Fernando de, Principios de derecho militar español, Madrid, Editorial Naval, 1948, 2 volúmenes
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